Los Dossieres 1.233 Tiempos de hoy

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 Nº 1233. 9  de febrero de 2018

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

El PP pretende endurecer el castigo penal a los delitos más graves

Prisión cada vez más permanente

Al calor de acontecimientos recientes que causan gran alarma social, como el asesinato de la joven Diana Quer, el Gobierno planea endurecer la prisión permanente revisable que ya introdujo en el Código Penal, en 2015, con los únicos votos del PP y el rechazo de toda la oposición, que hace unos meses lograba aprobar su derogación, y que no ha sido aplicada por el polémico y sistemático uso del veto gubernamental, desde que los ‘populares’ perdieran la mayoría absoluta en el Congreso. Este nuevo giro ignora que España es el tercer país con menor delincuencia de toda la UE y que nuestra legislación penal ya es la más dura de Europa.


Juan Carlos Quer (izqda.), padre de Diana, cuyo cuerpo ha aparecido en 2017, tras desaparecer la madrugada del 22 de agosto de 2016, y Juan José Cortés (dcha.), padre de Mari Luz, asesinada en 2008, han unido sus fuerzas por la prisión permanente revisable, para lo que, aseguran, ya han recogido más de dos millones de firmas. / EUROPA PRESS

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaba esta semana que el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley que incrementará la lista de los delitos a los que se les puede aplicar la pena de prisión permanente revisable. Precisaba ante la prensa que la intención del Ejecutivo es la de añadir tres nuevos tipos a los ocho delitos que en la actualidad pueden conllevar esta dura condena. Ahora se pretende incluir el intento de ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo, el secuestro que acabe en asesinato, incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas o determinados usos de elementos químicos o nucleares.

Como se puede comprobar, casi todos ellos, relacionados con los casos más mediáticos y que mayor alarma social han producido en los últimos tiempos, como el triste caso del asesinato y desaparición del cadáver de Mara del Castillo; la muerte de Diana Quer o los terribles incendios desatados hace unos meses en Galicia y buena parte de la Cornisa Cantábrica.

Obviaba así el ministro que sólo el polémico derecho de veto que lleva ejerciendo sistemáticamente el Gobierno contra las iniciativas aprobadas en el Congreso por la oposición ha impedido que sea derogada la reforma del Código Penal de 2015 que introdujo esta nueva figura punitiva –que fue respaldada sólo con los votos del PP, cuando contaba con mayoría absoluta–, ya que en octubre pasado, la Cámara Baja había votado mayoritariamente una proposición de ley, impulsada por el PNV, que pretendía erradicar esta ‘cadena perpetua’ de nuestro ordenamiento jurídico.

Sin tener en cuenta este hecho y la situación de minoría en que se encuentra el Gabinete a este respecto en el Parlamento, Catalá justificaba este intento de aplicar una nueva vuelta de tuerca al Código Penal en un propósito de “proteger a la sociedad de delincuentes excepcionalmente peligrosos”.


El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado el endurecimiento de la ley, añadiendo nuevos delitos. / EP


En la defensa de su propuesta argumenta que la medida cuenta con el respaldo de la sociedad, y lo hacía, además, ante un auditorio de militantes de su partido, en el que también se encontraban como invitados especiales los familiares de víctimas como Marta del Castillo, Diana Quer o Sandra Palo: “Estábamos con los españoles –en referencia al endurecimiento del Código Penal que impusieron solamente con sus votos–. La mayoría sabe que lo que es permanente es el dolor de una madre o un padre de un menor asesinado o víctima del terrorismo. Y ese dolor no es revisable”.
Catalá planteaba en su discurso que atender a asuntos sociales que realmente preocupan a los españoles es lo que distingue al PP de “los populistas, los radicales, los oportunistas que, cuando quieren, se ponen de perfil –en clara alusión a la postura de Ciudadanos–”.

