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                          Nº 1217. 13  de octubre de 2017

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Política / Virginia Miranda

Rajoy y Sánchez se alían en la respuesta a un Puigdemont atrapado
entre el 155 y la CUP

Pacto de Estado

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han escenificado un acuerdo hasta hace bien poco impensable. El milagro lo ha obrado la gravísima crisis provocada por el Govern de Cataluña y desde esta semana son dos aliados embarcados en la tarea de evitar que España se rompa. Con las fuerzas independentistas catalanas divididas frente a la ambigua Declaración de Independencia de Puigdemont, ambos se han puesto el traje de hombres de Estado ofreciendo a los secesionistas unos días para rectificar a cambio de un plazo de un año para reformar la Constitución y debatir la mejora del encaje de Cataluña en España. En caso contrario, la única alternativa discurre por los inexplorados caminos del artículo 155, ya activado por el histórico pacto Rajoy-Sánchez.


Rajoy y Sánchez han dejado a un lado sus diferencias para afrontar la mayor crisis política e institucional desde la Transición / FERNANDO MORENO

Rajoy consigue de Sánchez su apoyo al 155, que no quería aplicar en solitario. Sánchez, el de Rajoy a su oferta  dialogada de reforma de la Constitución   Puigdemont dinamita la unidad de las fuerzas independentistas, la CUP le retira su apoyo y el Gobierno le exige un paso atrás

Desde el Partido Popular llevaban semanas diciendo que, de declarar Carles Puigdemont la independencia de Cataluña, sería muy difícil aplicar el artículo 155 de la Constitución sin el concurso del PSOE. Su mayoría en el Senado le permite poner en marcha su impreciso poder coercitivo frente al incumplimiento de las leyes, pero Mariano Rajoy no quería dar un paso inédito de imprevisibles consecuencias políticas en solitario.

Mientras, los socialistas han tardado en darle al presidente su respaldo inequívoco. Si en el mes de julio descartaban la posibilidad de apoyar al Gobierno central con medidas que pueden implicar, entre otras cosas, la suspensión de la autonomía catalana, la aprobación de las leyes de referéndum y desconexión les llevó a replantearse esta posibilidad y, la noche del 10 de octubre, unas horas después de que Carles Puigdemont declarara la independencia para a renglón seguido dejarla en suspenso, Pedro Sánchez se comprometía con Rajoy a darle el espaldarazo que tanto había esperado.

El mismo Pedro Sánchez que protagonizó agrios debates con el líder popular, el que optó a una investidura tras quedar segundo el 20-D, el que fue defenestrado acusado de coquetear con los independentistas tras el 26-J y el que ha regresado a la secretaría general del PSOE con el aplauso de Podemos, es ahora el aliado de Mariano Rajoy en el pacto de Estado más ambicioso que ha habido en democracia, el que tratará de evitar que España se rompa.

Como Barcelona, Madrid ha vivido la escenificación de uno de los actos que habrán de escribir una historia de incierto desenlace y donde sus protagonistas rehúyen ya de cualquier movimiento que, como las cargas policiales del 1-O, deban lamentar.

Antes de las diez de noche del martes, después de acabar el pleno del Parlament, Sánchez salía de Ferraz rumbo al Palacio de La Moncloa, donde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecía ante los medios para subrayar que el diálogo sólo cabe dentro de la ley. Allí permaneció el líder socialista por espacio de casi dos horas sin que trascendiera el contenido de su conversación con el presidente. Mientras, el Gobierno anunciaba un Congreso de Ministros extraordinario a las nueve de la mañana del día siguiente.

