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                              Nº 1197. 21   de abril de 2017

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Gürtel le obliga a testificar, González le mina Madrid y los jueces le sacuden la legislatura

La pesadilla alcanza a Rajoy

Mariano Rajoy ha sido llamado como testigo en el caso Gürtel, un revés histórico cuyo alcance político puede acabar pasando factura al presidente en una legislatura que creía encarrilada. Este hecho, sumado a la detención de Ignacio González por su gestión en el Canal de Isabel II y a la declaración de Esperanza Aguirre ante el tribunal que juzga la presunta financiación ilegal del PP, pone en entredicho la idea de que el partido ya ha amortizado la corrupción. Los procesos judiciales están más vivos que nunca y no permiten dar carpetazo a un pasado tan presente como el propio líder conservador.

Expectación ante la primera declaración de Rajoy después de ser llamado a declarar como testigo en el caso Gürtel / EUROPA PRESS

En el PP llevaban tiempo diciendo que ya habían amortizado la corrupción en las urnas. Por eso la sorpresa y la airada reacción ante la citación de Rajoy

 

Un confiado Rajoy había presentado el proyecto de Presupuestos al Congreso e impulsado una renovación reducida, de momento, a los congresos regionales del PP

Virginia Miranda

Logró poner en marcha la legislatura en minoría, ha admitido un moderado optimismo frente a la negociación presupuestaria y disfruta del reconocimiento de sus colegas europeos ante las perspectivas del crecimiento español. Sin embargo, las cuentas pendientes del PP con la justicia no dan tregua a Rajoy. El tribunal que juzga la primera etapa del caso Gürtel, relativo a los contratos del partido y de Administraciones gobernadas por el PP con las empresas del grupo Correa, ha citado al presidente del Gobierno para que declare como testigo, un hecho sin precedentes cuyas consecuencias políticas podrían hacerse sentir en una legislatura que el líder conservador creía ya encarrilada.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), en contra de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, lo viene solicitando desde la etapa de instrucción. Pero ha sido ahora, tras haber escuchado los testimonios de los acusados, cuando los magistrados que juzgan el caso han atendido la petición. Entre los argumentos jurídicos que han acabado por inclinar la balanza a favor de la declaración de Rajoy –por dos votos a favor y uno en contra, el del presidente del tribunal, Ángel Hurtado– cabe mencionar la citación como testigos de los que, como él, fueron secretarios generales del PP, y los testimonios del principal acusado, Francisco Correa, asegurando haber llevado dinero a la sede del partido en la etapa en que Rajoy fue director de las campañas electorales de José María Aznar, del empresario y expresidente de Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo, admitiendo haber entregado sumas de dinero para financiar campañas a cambio de contratos en las localidades madrileñas de Pozuelo y Boadilla del Monte, y de Luis Bárcenas asegurando que advirtió a Rajoy sobre las actividades ilícitas de la trama y, a pesar de ello, ésta se encargó cuatro años después de parte de la organización del Congreso del PP de Valencia de 2008.

Los jueces del presidente

Un juez progresista y dos conservadores han llamado a Rajoy a declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. Con dos votos a favor y uno en contra, uno de los magistrados hasta ahora reacios a tomar declaración al presidente del Gobierno ha cambiado su posicionamiento inicial tras escuchar las declaraciones de varios de los acusados.

Políticos y medios afines al centro derecha siempre han recelado de la amistad de José Ricardo de Prada, miembro de la asociación Jueces para la Democracia, con Baltasar Garzón. Aún recuerdan que el magistrado de la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se opuso, en 2008, a apartar al juez hoy inhabilitado de su investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. De Prada también es conocido porque fue ponente de la sentencia que condenó a Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de Pinochet y por defender, en el marco del caso Faisán, que el chivatazo a ETA tenía “plena justificación” durante “un proceso de negociación política o de un proceso de paz”.