Muchos juristas coinciden en que la verdadera pretensión de este nuevo intento de reforma es la de dificultar al máximo el acceso al tercer grado penitenciario de los presos condenados a prisión permanente revisable o por delitos de especial gravedad, con el objeto de que cumplan íntegramente sus condenas. Unas penas realmente muy duras en comparación con las que se cumplen en los países de nuestro entorno, ya que, incluso antes de la reforma de 2015, la legislación española incluía condenas de hasta 40 años de prisión, lo que, en la práctica implica una estancia en prisión mucho más prolongada que la que se produce en la mayoría de los Estados de la UE que aplican la ‘prisión permanente revisable’, como se verá más adelante en un cuadro comparativo.

Legislando ‘en caliente’
Juan Carlos Quer, padre de Diana, y Juan José Cortés, padre de Mari Luz, la niña que asesinada en Huelva en enero de 2008, convocaban a la prensa para anunciar que han recogido dos millones de firmas ciudadanas a favor de la prisión permanente revisable, a través de diversas campañas en las redes sociales y también con la ayuda del Partido Popular. En su comparecencia pública, ambos criticaban contundentemente  a los principales partidos de la oposición que tratan de derogar del Código Penal la prisión permanente revisable con iniciativas parlamentarias. “Nuestros políticos deben atenerse a una responsabilidad que es que ocho de cada diez personas en este país no queremos que se derogue esta Ley, y todavía algunos políticos quieren seguir jugando a la especulación con este tema”, se quejaba el padre de Diana. “La prisión permanente revisable es la herramienta que permite que un preso pueda reinsertarse en la sociedad, quiera él o no lo quiera", añadía el padre de Mari Luz. 

El día 1 de este mes de febrero, el Partido Popular organizaba una convención temática en Córdoba en apoyo de su polémica medida. Invitaron al evento a los familiares de Diana Quer y de Marta de Castillo como parte de una ofensiva que había comenzado con la recogida de firmas en las sedes locales y provinciales del partido a favor de la prisión permanente revisable, y para contribuir a la campaña promovida por los familiares de Diana Quer, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Candela y Amaia Oubel Viéitez, y Ruth y José Bretón Ortiz.

El verdadero propósito de esta ley es conseguir el cumplimiento íntegro de las penas. / EP.

Una pena polémica

La prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad que existe en nuestro Código Penal. Fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, únicamente con los votos del Partido Popular. Es una condena que se puede imponer sólo en casos de máxima gravedad y que debe ser revisada cada cierto tiempo. Con la misma denominación, pero diferente contenido, existe en varios países de la UE.

El pasado mes de octubre, a petición del PNV –mediante una proposición de ley–, todos los partidos de la oposición, con la excepción de UPN y la abstención de Ciudadanos, exigían su inmediata derogación.
Se ha aplicado, por el momento, sólo al parricida de Pontevedra David Oubel, quien asesinó en agosto de 2015 a sus hijas de 4 y 9 años con una sierra eléctrica.

La reforma del Código Penal introducida mediante las leyes orgánicas 1/2015 y 2/2015 con fecha 30 de marzo y entrada en vigor el 1 de junio de 2015 está destinada a los delitos más graves de asesinato.

De momento –antes de la introducción que pretende el PP de nuevas tipologías–, afecta a los asesinatos de personas menores de 16 años, o personas especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; los asesinatos que vayan precedidos de un ataque contra la libertad sexual; los asesinatos cometidos por persona perteneciente a una organización criminal, así como a los asesinatos en serie.

Igualmente serán condenados con prisión permanente revisable, el homicidio del jefe del Estado o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, y supuestos de genocidio o crímenes de lesa humanidad.

Su verdadero propósito es conseguir el cumplimiento íntegro de las penas, aunque, según los casos, introduce un cumplimiento mínimo para que pueda revisarse la pena y suspender la misma. La duración dependerá de si se ha sido condenado por un solo delito o por varios.

