Los Dossieres 1.209 Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1209. 14 de julio de 2017

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

Protestas, violencia y cerco internacional llevan al límite al régimen de Maduro

Venezuela ante el abismo

La escalada de las movilizaciones de la derecha venezolana contra el actual Ejecutivo de Nicolás Maduro ha provocado un clima irrespirable en un país que atraviesa una grave crisis económica e institucional. Más de 90 muertos desde el comienzo de un estallido callejero que arrancó el pasado 1 de abril han llevado a la sociedad venezolana a una crispada división de incierta salida. El cambio de prisión por arresto domiciliario para el ‘símbolo’ de la oposición conservadora, Leopoldo López, se interpreta como un gesto gubernamental para tratar de reencauzar el diálogo y poner fin a una situación de extrema inestabilidad. Sin embargo, no parece que vaya a servir para apaciguar los ánimos.


Más de 90 muertos y movilizaciones diarias a pesar de la conmutación de la pena de Leopoldo López no son una buena tarjeta de visita para la pacificación de Venezuela.

El portavoz del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, anunciaba en rueda de prensa la medida judicial que conmutaba la cárcel por el arresto domiciliario a uno de los líderes de la oposición, Leopoldo López. Defendía la decisión como producto del diálogo: “Es una medida necesaria para ayudar al país a encontrarse”.

López está cumpliendo una condena de casi 14 años por instigar a la violencia en las protestas contra el gobierno en 2014 en las que murieron 43 personas.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia llega en plena ola de protestas contra el Gobierno, que se prolonga desde hace más de tres meses y ha dejado más de 90 muertos.

Freddy Guevara, otro destacado dirigente del partido Voluntad Popular que lidera López, leía paralelamente un comunicado en su nombre: “Venezuela, esto es un paso hacia la libertad. No tengo resentimiento ni voluntad de claudicar en mi lucha. Me mantengo firme en mi oposición a este régimen. Si mantener mi convicción de lucha por la libertad significa el riesgo de volver a una celda en la prisión de Ramo Verde, estoy más que dispuesto a asumirlo. Hoy estoy preso en mi casa, pero también está así el pueblo de Venezuela”.

No era precisamente el mensaje que esperaba el presidente del país, Nicolás Maduro, tras el ‘gesto’ de distensión impulsado por su Gabinete. De hecho, horas antes del texto leído por Guevara, Maduro había declarado en la televisión pública que “ojalá esta decisión del Tribunal Superior  de Justicia (TSJ) sea entendida y el señor Leopoldo López lance un mensaje de reconciliación y de paz, porque el país quiere paz”.

En la misma línea se expresaba Ernesto Villegas, ministro de Información: “Ojalá en sus nuevas condiciones Leopoldo López llame a la reflexión a sus aliados y seguidores para que abandonen la violencia”.

Pero López no parece dispuesto a hacer un llamamiento a apaciguar la lucha en la calle. En su comunicado leído por su número dos, se dirigía directamente al “Pueblo de Venezuela”: “Que este avance, que este paso se convierta en mayor convicción, y en ese sentido reiteramos que mañana, a 100 días de la resistencia, volvemos a la calle”.
En este tenso contexto, el 16 de julio la oposición ha organizado una consulta popular en contra de la Asamblea Constituyente que promueve el Gobierno para redactar una nueva Carta Magna y reformar el Estado y a la que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se opone y tacha de fraude.

Respecto a la nueva situación penitenciaria de López, la Mesa, en un comunicado, consideró la decisión como un éxito, “aunque parcial e incompleto. Esto constituye un innegable triunfo del pueblo venezolano. Este triunfo parcial debe ser para todos un estímulo para no solo continuar, sino intensificar la lucha democrática y pacífica que hemos venido sosteniendo”.

La decisión, tomada por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no es casual. Se llevaba gestando desde hace meses con la mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El diálogo lo confirmaron el mes pasado la esposa de López, Lilian Tintori, y Jorge Rodríguez, destacado líder oficialista y alcalde del municipio Libertador, al que pertenece el centro de Caracas.El ‘acuerdo’ se fraguó en, al menos siete reuniones en la prisión militar de Ramo Verde, donde estaba recluido López.

