La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo Tiempos de hoy

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 Nº 1233. 9  de febrero de 2018

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La Quincena Judicial /
José Mariano Benítez de Lugo

El Gobierno y su tráfico de influencias


EUROPA PRESS

La lamentable gestión de Rajoy y Sáenz de Santamaría ante el TC entraría en una figura jurídica cercana al delito de tráfico de influencias

La noticia bomba pero apenas tratada por los medios de comunicación se originó a finales de enero cuando se reveló que tanto Rajoy como la vicepresidenta, a la vista del dictamen negativo del Consejo de Estado sobre su recurso preventivo contra la investidura de Puigdemont (¿molt honorable?), habían “trasladado”  a diversos miembros del Tribunal Constitucional, la gravedad del intento del ínclito candidato de tomar posesión de la Presidencia de la Generalitat, y que por ello tuviesen en cuenta las graves consecuencias que resultarían en el caso de que no se admitiera a trámite el recurso del Gobierno (El País, de 29 de enero pasado); también dice la noticia que igualmente “trasladaron” al TC lo dramático que sería si llegaba a ser investido Puigdemont. Ante dicha noticia, los independentistas han pedido al Gobierno que aclare el contenido de esas comunicaciones, pues las consideran “actos de presión incompatibles con la separación de poderes”.

Y lo penoso es que tienen razón, porque una vez levantado el  velo de hacerse pública la lamentable gestión gubernamental, resulta que se estaría en una figura jurídica cercana al delito de tráfico de influencias, sutil arma que se utiliza para, de forma torticera, influir a otro (en este caso al TC) para adoptar una resolución en determinado sentido. Por ello la Asociación de Jueces por la Democracia ha efectuado un acertado comunicado denunciando las injerencias del poder político en la referida ocasión; comunicado del que salvaremos su error atribuyendo una actitud culpable al Consejo General del Poder Judicial “por su inacción y silencio” en el caso que nos ocupa; y decimos que es un error, por cuanto dicho órgano carece de competencia alguna respecto de lo que suceda en el Tribunal Constitucional, pues éste no es propiamente un órgano judicial.

Viene muy al caso volviendo al tema, y resulta tremendamente desolador, lo que evidencia el Informe anual de la Comisión Europea sobre el estado de la Justicia en la UE  y específicamente sobre la percepción ciudadana acerca de su independencia (The 2017 EU Justice Scoreboard, ap. 3.3.1) del que resulta:

a) Que de los 28 países de la UE España ocupa el lugar antepenúltimo en cuanto la percepción pública acerca de la independencia de los tribunales y jueces.

b) Que un sesenta por ciento de los ciudadanos españoles tiene un opinión mala o muy mala sobre su independencia.

c) Que estos índices han empeorado en el año 2017 respecto de 2016.

d) Compárense estos índices con los de, por ejemplo, Francia o Inglaterra, países valorados positivamente por sus ciudadanos respecto de la independencia de su judicatura (en un 50 y un 70 por ciento respectivamente).

Desde luego actuaciones como las llevadas a cabo por los citados miembros del Gobierno, resultan no sólo imprudentes sino también contraproducentes de cara a preservar la imagen de independencia de nuestros Tribunales.

 

 

Firma

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.



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