Los Dossieres 1.237 Tiempos de hoy

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 Nº 1237. 9  de marzo de 2018

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

Las protestas de los jubilados abren un inesperado frente al Gobierno

Los pensionistas se levantan

Las protestas por la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en nuestro país van ‘in crescendo’. El crecimiento económico de estos años no se ha visto reflejado en sus percepciones mensuales y los mayores están perdiendo la paciencia. Un colectivo en el que el gubernamental Partido Popular obtiene su mayor rédito en votos, por lo que los nervios empiezan a cundir en Génova, mientras las posiciones de los partidos parecen irreconciliables en las reuniones de la Comisión del Pacto de Toledo


Los pensionistas protestan contra una subida del 0,25% en sus pensiones, insuficiente para mantener su nivel de vida. / EUROPA PRESS

Decenas de miles de jubilados llevan semanas protestando en las calles de más de 40 ciudades españolas, exigiendo que sus pensiones vuelvan a subir más de un 0,25 por ciento anual, y que vuelvan a estar vinculadas a los índices del coste de la vida.

La situación viene de la reforma gubernamental de 2013 que introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones, desde la que se calcula la actualización tomando como referencia los gastos e ingresos de los últimos cinco años y las previsiones de los cinco siguientes. Según esto, el Índice de Revalorización para 2017 hubiera arrojado un recorte de las pensiones del 2,96 por ciento en función de las cuentas de la Seguridad Social, pero en la mencionada reforma se fijaba en los casos de que el resultado fuera negativo, un incremento mínimo del 0,25 por ciento en época de números rojos en la Seguridad Social, además de un máximo de incremento del IPC más un 0,5 por ciento en momentos de superávit. Como el sistema tiene un déficit próximo a los 18.000 millones de euros, desde 2014 las pensiones se han revalorizado ese mínimo del 0,25 por ciento.

Desde 1997 hasta 2013 se actualizaba con el dato de inflación de noviembre. Solo en dos ocasiones anteriores esto no había sido así: en 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones, salvo las mínimas y las no contributivas, y cuando en 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy las subió un 2 por ciento para los que ganan hasta mil euros mensuales y un 1 por ciento para los que percibían mayor pensión.

La Autoridad Fiscal calcula que las pensiones en España perderán un 7 por ciento de su poder adquisitivo hasta 2022 con el sistema de revalorización actual, que liga el alza anual a los ingresos y gastos de la Seguridad Social. CCOO lo cifra en un 15 por ciento en los próximos 10 años. Y el FMI, que toma un periodo más amplio, señala que para los nuevos pensionistas la caída de 2050 puede llegar hasta el 30 por ciento.

-El índice de revalorización se ha convertido en uno de los puntos estrella del debate en la reforma de pensiones. La mayoría de los partidos de la oposición y los sindicatos defienden su derogación y volver a la fórmula anterior que, al menos garantizaba que los jubilados no perderían poder adquisitivo.

La crisis que arrancaba en 2008, la baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida han traído como consecuencia que cada vez nos jubilemos más tarde. Actualmente, la edad media efectiva a la que se jubilan los trabajadores españoles es de 64,1 años, la cuota más alta de la historia desde que existen datos estadísticos al respecto. Una tendencia que también se repite en el resto de países de la OCDE. Estados como Francia, Alemania e Italia han visto aumentar sus edades efectivas de jubilación durante la recesión.

Es una de las razones por la que España gasta cada vez más en pensiones. Comparada con el resto de países europeos, está entre los que más gasta en este concepto en relación a su PIB. Dedica más que Alemania o Reino Unido aunque menos que Francia e Italia.

España está entre los cinco países europeos con mayor tasa de sustitución (porcentaje del salario que se convierte en prestación por jubilación). De media, los españoles perciben casi un 90 por ciento de su salario cuando se retiran de la vida laboral. Con las medidas en marcha, la previsión es que esta tasa baje hasta casi el 70 por ciento en los próximos años. En Alemania, el porcentaje cae al 50 por ciento de su salario antes de jubilarse. En Francia, un 68.

