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                             Nº 1210. 21 de julio de 2017

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Política / Virginia Miranda

El 1-O, Gürtel y el aliento de Sánchez marcan el fin de curso del Gobierno

El verano más catalán de Rajoy

El presidente del Gobierno se irá de vacaciones con los deberes hechos en materia económica, pero la corrupción y Cataluña no le permitirán desconectar de la realidad. La fecha elegida para que declare como testigo en el caso Gürtel jugará a su favor, pero la recta final del procés no hará más que agudizar la tensión entre el Ejecutivo central y la Generalitat en un pulso en el que todos los actores, incluido él, se verán implicados. Si tenía poca tarea pendiente para la vuelta al trabajo, los planes de Pedro Sánchez se lo van a poner más cuesta arriba.


El presidente ha sobrevolado en Lleida la ‘guerra’ entre Administraciones apelando al sentido común y la empatía / POOL MONCLOA. DIEGO CRESPO

Rajoy prepara a conciencia su declaración como testigo en el caso Gürtel, aunque no se saldrá del guión habitual   Gobierno central y Generalitat han emprendido una escalada de ataques mutuos sin dar pistas sobre el día después del 1-O

La declaración de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel no podría haber sido en mejor momento. Si bien no con el formato deseado –en persona y no por videoconferencia como pretendían los abogados alegando razones de seguridad–, el 26 de julio es una fecha tan efímera como el tiempo que tendrán muchos españoles para digerir la noticia antes de poner rumbo a sus vacaciones.

Dos días después de la declaración se celebra el último Consejo de Ministros de la temporada y el presidente del Gobierno, tras su tradicional rueda de prensa para hacer balance del curso político, tendrá tres semanas para desaparecer por tierras gallegas. Después, vuelta a Moncloa para prepara el Consejo de Ministros del 25 de agosto y trabajar a pleno rendimiento.

Porque aunque el jefe del Ejecutivo tiene una contrastada capacidad para desconectar, la tarea que tiene por delante le impide hacerlo del todo y el descanso no será el que cabría esperar después de haber dejado atrás un verano electoral, el de 2015, y otro verano de búsqueda de votos para su investidura en 2016.

Rajoy pasará su primera gran prueba durante su declaración ante el tribunal que juzga el caso Gürtel. Sin embargo, en la formación conservadora no esperan grandes daños colaterales. Porque no se saldrá del guión al que se viene ajustando desde que comenzó el proceso. Porque, a pesar de las dificultades para gobernar y del goteo de casos de corrupción, declaraciones judiciales y comisiones parlamentarias en las que aparecen miembros de su partido, el PP resiste en las encuestas y sigue apareciendo como la formación con más apoyo –aunque insuficiente– electoral. Y porque el presidente del Senado, Pío García-Escudero, declarará el mismo día que él en los juzgados de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional aligerando la carga de la noticia sobre el presidente. Como representantes de altas instituciones del Estado que son, Rajoy y García-Escudero pudieron pactar el día y la hora de su declaración. Y, siendo conocida desde hace meses la del jefe del Ejecutivo, la del político madrileño, aceptada hace unas semanas, se fijó justo después de la del líder conservador; ésta será a las 9:30 horas y la del presidente del Senado, a las 11 horas.

Lo que más perturbará el descanso del presidente –que también se verá interrumpido en el habitual despacho con el rey en su residencia mallorquina de verano de Marivent– será Cataluña, un polvorín donde cada día hay una explosión a medio sofocar. Días antes del cierre de esta edición dimitía el director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, quien tras haberse manifestado a favor de la neutralidad del cuerpo policial en el procés justificó su decisión por razones políticas.

Un día después le seguía el director del servicio catalán de emergencias, Frederic Adan. Al siguiente el Tribunal de Cuentas abría el procedimiento para exigir al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, pagar con su patrimonio los más de cinco millones de euros que costó la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Y en otra vuelta de tuerca, la Guardia Civil se personó este jueves en las sedes del Parlament de Cataluña, la Generalitat y el departamento de Justicia para requerir documentación sobre el caso del 3%.

