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                               Nº 1196. 13 de abril de 2017

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Eloy Velasco instruye la Púnica, el nuevo caso Gürtel

Otro juez en la diana del PP

Eloy Velasco es el nuevo juez que inquieta al PP. Por eso no es casual que las noticias sobre su salida del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se repitan mientras el caso Púnica, el nuevo Gürtel, golpea a los populares. El auto en que solicitó la imputación del entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, fue la gota que colmó el vaso. Y ya hay quien lo compara con Baltasar Garzón.

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Eloy Velasco podría dejar de ser la nueva pesadilla del PP si consigue plaza en la Sala de Apelación / EUROPA PRESS

Provocó la salida de Sánchez de la Presidencia de Murcia y su lista de imputados populares podría seguir creciendo   El Gobierno intervino para que el Poder Judicial lo destinara a un puesto fuera de la Audiencia Nacional

Virginia Miranda

Va a acabar como Baltasar Garzón. Es el dueño y señor de la Audiencia Nacional y actúa como un juez feudal. Pretende vengarse del PP porque no le ayudó a conseguir plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En sus tiempos como director general de Justicia a las órdenes de Eduardo Zaplana tiraba mucho de la Visa del departamento de la Generalitat Valenciana y pisaba poco el despacho… Son frases oídas y leídas estos días a propósito de un juez instructor y un caso de corrupción donde aparecen implicados dirigentes del PP. Una historia ya conocida. El tono, la forma y la intención de las palabras, también.

El instructor del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, solicitó el 3 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia la imputación del entonces presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, por delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada en el marco de la denominada operación Púnica. Fue el 3 de abril, a escasos días de que concluyera el plazo de la moción de censura planteada por el PSOE. Una injerencia política del magistrado, según los populares. Lo ha declarado el vicesecretario de Organización y coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo. “Como partido tenemos que ser muy respetuosos con las decisiones judiciales en el fondo y en el momento, tenemos que respetarlo y no valorarlo, pero es verdad que en privado a mucha gente le ha chocado”, dijo en una entrevista en Onda Cero.

Los que no hablan en privado son los medios conservadores, que han contestado a la petición de imputación –la condición de aforado de Sánchez obliga a dar traslado del caso al TSJ–, detonante de la dimisión del ya expresidente murciano, cargando las tintas contra Velasco como en su día hicieran con el aludido Baltasar Garzón, con quien Carlos Herrera lanzaba desde los micrófonos de la Cope una comparación nada sutil, o con Pablo Ruz, a quien suponían una afinidad ideológica que, fuese o no cierta, no habría logrado que su instrucción pasara por alto las pruebas del caso Gürtel.

Cabe recordar que Garzón acabó inhabilitado y Pablo Ruz no repitió en comisión de servicios y regresó a su plaza en el juzgado número 4 de Móstoles. Ahora se suceden las informaciones sobre los destinos por los que el juez podría dejar la instrucción del caso Púnica a cambio de mejores condiciones profesionales.

La plaza para el proyecto de colaboración judicial entre la Unión Europea y Latinoamérica parece descartada porque, según las noticias aparecidas estos últimos días, Velasco tendría que renunciar a impartir cursos y percibir un sueldo menor del previsto de mantener su residencia en Madrid. Y eso que el Ministerio de Justicia, que tendría la última palabra, no le habría puesto objeciones. Es más, le habría ayudado a lograr la plaza.

En la comisión permanente del 2 de febrero, el Consejo General del Poder Judicial acordó remitir al departamento dirigido por Rafael Catalá los currículos de todos los candidatos que solicitaron la vacante para dirigir, dentro del programa denominado PACTO-Europa-Latinoamérica, el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado: por el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana.

Si bien hace constar que, en su sesión del 19 de enero, ya adoptaron el acuerdo de proponer para dicho puesto al magistrado Luis de Arcos Pérez –actualmente en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 8 de Andalucía– por considerar que se trata del “candidato más idóneo entre los solicitantes en atención a su antigüedad escalafonal y a su dilatada experiencia como consultor en Latinoamérica en el marco de programas de cooperación”. Esto es, el Poder Judicial había promovido a otro magistrado en base a sus méritos profesionales pero Justicia no dio su visto bueno para una plaza judicial a la que también optó Velasco hasta que finalmente se echara para atrás.