El grave descenso de la tasa de fecundidad hasta situarse por debajo de los niveles de reemplazo generacional en muchos países y, al mismo tiempo, el incremento de la longevidad y la esperanza de vida están detrás de esta situación.

Diferencias notables
En nuestro país, según los datos del Ministerio de Empleo, hay un total de 1.361.491 pensionistas que cobran 14 pagas de más de 1.600 euros. Esto implica que existen más de 1,3 millones de prestaciones que superan el salario medio de los trabajadores.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), fijó el sueldo medio de 2016 en 1.609 euros por 14 pagas.

Los datos del Ministerio de Empleo también ponen de manifiesto que hay casi 300.000 pensionistas que perciben más de 2.500 euros al menos. Pero también revelan la existencia de muchos pensionistas cuyas percepciones son muy reducidas. De hecho, el tramo más repetido es el de entre 600 y 650 euros, en donde se encuentran más de 1,8 millones de personas. En este nivel están también un buen número de personas que perciben una prestación por viudedad y que, en la mayor parte de los casos, se trata de mujeres.

Por comunidades autónomas, País Vasco, Asturias, Navarra o la Comunidad de Madrid son las que presentan unas pensiones más altas, con jubilaciones medias de más de 1.200 o 1.300 euros y pensiones medias por encima de los 1.000 euros. En el lado contrario se encuentran Extremadura, Galicia, la Región de Murcia o Andalucía.
Especialmente bajas son las prestaciones en las dos primeras CCAA, en donde la pensión media del sistema no llega a los 800 euros y la jubilación media se queda por debajo de los 900 euros.


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofrecía una rebaja fiscal para los jubilados de mayor edad. / EP

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informaba de que el PIB nacional creció un 3,1 por ciento en 2017, con lo que la economía española encadena ya tres años creciendo más del 3 por ciento, y las previsiones apuntan a un resultado similar cando concluya el presente 2018. Pero esto no parece suficiente para que el Gobierno suba las pensiones más de ese 0,25 por ciento.

La Seguridad Social lleva desde 2012 generando un abultado déficit que en 2017 alcanzó la histórica cifra de 18.800 millones de euros. 

La comisión del Pacto de Toledo lleva ya meses reuniéndose, aunque los partidos no han sido capaces de avanzar hacia puntos de acuerdo. El principal escollo pasa por la exigencia de las fuerzas de izquierda de ligar de nuevo las pensiones al IPC, lo que representaría un gasto adicional de unos 1.750 millones de euros. Retornar a esa fórmula, según el Ejecutivo, solo sería posible si la economía creciese por encima del 4 por ciento anual.

Recientemente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofrecía una rebaja fiscal para los jubilados de mayor edad. Se trataría de una deducción en la cuota del IRPF que se incluiría en los Presupuestos Generales del Estado. Al conocerse la propuesta, los Técnicos de Hacienda recordaron que el 63 por ciento de los jubilados no declara IRPF, por lo que el impacto sería reducido y, además, afectaría a las jubilaciones más altas.

Otraas propuestas señalan que es necesario eliminar cargas que no corresponden al sistema, como las políticas de empleo, o derivar ciertas prestaciones como viudedad y orfandad a los Presupuestos. Esta última actuación liberaría cerca de 20.000 millones de euros, aunque los cargaría a las arcas del Estado.

 


En España la edad legal de jubilación ya está en los 67 años. / EP

Trabajando más años

La edad legal de jubilación está marcada por las regulaciones de los sistemas de pensiones que, a su vez, están condicionadas por la esperanza de vida y la productividad. Es por ello que la crisis del sistema económico, junto con el aumento de la esperanza de vida y el incremento en el gasto público está empujando a los países de todo el mundo a redefinir legalmente la edad mínima de jubilación.

En los países de la UE la edad legal de jubilación se ha establecido por encima de los 65 años. España, Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania e Italia la han colocado en 67 años, mientras que en Reino Unido, Hungría e Irlanda han preferido aumentarla hasta los 68 años. Pero quedan países comunitarios que no han querido incrementar la edad mínima legal de jubilación más allá de los 65, como es el caso de Grecia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal o Austria (65 años), Finlandia o República Checa (63 años) y Francia (62 años), aunque en este caso, ya se han puesto medidas para llegar incluso a los 67..

