¡A por Rajoy! Tiempos de hoy

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 Nº 1233. 9  de febrero de 2018

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Política / Virginia Miranda

Rivera consigue asustar a Moncloa y alterar la estrategia del presidente

¡A por Rajoy!

Se sientan con Podemos para abordar la reforma de la Ley Electoral, se levantan de la mesa de negociación con PP y PSOE del Pacto por la Justicia y amenazan con no apoyar los Presupuestos. Los de Albert Rivera se han subido a la ola de las encuestas para tratar de desgastar al partido en el Gobierno, temeroso de que Ciudadanos acabe provocando un adelanto electoral y, más aún, de que Mariano Rajoy no reaccione ante la amenaza. El presidente, acompañado de su vicepresidenta, su ministro de Hacienda y su Comité de Dirección, se reunirá este lunes con sus barones para tratar de calmar los ánimos. Él, que quería fiarlo todo a la economía, va a tener que moverse.


El líder de Ciudadanos ha endurecido su discurso y su estrategia frente al Gobierno mientras las encuestas le sonríen. / EUROPA PRESS

Cataluña y la exigencia de Ciudadanos para apoyar los Presupuestos han recrudecido las relaciones entre la formación naranja y el partido en el Gobierno   La Convención Nacional del mes de abril se presenta como una oportunidad para revitalizar las listas de 2019 y renovar el Consejo de Ministros

Rajoy reúne este lunes a los presidentes regionales y de Gobierno del PP en una comida de trabajo a la que también asistirán su secretaria general, el coordinador general y los vicesecretarios, además de la vicepresidenta del Gobierno y el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El anuncio se hacía público en medio de una semana crítica para Mariano Rajoy; el lunes, el CIS publicaba su primer barómetro tras las elecciones catalanas del 21-D confirmando el ascenso de Ciudadanos en las encuestas avanzado por otros sondeos: según el organismo dependiente de Presidencia, su estimación de voto es del 20,7%, un salto considerable desde el 17,5% registrado en noviembre y el 13,05% obtenido en las elecciones del 26-J. La formación naranja adelantaba así a Podemos para situarse como tercera fuerza política y, aunque el PP seguiría siendo hoy el partido más votado, no es capaz de parar la sangría demoscópica: con un 26,3% de apoyos, retrocede desde el 28% de hace tres meses y desde el 33,03% de las últimas elecciones generales.

Mientras en la formación conservadora trataban de digerir la noticia, Francisco Correa conectaba el miércoles con el Congreso por videoconferencia desde la cárcel de Valdemoro para decirle a la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, a preguntas del diputado de Podemos, Txema Guijarro, que “pienso que sí” Mariano Rajoy “daba el ok” a los gastos ordinarios y de campaña del PP siendo su secretario general.

Los populares han tratado de despachar el asunto alegando que se trata de la estrategia de defensa del cabecilla de la trama Gürtel, pero tras declaraciones semejantes en sede judicial de Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, en el partido existe el temor de que el pesado lastre que arrastra la formación conservadora se acabe llevando a todos por delante.

Temor es la palabra más usada en círculos políticos para describir el estado de ánimo de los populares. Temor a que aún no se hayan terminado de amortizar los casos de corrupción en las urnas. Temor a un trasvase de parte de su base electoral a Ciudadanos al calor de la crisis territorial en Cataluña. Temor a que no se aprueben los Presupuestos.

Cristóbal Montoro ha avisado de que, si no hay acuerdo sobre las cuentas de 2018 antes de finales de marzo, no presentará el proyecto y la prórroga vigente se extenderá todo el año. Y aunque no hay ninguna ley que impida dos ejercicios presupuestarios prorrogados consecutivos, si antes del 30 de septiembre no se presentan en el Congreso unas cuentas para 2019  en el partido en el Gobierno se da por hecho que la situación de inestabilidad política sería insostenible y el adelanto de las generales, inevitable.

De la preocupación más acuciante e inmediata del PP tiene la culpa la formación naranja, que ha decidido echar un pulso al partido en el Gobierno condicionando su apoyo a los Presupuestos a que la popular Pilar Barreiro, imputada en el caso Púnica, entregue su acta de senadora –los populares se niegan hasta que no se pronuncie el Supremo alegando que el punto 93 del pacto de investidura con C’s habla de imputación formal–.

Asediados así por sus aliados parlamentarios, el PP ha redirigido su artillería pesada contra los de Rivera, considerados a día de hoy imprescindibles y fundamentales para que PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias se sumen al apoyo que ya dieron al Gobierno en las cuentas actuales. Sin embargo, no se descarta que cambien las tornas si se forma Gobierno en Cataluña. Con la vista puesta en el mes de marzo –el mismo plazo del que hablaba Montoro–, se da por hecho que la desactivación del artículo 155 de la Constitución garantizaría el apoyo del PNV, que difícilmente se podrían echar atrás después de haber arrancado al Ejecutivo, con gran sacrificio por parte de éste, lo que la presidenta del Congreso dio en llamar “cuponazo” vasco.