Con las dimisiones también de varios consejeros de la Generalitat, el recrudecimiento del proceso secesionista plantea un escenario donde la convocatoria del referéndum acabe perdiendo fuelle y, como ocurriera tras el 9N, lo que haga es preparar el terreno para una convocatoria electoral. Posterior y no previa a la consulta, a pesar de las palabras del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien en una entrevista en Catalunya Ràdio declaraba este martes que no descarta que el Estado pueda forzar unas elecciones autonómicas para frenar el referéndum previsto. “No podemos descartar nada que la ley permita hacer”, aseguraba, si bien el propio Gobierno desestima una posibilidad que plantea grandes inconvenientes jurídicos y que entraría en un terreno que trata de evitar, como es el de cargar las tintas para que el independentismo saque provecho de ello.

La fecha que sí aparece ya marcada en el calendario político es la del 15 de agosto. Ese día se reanudan las sesiones del Parlament para preparar el referéndum. Antes el 26 de julio, día del último pleno antes de las vacaciones, la mayoría independentista en la Cámara autonómica aprobará la reforma del reglamento para tal fin y al objeto de que el president, Carles Puigdemont, pueda convocar a los catalanes a votar el 1 de octubre. Según ha adelantado El País, lo haría en la sesión plenaria del 6 de septiembre, a escasos días de la celebración de la Diada.

Siguiendo con su estrategia de judicializar la política, interrumpida durante los meses en que la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, se dedicó a viajar a Barcelona para encontrarse con el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, el Gobierno y también el Tribunal Constitucional permanecerán de guardia este verano para presentar y resolver los recursos con los que el Ejecutivo espera contestar a cada uno de los movimientos que se den en Cataluña sin que las partes enfrentadas den ninguna pista sobre qué harán a partir del 2 de octubre.

Este jueves, en el acto de inauguración del nuevo Parador Nacional de Lleida anunciado por Moncloa días antes, Rajoy sobrevolaba el crudo enfrentamiento entre el Estado central y el Govern empleando el tono conciliador para apelar al sentido común y la empatía entre los españoles y también entre las administraciones “frente a los caminos de ruptura que no llevan a ninguna parte”.

La corrupción, Cataluña y la economía. Estos fueron los tres desafíos con los que Rajoy comenzó su nueva andadura política tras su investidura a finales de octubre. El primero sigue cercando al partido en el Gobierno impidiéndole remontar en las encuestas, pero los conservadores parecen haber tocado fondo y mantienen su primer puesto. El segundo está más vivo que nunca y pondrá a prueba a un presidente que, como es costumbre, está manejando los tiempos para tratar de que jueguen a su favor y rompan la resistencia del adversario. Y, de los tres, el último es el que mejor ha sabido resolver el presidente.

Tras meses de negociaciones, el Ejecutivo ha logrado aglutinar una mayoría mínima para sacar adelante los presupuestos de este año y el techo de gasto. Los votos de Ciudadanos, partido con el que tiene un acuerdo de investidura, los del PNV, una formación pragmática con exigencias de índole económico, el de Coalición Canaria, que a cambio ha obtenido mayores inversiones en las islas, y la abstención de Nueva Canarias, que ha conseguido semejantes réditos a cambio de su abstención, han permitido a Rajoy encarrilar una legislatura tanto o más complicada que la primera.

Porque si entonces tuvo que lidiar con las insostenibles cifras de paro, la respuesta ciudadana a los recortes públicos y la amenaza del rescate, ahora y dejando al margen el procés tiene enfrente a un renacido Pedro Sánchez y a un pactista Pablo Iglesias que prometen ponérselo muy difícil al presidente. Si bien mantienen distintas posiciones respecto a Cataluña, los líderes del PSOE y Podemos ya se han reunido en dos ocasiones desde la reelección del primero como secretario general socialista. Para pactar la creación de grupos de trabajo con los que acercar posturas y para acordar iniciativas parlamentarias que, con el apoyo de fuerzas minoritarias o incluso con el de Ciudadanos –ya se pusieron de acuerdo con la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP o con la despolitización de RTVE–, les permita evidenciar la fragilidad del Gobierno o arrastrar consigo en las votaciones a una formación que necesita evitar esa imagen de debilidad.