En Turquía la edad de jubilación depende del sexo del trabajador y de la fecha de alta en el sistema de la Seguridad Social, por lo que pueden darse situaciones muy dispares, como que una mujer dada de alta antes del 2000 se pueda jubilar con 56 años, o incluso menos, y un hombre que cotice desde 2001 se jubile con 60 años como mínimo. En los países de la antigua Unión Soviética, como Rusia o Ucrania, también tiene fijadas edades de jubilación diferentes en función del sexo, siendo de 55 años para las mujeres y de 60 años para los hombres.

En Oriente Medio también se determina la edad legal de jubilación según el sexo, así encontramos países como Israel, entre los 60 años para las mujeres y los 65 años para los hombres, o Arabia Saudí, donde la edad es de 60 para los hombres y 55 para las mujeres.

En India se pretende mantener en 60 años la edad mínima de jubilación, independientemente del sexo. En Japón está en 65, mientas que Corea del Sur pretende seguir los pasos del país nipón, pero por ahora mantiene la edad media de jubilación en los 60-61 años. Similar es el caso de Singapur, que tiene fijada la edad de jubilación en los 62 años, aunque se está planteando la posibilidad de incrementarla al menos cinco años más. En Indonesia, nos encontramos con una edad legal de jubilación de las más bajas del mundo: 55 años.

En Australia, los trabajadores se jubilan a partir de los 65 años (está la opción incentivada de que continúen hasta los 70), sin importar su sexo. En los países latinoamericanos la edad mínima para jubilarse oscila entre los 60 y los 62 años, dependiendo también del sexo del trabajador. En Estados Unidos, la edad media también se sitúa en los 62 años, aunque, como ocurre en España, el tope máximo está en los 70 años.

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Las pensiones europeas

Según el informe de la Comisión Europea “The 2018 Ageing Report”, solo cinco países en la UE ligan exclusivamente la subida de las pensiones a la evolución de los precios: Francia, Italia, Austria, Hungría y Bélgica (que también recoge el coste de la vida del país). La mayor parte de los Estados miembros cuentan con sistemas mixtos que toman varios indicadores de referencia a la hora de revalorizar las pensiones, normalmente salarios, precios y PIB. En 11 de 28 países de la UE el sistema se basa en una mezcla de la evolución de los salarios y de los precios. Este es el modelo que funciona en la mayor parte de los países del Este y Norte de Europa: Finlandia, Polonia, República Checa, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Chipre, Bulgaria, Rumanía (hasta 2030) y Malta.

El PIB es un factor que influye en tres países europeos, en ninguno de ellos de forma exclusiva, sino como un componente variable. En Reino Unido, el Gobierno se comprometió a incorporar un índice en base al PIB, los salarios y los precios, si bien no se aprobó por Ley, por lo que hasta entonces se suben las pensiones según el mayor de los siguientes valores: aumento de salario medio, inflación ó 2,5 por ciento. En Portugal y Grecia rige un indicador conjunto de precios y PIB.

En ningún país se toma de referencia exclusivamente un índice de revalorización como el de España, que es el único Estado en el que ni los precios ni los salarios influyen en el incremento anual de las pensiones. En Alemania, junto a un factor de sostenibilidad que toma en cuenta la variación del número de cotizantes en relación con el número de jubilados, también se mira la evolución de los salarios. En cinco países (Noruega, Suecia, Países Bajos, Dinamarca y Lituania) los sueldos son la variable única que decide la revalorización de la pensión.

Además de los diferentes sistemas para el cálculo, existen otros factores diferenciales entre cada sistema de cada país comunitario:

Alemania
La edad de la jubilación ordinaria comenzó a aumentar progresivamente desde 2012 hasta 2029 a 65 y 67 años, en función de los años cotizados. La jubilación anticipada se aplica a partir de los 63 años, a las personas nacidas antes de 1952 y con al menos 15 años de cotización (entre otros requisitos). Esta pensión se reduce en un 0,3 por ciento por cada mes de anticipación de la edad ordinaria de jubilación. Las mujeres nacidas antes de 1952 tienen un régimen distinto.