Para el caso de una condena por un solo delito, el plazo para su revisión es de 25 años. Además, para que se produzca una liberación del preso y no pase toda su existencia en prisión, se han de dar unas circunstancias adicionales:

— El reo debe de estar clasificado en tercer grado penitenciario (libertad de día y fines de semana y a pernoctar en el centro penitenciario). Esto no se producirá hasta que hayan pasado 15 años para delitos comunes o 20 años para delitos de terrorismo. En el primero de los casos el preso no podrá disfrutar de permisos hasta haber cumplido 8 años efectivos de prisión, y en el segundo hasta haber cumplido 12 años de prisión efectiva.

— Debe existir  un pronóstico favorable de reinserción social –a través de la valoración de la personalidad del penado, los antecedentes penales, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados, su conducta en prisión, sus circunstancias sociales y familiares y los efectos que se esperan con la suspensión–. 

— Para el caso de que el reo haya sido condenado por varios delitos va a depender de la suma de las penas impuestas en los demás delitos, aparte del delito que lleva aparejada prisión permanente revisable.
Así, nos podemos encontrar con lo siguiente:

— Que el reo haya sido condenado por un delito que lleve aparejada prisión permanente revisable y por otro u otros que sumen una pena superior a cinco años.

— Que el reo haya sido condenado por un delito que lleve aparejada prisión permanente revisable y por otro u otros que sumen una pena superior a 15 años.

— Que el reo haya sido condenado por un delito que lleve aparejada prisión permanente revisable y por otro u otros que sumen una pena superior a 25 años, o bien que estuviese condenado por varios delitos que lleven aparejada la prisión permanente revisable.

En estos casos el nuevo Código Penal establece en primer lugar que para tener acceso al tercer grado penitenciario, el recluso ha de cumplir en lugar de los 15 años de prisión previstos para las condenas simples, 18 años en las condenas del primer supuesto,  20 años para las condenas del segundo supuesto,  y 22 años para las condenas del tercer supuesto.

Este aumento para acceder al tercer grado, conlleva el aumento de cumplimiento de prisión para otorgar la suspensión, en las condenas del tercer supuesto, que pasaría de ser de 25 a 30 años.
Si los delitos hubieran sido por terrorismo o cometidos estando incurso en organizaciones criminales, el tiempo de espera para conceder el tercer grado penitenciario aumentaría a 24 años para las condenas de los dos primeros supuestos, y de 32 años para las condenas del tercer supuesto. Lo que conllevaría que para poder otorgar la suspensión de la condena, el reo debería haber cumplido 28 años en las condenas de los dos primeros casos, y de 35 años en las condenas del tercero.

 


Aitor Esteban (PNV) lograba el apoyo de la Cámara para la derogación de la norma con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. / EP

Toda la oposición, en contra

El 4 de octubre de 2016, el Pleno del Congreso aprobaba, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley del PNV que emplazaba al Gobierno a derogar la prisión permanente revisable, una reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyó en el Código Penal en 2015, cuando gozaba de mayoría absoluta en la Cámara Baja, y que la oposición, además, tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC).

El PNV ya había presentado en la pasada legislatura una proposición de ley en la misma línea, pero en la presente decidía recuperarla, en forma de proposición no de ley. La formación nacionalista consideraba en su escrito “irresponsable” la reforma impulsada por el PP que, a su juicio, no hace más que “encubrir la pena de prisión de por vida o prisión perpetua”, vulnerando así el principio de legalidad y el mandato de resocialización, ambos contenidos en el artículo 25 de la Constitución.

Pero, además, añadían, “atenta contra la dignidad de los seres humanos y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes”. Argumentaban también que la propia Constitución ha descartado por “inhumana” la pena de muerte y establece que las penas “no sean inciertas, no atenten contra la dignidad humana, no resulten inhumanas y proscribe la cadena perpetua cuando incluye el mandato de la reinserción de las penas”.

