Sin Maldad / José García Abad Tiempos de hoy

-

 
   

 Nº 1223. 24  de noviembre de 2017

- - --

 



Sin Maldad / José García Abad

Cupo vasco: impuesto revolucionario por otros medios

Aceptado el Cupo queda el problema de su cuantificación,  que Rajoy ha fijado en 1.200 millones de euros. La insuficiente aportación vasca a los gastos del Estado, la no contribución proporcional en razón de su riqueza en solidaridad con las demás comunidades, ha llegado en algunas ocasiones hasta el ridículo al establecer de hecho un “cupo negativo”, la aportación negativa, o sea, una contradicción de términos. El presidente vasco, Iñigo Urkullu, advierte de que el Cupo representa una línea roja,  que una vez traspasada llevaría a la ruptura

La aprobación, tardía pero eficaz, de los Presupuestos para  2018 bien valía una misa, una alianza de la racionalidad y la justicia con fueros anacrónicos e injustos. Como le valió una misa a Enrique IV, hugonote que se hizo católico, precio requerido para ocupar el Palais du Louvre.

Lo del Concierto vasco y el Convenio navarro fueron la concesión que tuvo que hacer la joven democracia para no abortar de inmediato. Fue, salvando las distancias, un impuesto revolucionario. Un trágala a los constituyentes que evitaba males mayores.

La Constitución de 1978 fue un pacto complicado al realizarse en circunstancias excepcionales: la transición de la dictadura a la democracia tras la muerte de Franco vigilada por generales con sables desenvainados.

Con unos partidos políticos que salían del hoyo de la clandestinidad y con fuertes resistencias del régimen agonizante, el presidente Suárez, nombrado por el rey Juan Carlos ante la perplejidad general, demostró su virtuosismo en el arte de los encajes de bolillos para fijar unas bases mínimas de acuerdo para una convivencia pacífica.

Las tensiones en el debate constitucional no surgieron como era habitual en nuestra historia de la tradicional pugna entre las derechas y las izquierdas, sino en la cuestión territorial y, muy concretamente,  en la inclusión de Cataluña y el País Vasco.

El reconocimiento de Josep Tarradellas, el último presidente de la Generalitat traído del exilio por Adolfo Suárez y por tanto la aceptación de unos derechos “históricos”,  o sea, preconstitucionales, fue, junto con la legalización del Partido Comunista, una de las operaciones más arriesgadas del primer presidente de la democracia.

El asunto vasco fue más peliagudo y los resultados menos consistentes al producirse la abstención del PNV en el consenso constitucional al no admitir la Carta Magna, más allá de alguna concesión retórica, derechos anteriores a la norma fundamental. Lo que no ocurrió con el Convenio navarro, que respetó hasta Franco.

Hay que tener muy en cuenta la virulencia del terrorismo etarra durante el franquismo y la Transición. En este ambiente surgió el Concierto vasco, que rompía la igualdad fiscal entre los españoles. Los gobiernos forales recaudaban y pasaban al Estado un “cupo” que se suponía respondía a los gastos estatales en las competencias no transferidas, como el Ejército o la diplomacia.

El principio y su aplicación, el fuero y el huevo,  representaba un agravio comparativo en otros territorios y especialmente en Cataluña, pero en aquellos momentos se aceptó por imperativo fáctico.

Con este régimen fiscal se daba al País Vasco algo más que una autonomía: se admitía casi una confederación, a un paso de la independencia. No es extraño que los nacionalistas catalanes, que en su día rechazaron un concierto semejante, reclamaran después con vehemencia tan privilegiada condición alegando que a ellos se la negaban porque no recurrían al terrorismo.

Ahora, cuando los nacionalistas catalanes pasan de Cupo y optan abiertamente por la independencia, la cuestión rebota en otras comunidades autónomas, especialmente  Andalucía y Valencia, gobernadas por socialistas que expresan su deseo de acabar con semejante agravio y reivindican un principio básico socialista que reivindica Susana Díaz: “Igualdad en cualquier rincón de España”.

Es un principio que comparte en teoría el secretario general, pero está condicionado en la práctica al gobernar su partido en el País Vasco en coalición con el PNV.
Sánchez, que pisa ascuas, consciente de que es un asunto conflictivo en el interior de su partido,  se limita a plantear la necesidad  de "modificar y actualizar el Cupo".  

En todo este asunto el más claro y cortante es Ciudadanos, que ya lo había rechazado anteriormente en su totalidad, lo que le costó la desaparición de los territorios que lo disfrutan.

Aceptado el Cupo queda el problema de su cuantificación,  que habría que establecer cada cinco años pero que no hicieron ni Zapatero ni Rajoy y que ahora éste ha fijado en 1.200 millones de euros. La cuantificación de ese Cupo, la aportación vasca a los gastos del Estado y su no contribución proporcional a su riqueza en solidaridad con las demás comunidades, ha llegado en algunas ocasiones hasta el ridículo al establecer de hecho un “cupo negativo”, la aportación negativa, o sea, una contradicción de términos.

El presidente vasco, Iñigo Urkullu, advierte de que el Cupo representa una línea roja, que una vez traspasada llevaría a la independencia, una reivindicación que hasta ahora han evitado. Lo mismo que hicieron sus abuelos nacionalistas cuando Companys proclamó la independencia de Cataluña.

Firma

Lleva ejerciendo la profesión de periodista desde hace más de medio siglo. Ha trabajado en prensa, radio y televisión y ha sido presidente de la Asociación de Periodistas Económicos por tres periodos. Es fundador y presidente del Grupo Nuevo Lunes, que edita los semanarios El Nuevo Lunes, de economía y negocios y El Siglo, de información general. 

-