Austria
Se requieren 45 años cotizados para acceder a la jubilación con el importe íntegro a los 65 años en el caso de los hombres. Las mujeres, a los 60 años (que sube hasta los 65 de forma gradual entre 2024 y 2033). Hay varias opciones de jubilación anticipada. Una de ellas es la ‘pensión-corredor’ a la que se accede con al menos 37,5 años de cotización -aumenta gradualmente a 40 años entre 2013 y 2017- a la edad de 62 años (ambos sexos) y que tiene una reducción del 5,1 por ciento por año de anticipación.

Bélgica
Con 45 años de cotización, la edad de jubilación ordinaria con el importe íntegro son los 65 años. Existe la posibilidad de jubilarse anticipadamente desde los 60 años si se ha cotizado 35, sin coeficientes reductores. Con la última reforma de diciembre de 2011, este régimen se ha endurecido y se aumentó la edad a 62 años desde 2015 e incrementó  el período de carencia a 40 años.

Dinamarca
Para la pensión nacional (un mínimo garantizado independiente de la pensión que se obtiene por aportaciones individuales), hay un requisito de 40 años de residencia entre los 15 y 65 años. La edad ordinaria de jubilación es de 65 años y, de acuerdo con la reforma de 2011, aumenta gradualmente para la pensión nacional y la individual a 67 años entre 2019 y 2022. Existe una modalidad de pensión anticipada de base voluntaria que de acuerdo con la reforma de 2011 aumentó de 60 a 62 años entre 2014 y 2017, y a 64 años en el período 2018-23.

España
A partir de 2027 deberá acreditarse 38 años y medio cotizados para jubilarse con 65 años, la actual edad ordinaria de jubilación. Desde 2013 a 2027 se establece la edad de jubilación entre 65 y 67, en función de los años cotizados. La jubilación anticipada será dos años inferior a la jubilación ordinaria a lo largo de ese periodo transitorio y acabará establecida en 2027 entre los 63 y los 65 años, en función de los años cotizados.

Finlandia
Para la pensión nacional (un mínimo garantizado independiente de la pensión que se obtiene por aportaciones individuales), hay un requisito del 80 por ciento de tiempo de residencia entre los 15 y 65 años. La edad ordinaria de jubilación para la pensión nacional son los 65 años. Para la pensión contributiva individual, la edad va de los 63 a los 68 años. Existe la jubilación flexible dentro de la pensión contributiva individual desde los 63 a los 68 años (desde los 63 años la pensión aumenta un 4,5 por ciento). A partir del 1 de enero de 2013 se suprimió la pensión de vejez a los 62 años para parados de larga duración nacidos a partir de 1958. Asimismo se ha suprimido la jubilación anticipada de la pensión contributiva para los nacidos a partir de 1952.

Francia
El tiempo de años cotizados es de 164 trimestres para los nacidos antes de 1952 y se jubilan ordinariamente, en función del tiempo cotizado entre los 60 y 65 años. Para los nacidos a partir de 1955 se requieren 166 trimestres cotizados para jubilarse ordinariamente, según la última reforma de 2011, a entre los 62 y los 67 años (aumento gradual entre 2017 y 2022). La jubilación anticipada para los nacidos antes de 1952 es a los 60 años si no reúnen las condiciones para una pensión completa del Régimen General y se aplican coeficientes reductores trimestrales. Para los nacidos a partir de 1956 existe la jubilación anticipada desde los 56 años: está pensada para carreras de cotización largas que reúnen, entre otras, las condiciones para una pensión completa del Régimen General y han empezado a trabajar antes de los 18 años (43 años cotizados a partir de 2012).


En Grecia se obtiene la pensión íntegra tras 40 años de cotización. / EP

Grecia
Los años de cotización requeridos para alcanzar la pensión íntegra son 40, desde 2015. A partir de 2013, la edad ordinaria de jubilación para ambos sexos pasó a los 65 años. La jubilación anticipada es a partir de los 60 años y, de acuerdo con la nueva legislación de 2011, con un coeficiente reductor del 6 por ciento por cada año (para aquellos que se jubilan entre los 60 y los 65 y tienen menos de 40 años cotizados).