El PSOE, por su parte, también conseguía sacar adelante una proposición no de ley con el mismo objetivo que el PNV. En su iniciativa, los socialistas instaban al Ejecutivo a impulsar una reforma del Código Penal para sustituir la prisión permanente revisable por otra pena se adecue a lo previsto en la Constitución y que constituya una respuesta sancionadora “adecuada y proporcional” a la conducta que se castiga.
El texto aprobado en el Congreso subrayaba que la reforma del PP, que entró en vigor en junio de 2015, no es más que “una cadena perpetua encubierta, una pena que, además de no ser éticamente aceptable, contraviene el artículo 25.2 de la Constitución”. Los socialistas denunciaban que la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy vulnera también el artículo 9.3 de la Carta Magna ya que su “imprecisión” no garantiza el principio de legalidad y seguridad jurídica.

Más recientemente, el pasado mes de octubre, de nuevo el Pleno del Congreso de los Diputados daba el primer paso para derogar la ‘cadena perpetua’. El principal partido de la derecha se veía otra vez aislado en la Cámara Baja con toda la oposición en contra. De hecho, el Pleno apoyó de forma mayoritaria una proposición de ley del PNV para dar inicio a la derogación de esta polémica pena con 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones.

A favor de eliminar esta medida se pronunciaron el propio impulsor, el PNV, el PSOE y Unidos Podemos, además de otros partidos minoritarios como Compromís o Bildu. Los 17 diputados nacionalistas catalanes no participaron en el Pleno por la situación de crisis abierta en Cataluña, pero también se han mostrado a favor de la iniciativa en numerosas declaraciones públicas. Ciudadanos insistió en la abstención.

En su argumentación, el PNV sostenía que el PP conculca “el principio de humanización de la pena, orientada a la reinserción y a la reeducación social” que defiende la Constitución en su artículo 25. La formación vasca también insistía en que esta pena conculca más artículos de la Constitución como el 10, que defiende “la dignidad de los seres humanos” y el 15, que prohíbe “penas inhumanas y tratos crueles y degradantes”.

Por otra parte, consideran innecesaria la prisión permanente revisable porque en la última reforma del Código Penal ya se establecieron 40 años de pena efectiva sin remisión de condena y con posibilidad de medidas de control posterior para casos sin posible reinserción.

El inicio de la eliminación de la prisión permanente sigue a las pretendidas derogaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana –la llamada ley Mordaza–, la de la Justicia Universal, la reforma del Tribunal Constitucional, la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) o la derogación de la reforma laboral.

Muchas de esas leyes necesitan que la mayoría alternativa al PP se ponga de acuerdo para aprobar leyes que sustituyan a algunas de las que pretenden derogar. En el caso de la prisión permanente, sin embargo, es suficiente eliminar ese nuevo artículo del Código Penal y volver a la redacción anterior.

 


Nicolas Sarkozy amplió la ley francesa en 2011 como reacción al asesinato de un policía. 

En los Códigos de nuestros ‘vecinos’

La prisión permanente figura ya en las legislaciones de varios países de la UE, pero, en su inmensa mayoría, con un efecto real mucho menos punitivo que el que está establecido en el Código Penal español. Las revisiones se producen casi siempre mucho antes, y los reclusos condenados a esta pena tienen la oportunidad de salir de prisión en plazos más cortos, por lo que, con contadas excepciones, estas condenas no equivalen a una cadena perpetua real.

Francia
Esta figura se instauró en el país vecino en 1994 –tras el asesinato de una niña de ocho años por parte de un criminal reincidente–, al principio sólo para los casos de asesinato de menores de 15 años con violación o tortura. Desde 2011 también puede aplicarse a casos de asesinato con premeditación o en banda organizada. Esta ampliación fue una iniciativa del entonces presidente, Nicolas Sarkozy, en reacción al asesinato de un policía en marzo de 2010. 

En ambos casos –los asesinatos agravados de menores y los de autoridades– el preso puede pedir la libertad condicional a los 30 años, tras someterse a un estudio psiquiátrico. Hay, además, otros crímenes muy graves que pueden ser castigados con cadena perpetua –asesinatos con circunstancias agravantes y violaciones acompañadas de tortura, entre otros–, pero en estos casos la revisión se hace antes, a los 18 o, como mucho, 22 años de prisión.