No es la primera vez que se aplica una medida de estas características a miembros de la oposición encarcelados por delitos violentos. En abril de 2015, Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, comenzó a cumplir su condena en casa en lugar de en la cárcel tras la operación de una hernia inguinal. Está condenado por cargos de conspiración contra el Estado.


Maduro pedía a López, tras su salida de la cárcel, un mensaje de reconciliación, porque “el país pide paz”.


Igualmente, Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, líder de Voluntad Popular –el mismo partido de López– y arrestado también por su papel en las protestas de 2014, recibió el mismo tratamiento en 2015, aunque en agosto de 2016 fue de nuevo enviado a prisión porque supuestamente planeaba fugarse del país.

Según diversos analistas, la medida a López puede tratarse de un gesto de buena voluntad del Gobierno, una cesión a la espera de una contrapartida o el inicio de un posible diálogo formal para empezar a desentrañar la crisis de un país enfrentado en las calles y con una severa crisis económica.

Tras el encarcelamiento de Leopoldo López, Henrique Capriles –su sucesor ‘natural’ al frente de la oposición– decidió no continuar la estrategia de López en 2014 para tratar de forzar un cambio de gobierno con la lucha callejera. Pero ahora, tras el agravamiento de la situación económica y política, toda la oposición está unida en una estrategia de confrontación y rebeldía muy similar a la que siempre impulsó López.

La derecha ha declarado que, amparados en el artículo 350 de la Constitución, no reconocen ni la autoridad del Gobierno, ni la convocatoria –el próximo 30 de julio– de comicios para una Asamblea Nacional Constituyente, y que se organizarán para impedir que tenga lugar esa cita con las urnas impulsada por el Ejecutivo.

Y todo en un clima de máxima violencia en el que se han introducido elementos novedosos en las últimas semanas. La subida de la tensión comprende ataques sistemáticos a la base militar de La Carlota en Caracas, el regreso de los escenarios de destrozos, vandalismo y asaltos a comercios en varias ciudades, como en Maracaibo, donde fueron destruidos más de 40 establecimientos, desde comercios privados hasta instituciones públicas. Un esquema similar al que ya se había desplegado en más de diez localidades del país durante las semanas anteriores.     

El nuevo punto de inflexión llegaba con el ataque desde un helicóptero, robado en la base aérea de La Carlota, al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Justicia, con disparos, y al Tribunal Supremo de Justicia, con cuatro granadas –de origen colombiano y fabricación israelí– de las cuales una no estalló. Tan sólo a unos cientos de metros del Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia del Gobierno.

Para los chavistas, este ataque constituía la ‘prueba’ de que se está ante un intento de Golpe de Estado, como el que aconteció en 2002.

Durante las movilizaciones casi diarias, han perdido la vida más de 90 personas, incluyendo el linchamiento de simpatizantes progubernamentales, se han producido destrozos y saqueos, la actuación de grupos de delincuentes organizados en diversos barrios populares en los que han llegado incluso a implantar el toque de queda, constituyéndose prácticamente en una autoridad paralela.

Pero buena parte de los analistas consideran que la oposición no cuenta con dos elementos sin los cuales no parece en condiciones de lograr el Golpe: la movilización de las barriadas populares –que, más bien se inclinan hacia la defensa del actual gobierno–, y la división en el seno de las Fuerzas Armadas –que no parece producirse–.
En medio de esta escalada de la tensión, Caracas ha denunciado el supuesto apoyo norteamericano a través de la presión internacional, la financiación exterior de la derecha, directamente a los partidos o indirectamente a través de ONG que encauzan ese dinero para mantener la presión callejera, y el entrenamiento de grupos paramilitares.

La clave económica.
Otra clave está en la economía. En estas últimas semanas la situación ha empeorado con la subida de los precios, del dólar ilegal –que es el que marca los precios–, o la dificultad de acceder a productos vitales como los fármacos, con lo que el bienestar de las clases populares ha retrocedido en varios avances que había logrado.

