Los Dossieres Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1205. 16 de junio de 2017

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

Se cumplen 50 años de la Guerra de los Seis Días

Israel: medio siglo de ocupación

10 lustros de la invasión de los territorios palestinos por parte de las fuerzas israelíes se cumplían el pasado 10 de junio. Medio siglo desde la guerra relámpago en la que se sentaron las bases de la mayor inestabilidad geopolítica en el planeta, en Oriente Medio, convertido en el área que más conflictos ha ‘aportado’, siendo utilizado como uno de los principales escenarios de la Guerra Fría y, en la actualidad, en la pugna por el control de los recursos energéticos.


La Guerra de los Seis Días tuvo amplias repercusiones en la vida política de las naciones árabes de Oriente Próximo y sobre todo significaría el inicio de la ocupación del territorio palestino, tanto en la Franja de Gaza como en los territorios de la Ribera Occidental.

La existencia del Estado de Israel data de 1948, por acuerdo de las potencias coloniales de la zona, ubicándolo en territorios palestinos. La consecuencia: la partición de Palestina y la entrega del 53 por ciento de su territorio histórico a colonos sionistas que en un 90 por ciento eran de origen ajeno a Oriente Medio. Pero no sería hasta 19 años después cuando comenzó el expansionismo hebreo, generando un desequilibrio que ha permanecido hasta nuestros días.

Entre los días 5 al 10 de junio del año 1967 las fuerzas israelíes atacaron a los ejércitos de Egipto, Siria, Irak y Jordania bajo el pretexto de que las fuerzas egipcias apostadas en la península del Sinaí representaban un peligro para Israel. Fue la conocida como ‘Guerra de los Seis Días’ que, además tenía como consecuencia la apropiación de la Península del Sinaí a Egipto y los Altos del Golán a Siria. Con el paso de los años el único territorio devuelto a su legítimo propietario ha sido la Península del Sinaí, mediante un acuerdo entre el régimen de Israel y Egipto.

Una contienda bélica, que tendría amplias repercusiones en la vida política de las naciones árabes de Oriente Próximo y sobre todo significaría el inicio de la ocupación del territorio palestino tanto en la Franja de Gaza como en los territorios de la Ribera Occidental. Un proceso conocido en la historiografía palestina como Al Naksa – Contratiempo o revés.

En la conmemoración de este aniversario, el pasado 10 de junio, la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusaba a Israel de “controlar” Cisjordania y Gaza “a través de la represión, la discriminación institucionalizada y abusos sistemáticos de los derechos de la población palestina”.

HRW, que denunciaba en una nota “50 años de abusos de ocupación”, asegura que existen “al menos, cinco categorías de las principales violaciones de la ley internacional de derechos humanos y del derecho humanitario que caracterizan a la ocupación”.

Entre ellas, “homicidios ilegales, desplazamiento forzoso, detención abusiva, el cierre de la Franja de Gaza y otras restricciones injustificadas sobre el movimiento, y el desarrollo de los asentamientos, junto con las políticas discriminatorias de acompañamiento que perjudican a los palestinos”, señala el comunicado.

“Israel mantiene hoy un arraigado sistema de discriminación institucionalizada contra los palestinos en el territorio ocupado, una represión que se extiende más allá de toda razón de seguridad”, apunta la directora para Oriente Medio de HRW, Sarah Leah Whitson, quien destaca que en medio siglo “pocos palestinos han escapado a los graves abusos de derechos”.

En la nota, la organización de derechos humanos apunta asimismo a grupos palestinos armados “que también han violado el derecho internacional humanitario cometiendo ataques letales contra civiles y lanzado miles de cohetes”.
Y advierte que cincuenta años de ocupación “y décadas de proceso de paz infructuoso deberían desterrar la noción de que quitar relevancia a los derechos humanos facilitará el camino a una solución negociada al conflicto”.

No tardaba en responder el Ejecutivo de Tel Aviv. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mijal Maayan, argumentaba que HRW “es conocida por su actitud desequilibrada hacia Israel. Desafortunadamente su principal preocupación no está dirigida en proteger los derechos humanos, sino a la demonización de Israel de cualquier manera posible”.