Tres horas después de que diera comienzo, en otra declaración institucional, Rajoy informaba de la decisión adoptada por su gabinete: requerir formalmente al Govern para que confirme si había declarado la independencia de Cataluña, paso previo a las medidas que pueda adoptar el Ejecutivo en aplicación del 155 y que dependerán de la respuesta de Puigdemont. Según figura en el requerimiento, el Gobierno ha dado al president hasta el lunes para contestar y hasta el jueves para que rectifique. De no avenirse Puigdemont a este requerimiento, el segundo plazo marcaría el inicio de la aplicación del artículo, siendo el Senado el lugar donde el Ejecutivo debería plantear las medidas que pretende aplicar.

Poco después era Pedro Sánchez quien comparecía ante la prensa. El secretario general del PSOE confesaba que no habían sido pocas las reuniones y conversaciones que había mantenido con Mariano Rajoy, algunas de ella sin que hubieran trascendido, para hablar del desafío independentista catalán. La última, la noche anterior. Allí acabó de perfilarse un acuerdo que supone renuncias por ambas partes; el PSOE ya había anunciado que retrasaría su propuesta para pedir la reprobación de la vicepresidenta por la actuación de la policía y la guardia civil en Cataluña durante la celebración del referéndum ilegalizado y el presidente se comprometió a reformar la Constitución.

Este movimiento del jefe del Ejecutivo en el tablero catalán, en un momento de crisis política e institucional sin precedentes desde la Transición y sobre el que las instituciones europeas han aconsejado diálogo y negociación a todas las partes en conflicto, interesaba tanto a Rajoy como a Sánchez que fuera este último quien lo hiciera público: el primero trataba así de rehuir las acusaciones de tibieza y el segundo, que lleva tiempo defendiendo la reforma constitucional y el diálogo para buscar un nuevo encaje de Cataluña en España, lograba una contraprestación a cambio del desgaste político que le puede suponer su apoyo al artículo 155.

Así y continuando con la escenificación de dos políticos vestidos de hombres de Estado, era Sánchez quien, durante su intervención desde la sala de prensa de Ferraz, anunciaba que el PSOE apoyaba las medidas del Gobierno para evitar la independencia de Cataluña y que había acordado con Rajoy abrir la reforma constitucional. Un proceso que vendrá precedido de seis meses de trabajo en la comisión para la actualización del modelo autonómico, conocida como comisión para Cataluña e iniciativa de los propios socialistas, y que deberán ser abordados en el seno de la Comisión Constitucional.

A las cuatro de la tarde, Rajoy se subía a la tribuna del Congreso en un pleno pendiente desde el 1-O. Tras su intervención siguió la de Margarita Robles. La portavoz del grupo socialista, como hizo horas antes Sánchez, reivindicó la historia del PSOE para defender que se haya sumado a la defensa de la Constitución y del Estado de derecho. En la contrarréplica, agradeció al presidente del Gobierno que se hubiera sumado a las propuestas socialistas para avanzar en la reforma de la Constitución.

La alianza PP-PSOE apenas se vio empañado de manera formal por el reproche de la portavoz socialista a la tardanza con la que se había celebrado el pleno anunciado diez días antes. Y permitió a los populares proferir su segundo suspiro de alivio en dos días. El primero, tras saber que Puigdemont no se había precipitado hacia la DUI. El segundo, tras conocer el aval socialista, una decisión de la que hay quien recela por lo que la reforma constitucional pueda suponer de renuncia pero que no ha sido cuestionada.

Ahora queda por ver cómo se concreta la aplicación del 155 pero, estando detrás el PSOE, se prevé gradual y menos invasiva. Como dice Rajoy siempre que tiene ocasión, proporcional. Esto es, que irá reaccionando en función de las decisiones adoptadas por la Generalitat y el Parlament. Dicen en el PP que es lo que ya venía haciendo. Porque él es registrador de la propiedad y no le puedes pedir que te recite el tema cinco cuando la lección va por el tres. La diferencia, ahora, es que tiene a quien ‘cantarle’ los temas. Y eso le podría permitir encontrar el equilibrio entre quienes le llaman indolente y quienes le acusan de mano dura.

