Tribuna / Bruno Estrada Tiempos de hoy

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                Nº 1212. 8  de septiembre de 2017

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Tribuna / Bruno Estrada

Plurinacionalidad:
¿Por qué Spain is different?


El artículo 2 de nuestra Constitución, el que define la cuestión nacional, fue impuesto por las fuertes presiones realizadas por algunos militares de los sectores más inmovilistas del régimen franquista a los representantes legítimos de la voluntad popular, según denunció en su día Jordi Solé Tura

¿Qué le pasa a España en relación con su identidad nacional?

En Europa la nación se ha considerado en Europa como un agrupamiento humano delimitado por un territorio y caracterizado por similitudes culturales. Ello es debido a que los Estados-nación europeos que se consolidaron durante los siglos XVIII, XIX y XX, en el proceso de desmembramiento de los Grandes Imperios, lo hicieron desde esta perspectiva identitaria, reivindicando una supuesta homogeneidad cultural principalmente en base a la religión y, sobre todo, la lengua. En la práctica casi todos los nuevos países surgidos durante el Romanticismo tuvieron un “poeta nacional” que reivindicó la lengua nacional frente al idioma impuesto por el Imperio. Esto no ha sucedido de igual forma en otros continentes.

El abrupto fin del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial, significó la culminación del proceso de creación de Estados-nación europeos a partir del progresivo desmoronamiento de los viejos Imperios, un proceso que se inició con la Paz de Westfalia de 1648, al permitir la virtual independencia de todos los Estados que integraban el Imperio Germánico.

Sin embargo, la configuración de España como uno de estos Estado-nación no es aplicable a nuestro país. Hay que recordar que durante el siglo XVII y principios del siglo XIX, España siguió siendo un Imperio, decadente pero Imperio al fin y al cabo. Resulta evidente, por tanto, que el proceso de identidad nacional en nuestro país no puede ser similar al de los Estados-nación europeos surgidos en el siglo XIX y XX.

El definitivo desmoronamiento imperial de España a finales del siglo XIX, con la pérdida de Cuba y Filipinas, hizo que la debilidad del Estado central quedara bien patente. Ello dio lugar  a que en la península surgieran procesos de reivindicación identitaria similares a los que habían sucedido en el resto de Europa: en 1881 Valentí Almirall fundó El Diar Catalá; en 1895 Sabino Arana fundó el PNV; en Galicia en 1916, con cierto retraso, se crearon las Irmandades da Fala (de la Lengua).

Frente al proceso de construcción nacional identitaria que se desarrolló en Cataluña, en el País Vasco y, con algo de retraso, en Galicia desde finales del siglo XIX se produjo una estúpida reacción españolista que intentó recrear en nuestro país una identidad nacional española basada en un supuesto ideario nacional-católico trufado de elementos culturales castellanos y andaluces.

Un ejercicio estéril que dio lugar a algunos de los monstruos más esperpénticos del franquismo, en relación con la reivindicación de la raza. El esperpento alcanzó su culmen con la película homónima, Raza, cuyo argumento pertenece al propio Franco.

Con posterioridad desde la izquierda se intentó reivindicar un “espacio nacional español” diferente al construido desde la derecha, y se tomó como ejemplo Francia: una identidad nacional construida desde la izquierda. El error, a mi juicio, consistió en querer construir la ficción de que en nuestro país existía una supuesta homogeneidad cultural, similar a la que en Francia se estableció tras la Revolución Francesa. En la construcción de ese “jacobinismo español”, que fue heredero de la visión centralista de España que tenía el franquismo, se implicó una parte importante del PSOE. Esa es la razón por la que aún este partido está empantanado en esta cuestión. Hay que recordar que quienes detentan gran parte del poder institucional que aun retiene el PSOE, en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, son quienes mantienen esas posiciones jacobinas.

En los grandes países, no me refiero a grandes por extensión o población, si no aquellos países cuyos valores y forma de organizar la sociedad resultan atractivos para quienes no son sus ciudadanos de nacimiento y querrían ser sus ciudadanos por adopción, en ellos la capacidad de atracción viene determinada por su capacidad de ser espacios humanos democráticos, abiertos, mestizos, diversos, tolerantes, capaces de defender la libertad de todos y cada uno de sus ciudadanos, independientemente de cuál sea su origen geográfico, lingüístico, o racial.

Para que España siga existiendo como unidad política y cultural en la que convivamos más de 45 millones de personas es necesario que intentemos superar los monstruos creados a partir de inexistentes identidades homogéneas que, por definición, son excluyentes.

Por eso hay que ser plenamente conscientes, por mucho que algunos constitucionalistas se empeñen en olvidarlo, de que nuestro actual marco constitucional no fue plenamente democrático en relación con la definición de la unidad de España.

El artículo 2 de nuestra Constitución, el que define la cuestión nacional, fue impuesto por las fuertes presiones realizadas por algunos militares de los sectores más inmovilistas del régimen franquista a los representantes legítimos de la voluntad popular, según denunció en su día Jordi Solé Tura, ponente constitucional: “Recibimos un papel escrito a mano y procedente de la Moncloa en la (sic) que se proponía una nueva redacción del artículo segundo (…)  que no se podía variar ni una coma, porque aquél era el texto literal del compromiso alcanzado con los sectores consultados”.

La Constitución de la Federación Rusa, otro país de pasado imperial, que en la actualidad tiene más de 140 millones de habitantes, y que representa el 11% de la superficie terrestre del planeta, dice en el artículo 3: «En la Federación Rusa, su pueblo multinacional es el titular de la soberanía y fuente única del poder».
No soy jurista, pero tal vez la introducción de un término similar al «pueblo multinacional» en el artículo 2 de la Constitución Española facilitaría encontrar un acomodo de todas y todos en una nueva Constitución que debería durar, al menos, otros 40 años. Una nueva Constitución que muestre al mundo los valores sobre los que queremos que se conforme la sociedad española: libertad, inclusión, democracia, respeto a la diversidad, solidaridad, compromiso medioambiental, tolerancia, mestizaje y plurinacionalidad.

Las palabras, también en el derecho y en la política, deben servir para construir puentes entre las personas, no para crear artificiales muros de frases retóricas y vacías.

 

Firma

Economista, adjunto a la Secretaria General de CC OO. Es director adjunto del Programa Modular de Relaciones Laborales de la UNED y miembro de la Junta Directiva de Economistas Frente a la Crisis y del Consejo Internacional de Economía de Podemos. Es autor de la obra de teatro Escuela Rota, representada en Madrid, y productor de varios cortometrajes y películas con los que la productora Dexiderius ganó dos Goyas. Ha publicado diversos libros e informes económicos como La economía que viene (Ed. Iniciativa Ecosocialista) o ¿Qué hacemos con la competitividad? (Ed. Akal).

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