En tales circunstancias –y contando con los votos canarios– Ciudadanos, que a pesar de atacarle por los casos de corrupción siempre ha justificado su respaldo a Rajoy apelando a la gobernabilidad del país, tendría más difícil explicar su rechazo a unas cuentas que ya ha venido negociando con el Gobierno para acabar precipitando el final de la legislatura.

Esa es una de las teorías que se manejan en la formación conservadora. Otra es menos optimista con lo que vaya a ocurrir en Cataluña y, por lo tanto, con el apoyo de los nacionalistas vascos, que tendrían difícil justificarlo ante su electorado de continuar la intervención de la autonomía.

Además, el discurso que maneja la formación naranja apunta ya hacia la responsabilidad del Ejecutivo en un escenario de ruptura, con lo que pretendería zafarse de la culpabilidad. El portavoz de C’s en el Congreso, Juan Carlos Girauta, declaraba a los periodistas en el Congreso en el primer pleno del año que el PP incumple “sistemáticamente” el pacto de investidura que ambas partes firmaron en agosto de 2016. “A nosotros nos gustaría que la legislatura se agotara porque el Gobierno va cumpliendo todo aquello que firmó con nosotros, por la estabilidad y porque en esas 150 condiciones hay políticas que nos parece que son muy buenas para los españoles”, pero “si no se cumple, se abre un escenario que ya no depende de nosotros”.

Así las cosas, Ciudadanos y PP, que siempre han dejado claro que la suya es una relación de conveniencia marcada por la desconfianza mutua y la falta de sintonía personal entre sus líderes, se han dejado de medias tintas para embarcarse de lleno en la batalla del centro derecha.

A medida que las cosas han empezado a ir a peor para el PP tras su batacazo electoral en Cataluña, el tono de la formación naranja ha ido subiendo de decibelios. Sólo en esta última semana le ha plantado cara a cuenta de la ley electoral y el Pacto por la Justicia. El jueves, Juan Carlos Girauta se reunía con la también portavoz en Podemos, Irene Montero, para tratar de acabar con la actual Ley D'Hondt que tanto les perjudica y beneficia, en cambio, a PP y PSOE, partido con el que en cualquier caso tratarán de consensuar una nueva norma más proporcional.

Un día antes, el portavoz de Cs en la Comisión de Justicia, Nacho Prendes, anunciaba que su partido se levantaba de la mesa de negociación del Pacto por la Justicia, en el que vienen trabajando desde octubre de 2016 con PP y PSOE con un centenar de puntos acordados, alegando que las dos formaciones mayoritarias quieren mantener la politización del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Decía Prendes que el bipartidismo quiere seguir controlando la Justicia. Días antes, Ciudadanos coincidía con Podemos en señalar que la encuesta del CIS demostraba el fin del bipartidismo. La formación naranja ha rescatado el argumento del bipartidismo para tratar de taponar la vía de escape que el PP viene ensayando desde la activación del 155 tras el acuerdo alcanzado por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez; los portavoces populares han apelado desde entonces al sentido de Estado del Partido Socialista para alcanzar grandes acuerdos en materia, por ejemplo, de financiación autonómica. En el Foro Abc-Deloitte celebrado este jueves, el presidente del Gobierno, que mantiene una fluida relación con el secretario general del PSOE desde que pactaran la intervención de Cataluña, señalaba a este respecto que “el concurso de todos es conveniente”, pero que el apoyo del PSOE es “imprescindible”.


Los populares esperan que Rajoy –en la imagen, durante la Convención sobre la prisión permanente revisable– se haya dado cuenta de que ha de reaccionar.

En medio de esta pelea por un mismo espacio electoral, desde el PP no han ahorrado en reproches a quienes crecen a su costa en las encuestas. Sus portavoces han venido insistiendo en censurar el que llaman inmovilismo de Inés Arrimadas por no optar a la investidura y ni siquiera negociar la presidencia del Parlament de Cataluña. Además han reactivado la Comisión sobre la Financiación de los Partidos Políticos del Senado –respuesta en solitario a la que investiga en el Congreso su presunta financiación irregular– para poner en entredicho las cuentas de Ciudadanos después de que un informe del Tribunal de Cuentas sobre los ejercicios 2014 y 2015 señale que varias formaciones, entre ellas la de Rivera, “no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial”.

A este ejercicio de búsqueda de contradicciones en el partido naranja se suma la campaña en defensa de la prisión permanente revisable. Tras ver cómo C’s rentabilizaba electoralmente la unidad de España en medio de la mayor crisis política, institucional y territorial que ha vivido el país, el PP se ha aferrado a su defensa de la prisión permanente revisable en medio de la conmoción social que provocó la aparición del cadáver de Diana Quer. Y lo hace sin dejar de subrayar que, el pasado octubre, la proposición de ley del PNV para dar inicio a la derogación de esta figura penal salió adelante gracias a la abstención de Ciudadanos.