A los dirigentes populares y medios conservadores que estos días se han quejado del trato del instructor y que desearían verle lejos del juzgado central de instrucción número 6 aún les queda otra oportunidad. El próximo 1 de junio se pone en marcha la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, una segunda instancia penal que, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pretende agilizar la justicia y dar mayores garantías procesales. Según establece en su articulado, la sala estará dotada con tres plazas de magistrado –uno de ellos será su presidente– que deberán ser cubiertas por jueces con más de quince años de antigüedad en la carrera, que hayan prestado servicios al menos diez años en el orden jurisdiccional penal y que acrediten la condición de especialista.

Se da la circunstancia de que Eloy Velasco reúne los requisitos y tiene intención de pedir la plaza, aunque formalmente no ha cursado la solicitud porque hasta este martes, 11 de abril, no ha sido publicada en el BOE.

Así las cosas, el juez instructor podría dejar el caso Púnica –y también el caso de la financiación ilegal del PP madrileño– en poco más de un mes, aunque no por ello va a quedarse cruzado de brazos. Según El País, los últimos informes policiales amenazan a otros seis cargos públicos populares: una senadora, un diputado autonómico valenciano, otro de la Asamblea de Madrid, un alcalde de esta última comunidad y dos concejales.

Además, la instrucción empieza a cerrar sus primeros capítulos. Velasco emitía a mediados de febrero el auto en que se acuerda la apertura de juicio oral de la pieza separada número 1, relativa a la revelación de la investigación por parte del guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino al exconsejero madrileño, Francisco Granados. El juez abría también juicio oral al agente de la Benemérita en excedencia, José Manuel Caro Vinagre.


Maillo ha admitido que en su partido “ha chocado” en el momento en que Velasco pidió la imputación de Pedro Antonio Sánchez / EUROPA PRESS

El nuevo Gürtel
Porque la Púnica ha alcanzado dimensiones suficientes como para ser considerado el nuevo Gürtel. El caso arranca en octubre de 2014 con la detención de 51 personas por presuntas adjudicaciones públicas a empresarios de la construcción y servicios energéticos a cambio de comisiones ilegales, colmando la paciencia ciudadana y disparando la preocupación por la corrupción política en el CIS que registró un nuevo récord.

Aquí los cabecillas son el que fuera consejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP regional, Francisco Granados –aún en prisión preventiva– y el empresario David Marjaliza, si bien el ámbito de actuación de la trama se extiende por cuatro comunidades autónomas –además de la madrileña, la valenciana, Murcia y Castilla y León– y cerca de una docena de ayuntamientos. A sus nombres cabe sumar el de Alejandro de Pedro, experto informático imputado por sus trabajos reputacionales para mejorar el posicionamiento online de políticos que presuntamente pagaban los servicios prestados con concesiones públicas, y el de Pedro García, directivo de Cofely considerado el principal interlocutor y articulador de los contratos a su empresa a la que el instructor considera el corazón de la trama Púnica.

Para completar la lista de cerca de 150 imputados cabe citar otros nombres particularmente sensibles para el Partido Popular, como son el de Lucía Figar, exconsejera de Educación, o el de Salvador Victoria, quien fuera consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional de Ignacio González. Destacan también la jefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego –lo fue también en su época al frente del Gobierno madrileño y después con González– y otros tantos excargos públicos vinculados a la trama entre exconsejeros, exalcaldes, exconcejales y un expresidente de la Diputación.

Ahora queda saber si un expresidente autonómico se suma al grupo de imputados tal y como ha solicitado el juez Velasco. Pero otro caso por el que Pedro Antonio Sánchez sí está imputado formalmente ha despertado, de partida, suspicacias entre la oposición. PSOE y Podemos, dos de las acusaciones populares en el caso Auditorio, habían solicitado apartar de la causa al juez instructor del TSJ de Murcia, Julián Pérez-Templado. El motivo; la fotografía en que aparece en una terraza pública con el vocal de la Junta del PP de Murcia, Cosme Ruiz. Rubén Jiménez, instructor del incidente de recusación, acaba de considerar que la “utilización” de la imagen “es oportunista e interesada”. Después de especular con que pueda existir una amistad previa o que ambos sean clientes habituales del bar, asegura que de la foto no cabe inferir que tomarse unas cañas con una persona vinculada al partido al que pertenece uno de los denunciados ponga en entredicho “la imagen de imparcialidad del magistrado instructor”.