Aunque se le sitúe entre los conservadores, Julio de Diego ha mostrado una línea más independiente en ésta y otras ocasiones, como cuando votó en contra de la admisión del chivatazo del Faisán y a favor de la recusación de sus compañeros Concepción Espejel, con la que mantiene buena relación, y Enrique López, apartados del juicio del caso Gürtel por la posible falta de apariencia de imparcialidad dada su estrecha relación con el PP.

No hizo así el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que se opuso a que López y Espejel fueran apartados del caso. Según dijo en su voto particular contra la recusación de los jueces, el partido tiene un papel “secundario” en Gürtel porque la formación conservadora sólo está acusada de beneficiarse del delito cometido y no de cometerlo. Él será quien redacte la sentencia y también tras el juicio de los papeles de Bárcenas o caja B del PP.

ADADE “es el Ausbanc del Partido Socialista”. En una airada declaración ante los medios, el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, cargaba las tintas contra la acusación popular preguntado por la decisión del tribunal sobre la declaración de Rajoy como testigo –deberá hacerlo en la Audiencia Nacional o por teleconferencia–. Un argumento que, menos llamativo pero igual de explosivo, empleaba Génova horas antes en un comunicado. Tras calificar de “absolutamente excepcional” la admisión de una prueba testifical “solicitada por la acusación popular en contra del criterio de la Fiscalía”, acusaba a ADADE de intentar seguir un “proceso mediático” en un “abuso de derecho” con “clara intencionalidad política” y cita con nombres y apellidos a los responsables de la asociación, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, a los que llama personas “muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista” aludiendo a que la formación política “siempre se ha sumado a las peticiones de ADADE”. El propio Benítez de Lugo contesta a estas aseveraciones en este número de El Siglo [ver entrevista: La reacción del PP es una rabieta de niños].

El propio Rajoy rebajaba el tono subido de decibelios de primeras horas y, preguntado por la decisión del tribunal que juzga el caso Gürtel, ha asegurado que recibió la noticia “con absoluta normalidad” y que no iba a comentar si las resoluciones de ningún tribunal le parecen “razonables o no”.


Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, considera “normal” la decisión del tribunal que ha citado al presidente. / EP

Lo de la normalidad es algo que han destacado desde la oposición, si bien con una lectura crítica. Desde Ciudadanos, su portavoz, Inés Arrimadas, considera “normal” que llamen a declarar al presidente de un partido aquejado de casos de corrupción como el que se juzga, si bien su presidente, Albert Rivera, asegura que el acuerdo de presupuestos no se va a ver comprometido.

También los socialistas consideran “obvio” que Rajoy tenga que declarar en sede judicial e incluso parlamentaria, ha dicho el portavoz económico en el Congreso, Pedro Saura, citando la comisión sobre la financiación del PP. Podemos, por su parte, ha pedido la comparecencia del presidente en el pleno de la Cámara baja para dar cuenta de su declaración como testigo, cuyo formato y fecha estaban pendientes por determinar al cierre de esta edición.

En el Partido Popular llevan tiempo diciendo que ya han amortizado la corrupción. Acusaron sus efectos electorales en las urnas y, a pesar de ello, tras un año de parálisis política lograron formar Gobierno en minoría. La legislatura echaba a andar el pasado otoño y con ella una temporada de juicios por corrupción que, como los casos Gürtel y Púnica, no permitían bajar la guardia.

Sin embargo, un confiado presidente acabó llevando su proyecto de ley de presupuestos al Congreso avalado por un moderado optimismo y unas negociaciones previas que le permitieron aparcar la amenaza de un adelanto electoral. El resto de cuestiones de Estado, incluida Cataluña o la agenda internacional, terminaron por acaparar el resto de su atención impidiéndole ver con perspectiva las consecuencias políticas del juicio de Gürtel. Ni siquiera la renovación de la formación conservadora, en el Congreso Nacional primero, en los regionales después y, dentro de poco, en los provinciales, permite eludirlas. Rajoy es el abanderado de ese cambio pero, ahora queda en evidencia, también procede de una época sometida al escrutinio de unos jueces que esperan escuchar de su boca cuáles fueron por entonces sus responsabilidades en el PP.

