Siete Días Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1210. 21 de julio de 2017

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Siete días


El presidente de la Federación Española de Fútbol durante 29 años ha sido detenido por corrupción


Ángel María Villar, detenido por corrupción

El presidente de la Federación Española de Fútbol fue detenido el pasado martes en relación a la operación Soule, una trama de corrupción investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la supervisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Villar estaría acusado de presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental, corrupción entre particulares y apropiación indebida.La operación abarcó varios registros en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en federaciones territoriales como la valenciana y en los domicilios y despachos de los implicados, entre ellos, el de Villar y su hijo Gorka, también detenido. Juan Padrón, vicepresidente económico de la Federación, y Ramón Hernández, secretario de la Federación de Tenerife, fueron también puestos a disposición judicial.

La investigación comenzó tras el pago sin justificar en el año 2012 de 20 millones de euros de la RFEF a Santa Mónica Sports, la empresa que gestionaba los derechos televisivos de los partidos de la selección española. Miguel Cardenal, entonces presidente del Consejo Superior de Deportes, enterado de la irregularidad, acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia en 2015. La operación policial destapó un entramado mayor: supuestos manejos económicos de Villar y Gorka en las arcas de la Federación en provecho propio, tratos de favor a dirigentes territoriales para garantizar su presidencia utilizando dinero de la Federación o regalo de derechos televisivos de la selección a países que contrataban los servicios de su hijo. Tras las detenciones el pasado martes, se ha conocido que la UCO tuvo pinchados los teléfonos de los implicados durante tres meses, dando lugar a cientos de horas de conversaciones telefónicas que demostrarían las prácticas de corrupción denunciadas, según la investigación de la Guardia Civil.


Joquim Forn, conseller de Interior, aseguró que los mossos “cumplirán la ley” y permitirán votar el 1 de octubre


Los Mossos, en el 'ojo del huracán' del referéndum catalán

En las últimas semanas, el Govern ha remodelado por completo la cúpula de Interior y ha colocado a políticos comprometidos con el referéndum ilegal, dispuestos a llegar hasta el final con la consulta. En esta línea, Joaquim Forn, nuevo conseller de Interior de la Generalitat, se estrenó en el cargo el pasado miércoles prometiendo que los Mossos D´Esquadra permitirán la celebración del referéndum el 1 de octubre. Forn aseguró,  tras mantener su primer contacto con los mandos del cuerpo, que los agentes colaborarán para que los catalanes voten con “libertad” y “seguridad” y para prevenir posibles incidentes. Y es que los Mossos también han sufrido cambios en su cúpula en los últimos días. El pasado lunes, Albert Batlle, hasta entonces director general del cuerpo de seguridad, presentó su dimisión. En su lugar, Forn nombró a Pere Soler, de convicción abiertamente independentista y comprometido con la celebración del referéndum. Soler se estrenó con polémica debido a uno de sus tuits, publicado en octubre, en el que afirmaba sentir “pena” por todos los españoles.

Por otra parte, el Parlamento catalán parece querer adelantar los plazos del referéndum. El día 26 de julio celebrará el último Pleno del verano, en el que se pretende modificar el Reglamento de la Cámara para permitir la aprobación de la ley del referéndum en la primera sesión después de las vacaciones. A partir de ese momento, Puigdemont podrá convocar la consulta. Respecto a la polémica de las urnas, el último paso del Govern ha sido imponer el secreto sobre su compra para no dar pistas al Estado que puedan facilitar una actuación judicial contra la celebración de la consulta. Por lo tanto, no se informará de la adquisición de las urnas hasta que no se haya finalizado por completo.