En estas cinco décadas, la situación no ha mejorado. A mediados del pasado mes de abril, alrededor de 1.300 presos palestinos en cárceles israelíes iniciaban una huelga de hambre indefinida para demandar una mejora de sus condiciones, según Akram Atalah Alayasa, portavoz de la Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

La convocatoria de la protesta coincidía con el Día Nacional de la Solidaridad con los Presos Palestinos que se celebra cada 17 de abril desde 1974. El primer ministro de la ANP, Rami Hamdala, mostraba todo su apoyo a la huelga por “las necesidades y derechos básicos de los prisioneros”. Según su argumento, se trataba de “un intento de poner fin a la práctica de la detención administrativa arbitraria, la tortura, los malos tratos, juicios injustos, la detención de los niños, negligencia médica, el aislamiento, el trato inhumano y degradante, la privación de derechos básicos tales como las visitas familiares y el derecho a la Educación”.

Según cifras de la ANP, alrededor de 6.500 palestinos están en 22 cárceles israelíes, una de ellas en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, y en centros de detención, incluidos 300 menores, 12 parlamentarios y 28 periodistas.

Las organizaciones de defensa de los encarcelados como Adamir y el Club de Prisioneros Palestinos aseguran que 1.500 reos se encuentran en malas condiciones de salud y reciben un tratamiento médico insuficiente.

La huelga de hambre era convocada en primera instancia por el líder del partido nacionalista Al Fatah, Marwan Barguti, que cumple en prisión cinco cadenas perpetuas por ataques durante la Segunda Intifada.

Bajo el lema ‘Huelga por la libertad y la dignidad’, los prisioneros realizaban una serie de demandas, entre ellas, la mejora del régimen de visitas, el fin del aislamiento y de la detención administrativa que permite detener sin cargos ni juicios por periodos de seis meses renovables de forma indefinida.

Por su parte, Gilad Erdan, ministro de Seguridad Pública de Israel, aseguraba que se trataba de una huelga con motivos políticos y que no tiene nada que ver con las políticas y acciones de las autoridades carcelarias israelíes. “La huelga dirigida por Barghouti está motivada por la política interna palestina, y por lo tanto incluye demandas poco razonables relativas a las condiciones en las cárceles”, aseguraba.

Según el reglamento del Servicio Penitenciario se considera un delito que un recluso rechace su comida, y por tanto aquellos que participen de la huelga podrían recibir sanciones disciplinarias.


Trump se ha desmarcado del consenso sobre dos estados y aseguraba ante Netanyahu que aceptaría, uno o dos Estados, lo que acordaran las dos partes.

El ‘nuevo’ papel de Estados Unidos
A comienzos del pasado mes de mayo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se ofrecía a ser un ‘facilitador’ de un eventual acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. En una declaración conjunta con Mahmud Abás, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Trump se comprometía trabajar con ambas partes para tratar de lograr ese acuerdo de paz. “Haré todo lo que sea necesario para facilitar un acuerdo, para mediar o arbitrar cualquier cosa que ellos quieran hacer”. Declaró que no habrá “una paz duradera a menos que los líderes palestinos hablen con una sola voz contra la incitación a la violencia y el odio”.

Pero en febrero, Trump se había desmarcado del consenso internacional acerca de la convivencia y reconocimiento mutuo de dos estados como base sobre la que sustentar una paz duradera. Aseguraba que aceptaría “una solución de uno o dos Estados”, la que prefieran los israelíes y palestinos, lo que supone un cambio respecto a la política hacia Oriente Medio que ha mantenido Washington durante al menos los últimos 20 años.

Trump, en presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al que visitaba ese mismo febrero, alegaba ahora que “son las propias partes las que deben negociar directamente ese acuerdo. Estaremos a su lado. Trabajaremos con ellos. Como en cualquier negociación exitosa, las dos partes deberán hacer concesiones. ¿Lo sabe, verdad?", decía ante la prensa y dirigiéndose al propio Netanyahu.

