Tribuna / José Mariano Benítez de Lugo Tiempos de hoy

-

 
   

 Nº 1231. 26  de enero de 2018

- - --





Tribuna / José Mariano Benítez de Lugo

Peligro judicial para la libertad de expresión

Estamos ante una sentencia que vacía nuestros fundamentos constitucionales y un sólido
cuerpo de doctrina del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión

Hace unos días publicó el diario El País la noticia de que una juez de Barcelona había estimado el derecho de rectificación planteado por la  Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. (en adelante TV3) sobre un artículo de opinión publicado por dicho diario. Y si se examina atentamente la citada sentencia del 11 de enero pasado, no salimos de nuestro asombro al constatar que la citada juez (Sra. Ortega) confunde palmariamente la libertad de opinión con el derecho a la información y ello resulta altamente peligroso para el ejercicio del derecho de la libertad de expresión.

En efecto, tras reconocer que la noticia del diario “es claro que refleja la opinión de un periodista” (F. Dº. 2º de la Sentencia) y que como tal es legítima, pero que habida cuenta que TV3 consideró que los hechos que se recogían en la opinión los consideraba inexactos, procedía ya sólo por ello acoger su supuesto derecho a la rectificación, con la notable peregrina afirmación (repetida en varios de sus argumentos) de que “si la actora considera que son inexactos, se incardinan dentro del derecho a la rectificación”, con lo que no es sólo que rompa los cimientos de lo que es el derecho a la libre expresión, es que no entra en el debate de si esos hechos eran ciertos o no, cuando este aspecto era sustancial de conformidad con lo establecido en la ley que regula el derecho de rectificación.

Pero es más, y como conclusión, la sentencia declara que como la TV3 catalana consideraba que en diversos aspectos del artículo periodístico había información inexacta (sobre la inconsistente base de que bastaba que lo sostuviese ella), ya quedaba afectado el prestigio de la citada cadena y procedía ordenar la rectificación. Y las cuestiones obligadas a exponer son:

En primer lugar, si esta última conclusión final de la sentencia lo entendía así, lo procedente era remitir al demandante a una reclamación en defensa de su supuesto honor mancillado (Ley 1/82 de protección al derecho de honor).

En segundo lugar, que el Tribunal Supremo ya ha dicho (Sª de 7/10/2016) que si en un artículo de opinión –como el que nos ocupa-  se introducen hechos o valoraciones, debe analizarse si la información es veraz, y en el caso contemplado, la juez no lo hizo.

Asimismo, que no cabe rectificar opiniones ni juicios  de valor en los procesos de rectificación como fue el que analizamos (Sentencia de la A.P. de Madrid de 23/10/2013 entre otras muchas).

Que, por otra parte, no cabe confundir el derecho a la libre expresión con la libertad de información, pues ésta sí exige veracidad, y aquélla, al reflejar una opinión, no, tal como tienen establecido numerosas Sentencias del Tribunal Constitucional (p. ej., STC 4/96 de 19 de febrero).

Y, finalmente, que el derecho de rectificación no permite utilizarlo para discrepar de la opinión que se impugna (Sª AP de Madrid 22/7/2008), tal como ha sucedido en el caso que comentamos.

En fin, estamos ante una sentencia que vacía nuestros fundamentos constitucionales y un sólido cuerpo de doctrina del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión y confiamos por ello que la Audiencia Provincial de Barcelona la anule contundentemente.

 

 

Firma

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

-

-