Holanda
Para alcanzar el importe íntegro de la pensión se exige estar asegurado continuamente entre los 15 y los 65 años. La edad ordinaria de jubilación serán los 65 y los 67 años a partir de 2023. Una ley de 2011 establece la posibilidad de jubilarse anticipadamente dos años antes de la edad ordinaria, con un coeficiente reductor del 6,5 por ciento anual.

Irlanda
Para la pensión estatal mínima se requiere una media anual de 48 contribuciones. La edad ordinaria de jubilación está establecida en los 65 y 66 años, que aumentará respectivamente a los 67 y 68 en 2028. No existe la jubilación anticipada.

Italia
Los hombres deben cotizan 42 años y un mes para obtener la pensión íntegra. Su edad ordinaria de jubilación son los 66 años. Las mujeres deben cotizar 41 años y un mes, y su edad ordinaria son los 62 años. En 2021, la edad serán los 67 años para ambos sexos. La modalidad de jubilación anticipada se ha suprimido.

Luxemburgo
40 son los años de cotización para alcanzar la pensión íntegra. La edad de jubilación son los 65 años.

Portugal
Se requieren 40 años de cotización para alcanzar el importe íntegro de la pensión. La edad ordinaria de jubilación se fija en los 65 años. Es posible jubilarse anticipadamente desde los 55 años de edad y acreditando 30 años cotizados (en ese caso se aplica una penalización anual del 6 por ciento anual). No obstante, un decreto de 2012 establece la suspensión de las normas de anticipación de la pensión de jubilación.

Reino Unido
30 años es la cotización necesaria para acceder a la pensión básica estatal desde abril de 2010. La edad ordinaria de jubilación de los hombres está fijada en 65 años. La de las mujeres estaba en 60, pero fue aumentando gradualmente hasta los 65 entre 2010 y 2018. Entre 2018 y 2020, la edad ordinaria de jubilación aumentará para ambos sexos hasta los 68 años. No existe la jubilación anticipada.

Suecia
Para la pensión garantizada se requieren 40 años de residencia en el país; para la pensión contributiva, 30 años de cotización; y para la pensión ‘premium’ simplemente no existe el concepto de pensión máxima por tiempo de cotización. La edad ordinaria de jubilación oscila entre 61 y 67 años para la pensión contributiva y la premium. Para la pensión garantizada la edad son 65 años.

 

Las posiciones de los partidos

Tal y como se lleva meses apreciando en las reuniones de la Comisión sobre el Pacto de Toledo, existen distancias insalvables entre las formaciones políticas al respecto del sistema de pensiones en nuestro país. Los partidos de la izquierda abogan por el retorno a la vinculación de las revalorizaciones con el IPC, mientras que los de la derecha se oponen y tratan de introducir alternativas ‘privadas’ para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. En líneas generales, estos son sus posicionamientos actuales:



Partido Popular

-Promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales.

-Aumentar la cantidad que da derecho a deducción en el IRPF por las aportaciones a sistemas de previsión social, en los casos en que las aportaciones se realicen conjuntamente por el empleador y el trabajador. Además, proone revisar la forma de cálculo del IRPF cuando se rescaten planes de pensiones.

-Favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, fijada actualmente en los 65 años.

-Facilitar programas específicos para la reincorporación laboral de los trabajadores mayores de 55 años que sean parados de larga duración.

-Recientemente, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, planteaba que a la hora de fijar la pensión, los trabajadores con más de 35 ó 40 años de cotización puedan esgrimir su contribución de toda la vida laboral si con ello salen beneficiados al cobrar la prestación. Se trata de compensar a quienes pudieron estar algunos años en paro y, por tanto, con una cotización muy pequeña a la Seguridad Social.

PSOE

-Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de esta legislatura, empezando por la regulación de la jubilación anticipada.

-Mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones sociales a través de la elevación gradual de la base máxima de cotización y de la mejora progresiva de las bases mínimas.

-Incrementar las pensiones mínimas.

-Incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60 por ciento del salario medio.

