Opinion Benítez de Lugo Tiempos de hoy
 
   

                                  Nº 1196. 13 de abril de 2017

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La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo


La cobardía del insulto ¿protegido?

“El Sr. Rufián se ha permitido verter sus insultos porque consideraba que estaba amparado por la inmunidad parlamentaria que le concede el artículo 71 de la Constitución y con la que se pretendía blindar a modo de escudo protector para vomitar sus improperios”

El título que antecede viene al caso por la lamentable intervención del diputado Rufián, portavoz de ERC en la Comisión de Investigación por la grabación de las conversaciones entre el anterior ministro del Interior y el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Y que no se nos malinterprete: la grabación de la conversación fue rechazable, y su contenido peor incluso, pero ello no puede dar cabida a que nada menos que un representante ciudadano se manifieste en los barriobajeros y soeces términos como los que utilizó dicho diputado  confundiendo la Cámara legisladora con un mitin de barrio.

Por ello, y dejando al margen lo sorprendente que resulta (que raya en la incompetencia), que a un ministro del Interior (a ese cargo precisamente) le graben una conversación privada, las expresiones del diputado Rufián han de merecer enérgico reproche, pues en efecto llamar a su interlocutor (exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña), entre otras lindezas, “gánster”, es un insulto que nuestra Constitución  –in genere– no protege, según doctrina reiterada de nuestro Tribunal Constitucional (sus Sentencias entre otras, 127/2004 y 158/2003), pues el artículo 20.1 de ella excluye de la protección a la libertad de expresión, las expresiones ultrajantes y ofensivas.

Ah, pero resulta que el Sr. Rufián, haciendo honor a su apellido (equivalente a “bellaco” o “chulo”, según el Diccionario Espasa), se ha permitido verter sus insultos porque consideraba que estaba amparado por la inmunidad parlamentaria que le concede el artículo 71 de la Constitución y con la que se pretendía blindar a modo de escudo protector para vomitar sus improperios.

Pero resulta que dicha inmunidad no puede concebirse como un privilegio personal, como un instrumento que se establece en beneficio de los diputados o senadores, al objeto de sustraer sus conductas del conocimiento o decisión de jueces y tribunales, sino exclusivamente, “frente a que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular” (STC 90/1985).

En efecto,  la inmunidad parlamentaria no tiene como finalidad garantizar la libertad de expresión, ni aun cuando ésta la ejerce un representante del pueblo español. Por  ello, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 206/1992, declaró nulo un acuerdo del Senado que había amparado a un senador contra una querella contra él formulada por el delito de injurias, rompiendo así una asimetría penal en el tratamiento de los ciudadanos de a pie y sus representantes ciudadanos.

El diputado Rufian buscaba con sus exabruptos la espectacularización de su intervención y lo consiguió,  pero que ello le suponga la impunidad es harina de otro costal.

 

 

 

Firma

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

   

 
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