Tribuna / Bruno Estrada Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1204. 9 de junio de 2017

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Tribuna / Bruno Estrada

Monarquía bananera


F. MORENO

En España, por ahora, “tan sólo” se ha reprobado en el Parlamento al actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general del Estado y al dimitido fiscal jefe Anticorrupción por “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”

La expresión república bananera se hizo popular cuando la utilizó el escritor norteamericano William Sidney Porter (cuyo seudónimo era O. Henry) a finales del siglo XIX para referirse al caso de Guatemala. Los acuerdos a los que habían llegado los gobernantes de ese pequeño país con la compañía norteamericana United Fruit suponían tal grado de sumisión a los intereses de esa empresa que prácticamente le permitían el control de su economía.

Otro de los principales rasgos definitorios de las repúblicas bananeras era que la corrupción venía a ser una práctica corriente en cada aspecto de la vida cotidiana, y que las leyes del país eran desobedecidas de forma sistemática por las élites nacionales y, por supuesto, por los señores de United Fruit.

La corrupción supone un robo a todos los ciudadanos por parte de las élites privilegiadas (económicas y políticas), una suerte de redistribución inversa que socava las bases del Estado del Bienestar, pero su metástasis al conjunto de la administración pública tiene graves consecuencias sobre el propio funcionamiento democrático de un país.

En la medida que la corrupción va tomando una dimensión cada vez mayor, y se hace más evidente para los ciudadanos comunes y corrientes, los sistemas judiciales de las republicas bananeras empiezan a tener que actuar frente a las denuncias. Y entonces es cuando el poder corrosivo de la corrupción empieza a socavar al Estado de Derecho.

Los políticos corruptos para defender su botín, para seguir incrementándolo y no ir a la cárcel por ello, extienden sus tentáculos hacia el poder judicial y hacia la Policía (el legislativo en esos países normalmente ha sucumbido hace ya tiempo a los embates de los corruptos) de forma que todas las instituciones del Estado quedan impregnadas por el pestilente hedor de la corrupción. De forma paralela los funcionarios honrados son apartados, o expulsados, de aquellos puestos que pudieran hacer que los corruptos paguen por sus delitos.

Resulta evidente que en relación con el segundo rasgo definitorio de las republicas bananeras, la corrupción que lo impregna todo, no es algo limitado al siglo XIX.

La Bolivia de principios de los años noventa del siglo pasado fue un claro ejemplo de cómo un país puede deslizarse por esa abrupta pendiente del mal gobierno. En 1989 fue elegido como presidente Jaime Paz Zamora, del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario), un partido de centro izquierda vinculado a la Internacional Socialista, gracias a los votos del partido más derechista del parlamento boliviano, la ADN (Alianza Democrática Nacionalista) del exdictador Hugo Banzer.

El acuerdo alcanzado implicaba repartirse el gobierno a partes iguales para continuar las políticas de ajuste económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI): recorte de gasto público y congelación de salarios. Unas políticas que estaban incrementado la pobreza en amplios sectores de la población boliviana, principalmente indígena. Los sindicatos bolivianos y numerosas organizaciones sociales reaccionaron contra esas medidas.

La reacción del gobierno del MIR-ADN ante el creciente conflicto social fue el arresto y deportación de más de seiscientos sindicalistas. Hoy en España “tan sólo” hay cerca de 300 sindicalistas inmersos en procesos judiciales por defender los intereses de los trabajadores frente a las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial impuestas por la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo.

Cuando los casos de corrupción empezaron a salir a la luz pública el gobierno de Paz Zamora inició el proceso de destitución de ocho jueces de la Corte Suprema que se habían opuesto a la legislación económica del gobierno. En España, por ahora, “tan sólo”, ha tenido que dimitir el fiscal anticorrupción que tanto había dificultado la investigación de presuntos corruptos como Ignacio González, aunque parece que a algunos jueces problemáticos por su honradez se les ha ofrecido puestos que les apartan de los casos más sensibles para el gobierno.

En España, por ahora, “tan sólo” se ha reprobado en el Parlamento, por 207 votos a favor y 134 en contra, al actual ministro de Justicia, al fiscal general del Estado y al dimitido fiscal anticorrupción por haber tomado decisiones para “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”. En España el presidente del Gobierno “tan sólo” tendrá que declarar como testigo, por ahora, en el juicio por el caso Gürtel, sobre presunta financiación ilegal de su partido.

No me gustaría ser ciudadano de un país que ofreciera al mundo el lastimoso espectáculo de crear una nueva categoría política: la monarquía bananera.

 

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Economista, adjunto a la Secretaria General de CC OO. Es director adjunto del Programa Modular de Relaciones Laborales de la UNED y miembro de la Junta Directiva de Economistas Frente a la Crisis y del Consejo Internacional de Economía de Podemos. Es autor de la obra de teatro Escuela Rota, representada en Madrid, y productor de varios cortometrajes y películas con los que la productora Dexiderius ganó dos Goyas. Ha publicado diversos libros e informes económicos como La economía que viene (Ed. Iniciativa Ecosocialista) o ¿Qué hacemos con la competitividad? (Ed. Akal).

 

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