Cabe recordar que Sánchez está imputado en el caso Auditorio por cuatro delitos a raíz de las irregularidades presuntamente cometidas en la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras en la época en que era alcalde del municipio murciano. En cuanto al caso Púnica, el juez Velasco ha solicitado su imputación tras hallar indicios de la presunta concertación del expresidente regional con Alejandro de Pedro –no habría llegado a materializarse porque antes estalló la operación policial y judicial– para “limpiar” con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de su campaña para las elecciones a la Presidencia de la Región de Murcia, “lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”.

Hay quienes en el PP no quieren que Eloy Velasco siga al frente del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pero ya saben que la llegada de un nuevo magistrado no es ninguna bicoca. Porque en el caso Gürtel se libraron de Baltasar Garzón. Pero después llegó Pablo Ruz.


Las investigación de la financiación ilegal del PP señala a Aguirre como beneficiaria en sus campañas electorales / EP

El ocaso de una lideresa

La investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, en el que la organización territorial habría sorteado la prohibición de recibir dinero de las empresas con contratos públicos y el límite de donaciones a través de una fundación instrumental, nace de la operación Púnica. Aún bajo secreto de sumario, se conocen algunos detalles de un caso que afecta a alcaldes y diputados regionales del PP. Y, sobre todo, señala a Esperanza Aguirre, principal beneficiaria de las facturas falsas que financiaron las campañas electorales del partido autonómico mientras ella era su presidenta.

El registro del domicilio del exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, demostraría que hubo dinero en B para este fin; uno de los documentos recoge un pago de 860.000 euros en negro facturados a empresas como Acciona, Ortiz y Publibus. Ya se ha confirmado, después de que CEIM-CEOE haya emprendido una investigación interna, que el entonces presidente de la patronal madrileña, Gerardo Díaz Ferrán, realizó una aportación de manera “individual” de 100.000 euros a Fundescam en 2007 sin consultarlo con la directiva.

Y lo último es la publicación en el diario El Mundo de nuevos manuscritos originales del PP regional que confirman la financiación irregular de las campañas electorales celebradas en 2003; entonces su presidente era Pío García-Escudero, pero la candidata fue Esperanza Aguirre, que en los comicios de mayo no logró mayoría suficiente para gobernar pero que, tras el tamayazo, se alzó con la presidencia de la Comunidad de Madrid en la repetición electoral del mes de octubre. Incluso se han señalado conexiones con Luis Bárcenas, que entonces supervisaba operaciones de la tesorería regional, y coincidencias con sus anotaciones contables.

Suma y sigue. Las obras levantadas por los gobiernos madrileños de Aguirre para mayor gloria de la lideresa son hoy motivo de escarnio. Como una Ciudad de la Justicia fantasma que languidece tras una inversión de 100 millones de euros, o unos hospitales que, según se desprendía hace unos días la Intervención General de la Comunidad de Madrid, acumulan pagos indebidos que debían haber sido asumidos por las concesionarias o contratan pruebas con centros privados con los que no existen conciertos a cambio de tarifas que exceden los precios públicos.

El cerco sobre Aguirre, más silenciosa que de costumbre, se estrecha. Y ninguna voz autorizada ha hecho una encendida defensa de la portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid como sí hicieran con Pedro Antonio Sánchez. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, se ha limitado a mostrar su “colaboración absoluta con la justicia” en todo aquello que quiera investigar, a apostar por la tolerancia cero contra la corrupción “venga de quien venga” y a decir que aún es pronto para determinar quién concurrirá a las municipales de 2019 como cabeza de lista del partido.

Otra cosa es que la salida de Eloy Velasco de la Audiencia Nacional pudiera beneficiarla o, por lo menos, no agravar su situación. Aunque a los conservadores les interese más su supervivencia que lanzarle a Aguirre un salvavidas.

 
 
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