El Ejecutivo culpa de esta situación a la derecha que, según los chavistas busca la asfixia económica. A ello se refieren cuando denuncian acciones como la quema de un depósito de comida –60 toneladas incendiadas– que iba destinado a los barrios populares, los sistemáticos ataques a camiones que transportan comida del Gobierno, o el aumento de precios –en Venezuela permanece el libre mercado–.

Respecto a las Fuerzas Armadas, los opositores han optado por varios movimientos a la vez. Uno ha sido el ataque sistemático armado, tanto sobre la base principal de Caracas (La Carlota), como a cuarteles y batallones en diferentes puntos del país –el último registrado tuvo lugar en Acarigua, donde robaron las armas y mataron a un soldado–.
Por otro lado les hace un llamamiento a desobedecer las órdenes del Gobierno y sumarse a la ‘sublevación’. Así, recientemente, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, ofreció el perdón a los soldados que se sumen.
En el terreno político, el plan de la Mesa de Unidad Democrática, como han anunciado, pasa por no reconocer al Gobierno de Nicolás Maduro ni la convocatoria para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, y paralelamente avanzar en la creación de nuevos poderes públicos. Esto significa intentar poner en pie un gobierno paralelo. Para legitimar esa línea, que ya está en desarrollo, han convocado un plebiscito el próximo 16 de julio –anticipándose a las elecciones del 30– donde, entre las preguntas, estará la de la conformación de nuevos poderes y de un gobierno de unidad.

Para dejar las cosas claras, Juan Requesens, de Primero Justicia –partido integrado en la MUD–, afirmaba recientemente que “para llegar a una invasión extranjera tenemos que pasar esta etapa”.

Existen otros interrogantes que se resolverán en las siguientes semanas. Uno de ellos es si la derecha –o una parte al menos– inscribirá a sus candidatos a principios de agosto para las elecciones a gobernadores que serán en diciembre. En caso de no hacerlo, sería una confirmación más del punto de no retorno, de imposibilidad de solucionar el conflicto a través de un diálogo entre partes. Se haría más clara la hipótesis del conflicto prolongado a la espera de una profunda división en el ejército o una intervención extranjera de otro nivel.

Desde el 1 de abril Venezuela está sumida en una grave crisis institucional cuyo detonante fue la decisión del Tribunal Supremo de despojar de sus funciones al Parlamento, dominado por la oposición, esta tensión se recrudeció un mes después con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que tiene como fin redactar un nuevo ordenamiento jurídico en el país.


La fiscal general, Luisa Ortega es la primera funcionaria venezolana de alto nivel, próxima al Gobierno, que critica la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular el Parlamento.

El desgarro institucional

“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...), lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, sentenciaba el pasado 31 de marzo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Se refería a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia por la que anulaba los poderes del Parlamento, que quedaban ‘asumidos’ por el propio alto tribunal, una vez que la Asamblea Nacional –Parlamento– declarase formalmente ‘no reconocer’ al actual Gobierno.

El pronunciamiento lo daba a conocer durante un acto público. El revuelo causado fue de una gran envergadura, ya que se trata de la primera funcionaria venezolana de alto nivel –hasta ahora, próxima al Gobierno– que critica la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular el Parlamento.

No sería el último enfrentamiento entre instituciones. El 11 de junio, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaraba “inadmisible por inepta acumulación de pretensiones el recurso contencioso electoral con amparo cautelar y suspensión de efectos que ejerció la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para solicitar la nulidad de actuaciones del Consejo Nacional Electoral en torno a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el presidente, Nicolás Maduro”. En este caso, la Fiscal General pretendía frenar la convocatoria para una Asamblea Constituyente anunciada por el Gabinete.

Ortega cuestionó la actuación de los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral, al precisar que la convocatoria a la ANC y la definición de su sistema de elección no eran potestad del jefe de Estado, sino de los venezolanos por medio de una consulta popular.

La fiscal llamó a los venezolanos a oponerse al proceso de la ANC porque, según ella, violenta la democracia, la “progresividad” de los derechos humanos, el derecho al sufragio y la soberanía constitucional.

