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                             Nº 1203. 2 de junio de 2017

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Política / Pedro Antonio Navarro

La dimisión de Moix debilita al ministro de Justicia

Los ‘escudos’ de Rajoy, en aprietos

El ‘adiós’ de Manuel Moix deja sin una pieza fundamental al Gobierno en su estrategia judicial de defensa en los múltiples casos de corrupción que acorralan al PP. Tanto el fiscal general como el ministro de Justicia quedan profundamente ‘tocados’ y el cerco se cierne más estrecho sobre Mariano Rajoy


Manuel Moix, en el centro, se ha distinguido en sus apenas cien días como fiscal jefe Anticorrupción, por servir de parapeto al Ejecutivo de Rajoy, cercado por los casos de corrupción.

Manuel Moix, como estaba ‘cantado’, acababa presentando su dimisión como fiscal jefe Anticorrupción dos días después de que se conociera su vinculación con la empresa ‘panameña’ Duchesse Financial Overseas, de la que posee por herencia el 25 por ciento desde 2012. 

El encargado de dar la noticia era el también cuestionado fiscal general del Estado, José Manuel Maza. En su comparecencia ante la prensa continuaba defendiendo a su subordinado –seguirá siéndolo, ya que regresa, de momento, a su antiguo puesto en el Tribunal Supremo–, asegurando que “no ha existido ningún tipo de irregularidad, ilegalidad ni incompatibilidad” con el ejercicio de su cargo. Incluso afirmaba haber intentado convencerle de continuar.

Pero la suerte estaba echada. La situación de Moix era insostenible, máxime cuando desde el día 30 de mayo, las tres asociaciones de fiscales: Unión Progresista de Fiscales (UPF); la Asociación de Fiscales (AF) –conservadora y mayoritaria y que, hasta ahora, le había brindado su apoyo–, y la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales (APIF), solicitaban su cese. 

Esta ‘caída’ debilita la posición de Mariano Rajoy, siguiendo con la tendencia iniciada cuando los ‘parachoques’ interpuestos por el presidente del Gobierno –en su camino por el control del aparato judicial ante la avalancha de procesos por corrupción en los que está inmerso el PP– quedaban tocados en la línea de flotación cuando el pasado 16 de mayo, una amplia mayoría del Congreso reprobaba al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su “injerencia” en procedimientos judiciales en los que están investigados cargos públicos del Partido Popular así como su “comportamiento” que ha provocado el descrédito del Ministerio Fiscal. También eran reprobados el fiscal general y el propio Moix. La iniciativa socialista recibía 207 votos a favor y 134 en contra, todos del Grupo Popular. 

Pero la empresa en Panamá no es más que el último y escandaloso jalón de una breve –aunque intensa– trayectoria polémica de Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Desde su nombramiento en febrero de este año, ordenó por escrito a los fiscales del caso Lezo que no procedieran al registro de la vivienda de Ignacio González y que retiraran la imputación de organización criminal.

El exfiscal jefe Anticorrupción trató de apartar del caso a los fiscales que llevaban la investigación, Carlos Yáñez y Carmen García, y evitó en varias ocasiones previas que se investigase al propio González. Sucedió en 2007, 2009 y 2010, cuando era fiscal superior de Madrid. Entonces archivó las denuncias sobre la trama de corrupción en el campo de golf del Canal Isabel II sin realizar ninguna diligencia.

Igualmente cesó al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, cuando se investigaba al presidente de esta Comunidad, Pedro Antonio Sánchez.

Rafael Catalá ha tratado, desde su llegada al ministerio, de construir un ‘muro’ judicial en defensa de un PP acosado por los casos de corrupción. Con la ayuda del nuevo fiscal general, mediante masivos nombramientos –con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción a la cabeza–, ha intentado controlar al Ministerio Público.

 

‘El Siglo’ alertaba de los líos en Justicia en su número 1.190.

Su departamento está preparando una Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende dejar todo el peso de las investigaciones por corrupción en manos de los fiscales, que se intenta completar con un nuevo Estatuto del Ministerio Público.

