El Rey se aúpa en el procés Tiempos de hoy

-

 
   

Nº 1224. 1  de diciembre de 2017

- - --

Política / Virginia Miranda

Nueva estrategia en Zarzuela: arriesgar en Cataluña para ‘coronarse’ en España

El Rey se aúpa en el procés

Felipe VI ha abandonado el perfil bajo que venía practicando desde su proclamación en una jugada arriesgada. Como la de los actores políticos que han apostado por la línea dura frente al desafío secesionista en Cataluña, la popularidad del Rey se ha visto recompensada en el resto de España con su discurso del 3 de octubre. La Monarquía necesitaba un revulsivo para tratar de demostrar su utilidad, condición indispensable para tratar de garantizar su supervivencia, y el resultado inmediato ha sido el esperado. Sin embargo, en el camino ha dejado algunas bajas significativas que ahora trata de recuperar.



El Rey ha reunido en el Palacio Real al patronato de la Fundación Princesa de Girona (foto de archivo), con la que mantiene un estrecho vínculo y de donde
han emanado significativas críticas a su discurso del 3 de octubre / EUROPA PRESS

Tras años de perfil bajo, el mensaje del Rey ha dado un giro en busca de la utilidad de la Monarquía   Ha conseguido el favor de constitucionalistas, medios afines y una opinión mayoritaria en el resto de España

“Rajoy no genera adhesiones. El rey sí. El discurso del 3 de octubre representó un antes y un después en el proceso independentista catalán. Pasados cinco días, cientos de miles de personas salían a la calle en Barcelona en defensa de la unidad de España como no había ocurrido nunca”. Un dirigente popular explica así la importancia que tuvo el mensaje que dirigió Felipe VI a los españoles por televisión en uno de los momentos más críticos que sucedieron a la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre.

Importante para los intereses del Estado e importante para la monarquía. Acusando al Govern de haber cometido una “deslealtad inadmisible” por promover la secesión ilegal, el rey se ganó el aplauso de los partidos denominados constitucionalistas, de la prensa afín y de la opinión pública. La encuesta más inmediata la hizo SocioMétrica para El Español, donde el 61,3  por ciento del conjunto de los españoles aprobaron las palabras del monarca mientras la cifra se reducía al 30,2 por ciento en Cataluña.

Porque en Cataluña se encuentran parte de quienes se sintieron agraviados por un mensaje duro, sin concesiones y sin alusión siquiera a los heridos durante la jornada del 1 de octubre. El resto, entre las filas de la izquierda; Pablo Iglesias, que durante mucho tiempo mantuvo a Felipe VI al margen de su discurso político e ideológico, lo incluyó entre los herederos del régimen del 78 tan denostado por Podemos y lo situó al frente del que ahora denomina bloque monárquico, liderando a los partidos que apoyaron la activación del 155 en Cataluña.

La dimensión que ha adquirido el mensaje del rey tiene una doble lectura. Por las reacciones provocadas y por el giro que representa en una estrategia que, desde la proclamación de Felipe VI, ha tratado de instalar a la monarquía un perfil bajo después de una breve pero intenso periodo de sobreexposición que acabó por laminar la jefatura del Estado.

Desde el 19 de junio de 2014, los cambios acometidos en Zarzuela han ido dirigidos a recuperar el terreno perdido entre los españoles desde su primer suspenso en el CIS de octubre de 2011 –el caso Nóos no había hecho más que estallar–, nota que las polémicas y operaciones de don Juan Carlos no lograron remontar. La discreción, acompañada de reformas tendentes a evitar los ‘pecados’ del pasado, ha sido una constante con la que se ha ido recuperando parte del terreno perdido. Pero en la monarquía la utilidad es una máxima y, si no se demuestra, no existe.

Cataluña se ha presentado como una oportunidad para que Felipe VI tuviera su propio 23-F. Pero ni las circunstancias históricas, ni el resultado del discurso ni las atribuciones de ambos reyes son comparables.

El monarca ya venía tratando de ejercer un discreto papel mediador desde hace años en el territorio [ver El Siglo 1072: La cort del rei], que visita por sus frecuentes compromisos de agenda y donde tiene radicada su ‘sede’ en la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), sostenida por las más emblemáticas empresas catalanas y españolas.

Y es esta fundación –su actividad se centra en ofrecer oportunidades a los jóvenes– donde más significativa ha sido la desafección que ha provocado el discurso del 3 de octubre en parte de la sociedad catalana.

Tras la emisión del mensaje, el pleno de la Cambra de Comerç de Girona aprobaba abandonar la FPdGi “por dignidad”, criticando que la Corona cerrara “los ojos” ante las cargas policiales del 1-O y reprochando al jefe del Estado que se hubiera posicionado abiertamente en vez “de asumir un papel moderador” y llamar al diálogo.