Después de que Maduro convocara el 1 de mayo el proceso de la ANC, la oposición ha intensificado sus marchas para rechazar la medida y exigir la salida del poder del mandatario. El Ejecutivo ha expresado que el objetivo de la iniciativa es frenar las acciones violentas orquestadas por la oposición que han dejado decenas de muertos y heridos en los últimos meses.

Maduro anunció el referendo consultivo un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la convocatoria a la ANC mientras que la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora sostiene que dicho proyecto necesita de un referéndum para ser aprobado. 

Caracas justifica la convocatoria para una Asamblea Constituyente como una herramienta para solucionar la crisis política en Venezuela, ante la negativa de la oposición de continuar en la mesa de diálogo y la agenda violenta de protestas de los “sectores radicales de la derecha”.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país sudamericano abría el plazo de inscripción para los ciudadanos que deseen postularse para formar parte de la Constituyente.

Ante esto, a finales de mayo, la Asamblea Nacional (AN) emitía una declaración donde afirmaba “no reconocer las bases electorales para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta”, tras un acuerdo aprobado por la mayoría de la  bancada opositora. “Convocamos a continuar mañana, tarde y noche a la protesta pacífica hasta que se logre la vigencia de la Constitución y tengamos la unidad que Venezuela merece. A la Constituyente la desconocemos totalmente por ir contra la propia Constitución”, comentaba Julio Borges, presidente del Legislativo, en una sesión de la AN.

Horas antes de que se produjera este pronunciamiento parlamentario, el jefe de Estado venezolano comunicaba las bases legales para elegir a los 540 miembros de su proyecto de ‎Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

De acuerdo con Borges, el intento de reformar la Carta Magna propuesta por el Ejecutivo de Maduro no solucionará la crisis en la que está inmersa Venezuela, sino que fomentará aún más la división y los enfrentamientos entre los venezolanos.

Además de los diputados opositores presentes en el hemiciclo, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, invitaba también a los ciudadanos a no reconocer el proceso Constituyente.

La Iglesia como oposición.
En la misma línea, a comienzos del presente mes de julio, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, aseguraba en Bogotá que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Carta Magna del país es “inoportuna” y advertía de que se plantea introducir en ésta fórmulas de carácter “comunista o marxista”.

Padrón subrayaba que la propuesta de redacción de una nueva Constitución no tiene “ningún sentido” y alertaba de que la prioridad del Gobierno venezolano, acechado desde hace meses por protestas callejeras muy similares a las de la antigua kale borroka en el País Vasco, debe ser brindar a sus ciudadanos “comida, medicinas y libertad.
La Constituyente nos va a introducir un punto muy discutido, pero muy grave, que es la constitucionalización de un Estado comunal, donde se quiere resaltar el papel de las comunas, en definitiva una fórmula comunista o marxista de organizar la sociedad”.


Tres años y cinco meses después de ser encarcelado para cumplir una sentencia de casi 14 años, a López se le ha concedido el privilegio de cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario.

Leopoldo López, una vida contra el chavismo

Leopoldo López se convertía en la cara más visible de la oposición de Venezuela y su personaje más reconocido internacionalmente en el transcurso de los siete días de febrero de 2014 en los que se erigió a golpe de tuits y discursos como figura destacada entre el enjambre de grupos que formaban la oposición venezolana.

Tres años y cinco meses después de que fue encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, donde fue sentenciado a pasar casi 14 años por su participación en aquellas movilizaciones, a López se le ha concedido el privilegio de cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario.

En septiembre de 2015, la juez del caso lo declaraba culpable de los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Fue detenido durante la marcha convocada el 18 de febrero de 2014. Desde ese momento, las protestas se prolongaron por todo el país durante varios meses de 2015, dejando un saldo de 43 muertos, 600 heridos y más de 3.500 detenidos.

El nombre de López, sin embargo, ya estaba presente en la política venezolana cuando en 2008, siendo alcalde del municipio Chacao de Caracas, fue inhabilitado políticamente en un polémico proceso. Este fallo le impediría entonces aspirar a la alcaldía de Caracas.

