1-Octubre Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1209. 14 de julio de 2017

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Política / Manuel Capilla

Entre el PSOE de Sánchez y la ERC de Junqueras

El 1-O acorrala a Colau e Iglesias

El referéndum catalán ha dejado a Ada Colau ejerciendo un difícil equilibrio para distanciarse de la consulta unilateral y, al mismo tiempo, llamar a la participación en él. Un movimiento que abre nuevas grietas entre los comunes y Podemos, obligando a Pablo Iglesias a matizar su posición y, de paso, hacer un guiño a las voces que han mostrado su apoyo al 1-O en el seno de la formación morada. El referéndum vuelve a colocarse así como el principal escollo en el acercamiento entre el PSOE y Podemos, cuyas mesas de trabajo apalabradas hace unos días siguen sin arrancar.


Iglesias ha matizado su postura ante el 1-O después de que Colau haya afirmado que ella votará. / EN COMÚ PODEM

Tras haberse opuesto durante mucho tiempo a la estrategia unilateral de la Generalitat, Ada Colau ha terminado abriendo la mano hacia el 1-O. Sigue apostando por un referéndum pactado, dejando claro que la convocatoria prevista para el 1 de octubre, en su opinión, no va a solucionar las cosas. Pero en el clima preelectoral catalán y ante las divisiones dentro de sus propias filas, la alcaldesa de Barcelona ha terminado afirmando que dará todas las facilidades posibles para que la votación se celebre y ha señalado que ella irá a votar, como también hizo en el 9-N. Eso sí, Colau ha dejado claro que no pondrá en peligro a ningún funcionario municipal, lo cual abre la puerta a que su apoyo sea más un gesto que algo efectivo.

Las ondas de choque del ‘factor Colau’ han tenido efecto inmediato en su socio en Madrid, Pablo Iglesias, y en las filas del independentismo, con Carles Puigdemont a la cabeza. Y es que la posición de Colau a favor de la participación choca con la que ha mantenido Iglesias y la cúpula de Podemos, abriendo una nueva grieta entre la dirección del partido morado y los comunes, que siempre ha sentido más feeling con las posiciones defendidas por Iñigo Errejón.

Hace sólo una semana, Iglesias se oponía al referéndum, afirmaba que si fuera catalán no votaría en él y, además, desautorizaba al líder del partido en Cataluña, Albano Dante Fachin que había llamado a su militancia a participar en el 1-O tras haber realizado una consulta entre sus bases. Pero después de que Colau se haya movido, Iglesias ha seguido sus pasos, explicando que “saluda” que las instituciones catalanas “faciliten el referéndum”, porque se trata de una “movilización ciudadana”. También ha dejado claro que Podemos “está en la línea de Xavier Domènech y de Colau”, es decir, que seguirá a los Comunes y ha insistido en que su formación apuesta por la celebración de un “referéndum legal con todas las garantías”. 

Iglesias ha terminado por moverse siguiendo los pasos de Colau forzado también por las voces que, desde dentro de Podemos, se habían desmarcado de la posición oficial del partido. No sólo Fachin, también desde Andalucía, el secretario de Comunicación de la formación, Pablo Pérez Ganfornina subrayaba hace unos días que la consulta “obedece a una demanda popular mayoritaria en Cataluña sobre la necesidad de poder opinar sobre su futuro”, y, por tanto, Podemos Andalucía no se opone "a que existan movilizaciones que apoyen la posibilidad de que los catalanes decidan sobre su futuro”. Eso sí, el pasado martes, la líder del partido en esa comunidad y referente también de Anticapitalistas, que hace semanas difundieron un comunicado apoyando el referéndum, ha regateado la cuestión de si ella votaría o no. Y desde En Marea han llegado también palabras parecidas por parte de su portavoz en el parlamento gallego, Luís Villares, que había apoyado la consulta públicamente “ante la cerrazón del Gobierno de Mariano Rajoy”, porque “ningún Estado democrático se puede oponer a que un pueblo exprese su opinión”.