Josep Lagares, vicepresidente de la Fundació Princesa de Girona entre 2009 y 2013, decía en Twitter: “confiaba plenamente en vos, pero hoy me habéis decepcionado profundamente... ¡vaya con Dios majestad!”. Y el investigador Romain Quidant y el ingeniero Bernat Ollé, galardonados por la fundación, renunciaban a sus premios alegando que Felipe VI había “dado la espalda a la voluntad de millones de catalanes e ignorando la violencia policial del 1-O”.

Las críticas son particularmente graves viniendo de donde vienen. Y el trabajo ahora consiste en recomponer las relaciones vinculadas a la FPdGi y, por extensión, a Cataluña.

La agenda de Felipe VI para el viernes, 1 de diciembre, tenía señalada una reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona en el Palacio Real de Madrid. Para hacer balance de las actividades de 2017 y aprobar el plan de actuación para el año próximo.

Pero el peso de los protagonistas del encuentro hacía prever al cierre de esta edición que la crisis política, institucional y económica en Cataluña sería objeto de análisis. Y, también, el propio papel del rey. Cabe recordar que de la FPdGi forman parte algunos de los mayores empresarios de Cataluña, varios de ellos ‘huidos’ a otras comunidades autónomas ante el anuncio de la DUI y después del discurso del 3 de octubre. Es el caso de Isidre Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, y de Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell.

El rey ya se reunió con los representantes de las principales compañías que trasladaron su sede fuera de Cataluña el pasado día 21, en la clausura en Alicante de la XVI edición del congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).  Y éste, el de recomponer la situación empresarial en el territorio, puede ser el primer paso para que Felipe VI subsane parte de los daños colaterales de un discurso cuyas consecuencias han sido y siguen siendo analizadas.

Al catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Antonio Torres del Moral, le “sorprendió el tono” de un discurso que, hasta ahora, nunca se había producido en esos términos. “Ni siquiera el 23-F”, cuando la intervención del rey Juan Carlos consistió en dar cuenta de lo que había hecho. Por eso, dice, “se situó al borde de la constitucionalidad” aunque “no lo traspasó” por dos motivos: “la gravedad del momento” hizo que hubiera que aplicar remedios en consonancia” y “se limitó a hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando” sin arrogarse a sí mismo ningún poder. “Yo creo que ha sido el más grave discurso que se ha pronunciado por parte de la Corona en estos 40 años, pero dentro de la constitucionalidad”, subraya Del Moral.

Preguntado por las consecuencias que el discurso tendrá sobre el jefe del Estado, considera que “sin duda toda jugada política tiene un coste”, y señala la “grave acusación por parte de algunos españoles”, sobre todo en Cataluña y parte de la izquierda, de que ha excedido su papel constitucional. Sin embargo, el catedrático sostiene que la posición que ha tomado Felipe VI “ha sido grave porque grave era el momento”. Añadiendo que “eso lo tenía que haber hecho el presidente del Gobierno. Pero no hizo nada y tuvo que salir el rey para decir que aquí sí ha pasado algo” viéndose obligado a ejercer un papel en el límite de su estatuto jurídico.

En cualquier caso, continúa Del Moral, las críticas al rey se concentran en el independentismo catalán y en los grupos más a la izquierda del espectro político. “¿Y cuándo ha tenido su favor?”, señala. No se trata por tanto de “nada que no tenga perdido”, sino de “atender a los que están esperando” una respuesta ante lo que consideran “un asunto muy grave”.

“Hasta cierto punto podríamos ver una jugada política que ha puesto en riesgo su neutralidad como jefe del Estado”, pero “no más allá” de los que ya tenían una opinión desfavorable hacia la monarquía, “en cuyo caso podría parecer que ha sido una jugada muy calculada”, añade.

Para el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, la intervención del rey del 3 de octubre representa una ruptura con las declaraciones genéricas, más o menos institucionales, que venía protagonizando el jefe del Estado, si bien recuerda que esta práctica empezó a cambiar cuando Juan Carlos I, tras la multitudinaria Diada de 2012, emitió una declaración a través de la página web de Casa Real –“lo peor que podemos hacer es dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas”– en la que advertía de modo genérico los riesgos del secesionismo en Cataluña.

“Ahora, ¿es inconstitucional? No. Nada impide al jefe del Estado que tome la palabra. En mi opinión hubiera sido mejor otro tono y otro contenido, pero eso no significa que sea incompatible” con la función del rey, que tiene el compromiso “de asegurar el funcionamiento regular de las instituciones”, explica.