Las delegaciones de PSOE y Podemos se reunieron en el Congreso el pasado lunes/ EUROPA PRESS


PSOE y Podemos intentan acercar posturas


El pasado lunes, las cúpulas de PSOE y Podemos, encabezadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se reunieron para poner en marcha una mesa de coordinación parlamentaria en torno a las iniciativas en las que podría ser posible su coincidencia. Pero no todo fue acercamiento entre ambas formaciones. Las ruedas de prensa posteriores al encuentro de Margarita Robles  e Irene Montero evidenciaron las diferencias entre los líderes: las medidas frente a la crisis secesionista, el alcance de la alianza parlamentaria y los ritmos de ésta para que desemboque en una nueva moción de censura, esta vez efectiva, contra Mariano Rajoy. Mientras que para el PSOE, según Robles, lo primordial es la agenda social, para Podemos, tal y como reconocía Montero, la prioridad es “sacar inmediatamente al PP del Gobierno”.

En cuanto a Cataluña, PSOE y Podemos no acabaron de llegar a un entendimiento. Desde la formación morada apostaron por avanzar en el reconocimiento de dos soberanías diferentes, planteando la organización de un referéndum efectivo y acordado con el Estado. Los socialistas, sin embargo, creen que la única soberanía existente es la del pueblo español y que la solución al desafío independentista pasa por una reforma de la Constitución de corte federal, de ahí que defendiesen una subcomisión que aborde el cambio de la ley fundamental. En lo que sí coincidieron ambos fue en el inmovilismo del Gobierno y en la urgente necesidad de implicar al Congreso en el problema catalán.

Precisamente un acuerdo de gobierno con Podemos en Castilla-La Mancha trajo esta semana a Pedro Sánchez un quebradero de cabeza. Emiliano García-Page, presidente de esta comunidad, se negó inicialmente a consultar con las bases del partido su acuerdo con Podemos para gobernar en coalición. La dirección socialista acabó forzando a Page a hacerlo, aunque mediante asambleas en las agrupaciones locales, sin necesidad de urna y voto secreto, recordándole que así lo obligan los estatutos aprobados en el Congreso Federal del partido, pese a que aún falte el Reglamento que detalle el procedimiento.


Siete millones de venezolanos acudieron a votar en el referéndum convocado por la oposición/ EP


Alta tensión en Venezuela

El pasado domingo más de siete millones de venezolanos salieron a la calle para participar en la consulta popular organizada por la oposición a Nicolás Maduro. El 98,4% de los participantes votaron, de forma no vinculante y sin aval del Consejo Nacional Electoral, en contra de la reforma constitucional que propuso el Gobierno de Maduro. Sin embargo, la jornada quedó manchada de sangre en Caracas, ya que al menos una persona fue asesinada y cuatro resultaron heridas cuando un grupo de paramilitares armados dispararon contra la multitud frente a un centro de votación.

En la consulta, que no fue reconocida por el Gobierno y supuso un acto de desobediencia civil, se preguntaba a los venezolanos si rechazaban la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente venezolano, que se elegirá el 30 de julio y que desde la oposición se ve como un intento de consolidar una dictadura en el país latinoamericano.  La oposición se mostró muy contundente con los resultados del referéndum, afirmando que Nicolás Maduro “está revocado matemáticamente” y que por ello “se niega a someter su mandato a nuevas elecciones”. El presidente, en un intento por ensombrecer el referéndum del domingo, convocó el mismo día un simulacro de las votaciones del 30 de julio para aprobar la Asamblea Nacional Constituyente.

Mientras tanto, gran parte de la comunidad internacional ha condenado al régimen de Nicolás Maduro: un centenar de congresistas de Colombia y Chile presentaron el martes una denuncia contra el presidente venezolano ante la Corte Penal Internacional, acusándole de haber participado en “grandes violaciones del derecho internacional”. Por su parte, Donald Trump anunció el lunes, tras conocerse los resultados del referéndum, que su gobierno tomará “fuerte y rápidas acciones económicas” contra Venezuela si finalmente celebra la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio.











La Frase

“No es
nuestra responsabilidad que los inmigrantes huyan”

Con esta dura afirmación, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se refería, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, a la tragedia de Alborán, ocurrida el 5 de julio, en la que 49 personas murieron ahogadas al intentar alcanzar suelo español.