El presidente estadounidense afirmó en esa ocasión que los palestinos deben “deshacerse del odio” que, a su juicio, les enseñan a tener “desde pequeños”. Eso sí. También solicitaba a Israel "cierta flexibilidad" para llegar a un acuerdo de paz con los palestinos.

A inicios del pasado mes de mayo, El presidente palestino, Mahmud Abbas, anunciaba que Donald Trump visitará pronto los Territorios Palestinos y se declaraba dispuesto a reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo su auspicio. El mandatario estadounidense aceptaba la invitación palestina de ir a los Territorios durante un viaje de Abbas a Washington.

Abbas y Netanyahu no han mantenido ninguna reunión directa sustancial desde 2010. Los esfuerzos para resolver uno de los más antiguos conflictos del planeta están bloqueados desde 2014. De hecho, con la situación actual, israelíes y palestinos nunca parecen haber estado tan lejos de sellar la paz.

En su visita a Washington, Abbas comunicaba a Trump el compromiso palestino “en favor de una paz basada en la justicia, y cuya referencia sean las resoluciones internacionales y la solución con dos Estados”, es decir la creación de un Estado palestino junto a Israel. Un Estado “soberano con las fronteras de 1967 y con Jerusalén este como capital”, repitió Abbas.


Las fuerzas israelíes siguieron manteniendo el bloqueo de la Franja de Gaza, con lo que imponían a sus 1,9 millones de habitantes un castigo colectivo.

El giro de Hamás
En medio de estos contactos, el líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jaled Meshal, anunciaba este lunes que su grupo acepta la creación de un estado palestino con las fronteras de 1967, aunque sin reconocer al Estado de Israel ni renunciar a ninguno de los derechos históricos del pueblo palestino.

“Sin comprometer su rechazo de la entidad sionista, Hamás considera el establecimiento de un Estado palestino totalmente soberano e independiente, con Jerusalén como capital sobre las líneas del 4 de junio de 1967, con el retorno de refugiados y desplazados a sus hogares de los que fueron expulsados como fórmula de consenso nacional”.

A pesar de aceptar un Estado palestino solo en una parte de este territorio, el nuevo documento no renuncia al objetivo de “liberar toda Palestina” ni habla de una solución de dos estados. Pero, en todo caso, constituye un importante cambio de posición en una organización, mayoritaria en Gaza, que nunca había aceptado la división de Palestina en 1948.

El texto, que destaca que el conflicto en Palestina no es religioso, también afirma que la lucha de Hamás es “contra el proyecto sionista”, no contra la religión judía ni los judíos.

En su carta fundacional de 1988, Hamás reclamaba todo el territorio del mandato británico de Palestina, que incluye al actual Israel.

Demoledor informe de Amnistía Internacional

A comienzos de este 2017, la principal organización mundial en defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI), presentaba un demoledor informe acerca de la situación en los territorios ocupados. Según el extenso documento, las fuerzas israelíes cometieron homicidios ilegítimos de palestinos y palestinas civiles, entre ellos niños y niñas, en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), y detuvieron a miles de palestinos y palestinas de los TPO que se oponían a la ocupación militar continuada de Israel, sometiendo a centenares a detención administrativa.

La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo prácticas muy extendidas y quedaban impunes. Las autoridades continuaron promoviendo los asentamientos ilegales en Cisjordania, incluso intentando “legalizar” retroactivamente los construidos en terrenos privados palestinos, y aplicaron restricciones severas a la libertad de circulación de la población palestina, cerrando algunas zonas tras ataques palestinos contra israelíes.

Las fuerzas israelíes siguieron manteniendo el bloqueo de la Franja de Gaza, con lo que imponían a sus 1,9 millones de habitantes un castigo colectivo, y continuaron derribando viviendas palestinas en Cisjordania y de habitantes de los pueblos beduinos de la región del Néguev/Naqab de Israel, sometiendo a sus ocupantes a desalojo forzoso.
Siempre según AI, las autoridades encarcelaron a objetores y objetoras de conciencia al servicio militar y detuvieron y expulsaron a miles de solicitantes de asilo procedentes de África.

