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                           Nº 1201. 19 de mayo de 2017

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Tema de portada de El Nuevo Lunes / Esmeralda Gayán

Los analistas ven sentido a la fusión, una operación política de Economía y de la actual Presidencia del banco, ante la falta de compradores

De Guindos y Saracho entregan el Popular a Bankia

Bankia gana terreno en la compra del Popular y en estos momentos es el claro favorito de todas las quinielas. El motivo: está sobrada de capital gracias a los 22.000 millones de euros de dinero público inyectados en su rescate en 2012 y a la generación de capital de los últimos años tras la gestión de Goirigolzarri. Un capital que le falta al banco capitaneado por Emilio Saracho, que entregará el banco sin remordimientos al único comprador dispuesto a llevarse una losa de 35.000 millones de activos improductivos. Ese comprador es, indirectamente, el Estado, máximo accionista de Bankia. Y es que, aunque Goiri tampoco está por la labor, las presiones políticas del ministro de Economía, Luis de Guindos, parecen haber surtido efecto.


Emilio Saracho (izqda), presidente del Popular, y Luis de Guindos (centro), los más interesados en endosar la entidad a Bankia, cuyo presidente, José Ignacio Goirigolzarri (dcha.), se vería obligado a aceptar por presiones políticas.

Hay una trampa en las palabras de Guindos: sí que ha habido ayudas públicas para Bankia, la favorita para absorber el Popular; sería así una nacionalización encubierta   Excepto Bankia, los bancos que analizan las cuentas de la entidad se pueden echar atrás al comprobar que los problemas del Popular son aún mayores de lo que parecen

Sin ayudas públicas y teniendo en cuenta que el Popular tiene una losa inmobiliaria de 35.000 millones de euros. Con esa mochila, ningún comprador va a insistir en quedarse con el banco que preside Emilio Saracho. En eso coinciden todos los expertos consultados por este semanario. Entre los extranjeros, no hay ningún candidato. Y entre los españoles, ni siquiera el primer banco, el Santander parece realmente interesado, a pesar de que ha presentado una oferta para acceder a la información de la entidad, ésta no es vinculante. Ana Botín ha dicho por activa y por pasiva que prioriza el crecimiento orgánico y el BBVA ni siquiera ha entrado en la puja inicial. Mientras, CaixaBank y Sabadell bastante tienen con las integraciones del portugués BPI y el británico TSB, respectivamente. Ambos han tratado de reducir el peso del negocio en España y la compra del Popular podría considerarse, bajo esta óptica, un paso atrás.


Así las cosas, si Santander y BBVA no pujan, la entidad presidida por Ignacio Goirigolzarri se ve empujada a absorber el Popular por mandato del Gobierno, en tanto que éste es su principal accionista con una participación del 65%. Una presión pública desde el momento en que Guindos anunciase la intención de Bankia de estudiar una adquisición. La noticia causó revuelo en el sector, ya que se trata de una operación cuyo desarrollo es habitualmente a puerta cerrada.

El objetivo de Guindos no es otro que evitar un nuevo rescate con más ayudas públicas, ya que el banco necesita un mínimo de capital en caso de aflorar pérdidas, un capital que los inversores no pareden dispuestos a ofrecer por el banco. De ahí que el ministro de Economía tenga mucho que decir y así lo ha dicho: “por supuesto que el Gobierno no tiene ninguna previsión de inyectar recursos públicos en Banco Popular”, ha asegurado.

De Guindos deja claro que no habrá ayudas públicas, ni en forma de capital, ni de liquidez, ni ventajas fiscales. Quien quiera comprar la entidad deberá valorar el banco, asumir tanto las oportunidades como los riesgos y ofrecer un precio que le haga posible rentabilizar su inversión sólo con sus propios medios. Pero hay una “trampa” en las palabras de Guindos: sí que ha habido ayudas públicas para la única entidad que en estos momentos sería capaz, junto con Santander y BBVA, de absorber el Popular, según los expertos. Sería, pues, una nacionalización encubierta.

Bankia está sobrada de capital justamente gracias a los 22.500 millones de euros de dinero público inyectados en su rescate en el 2012 y a la generación de capital de los últimos años tras la gestión de Goirigolzarri. Es uno de los factores clave de la operación: cómo afecta al capital y a la cotización de la acción en Bolsa. A corto plazo, ha sido castigada, pero todos los expertos coinciden que a largo plazo, el banco resultará más atractivo de cara a la privatización de la entidad resultante de la fusión.