Así, cuestiona que el de Felipe VI fuera un discurso de parte, como sostienen los críticos. Arbós considera que el rey “podría haber incitado al acuerdo, recordando los límites de la Constitución” y mostrando “empatía hacia las personas contusionadas” el 1-O. “Pero no creo que quepa exigirle que se sitúe a medio camino entre quienes están en el marco de la Constitución y aquellos que desde el 6 y 7 de septiembre pretenden moverse fuera de ella”.

Incluso cuestiona que hubiese tenido otra alternativa si el jefe del Estado “hubiera adoptado un tono conciliador en contra de la voluntad del Gobierno de España”.

Otra cosa son las consecuencias que el mensaje pueda tener sobre la Corona. “Esto ha tenido un coste muy alto no tanto para la imagen de la monarquía como tal, sino para un símbolo de la unidad de España”. “No se pueden predicar de modo retórico las bondades de la unidad de España si sus símbolos suscitan, al menos en parte, rechazo”. Por eso señala la necesidad de que se justifique su utilidad, como cuando se supo que el monarca colaboró con la candidatura de Barcelona para tratar de que la agencia europea del medicamento recalase en la Ciudad Condal.

Más crítico con las palabras del rey es Javier Pérez Royo. En opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, el discurso de Felipe VI no lo puede dar ningún jefe de Estado en un régimen parlamentario europeo excepto el presidente de Francia, que tendría autoridad constitucionalmente reconocida para hacerlo. Ni siquiera los jefes de Estado de las repúblicas con legitimación democrática, que han de ser neutrales, pueden interferir en el debate político. Ni “desde luego los monarcas parlamentarios”. En su opinión, “el rey desnaturalizó la monarquía parlamentaria y no fue leal con su posición en la Constitución”, el artículo 1.3 donde se dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, que va tras el 1.2, que subraya que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

Según Pérez Royo, “el rey podría haber hablado en nombre de la nación o en nombre del Estado” y optó por lo segundo. Es decir, en vez de apelar a una nación unida, al respeto a la Constitución y a las vías para arreglar los problemas, su intervención “fue la intervención de Rajoy: la ley, la ley, y la ley”.

En cuanto a los costes, señala que “a corto plazo parece que hubiera conseguido un apoyo amplio en la sociedad española. Pero ya veremos”. Porque “lo que es evidente es que con ese discurso exigiendo la aplicación del 155 ha logrado un reagrupamiento de los partidos dinásticos, de Ciudadanos, PSOE y PP, pero ha dejado fuera a todos los demás”. Por lo tanto y aunque representa a un bloque mayoritario, “la monarquía es la del 155, no es la de todos los españoles”. Y en el mensaje de que la Corona y la Constitución son de todos se ha producido “una erosión”. 

 

Pilar Urbano deja caer una bomba sobre Zarzuela

La periodista Pilar Urbano, biógrafa de la reina Sofía y gran conocedora de lo que ocurre en Zarzuela, regresa a las librerías con La pieza 25. Operación Salvar a la Infanta (La Esfera de los Libros). La autora ofrece un trabajo documentado sobre la vinculación de la infanta Cristina en el caso Nóos, del que fue absuelta, tras hablar con fiscales, defensores, policías de la UDEF, testigos, agentes tributarios, imputados y el juez instructor. Una de las mayores aportaciones de un libro que promete intrigas –juegos sucios en busca de la absolución, amenazas a un juez…– y realidad “pura y dura” es el testimonio de José Castro, quien sostiene que la hija del rey Juan Carlos participó de los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin, que fue condenado a seis años y tres meses de prisión. “Yo siempre pensé, e incluso se lo dije a Horrach [Pedro Horrach, fiscal del caso], que la Infanta, para mí, no sólo estaba en el ajo de la trama y sus enjuagues, sino que era la eminencia gris. Eso sí, muy discreta, muy gris. Y lo plasmé en mis autos, que ella lo conocía todo y estaba al tanto de todo. Acaso no en detalles menores del día a día, pero sí en el quid esencial de los negocios de Iñaki con las instituciones públicas y en los magros resultados que él y Diego Torres cosechaban”.

La Infanta, “cooperadora indispensable” según su último libro.

La propia Urbano concluye que la infanta Cristina “fue cooperadora indispensable” que durante el juicio “se atrincheró” en “la ignorancia fingida” y señala a los responsables de su exoneración; las tres magistradas de la Audiencia Provincial que dictaron sentencia creyendo que la acusada “podía estar de muñera, de mujer de paja”, y el fiscal Horrach, al que denomina autor de la ‘Operación Salvar a la Infanta’, una “hoja de ruta” de carácter “confidencial” para “ganar la guerra” en el caso de que la hermana de Felipe VI hubiese sido imputada.