En este escenario, Iglesias urgía el pasado martes a Pedro Sánchez a establecer un calendario para que comiencen a funcionar las mesas de trabajo que ambos acordaron articular en su entrevista de hace casi tres semanas. Los morados se impacientan ante el ritmo pausado que quiere imponer Sánchez, tan pausado que los morados empiezan a ponerse nerviosos cuando ven que los contactos no han pasado de conversaciones más o menos informales entre la portavoz en el Congreso de los socialistas, Margarita Robles, y su homóloga en Podemos, Irene Montero. Y más cuando ven que Robles también presta atención a Ciudadanos y se cita con  el secretario general de los naranjas en la Cámara Baja, Miguel Gutiérrez, para explorar las posibilidades de una reforma de la Constitución. Una reforma en principio modesta, dadas las diferencias que separan a ambos partidos sobre la espinosa cuestión de la plurinacionalidad. De momento, el principal objetivo se dirige a la supresión de los aforamientos, que se podría realizar con la reforma de los artículos 71.3 y 102.1.

Así las cosas, el 1-O no parece que vaya a engrasar los contactos entre el PSOE y Podemos. Y es que la prioridad para los socialistas parece ser la presentación de “iniciativas legislativas” –como las denominó la propia Margarita Robles- en el mes de septiembre para tratar de desbloquear el conflicto catalán. Este viernes, 14 de julio, se reúne la Ejecutiva Federal con la cúpula del PSC, una cita de la que pueden ir saliendo las primeras pistas de por dónde pueden ir esas iniciativas. A partir de ahí, la intención de Sánchez es abrir una ronda de negociaciones con los partidos en el Congreso, incluyendo a ERC y el PDECat.

 
Las mesas de trabajo de PSOE y Podemos no terminan de arrancar tras los primeros contactos entre Robles y Montero. / EUROPA PRESS


Los guiños a ERC de los Comunes
Y mientras la impaciencia crece entre Podemos, que sospecha que el PSOE puede estar dándole largas, lo cierto es que el referéndum ha tenido las primeras consecuencias en el Ayuntamiento de Barcelona, entre Colau y sus socios de gobierno, el PSC liderado por Jaume Collboni. Y es que la última semana de junio ese pacto de gobierno se agrietaba a causa de una moción presentada por el PP que instaba al Ayuntamiento a "no apoyar ni proporcionar medios ni personal municipal el 1 de octubre en relación al referéndum que se pretende celebrar". Los socialistas votaron a favor del texto, pero los Comuns se pusieron del lado de ERC, PDECat y CUP para rechazarlo.

Fue el pasado ocho de julio cuando la coordinadora nacional del nuevo partido de Colau, Catalunya en Comú, formalizaba su posición ante el referéndum. La cúpula de los Comunes decidía apoyar la convocatoria, pero simplemente como una movilización legítima de respuesta al “inmovilismo” del PP, sin considerarla un “referéndum vinculante” sobre la independencia, como pretende la Generalitat de Carles Puigdemont. Esta posición ha supuesto en jarro de agua fría en las filas del independentismo, que tienen claro que Colau y sus votantes son claves en el procés y que dependen de ellos para articular una mayoría social que pueda decantar la balanza a su favor.

En Junts pel Sí entienden y el Govern tienen asumida una reflexión cuando se les plantea que perdieron las elecciones plebiscitarias de septiembre de 2015. En esos comicios el 48% de los votos fueron para Junts pel Sí y la CUP y el 52% para aquellas fuerzas que no son partidarias de la independencia, de lo que cabría concluir que el independentismo fue derrotado. Pero desde Junt pel Sí subrayan que lo que hubo fue un 48% a favor de la independencia, un 39% en contra y alrededor de un 11% que no se pronunció. Un porcentaje que casa prácticamente con los que consiguió Catalunya Sí que es Pot, la marca con la que concurrió Podem, ICV y Esquerra Unida, el mismo espacio que ahora lideran Colau y Barcelona En Comú. De ahí que sea fundamental sumarlos a la causa y que su manera de poner distancia haya puesto nervioso a más de uno en la Generalitat, empezando por el propio Puigdemont, que acusaba este fin de semana a Colau de estar del lado de José María Aznar y Felipe González. “¿Colau, que nos da lecciones cada día, está al lado del PP o al de los que tenemos coraje para poner las urnas?”, se preguntaba Puigdemont.
Aunque hay otra lectura para esta posición de los comuns y la afirmación de Colau de que participará en el referéndum. Y es que en los mentideros políticos y mediático catalanes ya se hacen cábalas sobre nuevas mayorías parlamentarias a articular en las elecciones que vengan después del 1 de octubre, ya sean autonómicas o “constituyentes”, como las ha definido Puigdemont en el caso de que en la votación haya una mayoría a favor del sí.