Bankia se beneficiaría de la base de clientes y el rentable negocio de pymes del Popular y, si paga, por ejemplo 3.500 millones por la entidad, podría anotarse plusvalías contables por casi 6.000 millones por la diferencia entre el precio y el valor en libros, lo que le daría margen para realizar dotaciones importantes. Y eso sin contar con los beneficios fiscales derivados de las bases imponibles negativas derivadas de las pérdidas del banco en 2016.

Según indican fuentes del sector, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri está sopesando los pros y los contras de la operación. Por un lado, la mayor dificultad está en la gestión de los activos improductivos, que superan los 35.000 millones de euros. Una losa demasiado pesada para una entidad semipública. Sin embargo, las limitaciones impuestas por Bruselas a Bankia para participar en operaciones corporativas como consecuencia de haber recibido ayudas públicas terminan el próximo 1 de julio, a los cinco años exactos de su rescate.

En la parte positiva, están las sinergias y la complementariedad de ambas entidades, tanto geográfica como de negocio. Así, Bankia está muy interesada en la cartera  vinculada a las pymes en poder de Popular, especialmente ante el fuerte y sostenido repunte del consumo y de las exportaciones.

La independencia, más lejos
Emilio Saracho tiene hasta verano para optar por una de las dos vías: ampliar capital y seguir siendo independiente o entregarse a otra entidad al mejor precio posible. Si opta por la primera opción, el mercado calcula que el banco debería capitalizarse con entre 4.000 y 6.000 millones de euros, o incluso más. Pero no parece que ésta vaya a ser la vía, ya que la situación de la entidad se ha deteriorado notablemente desde el derrocamiento de Ángel Ron en diciembre y los inversores no están por la labor. La ampliación de capital de 2.500 millones que ahora cumple justamente un año se ha evidenciado insuficiente, y el antiguo jefe de JP Morgan no parece muy interesado en salvar el banco.

Así que el ahora presidente del que fuera el banco español más rentable parece haber optado por la segunda opción. El problema como se ha dicho es que no hay claros compradores. La sensación entre algunos ejecutivos de entidades potencialmente interesadas es que Banco Popular está quemando todos sus cartuchos para captar el interés de otros bancos. La opción de una fusión no está asegurada, ya que los bancos, que en estos momentos están analizando las tripas de la entidad, se pueden echar atrás al comprobar que los problemas del Popular son aún mayores de lo que parecen.

Mientras, el actual equipo intenta conseguir oxígeno mientras se resuelve su futuro. Y lo hace con la venta de filiales y participadas. Ya ha traspasado una filial de consumo, Popular Servicios Financieros, y también ha puesto en mercado su participación en la inmobiliaria Merlin.

Camino despejado: sin Aparicio Valls, adiós a la ‘vieja guardia’

Emilio Saracho ha imprimido un ritmo vertiginoso a la gestión del Popular:  ha reformulado las cuentas del ejercicio anterior, ha puesto en venta carteras y participaciones, ha abierto las entrañas del banco a quien quiera hacer una oferta y ha relevado del cargo a todos aquellos que no eran de su confianza, sin importarle el peso que tuvieran en la entidad.

Es el caso del cesado consejero y secretario del Consejo, Francisco Aparicio Valls, cuya sustitución supone el adiós a la vieja guardia, el final de la era Ron y de la herencia de Luis Valls Taberner.

Aparicio era el representante informal de la Sindicatura, donde se concentran las participaciones de las familias tradicionales del banco, vinculadas al Opus Dei, y las de los empleados de la entidad.

La salida de Aparicio del Consejo acaba, de esta forma, definitivamente con el poder de la Sindicatura de Accionistas, que reúne algo más del 9% del capital del banco, y que lo ha capitaneado durante varias décadas.

A partir de ahora tendrá un representante en el consejo, como lo tienen los demás grandes accionistas del banco: Allianz, Crédit Mutuel y los inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle, que son los que dieron el pistoletazo de salida a Ron y a la vieja guardia.

La silla en el consejo que ocupaba Aparicio no será cubierta por ahora.
Las que sí serán cubiertas son sus funciones de secretario, que se encomiendan a Joaquín Hervada, un abogado procedente del bufete Freshfields.

De esta forma, Saracho culmina un consejo de administración a su medida, con personas externas al Popular, cuando hasta ahora su entrada se había tirado de cantera.
Al mismo tiempo, el consejo ha decidido cubrir la vacante que tenía anterior a la salida de Aparicio con la incorporación de José Barreiro, ex BBVA.

Y otro cambio, el de Antonio San José como nuevo director de Comunicación, que sustituye en el cargo a Carlos Balado, tras 12 años en la casa.

 

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