A partir de ese momento, a pesar de que López se mantuvo activo políticamente, su ascendente pareció perder fuerza en beneficio de su excompañero de partido y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, quien a la postre se convirtió en uno de los principales líderes opositores.

El líder del partido Voluntad Popular proviene de una muy acomodada familia relacionada con los negocios y el sector petrolero. Estudió economía en Estados Unidos y un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Con sólo 27 años fue elegido alcalde del municipio Chacao de Caracas, un cargo que ocupó desde el año 2000 hasta 2008.

El Gobierno venezolano le considera uno de los principales responsables del fallido golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente de la nación, el ya fallecido Hugo Chávez Frías.

En 2009, en los documentos clasificados filtrados por WikiLeaks, el consejero político de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Robin D. Meyer, escribió que López se había convertido en una “figura que causaba divisiones dentro de la oposición venezolana”. “Suele ser descrito como arrogante, vengativo y hambriento de poder, pero sus compañeros de partido aseguran que tiene una popularidad que ha perdurado en el tiempo, carisma y talento organizativo”, escribió el diplomático estadounidense.

Con mayor o menor intensidad a lo largo de los 41 meses desde que López fue encarcelado, los sectores de la oposición venezolana han mantenido su apoyo al líder político.

Su salida de prisión llega en un momento en el que la crisis política se ha agudizado y las protestas en las calles han causado casi 90 muertes, el doble de las que se registraron en 2015 cuando el líder opositor fue sentenciado.

 

Los EE UU, la UE y la OEA, en contra

Tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela con el que asumía las competencias de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, se generaba un aluvión de críticas internacionales, tanto en la región como en el mundo.

Los Gobiernos de Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú, además de organismos regionales e internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europa (UE), condenaban la decisión del TSJ de atribuirse las funciones de la AN.

En Washington –acusado de ‘instigador’ de las violentas protestas por Caracas– consideraban que el fallo es un “grave retroceso para la democracia”. En este sentido el portavoz de la Casa Blanca, Mark Toner, indicaba que tal decisión es una “ruptura de las normas democráticas y constitucionales”, lo que “daña enormemente las instituciones democráticas de Venezuela y niega a los venezolanos el derecho a dar forma a su futuro a través de sus representantes electos”.

La Casa Blanca, además, hacía un llamamiento al Gobierno venezolano a que permita al Parlamento, de mayoría opositora “ejercer sus funciones constitucionales, realice elecciones tan pronto como sea posible y libere de inmediato a los prisioneros políticos”.

Paralelamente, el canciller mexicano, Luis Videgaray, transmitía la preocupación de México ante lo que consideró un “deterioro del orden democrático” en Venezuela.

El nuevo Ejecutivo derechista de Brasil tampoco permanecía al margen de la actual situación de Venezuela. En un comunicado oficial indicaba que “el gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas, en una clara ruptura del orden constitucional”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, asimismo, expresaba “la más alta preocupación del Gobierno de Chile con el agravamiento de la situación en Venezuela. Lo que queremos es un entendimiento en Venezuela, que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos, pero claramente esto va en la dirección opuesta”.

Desde la vecina Colombia, María Ángela Holguín, jefa de la Diplomacia de este país, declaraba a la prensa que  “rechazamos esta no división de los poderes. Acá es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia. Esto lo único que hace es profundizar aún más esa crisis que vive Venezuela”.

En una línea similar, el presidente argentino, Mauricio Macri, realizaba “un llamamiento a recomponer el orden democrático en Venezuela y manifestaba su preocupación por la disolución de la Asamblea Nacional decidida por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país”.

Más duro todavía se mostraba el primer mandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que condenaba también la sentencia del TSJ de Venezuela, señalando que “América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela” y por ello anunciaba que retiraba de forma definitiva a su embajador en Caracas, Mariano López Chávarry.
Desde la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, su secretario general, denunciaba un comunicado el mencionado fallo, que calificó de “autogolpe de Estado” en Venezuela, y llamaba a convocar de urgencia al Consejo Permanente del ente continental, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.