Casos como el de Gürtel, Púnica, el 9-N catalán o el de la caja B del PP han entrado en su fase decisiva y han provocado movimientos defensivos desde el Gobierno. Eduardo Torres-Dulce, exfiscal general del Estado, era forzado a dimitir por negarse a acatar las directrices del Ejecutivo para que parase la consulta catalana del 9 de noviembre de 2014, presentando una querella contra Artur Mas.

Más tarde, su sustituta recibía presiones para realizar determinados nombramientos en la cúpula del Ministerio Fiscal, y que afectaban sobre todo a la Fiscalía Anticorrupción, a la Audiencia Nacional y a Murcia. El final de Consuelo Madrigal es conocido: sólo nueve meses en el cargo.

Ahora, José Manuel Maza se muestra mucho más dispuesto a seguir la línea marcada. Al poco de llegar nombró a 35 nuevos fiscales, con sus correspondientes ceses, incluyendo plazas tan sensibles como la de Murcia –con su presidente a punto de ser investigado–, País Vasco, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Para la Audiencia Nacional, el elegido fue Jesús Alonso, hasta ahora teniente fiscal en la Audiencia y considerado más afín al Gobierno del PP.

Un ‘amigo’ en lugar de Velasco
El magistrado conservador Manuel García Castellón, que había pasado 16 años en el extranjero como juez de enlace, ha proclamado su intención de regresar a la Audiencia Nacional, a sus 64 años, en sustitución de Eloy Velasco, que pasa a tomar posesión de su nuevo puesto en la recién creada Sala de Apelaciones. Al reclamar ahora su plaza,
García Castellón evita un concurso que hubiera ganado el más antiguo de los jueces que se hubieran presentado.

Desde ahora, desde el Juzgado 6 de la Audiencia, se queda con los casos Lezo y Púnica, entre otros, que llevaba Velasco. El titular es un juez conservador, considerado afín al PP, y que instruyó casos como Banesto o el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y que es el juez titular por el que ‘suspiraban’ Ignacio González y Eduardo Zaplana en su famosa conversación telefónica de noviembre de 2016.

No es el único ‘movimiento’ sospechoso. A finales de mayo, Concepción Espejel –‘querida Concha’ para María Dolores de Cospedal– era elegida con los votos de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y ello pese a que Anticorrupción advirtió de que había dudas de su imparcialidad por su cercanía al PP, que la colocó de vocal en el CGPJ. La Fiscalía Anticorrupción consideró probada la relación de Espejel con el PP, cuando emitió un informe sobre la necesidad de apartarla junto a Enrique López del juicio de Gürtel. “Un observador objetivo tendría razones para dudar de la imparcialidad” de ambos, indicaba en su escrito de octubre de 2015. Unos días después de ese informe, el pleno de la Sala de lo Penal, el órgano que ahora presidirá Espejel, decidió apartarla a ella y a López del caso. En enero de 2016, esa sala volvía a apartarles, en este caso del juicio de la caja B del PP. 

Y será precisamente Enrique López quien acompañe a Eloy Velasco, ocupando una de las dos nuevas plazas creadas para integrar la Sala de Apelación de la propia Audiencia. Una instancia nueva que debe revisar las decisiones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Ambos nombramientos –decididos por la mayoría conservadora del CGPJ- generarán más de un problema, ya que Velasco, en lógica, tendrá que abstenerse de la revisión de las sentencias relativas a Púnica o Lezo, mientras que Enrique López puede ser recusado de toda decisión que afecte al PP, ya que fue apartado del caso Gürtel por sus vinculaciones con dicha formación política y con su fundación FAES.

Rajoy, en persona
El último revés para la estrategia judicial del presidente del Gobierno llegaba cuando el tribunal del caso Gürtel acordaba que Mariano Rajoy debe comparecer en persona en el juicio el 26 de julio para declarar como testigo, ya que considera que no lo hace como presidente de la nación, sino como ciudadano español.

Rajoy había solicitado a la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) atendiendo a razones de seguridad y por ser el medio “menos perturbador” en el ejercicio de sus funciones como jefe del Ejecutivo. Rajoy fue llamado a testificar en este juicio en el que se encuentra el PP acusado como partícipe a título lucrativo.

En un auto, la sección segunda de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar a la trama corrupta, rechazaba por mayoría (dos votos a uno) la petición del PP y del propio Rajoy.