Tribuna Manuel Espín Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1210. 21 de julio de 2017

- - --

Tribuna / Manuel Espín

La obsesión ordenancista


El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia) sanciona quitarse el bañador en un espacio protegido alejado del medio urbano como es la bellísima playa de La Llana, donde el ejercicio del nudismo se remonta a 1976 sin generar problemas

Desde 1951 a 1960 la Iglesia organizó en España los llamados "Congresos Nacionales de la Decencia" con participación de todas las diócesis. Hablar de decencia o de moralidad en sociedades con tantas carencias no sólo de libertades, sino de políticas de igualdad y con tales diferencias de clase, donde no existía control alguno sobre el poder y quienes lo ejercían, podría haber sido socialmente útil, como un aldabonazo a las conciencias. Sin embargo, en el franquismo la decencia se basaba en imponer códigos rigurosos sobre los estilos de vida, como los de las "playas, piscinas y riberas de ríos", espacios en los que la jerarquía exigía un dress code muy estricto, con la prohibición del bikini y del slip masculino, instándose a la separación por género en dichos lugares públicos, y a la implantación de zonas segregadas para preservar la "moral". La autoridad civil, tanto el Ministerio de la Gobernación como la Policía o la Guardia Civil, actuaban a instancias de la jerarquía en actuaciones represivas que comprendían tanto la expulsión de los extranjeros que infringían ese modelo estético-social como el calabozo, la multa o el expediente sancionador a las y los españoles que no respetaban dicha norma emanada de una catolicidad mal entendida. En lugar de actuar contra la delincuencia, en todos los sentidos, para mejorar las condiciones de seguridad de las personas, los cuerpos de seguridad se veían en la necesidad de trabajar como verdadera policía religiosa o moral, al nivel de la que hoy nos escandaliza de sociedades fundamentalistas islámicas como Irán o Arabia Saudí. Tuvo que llegar el sistema liberal-parlamentario (y la Constitución) para determinar que el papel del Estado no es el de la imposición de una forma de moral frente a otra, sino el arbitraje para que cualquier ciudadano pueda ejercer sus libertades sin imposición ni privilegio moral de unos contra otros.

Destellos de aquella situación típica del franquismo rebrotan muchos años después en un marco social y cultural distinto.

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia) aprueba en solitario una ordenanza de playas donde se sanciona casi todo. Se prohíbe jugar con palas en la playa, orinar en el mar, y se sanciona quitarse el bañador en un espacio protegido alejado del medio urbano como es la bellísima playa de La Llana, donde el ejercicio del nudismo se remonta a 1976 sin generar problemas. Más allá de que se cuestione la legalidad de esa ordenanza, por cuanto los ayuntamientos no parecen tener competencia para legislar sobre asuntos que pertenecen a los Parlamentos, como son las relativas a derechos y libertades –y los tres partidos de la oposición en la Asamblea de Murcia, PSOE, Podemos y Ciudadanos, que tienen la mayoría, pretenden tirar abajo dicha polémica ordenanza– se pone en evidencia una situación que se repite muy a menudo, como es la del ordenancismo inútil y la publicación de normas que parecen fabricadas para no ser cumplidas tanto por su presunta ilegalidad como por su escasa oportunidad. Dictar una ordenanza para que no se orine en la vía pública es un brindis al sol cuando se carece de suficientes urinarios públicos o su acceso es problemático. Para generar civismo hay que crear las condiciones y dar facilidades para que los actos de educación se puedan cumplir. Sancionar el baño sin ropa en una playa de un parque natural y exigir el cumplimiento de esa normativa municipal restrictiva implica destinar un número abundante de agentes municipales con capacidad sancionadora a dicha función. Se supone que el cumplimiento de esa ordenanza implica un trabajo añadido a la Policía Municipal en labores de control y apertura de expedientes. Es decir, viene a suponer distraer a esos funcionarios de otras tareas, para hacer cumplir un texto que exige muchos medios para su control.

Las razones de ciertos ordenancismos son inexplicables y responden a un vicio muy arraigado, como es la falsa creencia de que con más y más normas y ordenanzas se resolverán asuntos que merecen otra clase de tratamientos: informativos, de mediación, de diálogo... El ayuntamiento murciano justifica su ordenanza por su intención de promocionar las "playas familiares" –en este caso también las apartadas del casco urbano y de tradición naturista– y pone sus ojos en modelos de familia de otros tiempos, dando prioridad a una moral sobre otra. Lo que parece impropio de un sistema liberal, cuando su papel debería ser el de favorecer los derechos y libertades de todos y de todas, permitiendo que cada cual pueda ejercer su libertad con arreglo a su concepto moral sin imposiciones sobre los demás. La inutilidad de ese tipo de ordenanzas es llamativa, especialmente en lugares donde antes no se producían conflictos. El primer impacto mediático de ese ordenancismo a gogó ya se ha producido, diversos medios recogen opiniones de turistas decididos a emigrar a otras playas cercanas donde no se impongan normas tan ridículas como inútiles, se pueda jugar a las palas, sin molestar a nadie, existan urinarios públicos, y cada cual se pueda bañar "con o sin", como le dé la gana.

 


Firma

Escritor, periodista y autor audiovisual. Licenciado en Políticas, Derecho, Ciencias de la  Información y Sociología. Ha impartido clases en distintas universidades. En los últimos años ha venido publicando libros tanto en ficción como en no ficción, y participa en series y largometrajes.

-