Durante el año se produjeron apuñalamientos, atropellos con automóviles, disparos y otras agresiones de personas palestinas contra israelíes en Cisjordania e Israel. Los ataques, cometidos en su mayoría por personas no afiliadas a grupos armados, causaron la muerte de 16 israelíes y un extranjero, en su mayoría civiles. Las fuerzas israelíes mataron a 110 palestinos y palestinas y a 2 extranjeros durante 2016.

En Gaza, grupos armados palestinos dispararon periódicamente proyectiles de efecto indiscriminado -en concreto, cohetes y bombas de mortero- contra Israel, sin causar muertes ni heridas graves. Las fuerzas israelíes respondieron con ataques aéreos y fuego de artillería, matando en Gaza a tres civiles palestinos, incluidos una niña y un niño.
Las fuerzas israelíes mantenían una “zona de seguridad” dentro de la frontera de Gaza con Israel, y dispararon munición real y otras armas contra palestinos que entraron o se aproximaron a ella, matando a cuatro e hiriendo a otros. También dispararon contra pescadores palestinos que estaban dentro o cerca de la “zona de exclusión” impuesta por Israel.

Amnistía Internacional informa de que en Cisjordania, las autoridades israelíes aplicaron de forma discriminatoria restricciones severas a la libertad de circulación de la población palestina, sobre todo en los alrededores de los asentamientos israelíes ilegales y cerca del muro de contención, también declarado ilegal por la comunidad internacional y que cuenta con una resolución contraria de Naciones Unidas.

Las autoridades recluyeron o continuaron manteniendo recluidos a miles de palestinos de los TPO, la mayoría en prisiones situadas en Israel, lo que contravenía el derecho internacional. No permitían entrar en Israel para visitarlos a las familias de muchos de ellos.


La ONU reconoció a Palestina como ‘Estado observador no miembro’ a fines de 2012.

Detenciones ilegales y torturas
Las autoridades israelíes siguieron deteniendo a cientos de niños y niñas palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Las fuerzas israelíes sometieron a muchos de ellos a abusos, como palizas y amenazas.

Las autoridades mantenían recluidos a cientos de palestinos, menores incluidos, en virtud de órdenes de detención administrativa renovables, basadas en información que no se revelaba ni a los propios detenidos ni a sus abogados. El número de personas afectadas por estas órdenes desde octubre de 2015 era el más alto desde 2007: más de 694 al final de abril de 2016 (último mes del que había datos fiables).

Los palestinos de Cisjordania contra quienes se presentaban cargos relacionados con protestas y otros delitos eran sometidos a juicios militares sin garantías, mientras que los tribunales civiles israelíes que juzgaban a palestinos de la Franja de Gaza imponían penas severas, incluso por delitos menores.

Soldados y policías israelíes, así como agentes de la Agencia de Seguridad de Israel, sometían con impunidad a tortura y otros malos tratos a los palestinos detenidos, incluidos los menores de edad, especialmente en el momento de su detención y durante el interrogatorio.

Aunque las denuncias de tortura a manos de agentes de la Agencia de Seguridad de Israel eran tramitadas por el Ministerio de Justicia desde 2014 y se habían presentado más de 1.000 desde 2001, no se abrió ninguna investigación criminal.

El Comité de la ONU contra la Tortura realizó el quinto examen periódico de Israel y criticó la persistencia de las denuncias de tortura y otros malos tratos, la impunidad y el hecho de que las autoridades no hubieran tipificado la tortura como delito en la legislación.

A lo largo del año, soldados, policías y guardias de seguridad israelíes mataron al menos a 98 palestinos y palestinas de los TPO en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a 8 en la Franja de Gaza y a 3 en Israel.

Las fuerzas israelíes usaron fuerza excesiva, a veces letal, contra manifestantes palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, disparando balas metálicas recubiertas de goma y munición real que causaron 22 muertos y miles de heridos.

Tanto en Israel como en los TPO, las autoridades aplicaron diversas medidas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que criticaban la ocupación continuada de territorios palestinos por Israel.

El 11 de julio, la Knesset aprobó la denominada Ley de Transparencia, que imponía nuevos requisitos de presentación de informes a las organizaciones que recibían más del 50% de su financiación de gobiernos extranjeros, casi todas las cuales eran grupos de derechos humanos u otras ONG críticas con el gobierno israelí.