-Recuperar la cotización por jubilación en los supuestos de percepción del subsidio asistencial por desempleo hasta el 125 por ciento del salario mínimo.

-Recientemente han planteado una propuesta para crear un nuevo impuesto a las entidades financieras que recaude hasta 1.000 millones anuales destinados a reducir el déficit de la Seguridad Social. La iniciativa se añade a otro tributo a las transacciones financieras. En esta línea, la Ejecutiva socialista aprobaba una propuesta política dedicada al problema del abultado déficit de la Seguridad Social (que para 2018 se estima de 15.500 millones de euros) que carga en las entidades financieras parte de ese agujero. Los socialistas proponen reducir el déficit de la Seguridad Social a partir de una racionalización del gasto -derivando a los Presupuestos Generales 4.300 millones anuales que no debería asumir la Seguridad Social- y de un aumento de ingresos. Estos se lograrían principalmente con dos nuevos impuestos: uno extraordinario que gravaría exclusivamente los beneficios de la banca, y otro a las transacciones financieras, que podrían recaudar de 1.600 a 2.000 millones anuales.

-Apoyar los planes de empresa obligatorios como complemento a la pensión pública dentro de las reuniones que se están realizando en la Comisión del Pacto de Toledo. Los planes de empresa que está dispuesto a negociar el PSOE van siempre al margen de las cotizaciones sociales, lo que se conoce como el ‘modelo inglés’.

-En esta dirección, fomentar la creación de planes de empresa que se llenarían con las aportaciones que realice el empleador para sus trabajadores. De esta forma, cada trabajador iría acumulando una ‘hucha’ cada año que sería obligatoria y que dispondría de ella y de los intereses generados tras la jubilación. Se trataría de una forma forzosa de fomentar el ahorro privado. Este dinero no se perdería cada vez que un trabajador cambia de empleo, sino que se mantiene como un plan de pensiones ordinario, y que continuará llenándose con las aportaciones que realice la siguiente empresa. La gestión de estos planes de empresa podrían llevarla a cabo las entidades financieras (una o varias), o bien que se encargase directamente la Seguridad Social, igual que gestiona actualmente el Fondo de Reserva (conocido como la ‘hucha de las pensiones’).

Para este punto parece contar con el apoyo de Ciudadanos y el propio Gobierno también estaría dispuesto a negociar la implantación de planes de empresa como un complemento para unas pensiones que se irán reduciendo en los próximos años.

Unidos Podemos

-Elevación del gasto social en un 1,1 por ciento sobre la propuesta del Partido Popular y, de este modo, revalorizar las pensiones.

-Indexación de las pensiones al IPC.

-Derogación de la reforma de las pensiones que aprobaron el Gobierno del PSOE en 2010 y el Gobierno del PP en 2014.

-Revisión y progresiva supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones.

-Eliminación de los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados.

-Eliminación del tope máximo a las cotizaciones.

-Revalorización de la pensión mínima en los siguientes términos: la pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo será equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual, la pensión de jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110 por ciento del SMI anual.

-Subir un 10 por ciento el Impuesto de Sociedades que pagan los bancos sobre sus beneficios, con el fin de recaudar cerca de 5.800 millones de euros en cinco años. Entre los objetivos de la propuesta, están la financiación de las pensiones y de la prestación de dependencia.

-En julio de 2017 presentaba una alternativa completa elaborada con la colaboración de varios académicos. La proposición de ley sobre reforma de las pensiones de Unidos Podemos establece la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, salvo para las personas que tengan más de 30 años de cotización, que se podrían jubilar a los 61.

Además, para calcular la cuantía de las pensiones, se propone volver a ligar las pensiones con la actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC). La propuesta debería ser completada con la iniciativa de aumentar el salario mínimo hasta los 900 euros.

-Eliminar determinadas deducciones a las empresas.

-No limitar la financiación de las pensiones a la Seguridad Social. Si se produce una financiación insuficiente, debe ser compensada mediante los Presupuestos Generales del Estado.

