Tribuna / José Mariano Benítez de Lugo Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1206. 23 de junio de 2017

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La Quincena Judicial /
José Mariano Benítez de Lugo

Delincuentes a la calle


EUROPA PRESS

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha apresurado a decir a la vista del caso Guateque que, respecto de la Benemérita, habría que modificar los protocolos de sus actuaciones, forma ésta sofisticada de anunciar su decapitación a la vista de sus molestas averiguaciones sobre la corrupción existente en el poder político

Más de diez años de instrucción penal, decenas de miles de folios escritos, más de treinta acusados, varios meses de sesiones de juicio oral continuadas en el llamado caso Guateque, todo se ha resuelto con una singular sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de hace unos días diciendo que como hubo una grabación de una conversación con uno de los acusados que entiende que superaba lo estándares de aceptabilidad constitucional, procedía absolver a todos ellos, aunque no hubieran tenido nada que ver con la maldita grabación e incluso aunque algunos hayan reconocido su culpabilidad. Y, de paso, como quien no quiere la cosa, y para apoyar tan drástica decisión, se aprovecha la sentencia para echar la culpa (entre otros) a la Guardia Civil, a la que se imputa, de forma claramente excesiva, nada menos que “mala fe” en la obtención de pruebas.

Y procede reflexionar, aunque sea brevemente, sobre este último aspecto, pues nos viene a la cabeza el titular de un artículo del diario El Mundo del día 18 de junio afirmando que existe una  “veda abierta contra la UCO” (que es la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil).  Y, ciertamente, síntomas, haberlos haylos, y se da la casualidad de que atacando a ese organismo de la Guardia Civil se van nutriendo los argumentos para censurar sus actuaciones que, curiosamente, en esta última época está investigando a personas cercanas a los círculos del poder político del Gobierno.

Por eso –y no parece casual- el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha apresurado a decir a la vista de este caso, que, respecto de la Benemérita, habría que modificar los protocolos de sus actuaciones, forma ésta sofisticada de anunciar su decapitación a la vista de sus molestas averiguaciones sobre la corrupción existente en el poder político.

Pero volvamos al principio; el garantismo de los derechos ciudadanos en los procesos penales es un indudable logro del Estado de Derecho, pero los problemas surgen cuando, o bien por culpa de él obtienen impunidad actuaciones notoriamente delictivas absolviéndose a los acusados (como ha sucedido en el caso Guateque), o bien se  utiliza por la gente del foro el garantismo de forma extensiva como indebido escudo y pretexto para exonerar actividades corruptas.

El constitucional defensor de la legalidad, el fiscal, ha anunciado que recurrirá la sentencia. Confiemos que el Tribunal Supremo coloque las cosas en su justo lugar, pues el garantismo debe existir desde luego, pero que no sirva de pretexto para indebidas absoluciones de culpables.

Firma

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

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