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El líder de Ciudadanos le ha dicho a Rajoy que la crisis catalana no se resuelve con un “burofax” y éste le ha recordado que le hace saber todas
sus decisiones / FERNANDO MORENO

Rivera queda fuera de foco

La escenificación del pacto entre el PP y el PSOE ha dejado fuera de foco a Ciudadanos, un partido que ha firmado sendos pactos con una y otra formación para permitir la gobernabilidad de España, que en cada uno de ellos acordó la reforma de la Constitución y que ha apoyado al Gobierno en su respuesta al desafío independentista del Govern catalán.

La formación de Albert Rivera acostumbra a estirar sus 32 diputados acumulando victorias en su marcador político, pero en esta ocasión no han sido suficientes y han acusado su posición minoritaria. La misma noche del 10 de octubre, el líder de la formación naranja mantuvo una conversación telefónica con Rajoy y no una reunión como Pedro Sánchez. Conversación donde el jefe del Ejecutivo le dijo que saldría él a hacer una declaración institucional que finalmente hizo la vicepresidenta.

Al día siguiente vino el ‘desplante’ definitivo, cuando el secretario general del PSOE anunció el acuerdo que había alcanzado con el presidente. Así pareció interpretarlo Rajoy tras escuchar una intervención de Rivera con más duda de lo esperado. “No entiendo su intervención”, “yo le he contado todas mis decisiones”, dijo el líder conservador a su socio de investidura.

Éste, en un tono vehemente, acababa de decirle al presidente que la crisis que se vive en Cataluña no se resuelve con un “burofax”, en alusión al requerimiento que acababa de enviar el Gobierno a Puigdemont para que aclare si había declarado la independencia. Y que estaba de acuerdo con la reforma constitucional, “pero no para que los que den un golpe a la democracia salgan ganando”.

 

 

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El president ha atendido las voces que desde su propio partido le instaban a que pisara el freno.

Política / M.C.

Puigdemont dinamita la unidad independentista

La pugna entre moderados y radicales en las filas independentistas que se ha agudizado desde el 1-O terminó decantándose a favor de los primeros apenas una hora antes de la comparecencia del president Puigdemont en el Parlament.  La cara de los diputados de la CUP abandonando unas de las salas de la Cámara catalana tras conocer que Puigdemont no iba a proclamar la independencia a secas, como habían acordado con él apenas dos días antes, lo decía todo. Más tuvieron que disimular algunos de los representantes de ERC, que conocieron la decisión final de Puigdemont en la reunión de la Ejecutiva pocas horas antes. De hecho, según algunas informaciones, la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, estuvo a punto de plantarse y llegó a amenazar con dimitir poco antes de la comparecencia de Puigdemont tras saber que no se le había comunicado a la CUP la decisión final, lo cual ponía en riesgo de ridículo a Junts pel Sí y a la Generalitat.

Según han explicado los portavoces de la CUP, la versión que se les contó es que una llamada europea in extremis, la misma tarde del martes, había aconsejado actuar así, para que no se dieran “pasos irreversibles”. No ha trascendido quién o quiénes son esos políticos internacionales que habrían contactado con el president, aunque no faltan informaciones que señalan al presidente del Consejo Europeo, Donal Tusk. En la misma tarde del martes, Tusk, ante el Comité de las Regiones, reunido en Bruselas, afirmaba: “President Puigdemont, le pido que respete el orden constitucional y no anuncie una decisión que haga imposible el diálogo”.

Quizá por la intervención in extremis de Mas, quizá por propia convicción de Puigdemont, parece que el president ha terminado atendiendo las voces que desde su propio partido le instaban a que pisara el freno y que han arreciado en los últimos días tras conocerse la mudanza de multitud de empresas fuera de Cataluña. Una ‘facción moderada’ encabezada por el propio Artur Mas, su número dos en el PDeCAT, Marta Pascal, y el conseller de Empresa Santi Vila, que históricamente se ha manifestado contrario a la vía unilateral.

