Los Dossieres Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1206. 23 de junio de 2017

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

Llega a Madrid el World Pride para batir todos los récords

Un Orgullo mundial

Entre los días 23 de junio y 2 de julio va a tener lugar en la Corte del Reino el mayor evento mundial del colectivo LGTBI (Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). Una celebración que mantiene su carácter reivindicativo de la plena disposición de sus derechos de unos ciudadanos que todavía hoy continúan perseguidos por su condición en buena parte del mundo, pero que tampoco olvida su vertiente festiva ‘orgullosa’. Además, en otro orden de cosas, también implica la visita de millones de turistas, con sus consiguientes efectos en la vida de la ciudad, y también en su economía.


La celebración del World Pride tendrá este año como escenario Madrid.

El colectivo LGTBI español acoge como anfitrión por primera vez el ‘World Pride Madrid 2017’, en el que se va a reivindicar la inmediata aprobación de una ley de igualdad. Para eso, el próximo 1 de julio Madrid será el escenario de una gran manifestación del ‘Orgullo’ bajo el lema ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’, un acto de clara reivindicación política en el que se exigirá que todos los países se doten de legislaciones que permitan alcanzar la plena igualdad entre las personas pertenecientes al colectivo LGTBI y el resto de la sociedad.

Los actos oficiales darán comienzo el día 23 de junio y el mayor evento mundial reivindicativo de los derechos sexuales tendrá su broche final el próximo 2 de julio. Durante todos esos días la capital de España será el escenario de decenas de actividades, manifestaciones, mesas redondas, actividades culturales, conciertos, música y mucha fiesta.
 
Las previsiones turísticas para esta celebración mundial del World Pride 2017 Madrid son muy optimistas. Se esperan alrededor de tres millones de visitantes durante las dos semanas que contempla la celebración y un impacto económico de entre 200 y 300 millones de euros. 

El acto inaugural, en el Teatro Calderón de Madrid, será el pistoletazo de salida a una edición muy especial de la celebración del Orgullo Gay, ya que coinciden en la misma ciudad el EuroPride (la fiesta europea de la diversidad) y el WorldPride (la celebración mundial del Orgullo Gay).

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido la instalación de semáforos que otorgan más visibilidad al colectivo, y que no serán retirados tras los festejos.

La capital se ha adaptado para recibir a la avalancha de visitantes que ya van llegando. En las calles madrileñas se comienzan a instalar miles de W.C. portátiles para dar servicio a tanta gente. También ya hemos podido observar la presencia de nuevos semáforos con los que el Ayuntamiento trata de expresar su apoyo a la diversidad a través de iconos de parejas del mismo sexo. El consistorio dirigido por Manuela Carmena ya ha comunicado que una vez concluya la gran celebración no se van a retirar. 

El respaldo municipal no sólo se hará visible a través de símbolos. El Gabinete de Ahora Madrid ha previsto una partida de 750.000 euros para la cita mundial. Ya en 2016 multiplicó por cuatro el presupuesto para la celebración del Orgullo Gay –aunque no revestía la importancia del WorldPride– en su primer año de gobierno. De los 60.000 euros que se venían aportando de las arcas municipales en ediciones anteriores, se pasó a 250.000.

Importante impacto económico
En su última edición, Toronto (Canadá) fue el punto de encuentro del World Pride 2014. Según las autoridades municipales de esta ciudad, el evento reportó al municipio 500 millones de dólares canadienses (440 millones de euros). En esta ocasión, Madrid prevé recibir a tres millones de personas como capital mundial de las celebraciones del Orgullo.

Además, el Pleno del Ayuntamiento otorgó el pasado mes de mayo la consideración de evento de ‘especial significación ciudadana’ a las celebraciones del ‘Orgullo’, con el apoyo de todos los partidos, excepto el PP. Esta declaración permite suspender los niveles máximos de ruido regulados por la normativa municipal durante la manifestación-cabalgata que se convoca anualmente y en el resto de actos festivos organizados en paralelo, fundamentalmente los conciertos. Se pretende evitar de este modo que se repita la cadena de multas con la que los organizadores fueron ‘castigados’ por el último gobierno municipal presidido por Ana Botella. Así lo argumentaban Ahora Madrid y el PSOE cuando presentaban esta propuesta de forma conjunta “para evitar que los organizadores del evento sean multados edición tras edición” por la superación reiterada de los niveles de decibelios permitidos en la ciudad.