En otras situaciones, tras 15 años, está prevista la puesta en libertad por decisión del ministro de Justicia por el parecer favorable de una comisión penitenciaria y de un comité consultivo nacional.

El condenado en libertad condicional es asistido y vigilado por un periodo de entre 5 y 10 años. En caso de nueva condena, mala conducta, incumplimiento de las prescripciones puede ser nuevamente encarcelado.
Sólo cuatro personas han sido condenadas a esta pena máxima, la primera en 2007 y la última en 2013, y todas por asesinato y violaciones de menores.

Alemania
Existen dos categorías delictivas en las que se aplica la cadena perpetua: los crímenes de asesinato, genocidio o la unión de varios delitos muy graves contra la vida y los que por algún motivo se consideren con una culpa especialmente grave.
La revisión se produce como norma general a los 15 años, pudiendo alargarse por motivos de especial gravedad. Pero el resultado final es que la media de cumplimiento de condenas se sitúa en los 19 años, muy por debajo de lo que establece la norma española.

En el caso alemán es el tribunal el que debe establecer que hay circunstancias excepcionales que justifican prolongar la cadena perpetua más allá de 15 años, mientras que en España es al revés: para liberar a un preso el tribunal tiene que determinar que no hay posibilidad de que vuelva a delinquir.

Los condenados a cadena perpetua en Alemania pasan un promedio de entre 17 y 20 años en la cárcel. En los casos en que el juez constata una “especial gravedad de la culpa” por la existencia de ensañamiento o brutalidad, la estancia entre rejas del reo oscila entre los 23 y los 25 años. En todos los casos, el condenado tiene derecho a disfrutar de permisos, aunque solo después de cumplir los primeros diez años de condena.

Italia
La legislación italiana establece que el condenado solo puede pedir la revisión de su situación carcelaria después de 26 años de prisión continuada, y que, en cualquier caso, la privación de libertad no puede prolongarse más allá de los 30 años. La situación, no obstante, se puede suavizar en el caso de que el reo se muestre dispuesto a colaborar con la justicia.

La libertad está condicionada durante un periodo de 5 años. La medida puede ser suspendida en caso de nuevos delitos de la misma índole o bien en caso de infracción de las obligaciones. Transcurrido dicho período de libertad condicional sin que se produzca anulación, la cadena perpetua se declara extinguida y las obligaciones anuladas.

Reino Unido
En Inglaterra y Gales, todo asesinato cometido por mayores de 21 años lleva aparejada la condena a cadena perpetua, desde que en 1965 fue abolida la pena de muerte. En la mayoría de los casos, sin embargo, el condenado puede salir de la cárcel en libertad condicional después de un tiempo mínimo fijado por el juez. Pero hay casos excepcionalmente graves en los que el juez puede determinar que esa cadena perpetua dure, efectivamente, toda la vida del preso.

En Escocia no hay cadena perpetua, y en Irlanda del Norte las condenas de por vida están sometidas a revisión.
La ley indica que el condenado no salga nunca de prisión en casos de asesinatos múltiples que sean reincidentes o impliquen abusos sexuales, secuestro, premeditación o terrorismo.

Este sistema de cadenas perpetuas en Inglaterra y Gales ha provocado un serio conflicto con la Justicia Europea, especialmente por el desafío británico a la autoridad del Tribunal de Estrasburgo. En 2013, dicho tribunal declaró contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos esa legislación por negar a los condenados el derecho a una revisión de su condena.

Bélgica
La legislación belga contempla la prisión permanente revisable para los crímenes más graves, como asesinatos o violaciones. Los condenados pueden solicitar la libertad condicional tras pasar en prisión un tiempo mínimo, que oscila entre los 15 años que se exige a los sentenciados que no habían sido condenados con anterioridad y los 23 años que deben haber cumplido quienes ya habían sido sentenciados por un delito grave. La decisión de conceder la libertad condicional a estos presos debe ser adoptada, por unanimidad, en un tribunal específico compuesto por tres jueces, un funcionario de prisiones y un agente de reinserción social.