Una de esas nuevas mayorías sería la que gravitaría en torno a una alianza entre ERC, que según todas las encuestas sería la fuerza más votada, y Catalunya en Comú. Por lo que la posición de Colau y los suyos trataría de lanza un guiño a Esquerra, según estas interpretaciones.

En una entrevista concedida a El Siglo el pasado mes de mayo, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, afirmaba que “los Comunes y nosotros vamos a converger en el llamamiento a la participación”, (ver El Siglo, número 1.200). Y es que, en su opinión, “la futura hegemonía de las izquierdas catalanas dependerá de que, en estos próximos meses, no fragüe una fractura política o emocional entre ellas. Y esto sólo tiene un antídoto, que es coincidir en el punto de la participación en el referéndum. Si no hubiera este punto de encuentro, se podría forjar una división que podría durar muchos años”. De momento, parece que Colau mueve ficha.


Carles Puigdemont ha conseguido que Oriol Junqueras y Raül Romeva se encarguen de la compra de las urnas. / EP

El pulso entre Puigdemont y Junqueras

A medida que van pasando las semanas, los detalles técnicos y jurídicos de la convocatoria del referéndum empiezan a hacer saltar chispas en el seno del Govern y aflorar serias dudas sobre la celebración del mismo. Dudas que algunos hasta expresan públicamente, como le sucedió al ya exconseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, cesado por Carles Puigdemont tras calificar “irresponsable” sacar las urnas a la calle sin tener en cuenta las consecuencias de enfrentarse al Estado e instaba a “buscar vías alternativas”.

El último capítulo ha sido el pulso entre Puigdemont y su vicepresidente, el líder de ERC, Oriol Junqueras, por ver quién se convierte en el coordinador del referéndum. Según publicaba El País la semana pasada, el president trató de oficializar el encargo en una reunión mantenida con Junqueras, que se resistió a aparecer como el principal responsable de la desobediencia al Estado. A cambio, Junqueras, según algunas informaciones, habría exigido a Puigdemont que el resto de consellers se comprometan al máximo, que se compartan los riesgos y los trámites de la organización se firmen por todo el Govern. De ahí el cese de tres de ellos que se conocía el pasado viernes: la portavoz, Neus Munté; el responsable de Interior, Jordi Jané, y Meritxell Ruiz, de Enseñanza, todos ellos del PDeCAT. Y entran otros tres de probada firmeza con el referéndum, lejos de las dudas expresadas en alto por Baiget: Jordi Turull, hasta ahora al frente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, releva a Munté; Joaquim Forn, mano derecha de Jordi Trias en el Ayuntamiento de Barcelona, asume Interior; y Clara Ponsatí, economista y miembro de la cúpula de la ANC, se queda con Enseñanza. En rueda de prensa, Puigdemont aseguraba el viernes que: "Mi intención no era cesar a nadie, pero si alguien me pide que no quiere seguir", hay que respetarlo.

Y es que esa es una de las principales preocupaciones en las filas del independentismo hoy por hoy, la asunción conjunta de responsabilidades. Y más después de ver cómo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha admitido a trámite la querella del fiscal superior de Catalunya contra la consellera de Governació Meritxell Borràs por posible prevaricación, desobediencia y malversación en el proceso de licitación abierto para la compra de urnas para el referéndum, un concurso que finalmente quedó desierto. 

Por otro lado, todavía está por ver el papel de los funcionarios y el censo que se empleará. De momento, la Generalitat ha anunciado que formará a “agentes electorales” a fin de que suplan a los 4.000 funcionarios que participan en una votación normal en Cataluña. En este escenario, el temor empieza a cundir entre los funcionarios catalanes, y asociaciones como CSIF,ya han empezado a recibir numerosas consultas de funcionarios catalanes sobre lo que deben hacer en caso de recibir órdenes relacionadas con la convocatoria del referéndum. 

La situación se complica para un Puigdemont que el pasado mes de mayo habría pedido, por diferentes vías extraoficiales, a Rajoy “una salida” al conflicto, según ha informado La Vanguardia. Una salida que no llegó a encontrarse porque aunque el Gobierno estaba dispuesto a hablar de las 45 demandas que le hizo llegar el propio Puigdemont, la número 46, la del referéndum, está vetada.