El equipo de Carmena tiene previsto igualmente destinar entre dos millones y medio y tres millones de euros para la seguridad, la limpieza y el refuerzo del EMT durante las celebraciones del World Pride. Además, subvencionará directamente con 700.000 euros a Aegal (Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid) y aportará 30.000 euros a Cogam (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) y 50.000 euros a la Federación LGTB para la organización de la marcha reivindicativa.
El Orgullo se considerará a partir de ahora una fiesta de “interés general” para Madrid porque el equipo municipal lo considera “un altavoz para la consecución de avances legislativos y también incalculables beneficios desde el punto de vista económico”.

El hecho de que Madrid albergue del 23 de junio al 2 de julio la celebración del World Pride supondrá para la región un impacto económico de entre 200 y 300 millones de euros –según diversos cálculos–, y un retorno de 300 millones, especialmente en los sectores de hostelería y comercio, según datos de Aegal, que han sido refrendados por la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional también es muy consciente de la importancia económica del evento y como una herramienta muy útil para la promoción de Madrid. Por eso, aunque con menor implicación que el Ayuntamiento de la capital, en la Comunidad de Madrid también se han tomado medidas y se han coordinado entre sí todas las consejerías concernidas.


6,2 millones de turistas gais nos visitan cada año generando unos ingresos de 6.300 millones de euros.

En España recalan más de 6,2 millones de turistas de este colectivo al año, que generan unos ingresos de 6.300 millones de euros, un 40 por ciento más que el turismo de negocios. A nivel global, mueve  más del 10 por ciento del volumen de turistas, y constituye el 15 por ciento del gasto turístico total, lo que equivale a unos 180.000 millones de euros, según los datos aportados por el World Travel & Tourism Council.

Un potencial que ha hecho que eventos como la Feria Internacional del Turismo (Fitur) dedique, desde 2011, un espacio específico a estos viajeros bajo el nombre de Fitur LGTB.

Para 2017, la previsión es que España reciba a ocho millones de turistas LGTB. Un crecimiento notable con respecto a 2016, fundamentalmente motivado por la celebración del WorldPride en Madrid.

España ya no está a la vanguardia

Nuestro país ha caído al noveno puesto en la última edición del informe anual sobre la situación de los derechos de las personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) en Europa, publicado el pasado mes de mayo. De este modo, España se ha situado en la posición más baja desde 2010 cuando ILGA Europa (Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trnasexuales e Intersexuales) elaboró el ranking por primera vez.

España se sitúa en la novena posición de los países más respetuosos en Europa con los derechos de las personas LGTBI, mientras que en 2016 ocupaba la quinta plaza, la misma que el 2010. Un año después ascendió hasta la segunda plaza. En 2012, bajó a la tercera posición y en 2013 siguió descendiendo, aunque se quedó en la quinta plaza. En 2014, volvió a subir a la tercera posición y en 2015 salió por primera vez de las cinco primeras posiciones, quedando en sexto lugar.

Esta caída en el ranking es explicada desde el colectivo LGTB por la inacción del Gobierno. Consideran que nuestro país todavía se mantiene entre los más respetuosos con los derechos sexuales fundamentalmente porque varias comunidades autónomas están aprobando legislaciones específicas. “De no ser por ello, habríamos dejado de ser una referencia”, explicaba hace unas semanas el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo.

A juicio de la Federación, España “debe afrontar cuanto antes la tramitación de la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales” (la llamada Ley de Igualdad). De este modo, España volvería a encontrarse “entre los países más avanzados en reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI”.

Desde el propio Gobierno reconocen un cierto estancamiento en esta cuestión. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, asume que todavía hay que “trabajar mucho más” para acabar con esta discriminación, y acepta que aún “siguen existiendo manifestaciones” de ella en nuestro país.

Con el fin de continuar avanzando en la dirección correcta, ha recordado que el Gobierno va a empezar a elaborar la Estrategia Estatal de los derechos de las personas lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales.
Pero la oposición pretende que el Ejecutivo vaya más deprisa y más a fondo en esta pretensión. Esta misma semana, el Congreso de los Diputados aprobaba una Proposición No de Ley (PNL) de Unidos Podemos, que insta al Gobierno a promover la negociación y adopción de una Convención Internacional de Derechos LGTBI.

Con 35 votos a favor y sólo una abstención -de UPN- la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja daba luz verde a la iniciativa de Unidos Podemos, que persigue abrir este espacio para tratar sobre la aplicación de las normas en materia de Derechos Humanos de estas personas, recogidas en los Principios de Yogyakarta (2006).
En concreto, la PNL insta al Ministerio de Exteriores a crear de inmediato un grupo de trabajo para poner en marcha esta convención.

Según el colectivo LGTBI, el descenso hasta el noveno puesto de nuestro país está vinculado a la carencia de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales


El secretario de Estado de Igualdad, Mario Garcés, reconoce que queda mucho por hacer para acabar con la discriminación al colectivo LGTBI.


Por ello, ILGA hacía una serie de recomendaciones al Gobierno español:

-Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.

-Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
-Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Agresiones y odio
El informe de ILGA incluye asimismo una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016 en España, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

Del mismo modo ha recopilado mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Ranking de derechos en Europa

El ya mencionado Informe ILGA, publicado el pasado mes de mayo, también hace un profundo repaso de la situación de los derechos del colectivo LGTBI y de las políticas estatales en su apoyo en el conjunto del Viejo Continente. El estudio, como ya se ha mencionado, incluye la clasificación de todos los países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016.

Al igual que en el informe de 2016, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo.

Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, como ya se ha explicado, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 por ciento de la puntuación total), derecho de familia (27), crímenes y discursos de odio (20), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15), libertades de reunión, asociación y expresión (8) y asilo (5 por ciento). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 por ciento, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 por ciento de media.


Noruega tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de identidad de género.


Malta como ejemplo
Malta encabeza este año otra vez la clasificación porque presenta una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa prohíbe del mismo modo a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales.

En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las terapias reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa cumplir su condena en una prisión acorde a su identidad de género.

Paradójicamente, en Malta todavía no está aprobada una legislación que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni la posibilidad de adopción, aunque la ministra de Libertades Civiles maltesa, Helena Dalli, ha comunicado que se ha abierto el proceso para la aprobación parlamentaria del matrimonio gay.

Es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral.
En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza.


Taiwán sería, como mucho en dos años, el primer país de Asia en aprobar el matrimonio homosexual.

Un mundo hostil

El colectivo de lesbianas, gais, transgénero y bisexuales (LGTB) vive una complicada situación a nivel global. La lucha por los derechos civiles se está traduciendo en importantes victorias en los países occidentales con la aprobación de leyes que castigan la discriminación y que equiparan legalmente a las parejas del mismo sexo. Este clima de igualdad se convierte en uno de miedo y hostilidad en gran parte de África y Oriente Medio, donde la homosexualidad es perseguida por los gobiernos y puede suponer la imposición de la pena de muerte.

La protección de los derechos humanos y de la libertad individual está en la agenda de las principales organizaciones internacionales y de algunos estados, aunque la aplicación en sus políticas es diversa y no existe un camino común a la hora de proteger a la población LGTB.

Europa es el territorio donde se da la mayor aceptación a la población homosexual, destacando los casos de Holanda y España, donde el 87 por ciento de los encuestados por GALLUP considera que su barrio o ciudad sería un buen lugar para vivir para una persona homosexual.

En Latinoamérica están cambiando las tendencias. En varios países de la región ya se dan altas tasas de aceptación de la comunidad LGTB, como en Argentina, con un 74 por ciento de la población que percibe la homosexualidad como algo normal.

En Asia, Tailandia destaca por tener una aceptación hacia los transgénero más alta que en Europa, aunque cuenta con una de las legislaciones más retrógradas en el campo de la libertad sexual. El 71 por ciento de los jóvenes surcoreanos, frente a lo que piensan sus padres, consideran ser gay o lesbiana como algo normal.

También se han producido considerables avances en países como China, donde en los años 80, los homosexuales eran enviados a campos de trabajos forzados sin un juicio previo, y actualmente, las relaciones homosexuales están legalizadas.

También se han aprobado numerosas leyes que prohíben la discriminación y otras que castigan todos los delitos de odio u homofobia, así como las que permiten a las personas transgénero tener sus documentos oficiales con el sexo que mejor refleja su identidad.

En 1994, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que cualquier regulación que dispusiese la homosexualidad como delito suponía una “grave violación de las obligaciones jurídicas contraídas por los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Aunque no todo son avances. África y el mundo árabe se presentan como los principales obstáculos en la lucha por la conquista de los derechos civiles en pro de la igualdad. Estas zonas del mundo se caracterizan por tener una marcada influencia religiosa que supone una barrera para la tolerancia a la diversidad. Por ejemplo, en Nigeria, el 98 por ciento de la población no acepta la homosexualidad.

En 2009, un parlamentario ugandés introdujo una propuesta de ley ‘anti-gay’ que incluía la pena de muerte para los casos de “homosexualidad agravante”. Finalmente, una versión ‘dulcificada’ –eliminando la pena de muerte y el castigo físico- de esa iniciativa legislativa era aprobada, tras fuertes campañas de presión por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos y algunos gobiernos.

