Tribuna / José Luis Centella Tiempos de hoy

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 Nº 1233. 9  de febrero de 2018

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Tribuna / José Luis Centella

Por un nuevo marco de relaciones laborales


Cuando al empresario no le asiste razón alguna para despedir, la opción entre la readmisión o la indemnización debe recaer en manos del trabajador, lo que reforzaría sus derechos

Cada día es más evidente que la tan proclamada recuperación económica no alcanza a la mayoría de quienes siguen sufriendo la crisis. Entre las razones evidentes está que las reformas laborales de los gobiernos del PSOE y del PP fueron minando la ya desequilibrada normativa que marca las relaciones entre trabajadores y empresarios. El resultado es un marco legislativo donde el poder empresarial puede dominar las relaciones laborales y limitar el ejercicio de los derechos, sobre todo anulando en la práctica la capacidad de intervención de sus organizaciones de clase.

Responder a esta injusta situación debe ser prioritario para las fuerzas políticas y sindicales de izquierdas. Cada vez es más necesario un nuevo marco de relaciones laborales que permita al conjunto de trabajadores/as la defensa de sus intereses, frente a una patronal cada vez más agresiva, en la medida en que se siente protegida por las leyes.

Hay que situar en primer lugar la defensa del empleo fijo y de calidad. Es imprescindible la aplicación estricta del principio de causalidad en la contratación no indefinida, apoyándolo mediante medidas legales, fiscales y de inspección.

Las modalidades de contratos de trabajo deben reunificarse de tal forma que la contratación indefinida vuelva a ser el modelo de referencia, reforzando la causalidad de la contratación a través de una nueva redacción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Al mismo tiempo hay que evitar que las cadenas de subcontratación y las empresas de trabajo temporal sean utilizadas para empeorar las condiciones laborales.

Sobre la regulación del despido, debería limitarse a dos supuestos: la posibilidad de que el empresario extinga la relación laboral de manera unilateral, lo que sería un despido procedente por incumplimiento grave y culpable del trabajador/a, y lo que sería un despido objetivo, cuando se compruebe con claridad que la situación de la empresa no permite otra salida que la extinción de la relación laboral.

Esto significa la nulidad de los despidos improcedentes y cambiar sustancialmente lo establecido actualmente en el sentido de que cuando al empresario no le asiste razón alguna para despedir, la opción entre la readmisión o la indemnización recaiga en manos del trabajador. Esta modificación reforzaría los derechos de los trabajadores mientras se mantiene la relación laboral, ya que así desaparece la amenaza de perder el empleo sin causa que lo justifique.

También debe plantearse la prohibición de los despidos colectivos en empresas con beneficios, con la exigencia de que la empresa acredite conexión entre la/s causa/s alegada/s y su viabilidad, con la inclusión en la causa económica de las retribuciones de altos directivos y ejecutivos, considerando que no hay causa cuando no se acredite un ajuste sustancial y proporcional conforme a las retribuciones de dicho personal.

Junto a la protección del empleo hay que mejorar las garantías de los acuerdos de los convenios colectivos mediante la definición clara de las partes del convenio que deben ser obligatorias, así como recuperar la cláusula de ultraactividad, limitar la autonomía empresarial en las cláusulas de descuelgue y la supresión de la unilateralidad empresarial para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Con estas medidas se pretende recuperar el predominio del convenio colectivo sectorial y/o territorial sobre el de empresa, pudiendo sancionarse en caso de obstaculización y/o injerencia indebida de la empresa en el proceso de elecciones sindicales y, sobre todo, reforzando la obligación de facilitar los medios y el cumplimiento de la legalidad.

En paralelo debe mejorarse la protección de las personas desempleadas para lograr que no haya ninguna sin derecho a la prestación, en especial la de quienes no tienen otras rentas, sobre todo mujeres en paro con cargas familiares no compartidas y parados/as mayores de 45 años, contemplando la acumulación de todos los periodos de paro generados y no gastados a lo largo de la vida laboral.

 

 

Firma

Actual coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España (PCE) desde 2009. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural. 



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