En cuanto a la Unión Europea, Maja Kocijancic, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), señalaba en un comunicado que “es de suma importancia establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional (AN) y a todos sus miembros, como prevé la Constitución”.

Como era de prever, tras la caída de los gobiernos de izquierda en Argentina y Brasil, Caracas sólo encontraba apoyo cercano en menos naciones latinoamericanas que en ocasiones anteriores. Recibía la solidaridad de los Ejecutivos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Cuba, mientras que también Moscú se mostraba preocupado por las posibles “injerencias de otros países” en la vida política venezolana, haciendo un llamamiento a no interferir en sus asuntos internos, en clara alusión a las políticas diseñadas por Washington para la zona.

 


El 5 de marzo de 2013 fallecía Hugo Chávez.

Desde la muerte de Chávez…

El 5 de marzo de 2013 se anunciaba oficialmente que el presidente Hugo Chávez había fallecido a la edad de 58 años. En aquel momento, Nicolás Maduro asumía el cargo de presidente y convocaba nuevas elecciones, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Las elecciones se llevaron a cabo el 14 de abril de 2013, resultando electo Nicolás Maduro frente al candidato opositor, Henrique Capriles, por una diferencia del 1,5 por ciento. Capriles denunciaría más de 3.500 irregularidades ocurridas durante el proceso, y solicitaría una auditoría completa del proceso electoral.
Desde el 4 de febrero de 2014, una serie de protestas comenzaron en todo el país, teniendo inicio en la ciudad de San Cristóbal y extendiéndose al resto del territorio nacional. Las protestas, que originalmente tenían por finalidad exigir medidas contra la inseguridad y la violencia, se convirtieron en protestas masivas contra la inflación, la escasez de productos básicos y la situación general del país.
Las manifestaciones y disturbios persistieron durante meses y dejaron 43 fallecidos, más de 486 heridos y 1854 detenidos.
El líder opositor Leopoldo López era detenido y condenado por “instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir “.

El 6 de diciembre de 2015 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias. El principal movimiento de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 112 de los 167 cargos disputados (56,2% de los votos), siendo ésta la primera victoria electoral significativa para la oposición en los últimos 17 años. Sin embargo, los restantes poderes públicos han permanecido en manos del partido de gobierno, y éste impugnó a ocho de los diputados ante el Tribunal Supremo y obtuvo la suspensión de su designación. Posteriormente, este Tribunal ha anulado varias de las decisiones tomadas y leyes promulgadas por un Parlamento que ha proclamado su ‘no reconocimiento’ del actual Gobierno.

Durante 2015 y 2016, el clima general de conflictividad social se mantuvo muy alto.  Se calcula que durante 2015 se registraron un promedio de 16 protestas por día, cifra que habría aumentado a 21 diarias desde mayo de este año. Desde marzo, el Gobierno ha implantado el racionamiento eléctrico en todo el territorio nacional -con excepción de la capital-. La escasez de productos básicos golpea a la población –la oposición culpa al Ejecutivo de una mala gestión, mientras que éste acusa a la derecha de boicotear la producción, sabotear la distribución y haber disparado los precios (la mayor parte de la economía, la producción industrial, agraria y ganadera y la distribución y el transporte están en manos privadas)– .

Además, los pronósticos de inflación para el cierre de este año oscilan entre el 450 y el 700 por ciento. La tasa cambiaria oficial es de 614 bolívares por dólar: cien veces su valor al inicio del control cambiario, en 2003. Para más abundamiento, la distorsión ocasionada por los controles de precios se profundiza cada vez más, calculándose el precio de un producto en el mercado negro puede ser hasta cien veces del precio oficial fijado por el gobierno.

En medio de esta crisis, la oposición venezolana ha lanzado una ofensiva de protestas con rasgos cada vez más violentos para conseguir derrocar a Nicolás Maduro o, al menos, la convocatoria de elecciones anticipadas –de seguir el curso ordinario, los comicios no tendrán lugar hasta 2018–.