Fue Mas el último en abandonar el Palau de la Generalitat el lunes, a eso de las nueve y media de la noche, tras haber ultimado con su sucesor los detalles de su intervención. Y lo hacía después de haber manifestado en una entrevista al Financial Times que “Cataluña no está prepara para la independencia real”. El presidente del PDeCAT difundió luego la grabación de la entrevista para desmentir el titular, a pesar de que lo que la idea de lo que afirmaba estaba recogida en titular. Y es que, según él, la cuestión no es: “cómo se proclama la independencia si no cómo se ejerce en algún momento como país independiente, es decir cómo se hace efectiva la independencia de Catalunya. [...] Lo importante es que aquella declaración acabe siendo el funcionamiento de un país realmente independiente”. “El tema está en qué condiciones un país o un Estado pasa a ser independiente. Y eso no se puede resolver en una declaración”, resumía Mas en una entrevista a eldiario.es, dando alguna pista de por dónde podían ir los tiros de la intervención de Puigdemont, mucho antes de que se produjera esa supuesta llamada de alguna autoridad intermediadora.

Un Artur Mas que, por cierto, se ha topado con que SegurCaixa Adeslas, participada por el grupo Mutua Madrileña y CaixaBank –una de las empresas que se ha mudado de Cataluña en los últimos días-, ha denegado su petición de cubrir la fianza de 5,2 millones que le exige el Tribunal de Cuentas por la organización del 9-N. El expresident de la Generalitat tenía con ellos una póliza de responsabilidad civil por su cargo, pero no cubría los gastos derivados de delitos o condenas de la justicia.

Paralelamente, Marta Pascal daba en el clavo de una de las cuestiones centrales que ha manejado el independentismo tras el 1-O y las cargas policiales que indignaron a buena parte de la sociedad catalana. Cuestionada sobre cuándo se iba a proclamar la independencia, Pascal aseguraba que “nos preocupa poco el tiempo”, porque lo que realmente interesa al Estado Mayor del procés es que “no queremos perder a nadie”. ¿Quién es ese nadie? El sector de la sociedad catalana no independentista pero partidario del referéndum y que, en buena medida, se referencia en el espacio político que capitanea Ada Colau, los Comunes (ver apoyo).

Así las cosas, no faltan las voces que señalan que Puigdemont ha cambiado a la CUP por los Comunes o, lo que es lo mismo, a la desconexión unilateral por el referéndum acordado, como han venido defendiendo Colau y los suyos, junto a Podemos. Pero a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos días y de la reacción del Govern a la teórica activación del artículo 155 de la Constitución tras llamar al orden a Puigdemont, lo cierto es que el president ha dinamitado la unidad del independentismo. Tanto en el Parlament, como en la calle.

En la noche del martes, después de que Anna Gabriel dejara claro el enfado de la CUP con el discurso de Puigdemont, otro de los portavoces de la CUP, Quim Arrufat, dejaba claro que “no volveremos a una actividad parlamentaria autonómica hasta que no se den pasos firmes hacia la república” y que “no permitiremos que esta legislatura acabe de otra forma que no sea aplicando el resultado del referéndum”. Es decir, la CUP, clave con sus 10 diputados para la mayoría del bloque independentista, da la legislatura por finiquitada si no hay independencia.