Las autoridades utilizaban órdenes militares que prohibían las manifestaciones en Cisjordania para reprimir protestas palestinas y detener y enjuiciar a manifestantes y a defensores y defensoras de los derechos humanos.

En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, las autoridades israelíes demolieron 1.089 viviendas y otras estructuras construidas sin permiso israelí —un número de demoliciones sin precedentes—, sometiendo a más de 1.593 personas a desalojo forzoso.

Muchas de las demoliciones se llevaron a cabo en comunidades beduinas y de pastores que las autoridades israelíes planeaban trasladar en contra de la voluntad de sus habitantes. Las autoridades también infligieron castigos colectivos a las familias de palestinos que habían cometido ataques contra israelíes, demoliendo o haciendo inhabitables 25 viviendas palestinas y sometiendo a sus ocupantes a desalojo forzoso.

Además, demolieron centenares de viviendas y otras estructuras palestinas en Israel por considerar que habían sido construidas sin permiso, la mayoría en pueblos beduinos de la región del Néguev/Naqab.

Otras fechas clave

El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un plan para la partición de Palestina, que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente y uno judío y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén.

El plan era aceptado por los israelíes pero no por los árabes, que lo veían como una pérdida de su territorio. Nunca llegó a implementarse.

Pero un día antes de que expirara el Mandato británico de Palestina, el 14 de mayo de 1948, la Agencia Judía para Israel, representante de los judíos durante el Mandato, declaró la independencia del Estado de Israel.

Al día siguiente Israel solicitó su ingreso en Naciones Unidas, estatus que finalmente logró un año después. El 83 por ciento de los miembros actuales reconocen a Israel (160 de 192).

La OLP e Israel firmaron en 1993 los acuerdos de paz de Oslo, en los que la organización palestina renunció a “la violencia y el terrorismo” y reconoció el “derecho” de Israel “a existir en paz y seguridad”, un reconocimiento que la organización islámica palestina Hamas nunca ha aceptado.

Y como resultado de los acuerdos firmados en la capital noruega fue creada la Autoridad Nacional Palestina, que representa a los palestinos ante los foros internacionales.

A pesar de que Jerusalén es uno de los puntos más conflictivos entre ambas partes, Jerusalén Oriental, considerada la capital histórica por parte de los palestinos, no fue incluida en los acuerdos.

El 30 de septiembre de 2015 el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, anunció ante la 70 Asamblea General de Naciones Unidas que su gobierno se desvinculaba de los Acuerdos de Oslo en vista de los incumplimientos de Israel. “Declaramos que no podemos seguir obligados legalmente por estos acuerdos firmados y que Israel debe asumir todas sus responsabilidades como un poder ocupante, porque el statu quo no puede continuar”, aseguraba Abbas.

A día de hoy, además del origen obvio del conflicto, con la creación de un Estado que dejaba sin su tierra a los habitantes del territorio, los principales puntos de fricción entre palestinos e israelíes son los siguientes:
La demora para el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y la barrera de seguridad en torno a ese territorio –condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya–.

Jerusalén: Israel reclama soberanía sobre la ciudad (sagrada para judíos, musulmanes y cristianos) y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Esto no está reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital.

Fronteras y terreno: Los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los Seis Días, algo que Israel rechaza.
Asentamientos: Son viviendas, ilegales de acuerdo al derecho internacional, construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de medio millón de colonos judíos.

Refugiados palestinos: Los palestinos sostienen que los refugiados (10,6 millones según la OLP, de los cuales casi la mitad están registrados en la ONU) tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel.

En septiembre de 1948, según el informe de la gestión realizada por el mediador de la ONU sobre Palestina, el conde Folke Bernadotte -asesinado días después por el Lehi, un grupo radical considerado terrorista incluso por la comunidad judía de Palestina- los árabes palestinos que se habían convertido en refugiados no superaban los 400.000. Bernadotte especificaba: “Como resultado del conflicto en Palestina, casi toda la población árabe huyó o fue expulsada de la zona bajo ocupación judía. Esto incluyó a las grandes poblaciones árabes de Jaffa, Haifa, Acre, Ramle y Lydda. De una población de algo más de 400.000 árabes antes del estallido de las hostilidades, el número actualmente estimado de árabes en el territorio controlado por los judíos es de aproximadamente 50.000”.

