TRIBUNA Centella Tiempos de hoy
 
   

                                  Nº 1196. 13 de abril de 2017

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Tribuna / José Luis Centella


Verdades y mentiras sobre
la legalización del PCE

La verdad es que en aquel 9 de abril la legalización fue fruto de la determinación 
de su dirección y de la capacidad de movilización de su militancia

Hace pocos días, el pasado 9 de abril, celebramos el 40 aniversario de la legalización, un tanto por sorpresa, del Partido Comunista de España (PCE). Atrás quedaban años de sufrimientos, fusilamientos, de cárcel, pero, sobre todo, de lucha por la libertad y la defensa de los más débiles en nuestro país. Fueron momentos de euforia, de esperanza para cambiar muchas cosas, para conseguir una sociedad plenamente democrática que terminara con los privilegios de quienes habían dominado la economía, la política y la vida de la gente durante más de cuatro décadas.

Dicho esto, hay que reconocer que la España de hoy se parece en poco a la de 1977; pero si en algo  se parece esta España democrática a la sociedad franquista es en que la economía sigue dominada por los mismos poderes y, si me apuran, en buena medida por las mismas familias.

Al menos una cosa sí debería quedar clara en estos tiempos de posverdades cuando muchos tratan de reescribir tantas historias: la legalidad fue conquistada a pulso por un partido que no se resignó a ser apartado de un proceso electoral ya en marcha, como había aceptado el PSOE sin poner condiciones. Por eso, cuando ahora algunos tratan de vender que el PCE se ganó esta legalidad dando muestras de capacidad organizativa y de contención en el entierro de los abogados de Atocha –asesinados por pistoleros fascistas con la complicidad del aparato represor del franquismo–, no sólo mienten, sino que tienen la clara intención de señalar que sólo cabía en ese sistema democrático un partido que contuviese sus afanes rupturistas.

No es verdad que el PCE se ganase la legalidad a golpe de moderación. Entre finales de enero y marzo de 1977 los y las comunistas se ganaron la legalidad en la calle, con centenares de actos y movilizaciones, con entregas públicas de carnés, con la renuncia a presentarse a las elecciones vestidos de lagarterana o en candidaturas independientes, y con la determinación de poner mesas a las puertas de los colegios electorales para provocar centenares de detenciones que habrían deslegitimado cualquier proceso, por mucho que en él participara el PSOE.

No se puede negar la influencia de la negociación de la dirección del partido con el Gobierno e, incluso, con la más alta magistratura del Estado, pero también hay que advertir que ambas presionaban, usando incluso intermediarios internacionales como el presidente de Rumanía, para tratar de que se aceptara aplazar la legalización hasta después de las elecciones. El PCE se negó en rotundo a ello.

Por lo tanto, la verdad es que en aquel 9 de abril la legalización fue fruto de la determinación de su dirección y de la capacidad de movilización de su militancia. Es importante dejar las cosas claras porque cualquier interpretación no es neutra y, aunque a algunos les pese, en cualquier sistema los cambios no se consiguen con la negociación palaciega, sino con la determinación y la lucha social.

Al PCE no hay que agradecerle los servicios prestados para facilitar la transición con su moderación, sino su lucha por las libertades y los derechos sociales, su resistencia a la dictadura o su capacidad para plantear una salida democrática sin exclusiones. Detrás de gran parte de los avances de todo tipo que se consiguieron siempre estuvo la militancia comunista que, junto a otras muchas personas, plantaban cara a las injusticias laborales, a la especulación o la marginación.

Detrás de este intento de agradecer al PCE los ‘servicios prestados’ se esconde el de esconderlo en una bonita estantería como una pieza de museo. Nada más lejos de la realidad. Con toda modestia pero también con toda la determinación del mundo, el PCE está decidido a seguir siendo parte activa de la lucha por conquistar una sociedad realmente justa y democrática.

 

 

Firma

Actual coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España (PCE) desde 2009. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural. 

   

 
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