-Estudiar  la modificación o creación de nuevos impuestos específicos para sostener las pensiones. Sus cálculos consideran que un aumento de la presión fiscal de 1,2 puntos durante 5 y 10 años permitiría recaudar 12.500 millones de euros.



Ciudadanos

-Reforma del sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, la suficiencia de las pensiones, la transparencia del sistema y su flexibilidad en el marco del Pacto de Toledo.

-Garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.

-Libertad de los trabajadores para decidir a qué edad jubilarse y acceder a una pensión de jubilación en función de lo que haya cotizado a lo largo de toda la vida laboral.

-Posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con la remuneración de trabajos puntuales derivados de la actividad creativa.

 

Doble discriminación: mujer y pensionista

El 70 por ciento de las mujeres que perciben una pensión por jubilación no llega al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es de 735,9 euros para 2018, mientras que en los hombres esta cifra se reduce al 29 por ciento, según el informe sobre la situación sociolaboral de las mujeres españolas elaborado por USO, de este mismo año.

El texto pone de relieve que el 79 por ciento de las pensiones de los hombres son de jubilación, frente al 45 por ciento que representan en las mujeres,  que concentran en similar porcentaje las pensiones  de viudedad (44 por ciento).

Además, la inactividad (no trabajar, ni buscar empleo) también es superior en ellas (58 por ciento) que en ellos (42). En términos absolutos, esto significa que  existen 2.650.425 más de mujeres inactivas que de hombres.

La alta tasa de inactividad femenina se relaciona con la existencia en los hogares de hijos o de personas adultas en situación de dependencia, hecho que duplica el tiempo de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, pero no el de los hombres.
Respecto a los tipos de contrato, destaca el informe que las féminas firmaron el 41 por ciento de los contratos a jornada completa y los hombres el 59 por ciento, restante.

Al contrario ocurre al analizar los contratos a jornada parcial, ya que el 73,32 por ciento fueron para mujeres.

 


Sólo el 16% de los niños en África está cubierto por una prestación familiar.

Los auténticos ‘parias’

Un informe publicado por Organización Internacional del Trabajo (OIT) a finales de 2017 alerta de que un 55 por ciento de la población mundial carece de cualquier tipo de cobertura o prestación social. Según el ‘Informe sobre la protección social en el mundo 2017-2019’, solo un 29 por ciento de la población mundial está cubierta por sistemas completos de seguridad social, que incluyen desde prestaciones familiares hasta pensiones para la tercera edad. Del otro 71 por ciento de la población, es decir, 5.200 millones de personas, solo 1.200 tienen algún tipo de protección parcial, mientras que el resto no está cubierto en absoluto. 

En lo referente a la infancia, solo el 34,9 por ciento de los niños y niñas del planeta está cubierto por una prestación familiar destinada a la infancia, aunque en África la cifra es del 15,9 por ciento, mientras que en Europa el 87,5 por ciento estaría cubierto. Así, en el mundo 1.300 millones de niños carecen de cualquier tipo de protección.

El grupo social más desprotegido es el de las personas desempleadas. Tan solo un 21,8 por ciento a nivel mundial recibe algún tipo de cobertura por desempleo. Esta cifra es del 42,5 por ciento en Europa y Asia Central, mientras que se reduce a un 22,5 por ciento en Asia y Pacífico, a un 16,7 en América y a un 5,6 por ciento en África.

Del mismo modo,  las personas con discapacidad severa se ven profundamente afectadas por la falta de cobertura social. Solo un 27,8 por ciento de ellas reciben algún tipo de prestación por discapacidad en el mundo. Por otro lado, el porcentaje de madres de recién nacidos que reciben una ayuda a la maternidad es del 41,1 por ciento, y el de personas mayores que reciben algún tipo de pensión contributiva o no contributiva tras alcanzar la edad de jubilación es del 67,9 por ciento a nivel mundial, según este informe. 

La organización denuncia igualmente que en el caso de las pensiones a personas mayores, “el nivel de las prestaciones suele ser bajo y no alcanza para que los adultos mayores salgan de la pobreza”. Además, “en muchos países, la consolidación fiscal y la presión a favor de la austeridad siguen poniendo en peligro la suficiencia de las pensiones a largo plazo”.