TRIBUNA Carles Campuzano Tiempos de hoy
 
   

                             Nº 1200. 12 de mayo de 2017

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Tribuna / Carles Campuzano

El principio democrático


No estamos ante una cuestión de encaje legal o de respeto a la ley, como ha defendido
el Gobierno, sino ante un reto político que exige voluntad y audacia. Si fuese así, querría decir que la independencia o el derecho a decidir no pueden defenderse en esta democracia desde las instituciones. Sería gravísimo

A pesar de las reiteradas negativas del Gobierno de Rajoy, estamos convencidos de que sólo un referéndum puede ser útil para dar respuesta a los anhelos de los catalanes. Nos asisten poderosas razones para defender la necesidad de un referéndum sobre el futuro político de Catalunya como fórmula democrática para encauzar una salida razonable a la cuestión catalana.

Nos asiste el principio democrático, que es el fundamento del ordenamiento legal y político que articula el sistema constitucional y que  garantiza que una demanda sostenida y robusta como la que han planteado las instituciones catalanas y la mayoría de los electos catalanes debe ser atendida y no rechazada de manera sistemática. En esa misma línea se pronunció, en su momento, el expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, defendiendo la necesidad de encauzar, en base a la legalidad vigente y reformando las leyes que hiciesen falta, la demanda mayoritaria de la sociedad catalana. Rubio Llorente proponía una fórmula concreta para articular el referéndum, respetuosa con la Constitución. Incluso, en una línea parecida, se pronunció el Tribunal Constitucional, en su  importante Sentencia de 25 de marzo de 2014 cuando afirmó que una “aspiración política” puede pretender incluso “modificar el fundamento mismo del orden constitucional” ya que la Constitución no establece “un modelo de democracia militante” y “no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional, basándose en ese principio democrático”. Posteriormente, el ya expresidente del Alto Tribunal, Pérez de los Cobos, afirmó que la solución a  la cuestión catalana sólo puede llegar desde el diálogo político y no desde la resolución de un tribunal. Y recientemente más de 800 prestigiosos juristas catalanes han insistido en la legalidad constitucional de un referéndum sobre el futuro político de Catalunya, basándose en ese mismo principio democrático.

No estamos ante una cuestión de encaje legal o de respeto a la ley, como ha defendido el Gobierno, sino ante un reto político que exige voluntad y audacia. Si fuese así, querría decir que la independencia o el derecho a decidir no pueden defenderse en esta democracia desde las instituciones. Sería gravísimo. Ha sido un tremendo error de Rajoy y de su Gabinete haber situado en el terreno del conflicto competencial y la aplicación del Código Penal la respuesta a la demanda catalana. Se necesitaba y se necesita la altura de miras de una verdadera política de Estado. Por cierto, la misma altura de miras, la misma política de Estado, la misma audacia, que tuvo Adolfo Suárez hace 40 años, acordando el regreso del exilio del president Tarradellas y restaurando la Generalitat republicana. Aquella operación política fue una verdadera acción de Estado. Después de las elecciones constituyentes de junio de 1977, y aún pendiente de iniciarse el proceso de elaboración de la futura Constitución, se entiende que debía reconocerse, sin marco constitucional democrático, el autogobierno catalán de los tiempos de la Segunda República. Hubo riesgo a una reacción furibunda del búnker y hubo generosidad para entender que la magnitud del reto democrático exigía abordar de cara la demanda catalana que entonces no fue otra que recuperar las instituciones de autogobierno que Franco había liquidado
Pero nos asiste también, y sobre todo, el sólido y transversal apoyo de la sociedad catalana. Esta no es sólo una demanda de la mayoría de la representación catalana en las Cortes Generales; ni sólo un compromiso firme de la mayoría del Parlament o de la inmensa mayoría de los municipios catalanes. Es, sobre todo, el punto que suscita mayor consenso en la sociedad catalana y que tiene el apoyo, también, de ciudadanos que no desean la independencia.

Y es que es normal. Se trata sólo de dejar que sean los catalanes que decidan su futuro. ¿Qué hay más democrático que ello?

 

Firma

Actual portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Licenciado en Derecho, trabajó entre 1986 y 1992 en el Departament de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Ha sido secretario general (1989-1994) y presidente (1994-1996) de la Joventut Nacionalista de Catalunya, concejal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (1987-1991), diputado en el Parlament de Catalunya (1992-1995) y diputado en el Congreso desde 1996, además de miembro del Consell Nacional de Convergència Democrática de Catalunya hasta que se refundó en el Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCat).

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