A favor del líder popular juega la debilidad del Partido Socialista, ocupado como está en salir vivo de este periodo previo a las primarias, y la posición adoptada por Ciudadanos, que apelando a la responsabilidad mantendrá su apoyo a las cuentas públicas. En su contra, la estrategia de Podemos, que cuando trataba de recuperar el pulso de la calle con su Tramabús se ha encontrado con que los dirigentes populares vinculados en mayor o menor grado a casos judiciales les marcaban la ruta.


Ignacio González ha sido detenido por el presunto desfalco del Canal de Isabel II. / EP

Porque no sólo Rajoy ha protagonizado la agenda judicial de la semana. Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, era detenido el pasado miércoles en el marco de la operación Lezo. Dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y llevada a cabo por agentes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), investiga el presunto desfalco del Canal de Isabel II, del que González también fue presidente. Las pesquisas se centran en la compra fraudulenta de filiales en Iberoamérica y en otras operaciones sospechosas relacionadas con la venta de suelo propiedad de la empresa de aguas de Madrid.

La detención y registro de su domicilio y su despacho se produjo un día antes de que Esperanza Aguirre declarara como testigo en el juicio de Gürtel. A preguntas de la fiscalía, la expresidenta madrileña ha negado que su consejero y hoy acusado Alberto López Viejo fuera persona de su “confianza”, asegurando que tan sólo se trataba de alguien con experiencia de gestión y organización de actos, asunto del que ella no se ocupaba “en absoluto”.

A las puertas ya de la Audiencia Nacional y rodeada de periodistas tras haber guardado silencio durante todo un día desde la detención de quien fuera su mano derecha, Aguirre confesaba al borde del llanto que, de ser ciertas las acusaciones que pesan sobre él, el “palo” sería “muy duro”. Al cierre de esta edición, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid no había dimitido de su cargo a pesar de que el partido guardaba un sonoro silencio sobre la situación política en que quedaba la otrora lideresa y derrotada enemiga de Rajoy. Lo que Génova sí pudo hacer e hizo fue suspender de militancia a González nada más conocerse la noticia de su detención.

Aunque Podemos ha ofrecido una moción de censura contra Cristina Cifuentes que los socialistas no descartaron de entrada, Ciudadanos lo ha rechazado argumentando que no se ha incumplido ningún punto del acuerdo de investidura que suscribieron con la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2015. Y lo cierto es que, a la espera de conocer más datos sobre la investigación, la también presidenta de la formación regional no está en una posición comprometida. Más bien al contrario, ella fue quien envió el pasado verano a la Fiscalía las irregularidades detectadas en la empresa del agua tras someterla a una auditoría, si bien recuerda el portavoz naranja en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que Cifuentes fue consejera del Canal de Isabel II y “deberá dar explicaciones”.


El director de La Razón, en la imagen junto a Esperanza Aguirre, está acusado de coaccionar a Cristina Cifuentes.

Casals y Marhuenda, dos marianistas imputados

El diario La Razón ha resultado ser la principal víctima colateral del estallido de la ‘Operación Lezo’, con la imputación de su director Francisco Marhuenda y de su presidente Mauricio Casals, probablemente las dos personas más cercanas a Rajoy en los círculos mediáticos madrileños. Los dos declararon la semana pasada ante el juez Eloy Velasco, para dar explicaciones sobre las presuntas coacciones a Cristina Cifuentes para evitar que denunciara las irregularidades en el Canal de Isabel II, en las que está implicado supuestamente Edmundo Rodríguez Sobrino, que a la sazón es consejero delegado de la empresa editora de La Razón.

Y es que el juez Velasco estaría manejando varios pinchazos al teléfono de Rodríguez Sobrino en el que se recogen varias conversaciones suyas con Casals y Marhuenda en las que se acreditarían esas presiones. Según ha difundido El Español, en una de esas conversaciones, Marhuenda llega a asegurarle a Rodríguez, haciendo referencia a la reunión que había mantenido con la presidenta madrileña a mediados de 2016, que: "Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar". Y en otro momento, insulta a la jefa de gabinete de la presidenta madrileña, Marisa González: "Me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta. Le dije: 'Hombre, si hacéis las cosas mal, pues nosotros...' Mañana le damos otro viaje a Cifu (Cifuentes)".