Holanda
En Holanda, La cadena perpetua puede ser convertida en una pena de 20 años, posteriormente reducida una tercera parte en caso de libertad condicional. El periodo de prueba es igual al de otros condenados, no está prevista la anulación de la medida de conversión de la condena ni la vuelta a la cárcel.

Austria
Al cabo de 15 años, un condenado a cadena perpetua puede ser puesto en libertad por decisión del tribunal y con el visto bueno del fiscal, del director de la cárcel, del preso y de un staff de expertos. La puesta en libertad es de forma condicional durante 10 años. El condenado puede ser sometido a obligaciones de control por parte de un funcionario. En caso de nuevo delito, el preso puede ser encarcelado de nuevo para cumplir el resto de la condena.

Chipre
La ‘cadena perpetua’ es de 20 años. Está prevista la puesta en libertad con permiso tras 10 años. Existen obligaciones que de no cumplirse prevén que se encarcele al presidiario de nuevo.

Dinamarca
Tras un periodo de entre 10 y 12 años en prisión, está prevista la puesta en libertad mediante medidas de gracia. Se somete a control al reo durante un periodo no determinado. El ministro de Justicia puede ordenar que vuelva a la cárcel en caso de que se violen las condiciones de la puesta en libertad.

Grecia
No existe una cadena perpetua como tal. Cuando se adelanta la salida del preso sobre el tiempo de su condena, estará en régimen de libertad condicional durante 10 años. En caso de infracción de las condiciones de la puesta en libertad, deberá volver a la cárcel para cumplir el resto de la condena y perderá los derechos civiles.

Islandia
Su legislación no contempla la cadena perpetua ni la prisión permanente revisable.

Irlanda
La puesta en libertad para un menor de 21 años está prevista tras al menos 6 años de cárcel y tras 7 años para un adulto, y es concedida por el ministro de Justicia si no hay peligrosidad social. La puesta en libertad condicional es por un periodo indeterminado, aunque el control puede reducirse paulatinamente. En caso de incumplimiento de las condiciones de la libertad, el ministro puede cambiar las medidas.

Noruega
En junio del 81 fue abolida la cadena perpetua, aunque para determinados casos de probada peligrosidad se establece una vigilancia sobre el preso, una vez cumplida su condena.

Portugal
La cadena perpetua no existe en sus leyes.

Suecia
Tras un cierto tiempo, la cadena puede ser conmutada con otra sentencia a través de una medida de gracia. La nueva sentencia está sometida a las reglas normales de la libertad condicional. La puesta en libertad está sujeta a control y obligaciones cuyo incumplimiento puede devolver al presidiario a la cárcel.

Suiza
La libertad condicional está prevista tras 15 años. La decisión es de competencia de una autoridad nombrada por los Cantones, que puede ser judicial o administrativa o una Comisión especial mixta. Están previstos 5 años de prueba durante los cuales el sujeto es sometido a vigilancia.

En otros países europeos y con diferentes matices existen igualmente condenas equivalentes a la cadena perpetua por delitos considerados de extrema gravedad y que se revisan después de al menos 15 años de prisión (o hasta 40 en el caso húngaro), como son los casos de Polonia, Rumanía, Hungría, Croacia o Eslovenia.

Estados Unidos
Es el único país occidental que aplica la cadena perpetua a menores de edad. El preso puede solicitar ser puesto en libertad bajo palabra al cabo de 10 años. El reo puede ser sometido a control durante toda su vida o durante un periodo determinado según indique la ‘Comisión de liberación bajo palabra’. Volverá a la cárcel si comete otro delito o viola las condiciones de la puesta en libertad.

El Vaticano
En julio de 2013, el Papa Francisco publicaba un Motu Proprio’ por el que eliminaba la cadena perpetua en el Vaticano, siendo sustituida por una pena máxima de 30 años.