Posteriormente, en el informe general de la Comisión de la ONU para la Conciliación en Palestina, en 1950 se contabilizaron 711.000 refugiados árabes palestinos tras la guerra. Hoy, según la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, son 5.150.000. La UNRWA aplica unos criterios únicos para los refugiados palestinos, ya que éstos son los únicos que heredan el estatus de refugiado a diferencia de los demás refugiados del mundo, por eso la cifra ha crecido de manera tan exponencial.

Acabada la guerra en 1949, dentro de las fronteras de Israel quedaron en torno a 160.000 árabes, quienes son hoy 1,7 millones, en torno al 20 por ciento de la población israelí.

Palestina y la ONU
La ONU reconoció a Palestina como ‘Estado observador no miembro’ a fines de 2012. El cambio les permitió a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General y mejorar las posibilidades de ser miembro de agencias de la ONU y otros organismos.
Pero el voto no creó al Estado palestino. Un año antes los palestinos lo intentaron pero no consiguieron apoyo suficiente en el Consejo de Seguridad. Casi el 70 por ciento de los miembros de la Asamblea General de ONU (134 de 192), sin embargo, reconoce a Palestina como Estado.
En septiembre de 2015 una amplísima mayoría de la Asamblea General de la ONU votó a favor de permitir que la bandera palestina ondeara frente a la sede del organismo. Solo siete países se opusieron.
De acuerdo a una encuesta encargada por la BBC en 2013 en 22 países, Estados Unidos era el único país occidental con una opinión pública favorable de Israel, y el único país de la encuesta con una mayoría de opiniones positivas (51 por ciento). Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento.


El Parlamento israelí ha aprobado la legalización retroactiva 4.000 viviendas de colonos judíos levantadas ilegalmente sobre terrenos de Cisjordania.

La provocación de los asentamientos

La Knesset, el Parlamento israelí, aprobaba el pasado mes de febrero una ley que legaliza de forma retroactiva unas 4.000 viviendas de colonos judíos levantadas ilegalmente sobre terrenos de Cisjordania que tienen propietarios palestinos. Los diputados aprobaban por 60 votos a favor y 52 en contra la conocida como Ley de Regulación, que pone estas viviendas de forma efectiva bajo jurisdicción regular israelí y no bajo la administración militar israelí que controla los territorios ocupados desde 1967.

El proyecto de ley prevé la expropiación de las tierras palestinas a cambio de una compensación por valores superiores a su precio de mercado. Estos terrenos pasarán a titularidad del Comisario de Propiedades Gubernamentales de Cisjordania.

La iniciativa irritaba a la comunidad internacional, ya que la colonización de territorios ocupados militarmente es constitutiva de crimen de guerra.

En cualquier caso, todo apunta que la ley, aunque haya sido aprobada, será impugnada ante los tribunales y el fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, ya ha advertido de que no defenderá la norma en el proceso judicial.

El enviado especial de la ONU para Oriente Próximo, Nikolai Mladenov, advertía de que esta norma “permite la utilización continuada de tierras propiedad de palestinos para asentamientos israelíes. Si se convierte en ley, tendrá consecuencias legales de gran alcance para Israel y reducirá las perspectivas de paz árabe-israelí”.

El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeineh, recordaba que la decisión de la Knesset es contraria a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Apenas unas semanas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y el titular de Defensa, Avigdor Lieberman, daban luz verde a la construcción de 2.500 viviendas en Cisjordania, la mayoría en colonias de los territorios palestinos ocupados.

“Estamos construyendo y seguiremos construyendo”, se mostraba rotundo Netanyahu.

La nota oficial aseguraba que también se desarrollará una zona industrial cerca de Hebrón, “una de las infraestructuras más grandes previstas hasta ahora”, según el comunicado.

Desde que Donald Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos han aumentado las voces que piden la extensión de las colonias y la anexión del área C de Cisjordania.

