Sin Maldad / José García Abad Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1209. 14 de julio de 2017

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Sin Maldad / José García Abad

Patriotismo catalán hasta que toque
el patrimonio


Los dirigentes del independentismo catalán distinguen entre el corazón y la cartera. Poner en peligro sus patrimonios por la pasión política es llevar la guerra demasiado lejos.
Parece que Oriol Junqueras, el hombre de la situación en las filas del independentismo, ha visto pelar las barbas del vecino y trata de apartar de sí con elegancia las tijeras del barbero. No quiere aparecer como el coordinador oficial del referéndum.
Junqueras, sin eludir responsabilidades personales, tira por elevación tratando de implicar al Govern en su conjunto, tal como al parecer planteará el próximo martes, no sé si ante notario

Los dirigentes del independentismo catalán distinguen entre el corazón y la cartera. Poner en peligro sus patrimonios por la pasión política es llevar la guerra demasiado lejos. Algo que, por cierto, quizás compartan la mayor parte de los españoles y quizás la totalidad de los empresarios a un lado y al otro del Ebro. No hay que exagerar las singularidades de los distintos pueblos de España.

El hecho de que los empresarios catalanes hayan renunciado al negocio de suministrar urnas para la convocatoria del 1 de octubre demuestra el pragmatismo de todo buen empresario, sea o no catalán, al tiempo que muestra que los industriales no tienen dudas sobre cuál es la auténtica legalidad, la legalidad legal, la que puede imponer sanciones, que obviamente no reside en el edificio neoyorquino de Naciones Unidas, sino en los juzgados de Girona o de Móstoles. El Govern ha optado por importar las urnas de China, donde no sirven para maldita la cosa. Pedir urnas a la China de partido único es tan exótico como importar crucifijos a Arabia Saudí.

En estos tiempos, Carles Puigdemont y su estado mayor no se enfrentan a la cárcel que pudiera tentarles para obtener la solidaridad internacional. Se exponen a algo más doloroso: a las multas o a la inhabilitación que clausure su carrera política: unas sanciones efectivas que no admiten recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Son muchos los alcaldes catalanes que se han manifestado  por la independencia, pero es de suponer que su celo patriótico se verá frenado ante las sanciones de entre 300.000 y 600.000 euros que les serán impuestas si ceden datos del padrón para la elaboración del censo electoral según establecen las leyes, vigentes: la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la de Protección de Datos de Carácter Personal.   

Y la pasada semana el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ordenó a  la Guardia Civil que recabara información sobre el acto de presentación del referéndum en el Teatro Nacional de Cataluña por si se utilizaron fondos públicos. Se investiga sobre si la campaña de la Generalitat para incentivar el voto de los catalanes residentes en el estranjero está vinculada al referéndum. Y si la campaña institucional aparecida en la prensa catalana tiene el mismo objetivo.

Al tiempo que colean las repercusiones del 9-N, para lo que el Tribunal de Cuentas investiga “responsabilidades contables” de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, a los que se exigirá una fianza de más de cinco millones de euros.

Parece que Oriol Junqueras, el hombre de la situación en las filas del independentismo, ha visto pelar las barbas del vecino y trata de apartar de sí con la debida elegancia las tijeras del barbero. No quiere aparecer oficialmente como el coordinador del referéndum.

Junqueras, sin eludir responsabilidades personales, tira por elevación tratando de implicar al Govern en su conjunto tal como al parecer planteará el próximo martes, no sé si ante notario.

Parece que habrá un primus inter pares, un portavoz ad hoc dedicado a tiempo completo a la preparación del referéndum. Ha aceptado Junqueras, no obstante,  en compañía del conseller de Exteriores, Raül Romeva, ocuparse de la adquisición directa de las 8.000 urnas de metacrilato cuyo concurso fue declarado desierto e investigados quienes lo promovieron.

La semana pasada comparé el actual procés con los acontecimientos del 6 de octubre de 1934, protagonizados por el dirigente de Esquerra Lluís Companys. Se dan las similitudes que comentaba la semana pasada pero se perciben evidentes discrepancias en el espíritu de ambos acontecimientos. Entonces el Govern se manifestó como una piña en torno a Companys, lo que no está ocurriendo en estos momentos. Las declaraciones del exconseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, asegurando en voz alta lo que sus colegas piensan aunque no se atreven a manifestarlo: que el referéndum probablemente no se produciría.

En 1934 los consejeros no se jugaban sólo su patrimonio, sino también la libertad e incluso la muerte. Hubo condenas a la última pena de militares que el presidente de la República, Don Niceto Alcalá Zamora, conmutó entendiendo que la peor condena no era la muerte, sino el ridículo. Todos los consejeros, junto al president Companys, fueron condenados a la misma pena: 20 años de cárcel, a pesar de que el president afirmó que él era el único responsable.

Por cierto, que cuando el Tribunal de Garantías Constitucionales dictó las sentencias, Companys se lanzó contra el fiscal increpándole: “Usted ha querido humillarme al no pedir para mí la pena de muerte”.


      
  

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Lleva ejerciendo la profesión de periodista desde hace más de medio siglo. Ha trabajado en prensa, radio y televisión y ha sido presidente de la Asociación de Periodistas Económicos por tres periodos. Es fundador y presidente del Grupo Nuevo Lunes, que edita los semanarios El Nuevo Lunes, de economía y negocios y El Siglo, de información general. 

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