Marhuenda ha negado la mayor ante los medios, subrayando que “nunca, nunca, nunca” trató de presionar a Cifuentes y que “sólo quería ayudar a un amigo desesperado”. Pero, a la espera de cómo se desarrolle el proceso, lo cierto es que, por los vínculos de Marhuenda y Casals con Rajoy el daño ya está hecho y llega hasta la Moncloa. No hay que olvidar que Marhuenda, aparte de diputado por el PP en Parlamento catalán a mediados de los años 90, fue director de gabinete de Rajoy en los tiempos en los que éste ocupó los ministerios de Administraciones Públicas y de Educación. Luego, cuando el ahora líder del PP se hizo cargo del Ministerio de Presidencia, Marhuenda pasó a ocupar la Dirección General de Relaciones con las Cortes hasta abril de 2001. Fue en ese año cuando se incorpora a La Razón como subdirector en Cataluña y, siete años después, en 2008, se pone al frente del diario de Planeta. Desde entonces, el apoyo de La Razón a Rajoy ha sido inquebrantable, incluso cuando el futuro del ahora presidente del Gobierno pintaba bastante negro, tras las elecciones de 2008, y la presión en el seno del PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, lo colocaba en una posición muy difícil para continuar al frente del partido. En una ofensiva mediática en la que también participaban Pedro J. Ramírez, cuando todavía estaba al frente de El Mundo, y un Federico Jiménez Losantos que pilotaba las mañanas de la COPE.

Marhuenda es nombre célebre, mucho más que el de Casals para el gran público, por su pluriempleo en diferentes tertulias, especialmente en La Sexta Noche. Sin embargo, Casals es un hombre clave en los núcleos de poder madrileños. Era el hombre en Madrid de José Manuel Lara Bosch, expresidente de Planeta fallecido a principios de 2015 y arquitecto del grupo mediático Atresmedia, que engloba a Antena 3, La Sexta, Onda Cero y, por supuesto, La Razón, entre otros.

Casals, apodado por algunos en los corrillos periodísticos con sorna El príncipe de las tinieblas,  es conocido por su amplia agenda y por su habilidad para gestiones entre bambalinas. Él es el factótum del vínculo del grupo con el Gobierno y el PP, como demostrarían los SMS publicados por El Mundo antes de la salida de Pedro J. Ramírez, según los cuales Casals habría sido el intermediario entre Génova y Bárcenas, a cuenta del despido del extesorero, desde principios de 2012 hasta abril de 2013.

M. C.

Peor pinta para el propio Rajoy. Tras publicarse que el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, habría tratado de evitar uno de los registros a Ignacio González, PSOE, Podemos y Ciudadanos han solicitado la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para dar explicaciones. La oposición quiere llevar a sede parlamentaria las presuntas injerencias del poder político en el judicial, un asunto que puede acabar colándose en las próximas citas internacionales del presidente del Gobierno, como la minigira latinoamericana que inicia el domingo. 

A falta de concretar al cierre de esta edición cómo y cuándo será su declaración, Mariano Rajoy ya ha hecho historia. Será la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio acuda a un juicio en calidad de testigo. Adolfo Suárez y Felipe González también fueron en su día llamados a declarar, pero ambos habían abandonado ya la jefatura del Gobierno. El primero, en el caso Banesto, donde negó haber recibido 300 millones de pesetas de Mario Conde y haber mediado entre él y el Banco de España. El segundo, en el Tribunal Supremo por el juicio del secuestro de Segundo Marey, donde no pudo concretar si fue informado del mismo por su entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, quien acabó entrando en prisión.

