Tema Gürtel Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1206. 23 de junio de 2017

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Política / Pedro Antonio Navarro

Procesión de testigos ante la Audiencia Nacional y el Congreso

La ‘bomba Gürtel’ vuelve a activarse

Las sesiones del juicio oral por el caso que ha tomado el nombre (en alemán) del supuesto jefe de la trama, Rafael Correa, continúan avanzando. La pasada semana comparecían cuatro ex secretarios generales del Partido Popular y dos exministros, aunque sus testimonios, que parecían coordinados e inspirados por la estrategia de defensa de la infanta Cristina –no sé, no recuerdo, no sabía–, en nada han contribuido a esclarecer hechos y responsabilidades. Por otro lado, arranca la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la financiación del PP. El lunes, el extesorero Luis Bárcenas será el primer compareciente, aunque ya se sabe que no declarará, amparándose en que existen actuaciones judiciales abiertas.


Luis Bárcenas declara el próximo lunes 26 de junio en la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP del Congreso de los Diputados, y bajo fundadas sospechas de un pacto de silencio con su antigua formación política. /EUROPA PRESS

Durante esta semana hemos asistido a un desfile sin precedentes de exaltos cargos del Partido Popular ante el tribunal que juzga el caso ‘Gürtel’, eso sí, en calidad de testigos. Hasta cuatro antiguos secretarios generales de la principal formación de la derecha española han tenido que responder a las preguntas efectuadas por la fiscalía y la acusación particular, aunque sus testimonios, como era de prever, no han servido en absoluto para esclarecer lo acontecido en uno de los asuntos de corrupción más turbios en los que se ha visto envuelto el PP.

El primero en salir a ‘escena’ era el exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos, el pasado 19 de junio. En su declaración sostenía que en sus cuatro años como ministro de Fomento (2000-2004) “jamás” recibió “ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos”, ni para favorecer a determinadas empresas.

Interrogado acerca de su relación con Luis Bárcenas, aseveraba que había tratado con él en su etapa de secretario general del PP (1989-1999) y que no recuerda que nunca le llegó a pedir favor alguno para favorecer a empresas.
Al día siguiente, la cosa se animaba un poco más con la presencia en el tribunal de Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, cuatro relevantes políticos del PP citados como testigos que negaron todo, y que adujeron en infinidad de ocasiones no recordar prácticamente nada ante las preguntas de las acusaciones, como si actuasen de un modo coordinado. En sus respuestas no llegaron a asegurar, como en 2009, que todo el caso era “una trama contra el PP”, pero negaban rotundamente todas las imputaciones que dieron lugar al caso Gürtel.

Salió primero Javier Arenas, antiguo secretario general de los populares (1999-2003), exministro de Trabajo primero y luego de Administraciones Públicas, y también exvicesecretario de política autonómica y local del PP. Sus declaraciones se resumen fácilmente: “Nunca, nunca el partido recibía una donación a cambio de algo”.

Preguntado sobre su papel en la campaña para las elecciones autonómicas de 2003, Arenas afirmó no estar muy al tanto de adjudicaciones y contrataciones para la campaña. Durante la vista, había asegurado no acordarse de  situaciones en las que había participado él directamente.

En cuanto a los sobresueldos de los papeles de Bárcenas, el discurso de Arenas sería seguido después, casi al pie de la letra, por sus ‘compañeros de interrogatorio’: “No conocía ninguna contabilidad, y menos una contabilidad B. Todo lo que he percibido lo he declarado a la Hacienda Pública”.

También era el primero en emplear la táctica de hacer recaer las sospechas sobre el predecesor de Bárcenas en la tesorería del PP. Explicaba a la Fiscalía que cuando él era secretario general entre 1999 y 2003, Bárcenas era gerente y como tal dependía del entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta, que estuvo imputado en esta causa y al que finalmente no se ha podido juzgar por sufrir demencia.

Aseguraba no tener idea de quién recibía los donativos. Según su testimonio, Lapuerta era el único responsable de las cuestiones administrativas y económico financieras del partido.

Acto seguido llegaba el turno de Ángel Acebes. El exministro del Interior era interrogado acerca de lo que sucedió con la compra de acciones de Libertad Digital, presuntamente, a cargo de la caja B de Génova, en concreto, sobre los más de 100.000 euros que se le atribuyen como pagos en efectivo de la caja B. Fiel al recién inaugurado estilo Arenas, respondía a la fiscal: “No tengo ni la más remota idea de a qué se debe”.

El que también fuera secretario general negó haber recibido ninguno de los supuestos sobresueldos anotados a su nombre en los papeles de Bárcenas.

Jaime Mayor Oreja tampoco estaba por arrojar más luz. El exministro del Interior contestaba con un “no lo sé, no me consta, lo desconozco" a la pregunta de la acusación particular acerca de los 93.000 euros que presuntamente recibió de la caja B del PP y que aparecen anotados en los papeles de Bárcenas. Se le requería para que aportara su versión como exdiputado del Parlamento Europeo (2004-20014) sobre los viajes que se facturaron desde el Partido Popular Europeo y la Fundación de Estudios Europeos y que, según el escrito de acusación,  sirvieron a Bárcenas para hinchar esa contabilidad B. “En modo alguno” el PP podía disponer de los fondos del partido en Europa. Mayor dixit.
La sesión se calentaba un poquito más con la presencia de Rodrigo Rato. El exministro de Economía y ex vicepresidente primero del Gobierno con Aznar había sido citado para explicar si existía trato de favor en las adjudicaciones de contratos para las campañas electorales. Fríamente respondía que Lapuerta y Bárcenas nunca le solicitaron ayuda para colocar ciertas adjudicaciones públicas.