Antes de que llegue o no una moción de censura, las dos formaciones de izquierda van a tratar de aprovechar s sus coincidencias, fundamentalmente de índole socioeconómico, para sacar adelante las que sea posible y de paso socavar al Ejecutivo. Éste puede ejercer su derecho a iniciativas parlamentarias como ya viene haciendo desde el comienzo de la legislatura. Pero hacerlo en cuestiones de gran calado que además cuentan con un respaldo mayoritario de los grupos de la Cámara saben en Moncloa que es una mala estrategia. Así las cosas, reformas como la de la ley mordaza podrían contar con la participación de los populares. Pero ya vienen advirtiendo desde hace tiempo que no van a aceptar una “enmienda a la totalidad” de toda la legislatura en la que, con mayoría absoluta, sacaron adelante medidas tan polémicas como la reforma laboral.

El Ejecutivo popular defenderá como hasta ahora su legado con las fuerzas algo más mermadas que cuando arrancó la legislatura. Dos ministros, Rafael Catalá y Cristóbal Montoro, ha sido reprobados por la oposición. El primero, por “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”, según la moción presentada por el PSOE y votada en mayo. El segundo, en otra moción instada también por los socialistas, por haber beneficiado a los defraudadores con la amnistía fiscal aprobada en 2012 y que en junio era declarada inconstitucional.
El marcador del Consejo de Ministros luce así un 1 a 1. El titular de Justicia se considera heredero del viejo G-5 –G-8 contando con él, con la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, y en sus orígenes con el de Cultura, José Ignacio Wert– enfrentado a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, de quien Montoro es uno de sus principales aliados. Circula mucha literatura sobre la conexión que podría haber entre la número dos del Gobierno y máxima responsable del CNI y las filtraciones sobre la conversación entre Catalá e Ignacio González que consta en la operación Lezo y que desencadenó la reprobación del ministro. También sobre la eterna pugna entre la  vicepresidenta y María Dolores de Cospedal que, siendo una responsable de los servicios de inteligencia y otra titular de Defensa con Juan Ignacio Zoido como aliado al frente de Interior, han extendido la pelea a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

Lo cierto es que los mentideros políticos se despiden hasta septiembre animados con tantos comentarios que de forma intencionada llegan de cuando en cuando a los medios. Y Rajoy, que asiste en primera fila al espectáculo, ve cómo a su alrededor se diluyen los liderazgos que, teniendo como tiene varios frentes abiertos, podrían menoscabar el suyo.

 


Mariano Rajoy está citado a las 9:30 horas este miércoles, 26 de julio, en la Audiencia Nacional / EUROPA PRESS

Expectación por Gürtel

Como diría el propio Mariano Rajoy, su declaración en el juicio de Gürtel no es un hecho menor. Comparecerá en calidad de testigo, pero no deja de revestir cierta gravedad que lo haga ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso para dar explicaciones sobre la financiación del partido que lidera.

Tratándose de un hecho insólito para un presidente del Gobierno –Felipe González ya había abandonado La Moncloa cuando declaró por el caso Gal–, la expectación es máxima. Por eso y porque acostumbra a conducirse con la disciplina de un opositor, el jefe del Ejecutivo prepara su declaración a conciencia con ayuda de su abogado y exfiscal, Jesús Santos, sin que por ello se esperen grandes revelaciones en su declaración: siendo Álvaro Lapuerta el tesorero del PP durante los años y hechos investigados, será a él a quien señale Rajoy como responsable de las cuentas de la formación.

Y si le preguntan por Luis Bárcenas y sus papeles, el líder popular puede apoyarse en las declaraciones previas de los exsecretarios generales del PP que ya han desfilado por el tribunal de Gürtel y en la comparecencia del propio extesorero en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de su partido; los primeros negaron su existencia y este último exculpó al partido que le despidió en diferido de cualquier relación con lo que él denomina “contabilidad extracontable”. 

Será el miércoles, 26, cuando se conozcan los detalles. Y cuando se sepa si, como han publicado varios medios, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, recibe en persona a Rajoy. Según el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, se trataría de un trato de favor “intolerable” que “deteriora la imagen de la justicia, genera malestar entre los profesionales de la justicia y también en la ciudadanía, y quiebra la imagen de separación de poderes”, recordando además que no comparece como presidente del Gobierno sino como responsable de un partido político acusado de corrupción.