Tribuna / Jesús Lizcano Tiempos de hoy

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 Nº 1228. 5  de enero de 2018

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Tribuna / Jesús Lizcano

Tareas urgentes sobre corrupción para 2018


El dictamen del Consejo de Europa alerta de un significativo nivel de desidia por el Gobierno y los Grupos parlamentarios españoles que ignoran las recomendaciones y no realizan las necesarias reformas para hacer frente a esos déficits de transparencia y de prevención de la corrupción

El pasado 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, desde Transparencia Internacional se hacía un llamamiento a los partidos políticos y grupos parlamentarios para que se pongan a la altura de los ciudadanos y respondan a su continuada petición de que consideren la corrupción como una cuestión de Estado, de un prioritario e indudable interés general y social, instándoles a que pusieran en marcha de forma eficaz un conjunto de asignaturas pendientes en materia de lucha contra la corrupción y que tomasen las diversas medidas legales e institucionales necesarias para combatir de una forma inequívoca, contundente y definitiva este importante problema social. Para ello esta organización proponía un conjunto de veinte medidas a adoptar de forma urgente para prevenir y combatir la corrupción.

Pocas semanas después, el 3 de enero, el GRECO (Grupo de Países del Consejo de Europa contra la Corrupción) ha publicado un informe en el que se pone de manifiesto el claro incumplimiento de las recomendaciones dadas por este organismo internacional a nuestro país para prevenir y combatir la corrupción. Estas recomendaciones se centran en tres ámbitos concretos: a) los miembros de los Parlamentos, b) los jueces, y c) los fiscales. En este duro y contundente informe el GRECO concluye que ninguna de las once recomendaciones dadas anteriormente en estos tres ámbitos han sido implementadas de forma satisfactoria por España; más concretamente, siete recomendaciones han sido parcialmente implementadas y las cuatro recomendaciones restantes no se han implementado. Este dictamen del Consejo de Europa viene a poner de manifiesto un significativo nivel de desidia por el Gobierno y los Grupos parlamentarios españoles que ignoran estas recomendaciones y no realizan las necesarias reformas legislativas e institucionales para hacer frente a esos déficits de transparencia y de prevención de la corrupción que refleja el citado informe.

Haciendo una breve referencia a algunas de las recomendaciones de este organismo europeo cabe señalar, en primer lugar, que el GRECO recomendaba a los Parlamentos españoles la aprobación de un código de conducta, y así como de una series de reglas que asegurasen la integridad y la inexistencia de conflictos de interés en los parlamentarios y sus actividades, así como una regulación clara de los lobbies y una clarificación de sus relaciones con los parlamentarios. En relación con los jueces y el ámbito judicial, el GRECO recomendaba en su última evaluación que se avanzase en lo relativo a la independencia del Consejo General del Poder Judicial y a la despolitización de este órgano representativo de los jueces, así como el establecimiento de un claro código de conducta para los jueces, que fuera fácilmente accesible para el público. Finalmente y en referencia a los fiscales y la Fiscalía General, el GRECO recomendaba, por una parte, la modificación del método de selección del fiscal general y del tiempo de su mandato, así como unos claros requisitos y procedimientos para aumentar la transparencia en las relaciones entre el fiscal general y el Gobierno, y también el necesario aumento de la autonomía de la Fiscalía respecto al Poder Ejecutivo.

No resulta admisible, por tanto, el claro nivel de incumplimiento por nuestro país de las anteriores recomendaciones de este organismo europeo.

En definitiva, tanto por parte de la sociedad civil como ahora por parte de un organismo internacional como el GRECO, se evidencia la necesidad y urgencia de adoptar una serie de medidas para mejorar la prevención y la lucha contra la corrupción en España, y dado que el GRECO insta a nuestro país a que cumpla todas estas recomendaciones antes del próximo 31 de diciembre, es evidente que quedan diversas tareas urgentes contra la corrupción en la agenda política de este año 2018.

 

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Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Es miembro fundador y actual Presidente de Transparencia Internacional España. Director de dos revistas: Encuentros Multidisciplinares y Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, y codirector de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad. Entre 1989 y 1991 fue Catedrático en la Universidad de León. Es autor de catorce libros y de más de ciento cincuenta artículos en publicaciones tanto nacionales como internacionales. Forma parte del Consejo de Redacción o editorial de otras cinco revistas (nacionales y extranjeras). Ha recibido diversos Premios, y ha dirigido y/o participado en numerosos trabajos y proyectos de investigación, siendo miembro de varias Asociaciones académicas nacionales e internacionales.

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