Aseguraba de igual modo que los pagos trimestrales y semestrales que aparecen anotados a su nombre en los llamados papeles de Bárcenas desde 1997 a 2004 no tienen “nada que ver” con él, “no me han entregado ninguna cantidad”, sentenciaba.

La omertá
Pero todo indica que estas comparecencias ante el tribunal de buena parte de la antigua plana mayor del PP solo han constituido un aperitivo de la ‘total colaboración’ con la justicia de la que también es posible que haga gala el extesorero del PP y hombre clave de este juicio, Luis Bárcenas.

De un tiempo a esta parte se detecta un claro giro en la estrategia del ‘hombre de los papeles’, que si en un primer momento se mostraba dispuesto a tirar de la manta, ahora parece haber restablecido una cierta connivencia con el PP que busca la mutua protección. Para empezar, ha avisado de que, aunque acudirá –como es su obligación-, no va a declarar ante los diputados en la Comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso, el próximo lunes, 26 de junio.

El primer indicio está en las declaraciones de Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes, que unánimemente negaban la existencia de una caja B, y que, a la vez desvinculaban a Bárcenas de las presuntas operaciones irregulares, señalando directamente a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, como el “responsable de las cuestiones administrativas y económico-financieras”.

Tras su ‘inútil’ paso por el Congreso del lunes próximo, Luis Bárcenas podría dar un testimonio muy alejado de lo esperado cuando vuelva a ser convocado por la Audiencia Nacional, ya que su nueva defensa ha comunicado que  el extesorero modificará ante el tribunal “de forma sustancial” sus declaraciones anteriores sobre la contabilidad irregular del PP y el pago de sobresueldos en negro a varios destacados dirigentes del Partido Popular.

Su defensa hacía saber que cuando vuelva a declarar judicialmente sobre la financiación del PP “introducirá cambios sobre cuestiones esenciales” con respecto a lo declarado por él mismo en julio de 2013 y abril de 2014 ante la Audiencia Nacional.

En aquellas ocasiones había asegurado que se “pagaba siempre en negro” una parte de sus campañas electorales y que “en todas las provincias y regiones se llevaba una caja B para las elecciones”, lo que, en efecto ha podido quedar acreditado en numerosos procedimientos judiciales.

También había expuesto ante el tribunal que los máximos dirigentes de la formación eran conocedores de la existencia de esa doble contabilidad: “Los secretarios generales la revisaban y los presidentes lo sabían”, dijo textualmente. Entonces había denunciado que Mariano Rajoy era uno de los perceptores de sobresueldos en efectivo, que le entregó “en mano” en una ocasión 25.000 euros y que sus trajes “se pagaron con dinero negro”.

Aunque desde el entorno de Luis ‘el Cabrón’ se niega taxativamente la existencia de un ‘pacto de no agresión’ entre Bárcenas y el PP, todos los indicios llevan a deducir justamente lo contrario. De hecho, a comienzos de este mes ya surgían ‘brotes’ de este cambio de actitud cuando Bárcenas calificaba como “un despropósito” el hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga que comparecer en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) para declarar como testigo en el juicio.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarará, presencialmente, en la Audiencia Nacional. / EP

Ante el juez y sin plasma

Mariano Rajoy tendrá que comparecer físicamente ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Gürtel el próximo 26 de julio. Así lo acordaba por mayoría el tribunal, aunque, eso sí, con el voto en contra del presidente, Ángel Hurtado.

La cita será a las 9.30 horas, en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid). El tribunal ha explicado que Rajoy no comparece como presidente del Gobierno, sino como ciudadano español, y que por ello debe testificar presencialmente y no a través de videoconferencia, como se había pedido desde el PP. 
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal argumenta que “la comparecencia de los testigos siempre ha sido y es una comparecencia física”, en su auto del pasado 30 de mayo. Además echa por la borda las razones esgrimidas por Rajoy para tratar de prestar su testimonio a través de videoconferencia. Para el tribunal, “ni son consistentes, ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el tribunal. Mariano Rajoy no comparece como presidente del Gobierno, sino como un ciudadano español en calidad de testigo por hechos que se están juzgando en este tribunal en razón a los cargos que tenía en el PP, colaboración con la justicia y en un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de derecho”.
La representación legal del Partido Popular había alegado  “razones de seguridad" un despliegue importante de recursos públicos" para testificar por videoconferencia.

Así las cosas, la imagen de un presidente del Gobierno sentado ante los jueces y respondiendo a las preguntas dela Fiscalía y las acusaciones particulares, aunque sea en calidad de testigo, será demoledora para Mariano Rajoy, para su prestigio y para el de su formación política, pero vistos los precedentes en las testificaciones de exsecretarios generales, exministros y hasta un exvicepresidente primero del Gobierno, no parece que vaya a servir para esclarecer tan turbio asunto ni mucho menos para proyectar la imagen de transparencia de la que presume el ‘nuevo’ PP, siempre ‘dispuesto’ a colaborar con la justicia.