Por otro lado, la mayoría de las leyes anti-homosexuales de África provienen de la era colonial y constituyen una ‘herencia’ de las metrópolis, ya que este tipo de regulaciones no existía previamente y el odio a las personas LGTB no era un rasgo característico de la cultura como está ocurriendo actualmente.

En el mundo árabe, el norte de África es la zona menos agresiva contra el colectivo LGTB. En Marruecos o Túnez se pueden encontrar locales gay al norte del país y, hasta ahora, Egipto ha sido uno de los pocos países árabes que no tenía leyes en contra de los homosexuales. Sin embargo, en este último caso, se están dando pasos atrás, ya que en el verano de 2014 el gobierno egipcio intervino varias aplicaciones móviles para el público homosexual. Las personas homosexuales en el mundo árabe no pueden vivir su sexualidad libremente y cualquier muestra de su orientación sexual supone un riesgo real a su vida.

Aun así, la esperanza se va abriendo paso. Hace algo menos de un mes, la Corte Suprema de Justicia de Taiwán declaraba inconstitucional la restricción del matrimonio a uniones de personas de distinto sexo y exigió la legalización del matrimonio homosexual, lo que convertirá a la isla en el primer lugar de Asia en el que el matrimonio homosexual estará reconocido en la legislación nacional.

La actual ley que no legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional y debe ser modificada en el plazo de dos años, según losplazos establecidos por el secretario general de la corte, Lu Tai-lang.

La declaración de los 14 jueces de la Corte Suprema responde a consultas sobre la constitucionalidad de la actual ley matrimonial presentadas por el veterano activista de los derechos de los homosexuales Chi Chia-wei y el gobierno municipal de Taipei.

La decisión ha provocado el entusiasmo de todos  los grupos a favor del matrimonio homosexual que esperaban expectantes la sentencia.

 

Leyes y prohibiciones

Matrimonio homosexual legal:
Argentina (desde 2010), Bélgica (2003), Canadá (2005), Dinamarca (2012), Eslovenia (2015), España (2005), Estonia (2016), Francia (2013), Finlandia (2017), Luxemburgo (2015), Islandia (2010), Noruega (2009), Nueva Zelanda (2013), Holanda (2001), Portugal (2010), Sudáfrica (2006), Suecia (2009) y Uruguay (2013).

Adopción legal para parejas homosexuales:
Austria (diciembre de 2015), Bélgica (desde 2006), Dinamarca (2010), Eslovenia (2015), España (2005), Francia (2013), Irlanda (2015), Islandia (2006), Israel (2008), Malta (2014), Noruega (2009), Luxemburgo (2014), Holanda (2001), Reino Unido (el último país en hacerlo en 2013), Suecia (2003) y Sudáfrica (2006)

Matrimonio homosexual legal solo en algunos territorios del país:
Estados Unidos (en 37 estados), México (en tres estados) y Reino Unido (en Inglaterra, Gales y Escocia).

Permiten solo uniones civiles:
Alemania, Andorra, Australia, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Hungría, Irlanda, Israel, Liechtenstein, Malta, República Checa  y Suiza (reconoce como unión civil los matrimonios entre personas  del mismo sexo entre ciudadanos de su país y de los países en donde el matrimonio es legal).

Homosexualidad legal, pero matrimonio y uniones civiles ilegales:
Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, China, Chipre, Ciudad del Vaticano, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Cuba, Eslovaquia, Georgia, Grecia, Guatemala, Honduras, Italia, Filipinas, Japón, Jordania, Kazajistán, Laos, Macedonia, Madagascar, Malí, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Letonia, Lituania, Palaos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República del Congo, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Rumania, Ruanda, Rusia, San Marino, Serbia, Surinam, Tailandia, Turquía, Ucrania, Venezuela y Vietnam.

Homosexualidad ilegal castigada con penas de cárcel:
Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Comoras, Chad, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gaza, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, India, Indonesia (en dos provincias), Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malaui, Malasia, Maldivas, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Namibia, Nauru, Omán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Islas Salomón, Sri Lanka, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suazilandia, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Zambia y Zimbabue.

Homosexualidad ilegal castigada con la pena de muerte:
Afganistán (sin evidencia de que haya sido aplicada), Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Mauritania, Nigeria (en 12 territorios del país), Pakistán (sin evidencia de que haya sido aplicada), Qatar (sin evidencia de que haya sido aplicada), Somalia (en el sur del país), Sudán y Yemen.