Los portavoces de ERC guardaron silencio hasta el miércoles, cuando el también vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, descartaba “del todo” que pueda haber elecciones anticipadas en Cataluña como vía de solución a la crisis, a pesar de que ha sido una opción que ha estado en la mesa y que ha sido considerada por el Govern y por el Estado Mayor del procés. En declaraciones a RAC1, Junqueras ha reafirmado el compromiso del Govern de aplicar el resultado del referéndum del 1-O si la apuesta por el diálogo lanzada por el president no obtiene sus frutos. En este sentido, ha señalado que “lo que quiero es que este trabajo culmine de la mejor manera posible y lo más rápido posible”, por lo que “hacer ahora unas elecciones no ayudarían a que fuera rápido. Las descarto del todo”, ha insistido. Eso sí, en un aviso a navegantes ha subrayado que “yo seguro que las descarto y espero no ser el único que las descarte”. El problema para el Govern es que quizá pierdan la potestad para convocarlas en función de cómo el Ejecutivo de Mariano Rajoy termina poniendo en marcha el artículo 155. De momento, tras recibir el requerimiento del Gobierno para aclarar si ha declarado o no la independencia, Carles Puigdemont colgaba en Instagram una fotografía con un tablero de ajedrez. Continúa la partida.

 


Antes de que compareciera en el Parlament, la alcaldesa de Barcelona instó a Puigdemont a que no declarara la independencia.

El president lanza un guiño a Colau

El día antes de que Puigdemont acudiera al Parlamento, Ada Colau comparecía públicamente acotando, a su juicio, hasta dónde podía llegar el presidente de la Generalitat.  Los votos del “1-O no pueden ser un aval para declarar la independencia”, subrayaba la alcaldesa, dejando claro al mismo tiempo que marca "un antes y un después en la política catalana", ya que “fue un acto de soberanía popular que marca el final del modelo autonómico en Cataluña”. Y pedía a Rajoy y Puigdemont que no tomen ninguna decisión que pueda dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo” y actúen “con la cabeza fría y con responsabilidad”.

Colau señalaba así directamente al gran debate que ha arreciado en las filas del independentismo en los últimos días: si el 1-O les legitima para proclamar la independencia o no. El debate existe y el PDeCAT tiene clara su posición. La número dos del partido, Marta Pascal, una de las principales voces de los moderados en el entorno del president señalaba a finales de septiembre, antes de la votación, que la declaración de independencia “no es el mandato que hemos recibido” y que “no tiene sentido” porque ni forma parte de ese mandato “ni la quiere la ciudadanía”. Y subrayaba que “cualquier tipo de declaración política pasa antes por tener un referéndum o un mandato democrático claro”, sin cerrar la puerta a que ese mandato democrático pueda venir de unas elecciones plebiscitarias ‘bis’ tras el 1-O.

El análisis que se hizo desde Junts pels Sí tras el 27-S es que el plebiscito se había perdido en votos, sí, pero porque faltaban los partidarios de la independencia que habían votado en esas elecciones a Catalunya Sí que es Pot, el espacio político que ahora forma parte de Catalunya en Comú. Por tanto, era imprescindible sumarlos a su causa. Pero Colau nunca ha sido partidaria de la independencia y de la vía unilateral, y lo volvió a dejar claro el lunes. Tampoco del 155, así que habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos y cómo reacciona el Estado con la aplicación del inexplorado artículo, pero no es descartable que la estrategia del independentismo pase por sumar voluntades en la defensa del referéndum acordado, descartada la desconexión unilateral. En cualquier caso, parece que Puigdemont y los suyos pretenden tener de su lado a los Comunes antes que a la CUP en su envite final con el Estado.

Sea como fuere no deja de resultar llamativo que Puigdemont haya adoptado el discurso que han venido empleando los Comunes y Podemos en todo este asunto. Hace unos días, tras la reunión de la mesa de partidos convocada por la formación morada, que contó con la presencia de ERC, PDeCAT y PNV, Pablo Iglesias instaba a Gobierno y Generalitat a “que se pongan de acuerdo en una mediación, que se sienten en una mesa para discutir en principio exclusivamente de una persona o un equipo de personas que puedan mediar para iniciar un diálogo político”. Y el pasado miércoles, en una entrevista concedida a la CNN, Puigdemont señalaba que “lo que podría ayudar a propiciar el diálogo es que dos personas que representen al Gobierno español y dos personas que representen al Govern catalán se sienten con un único y simple punto, estar de acuerdo en nombrar a un mediador”.