Según reza el escrito de la acusación, para “conocer si los hechos de los que se acusa al Partido Popular son ciertos o no”, lo más “lógico” es “preguntárselo a quien ha ostentado los más elevados cargos de responsabilidad en el mismo”. Y según ha dicho Rajoy, “iré encantado a responder lo que tengan a bien preguntar y aclarar lo que quieran aclarar”. Habrá que esperar para saber si los jueces quedan satisfechos. Y si los partidos de la oposición, con los que el presidente tiene que bregar en una legislatura sin mayoría suficiente para gobernar, también.

Velasco ya tenía de los nervios al PP

Eloy Velasco, el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha vuelto a llevar al PP a la primera línea de la actualidad informativa tras ordenar la detención de Ignacio González en el marco de la operación Lezo, ocupaba la portada de El Siglo de la semana pasada por los nervios que sus investigaciones estaban ya provocando en el PP. Lo hacía tan sólo unas semanas después de imputar al entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica, el nuevo Gürtel del PP. Como señalaba esta revista la semana pasada [Otro juez en la diana del PP], la decisión del magistrado se interpretó entre los populares como una injerencia política. Lo reconoció el número tres de la formación conservadora, Fernando Martínez-Maillo; por el fondo y el momento de la decisión judicial, a punto de concluir el plazo de la moción de censura planteada por el PSOE murciano y forzando la dimisión del barón popular.

Con este nuevo golpe judicial contra la corrupción en una Administración regional bajo un Gobierno del PP, Velasco está provocando que a sus críticos se les esté haciendo larga su permanencia en el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional y cuentan los días para que, de animarse finalmente a hacerlo, formalice su solicitud de una plaza en la nueva Sala de Apelación que se pondrá en marcha el 1 de junio, Esta publicación contaba en su anterior número que se da la circunstancia de que el juez reúne los requisitos y tiene intención de optar al puesto, cuyo plazo de solicitud comenzó el 11 de abril, día en que fue publicado en el BOE.

Mientras, el estallido de la operación Lezo y también el caso Púnica siguen su curso. Según El País, los últimos informes policiales de esta última trama que afecta a cuatro Comunidades Autónomas y a una decena de ayuntamientos apuntan posibles nuevas importaciones de seis altos cargos populares, entre ellos una senadora.

Además, su instrucción empieza a cerrar sus primeros capítulos; Velasco emitía a mediados de febrero el auto en que se acuerda la apertura de juicio oral de la pieza separada número 1, relativa a la revelación de la investigación por parte del guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino al exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

 


Juan Miguel Villar Mir (dcha.) cedió la presidencia de OHL a su hijo Juan el año pasado.

OHL e Indra, salpicadas por el Canal de Isabel II

Entre las piezas de dominó que van cayendo en el marco de la operación Lezo, un grupo de empresas se han visto enredadas en la investigación, con OHL e Indra a la cabeza. Y es que los agentes de la UCO registraban sus sedes la semana pasada en busca de documentación vinculada con el caso, al igual que los edificios centrales de otras compañías, como la auditora PwC, la compañía especializada en servicios de navegación aérea Saerco o la constructora de obras civiles Saerco.

La constructora está en el punto de mira por su relación en el fallido proyecto del Cercanías a Navalcarnero, por el que supuestamente habría pagado una comisión de 1,4 millones de euros. Pero lo peor para la constructora presidida por Juan Villar-Mir –que heredó el cargo de su padre, Juan Miguel el año pasado– es que no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a las tramas de corrupción del PP.

Ya en febrero de 2016, cuando el juez Eloy Velasco ordenó registrar el despacho de Beltrán Gutiérrez, ex gerente del PP de Madrid, por las sospechas sobre la financiación irregular de la formación. OHL emitió entonces un comunicado negando haber efectuado pagos al Partido Popular. Un pronunciamiento se producía un día después de que la Guardia Civil registrase varias dependencias de su consejero Javier López Madrid en el marco de una nueva fase de la denominada 'Operación Púnica', también en torno a la financiación del PP de Madrid.

M. C.

 
 
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