 


España es el tercer país de la UE con el índice de criminalidad más bajo. Sin embargo, es uno de los que tienen más población reclusa. / EP

España, un país seguro

La población reclusa española se ha multiplicado por cuatro en los últimos 30 años (de 18.000 a 76.000), un porcentaje que no se corresponde con el incremento demográfico. El nuestro es uno de los países con más presos de Europa (133 por cada 100.000 habitantes),  junto a las repúblicas bálticas y países del Este como Hungría, Rumanía y Polonia, y muy por encima de la media (96), lo que evidencia el endurecimiento progresivo de nuestro sistema penal.

Paradójicamente, la tasa de criminalidad lleva varios años disminuyendo, mientras la progresivamente, mientras el número de presos crece. La sobreocupación de las cárceles impide que los reclusos tengan atención personalizada. 

España es el tercer país de la UE con el índice de criminalidad más bajo, tras Portugal y Grecia. Dentro de nuestras fronteras se cometen 44,3 infracciones penales por cada 1.000 habitantes frente a las 61,3 de media de la Unión Europea y las 147,9 que acumula Suecia, que encabeza esta lista.

A esta nación le siguen Bélgica (96,8), Dinamarca (79), Finlandia (78,8), Alemania (73,3), Luxemburgo (71,7), Países Bajos (68,1), Austria (65,2), Reino Unido (64,6), Francia (54,7) e Italia (47,5). Los últimos puestos de la lista por su menor índice de criminalidad corresponden por tanto a España (44,7), Portugal (38,2) y Grecia (17,5).

En abril de 2016, la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP) presentaba una investigación en profundidad titulada ‘Estudio sobre la realidad penal y penitenciaria: una visión desde las entidades sociales’. El informe demuestra que la duración de las penas de prisión y la tasa de encarcelamiento españolas superan la media europea a pesar de que la tasa de delincuencia es muy inferior a la de otros países.

De acuerdo a los datos recopilados, la tasa de delincuencia española -de un 44,7- es significativamente inferior a la media europea, que se eleva hasta el 61,3. El estudio también hace hincapié en la tipología de los delitos que se cometen en nuestro país. Según los datos, el 76 por ciento de las infracciones de la ley son delitos contra el Patrimonio, mientras que los delitos de carácter violento son una parte muy inferior del total de los delitos cometidos. Además, la tasa de homicidios española es la tercera más baja de toda Europa, no solo de la UE. 

El número de personas privadas de libertad en nuestro país es de 133 por cada 100.000 -147 por cada 100.000 según otras fuentes- habitantes, un 34 por ciento superior a la media europea. El informe revela que la tasa de encarcelamiento española es más del doble que Finlandia, Suecia o Dinamarca y que la población penitenciaria se ha multiplicado por 8 en los últimos 40 años.

El estudio considera “incongruente el observar cómo, mientras que la tasa de criminalidad se ha mantenido prácticamente estable desde los años 80, aumenta el número de personas encarceladas”. De acuerdo al criterio de los criminólogos consultados por ROSEP, este aumento de las personas en prisión se corresponde con un aumento de la duración de las penas provocado por las continuas reformas del Código Penal que han incrementado la dureza del sistema punitivo.

El informe acusa a la desigualdad social y relaciona el exceso de población penitenciaria con un déficit en nuestro Estado del Bienestar, por lo que en sus conclusiones una “racionalización de la realidad penitenciaria española” y que la prisión no debe usarse como una solución a los problemas sociales que están en la raíz de la mayoría de los delitos. Para ello, las organizaciones que componen ROSEP apuestan por la ampliación del abanico de penas alternativas para que la prisión se convierta en el último recurso.

Además, estos colectivos exigen la regulación de mecanismos de ‘Justicia Restaurativa’, como la mediación, que permitan una solución pactada del conflicto y la eliminación de la prisión permanente revisable.

 

 



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