Una fuente gubernamental israelí enumeraba los asentamientos en donde se ha aprobado la edificación inmediata: Ariel (900 unidades), Maaleh Adumim (90), Efrat (21), Elkana (18), Imanuel (166), Migron (86), Beit El (20), Oranit (150) y Givat Zeev (100).

Netanyahu avisaba a los miembros del Gabinete de Seguridad que había decidido levantar las restricciones para construir en Jerusalén Este, que fueron adoptadas por la presión diplomática internacional. En los últimos años, otras decisiones similares conllevaban una fuerte presión diplomática de Estados Unidos, lo que, hasta ahora había evitado el levantamiento de nuevos asentamientos.

Baste recordar que la Resolución 2.334 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en diciembre de 2016, condenaba la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y consideraba a Jerusalén Este  como territorio ocupado.

En enero de este año, la Conferencia de París reunía a más de 70 países y organizaciones internacionales, aunque no a israelíes ni palestinos, en busca, una vez más, de impulsar una negociación. En sus conclusiones, pedía a ambas partes que retomen las negociaciones para la búsqueda de una solución al conflicto con la base de la creación de dos Estados.

Entre los participantes en el encuentro se encontraba representantes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China), pero por parte estadounidense, todavía era la Administración Obama la que acudía al encuentro.

Organizado a iniciativa de Francia, la cita se producía en un momento tenso, cuando el Gobierno de Israel acababa de ‘recibir’ la resolución que condena los asentamientos judíos en los territorios ocupados.

 


Los israelíes consideran Jerusalén su capital eterna e indivisible. Su anexión ha dado lugar a las sucesivas ‘intifadas’.

Los números redondos de 2017                    

2017 es un año cargado de simbolismo para Israel y Palestina, con aniversarios redondos de hechos que han marcado el devenir de la región: se cumplen 100 años de la Declaración Balfour, 70 del plan de partición de la ONU, 50 de la ocupación, 30 de la Primera Intifada y 10 de la división palestina y el bloqueo a Gaza.

Los palestinos anunciaban una campaña durante todo el año por el centenario de la Declaración Balfour, a la que consideran prueba de la responsabilidad de la comunidad internacional en el inicio del conflicto, el exilio y desposesión de su pueblo.

Se trata de la carta que el 2 de noviembre de 1917 el entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, Arthur James Balfour, escribió a un líder del movimiento sionista, Lord Rothschild, apoyando la creación de un Estado judío en Oriente Próximo.

“El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío”, rezaba la misiva, que para el incipiente movimiento sionista representó el primer reconocimiento de una gran potencia –además, la administradora de los territorios– a su aspiración de un Estado.

Balfour sentó las bases para otra de las fechas que se recordarán este año: la Resolución de Partición de la ONU, aprobada tres décadas después, el 29 de noviembre de 1947, y que dividía la Palestina bajo mandato británico en dos partes, una para Israel y otra para Palestina, con Jerusalén bajo control internacional.

La resolución 181 fue aprobada por 33 votos a favor, 13 en contra y diez abstenciones, y derivó en revueltas y violencia, y en la declaración de la independencia de Israel, el 14 de mayo de 1948.

Las autoridades israelíes celebran este año la fecha como la reunificación de Jerusalén, que consideran desde entonces su capital eterna e indivisible y cuya parte ocupada se anexionarían años después (1980) en otra decisión no reconocida por el mundo.

La explosiva situación en la zona derivó el 8 de diciembre de 1987 en la Primera Intifada, en la que las piedras fueron las principales armas del levantamiento popular palestino que duró seis años y en la que murieron más de 2.000 palestinos y 160 israelíes.

Ese mismo año y días más tarde, el 14 de diciembre, nació el movimiento islamista Hamás, con influencia de los Hermanos Musulmanes egipcios y que se convirtió en uno de los principales motores de lo que unos llaman resistencia y otros terrorismo.

El movimiento, que cumple 30 años en 2017, fue declarado grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

También en 2017 se cumplen diez años de la imposición por Israel de un férreo bloqueo por tierra, mar y aire sobre Gaza que aísla al territorio y asfixia su economía.