“Tomamos una decisión y la defendemos. No somos una veleta que cambia de postura en función de por donde vaya la opinión pública”, declaraba el lunes en rueda de prensa el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, en alusión a los cambios de opinión de Ciudadanos, que a finales de enero presentaba una enmienda a la totalidad a la iniciativa de los nacionalistas vascos con el fin de endurecer el código penal.

La enmienda de C’s tuvo su respuesta en una convención del PP sobre la prisión permanente revisable celebrada el 4 de febrero en Córdoba y tendrá también respuesta este mismo viernes por parte de los conservadores, cuando el Consejo de Ministros debate el anteproyecto de ley por el que se modifica el código penal en materia de prisión permanente revisable. Será uno de los cinco analizados en lo que se considera una nueva estrategia del presidente del Gobierno, que habría dejado de esperar a que escampe para tratar de tapar las goteras que amenazan con arruinarle la legislatura.

“Mañana voy a proponer la aprobación de un Real Decreto que permita a quien ahorra en planes de pensiones recuperar todo lo ahorrado a partir de los diez años”. Este era uno de los anuncios destacados de Rajoy durante su intervención en el almuerzo informativo del pasado jueves, en una semana cuanto menos inusual en la que varios ministros han concedido entrevistas en prensa, radio y televisión.

Porque una de las críticas que más se escuchan entre las filas populares es que el gabinete ministerial ni está ni se le espera entre la opinión pública. Por eso llevan tiempo reclamando que, o bien ejerzan un papel más político para dar la batalla de las ideas que Ciudadanos parece empezar a ganar sin apenas resistencia, o sean reemplazados por dirigentes más capaces. Del partido, de los territorios, del grupo parlamentario.

La posible salida de Luis de Guindos del Ministerio de Economía se presenta como una oportunidad para emprender los cambios con los que los populares esperan volver a conectar con un electorado poco entusiasmado con los actuales rostros del Ejecutivo. Saben que poco pueden hacer ante una decisión a la que Rajoy se resiste y sobre la que no se deja influir. Pero al menos perciben que “se ha dado cuenta de que hay que reaccionar”.

De momento, celebran que el Ejecutivo haya tomado la iniciativa legislativa y los ministros se hayan animado a explicar la labor del Gobierno en los medios. Además, están expectantes ante los próximos acontecimientos. Ante el almuerzo de trabajo de este lunes y ante la Convención Nacional que el PP celebrará los días 6, 7 y 8 de abril en Sevilla. De ella se espera conocer el nombre de los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Y con ello y en previsión de que algunos ministros puedan ser cabeza de cartel en sus respectivas circunscripciones, la esperada remodelación con la que recuperar parte del terreno perdido o por perder.  
 
Aunque todo está por ver. Sin que nadie espere cambios drásticos, confían en que al menos  éstos no se limiten a retoques estéticos. Porque para eso, y a su pesar, en Ciudadanos ya les han ganado la batalla.

 

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La marcha del titular de Economía al BCE reaviva el interés por una crisis de Gobierno. / EP

De Guindos pone nerviosos a los ministros

Luis de Guindos será el candidato de España a la vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva del Banco Central Europeo. La noticia la confirmaba el propio titular de Economía en una rueda de prensa celebrada este miércoles, asegurando que su elección es “una posibilidad muy clara” y, de confirmarse tras la votación del Consejo Europeo el 23 de marzo, dimitirá “inmediatamente” como ministro –algo que ya le exigen desde el PSOE–.

Desde el momento en que empezó a hablarse de su posible candidatura, en el Partido Popular y en la prensa afín o influyente comenzó a discutirse sobre la oportunidad que representaba la marcha de De Guindos para acometer la remodelación de un Gobierno aquejado, según sus detractores, de graves deficiencias. No sólo la de un exceso de técnicos en detrimento de los políticos, reproche que Rajoy ya escuchó en su primera legislatura, también por su escasa o nula aparición en los medios para explicar la labor del Ejecutivo y defender sus políticas ante las críticas de la oposición.

Por eso no es de extrañar que más de un 50 por ciento de la población no conozca a la mitad de los ministros. Según el barómetro del CIS hecho público esta semana, el 52,6% de los españoles no saben quién es el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, cifra superada por Dolors Montserrat (54,6%), Rafael Catalá (54,6%), Íñigo de la Serna (55,7%), Isabel García Tejerina (60,2%), Alfonso Dastis (64,1%) y Álvaro Nadal, desconocido para el 68,7% de los ciudadanos.

Esta semana, con las entrevistas en prensa, radio y televisión a De La Serna, Tejerina o Méndez de Vigo se habrán podido recortar algunas décimas. Pero en el PP siguen pidiendo más políticos para abordar de lleno el debate de ideas. Por eso miran con recelo las quinielas sobre el sustituto de De Guindos, entre los que destacan los nombres de Fernando Becker, que abandonaba el cargo de director corporativo de Iberdrola España el mismo día en que se hacía pública la candidatura a la vicepresidencia del BCE del titular de Economía, o Román Escolano, exdirector del Instituto de Crédito Oficial y actual vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones.