El 8-M sacude al Gobierno Tiempos de hoy

-

 
   

 Nº 1237. 9  de marzo de 2018

- - --

Política / E. S.

La huelga feminista incendia un nuevo frente a Rajoy
 
El 8-M sacude al Gobierno

La igualdad real ha sido y sigue siendo una asignatura pendiente que el feminismo acaba de apuntar en el debe de Mariano Rajoy. Con varios frentes abiertos –brecha salarial, discriminación, violencia machista–, la huelga y las manifestaciones del 8 de Marzo han dado un golpe sobre la mesa. Alentadas por un movimiento sin precedentes, las mujeres han salido a la calle para reclamar un lugar en el mundo justo y corresponsable. Demandas que conciernen a todas las formaciones políticas y, especialmente, al partido en el Gobierno, desbordado por la respuesta ciudadana y sumando un foco más al incendio que amenaza con asolar su frágil estabilidad.


Las ministras de Rajoy, como Dolors Montserrat y Fátima Báñez, se han enredado en un discurso que defiende la igualdad pero no los mecanismos para alcanzarla. / EUROPA PRESS

El líder popular dio un bandazo inesperado para las mujeres del PP al comprobar el crecimiento exponencial del respaldo a la huelga   Los conservadores hacen equilibrios entre las demandas sociales y las de sus militantes, más volátiles que de costumbre y con una alternativa de voto en Ciudadanos

La respuesta a la convocatoria del 8-M no ha tenido precedentes y al partido en el Gobierno le ha costado verlo venir. Desde que el PP difundiera el 21 de febrero un argumentario rechazando la huelga por apostar “por el enfrentamiento entre hombres y mujeres” y por ser “elitista” e “insolidaria”, las declaraciones de sus dirigentes se fueron modulando a medida que crecían las adhesiones a una jornada histórica desde todos los sectores profesionales y comenzaban a intuir que el grito feminista acabaría convirtiéndose en un clamor popular.

Ocurrió de manera improvisada a la vista de la descoordinación de sus portavoces, hasta que un nuevo argumentario enviado a dos días del paro de mujeres trató de unificar su “compromiso con todas” ellas. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, comenzó diciendo que la del Día de la Mujer iba a ser “la manifestación de Podemos” y “de Pablo Iglesias” para terminar declarando su “respeto a la posición que cada ciudadano pueda tener” sobre la huelga en un día que los conservadores, tras haberse desmarcado de una opción mayoritaria, celebrarían en solitario con una convención sectorial en Logroño “para elevar la bandera de la igualdad”.

El propio líder popular daba un bandazo inesperado para las mujeres del PP al comprobar el crecimiento exponencial del respaldo a la huelga. Después de que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijeran que iban a redoblar esfuerzos el 8 de marzo –“haré huelga a la japonesa”, subrayaron ambas–, Mariano Rajoy declaró que “no me reconozco” en la afirmación “que ha hecho algún miembro de mi partido”.

El jefe del Ejecutivo se manifestaba con estas palabras a propósito de un debate que incomoda en el PP y del que trató no salir escaldado en el Senado. La representante de Nueva Canarias, María José López Santana, acababa de preguntarle por los compromisos del Ejecutivo para mejorar las condiciones sociolaborales de las camareras de piso, un colectivo de casi 200.000 trabajadoras conocidas como kellys afectadas por trastornos de salud y precarizadas por la externalización y unos sueldos míseros. Tras escuchar por boca de una hija, prima y sobrina de camareras de piso sus condiciones de trabajo, el presidente dijo haber quedado impactado y se comprometió a recibirlas el próximo día 22.

En el camino de la redención, Rajoy desautorizaba a dos dirigentes de primer nivel que no habían hecho más que ‘adornar’ la línea oficial del partido respecto a la convocatoria del 8M. Tejerina acabó negando sus propias palabras –la culpa siempre es del mensajero– y Cifuentes terminó hablando de “respeto” a todas las posturas. Ella que además había sido doblemente ninguneada; tras compartir algunas reivindicaciones del 8M como la lucha contra la violencia de género, el portavoz de su grupo en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, tachaba de “irresponsable” que se incluyera en la manifestación porque tiene su propio día y existe un pacto de Estado al respecto.

Cuando el Gobierno era feminista

Le llovieron críticas desde los sectores más conservadores, que quisieron ver una campaña de marketing político en las medidas adoptadas desde que llegara a La Moncloa y que ciertamente le dieron repercusión internacional. Pero para las activistas de la época no había duda: José Luis Rodríguez Zapatero fue un presidente feminista. Llevó la paridad a su Consejo de Ministros, donde llegó a haber mayoría de mujeres y donde una de ellas ocupó, por primera vez, la vicepresidencia primera, impulsó la Ley contra la Violencia de Género, ejemplo para países de nuestro entorno, y sacó adelante la Ley de Igualdad, todo un hito para un país que donde hacía tan sólo unas décadas las mujeres no podían tener su propia cuenta en el banco sin permiso de su marido.

 

El Siglo dio cuenta de los avances en materia de igualdad durante los gobiernos de Zapatero.

El entonces líder socialista consiguió “que la impronta feminista se esté convirtiendo en una seña de identidad de sus políticas de Gobierno”, contaba El Siglo en 2006, cuando comenzó a gestarse una ley integral que implicaba una discriminación positiva que generó debate con el PP y también en el seno del Gobierno. Como contaba la directora de esta publicación, Inmaculada Sánchez, en su libro Las zapatistas (La Esfera de los Libros), el presidente preguntó a los varones de su equipo: “Alguno de vosotros, cuando era pequeño, ¿ha sentido miedo real porque le pegara una chica?”. Ninguno asintió. “Esa es la diferencia que esta ley va a intentar paliar”.

Desde entonces, las mujeres del PSOE se convencieron de que Zapatero estaba decidido a defenderlas. Y, desde entonces, la trayectoria del PSOE ha estado tan ligada al feminismo que su vinculación, aunque ha pasado algunas crisis –cuando la situación económica llevó al expresidente a suprimir el Ministerio de Igualdad en 2010 y cuando Ciudadanos impuso tres excepciones sobre aborto, los vientres de alquiler y la custodia compartida en su pacto con Pedro Sánchez–, goza de buena salud.

En el PP se han dado cuenta tarde y mal de que también en sus filas existe un voto femenino a favor de muchas de las demandas de este 8 de marzo que, por no responder a los parámetros tradicionales del feminismo de izquierdas, no aciertan a gestionar. Ni siquiera son capaces de asumir la trasversalidad del término; la ministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, Dolores de Montserrat, declaraba en la cadena Ser la víspera del Día de la Mujer que, aún defendiendo la “igualdad real y efectiva” entre mujeres y hombres, el feminismo “lo considero una etiqueta, y no me gustan las etiquetas”.

Tampoco la ministra más concernida por esta convocatoria de huelga, la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha asumido el alcance de una brecha salarial que de media asciende al 23 por ciento y en algunos sectores laborales puede superar el 34 por ciento, según datos de la encuesta de escalas salariales elaborada por el departamento que dirige. Más preciso es el estudio que Fedea acaba de hacer público, según el cual una mujer gana un 13% menos que un hombre en trabajos similares, desarmando el argumento de que la desigualdad retributiva se debe al desempeño de tareas peor pagadas o a las menores responsabilidades de las trabajadoras.

La brecha que existe en España está en “mínimos históricos” y no se debe a “ser mujer”, sino “a ser madre”, ha declarado Báñez, pasando por alto que los contratos a tiempo parcial son mayoritariamente femeninos e involuntarios, que los cuidados de mayores o dependientes son asumidos también por hermanas, hijas o nueras o que soluciones como los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles para luchar contra la discriminación con excusas de orden biológico están a la espera de que la oposición logre sacarlas adelante.

Difícil equilibrio
Si bien las actividades parlamentarias programadas en las dos Cámaras para el 8 de marzo fueron aplazadas para no hacerlas coincidir con la huelga, la Mesa del Congreso convocó dos actos institucionales el 8 de marzo con motivo, precisamente, del Día de la Mujer. Se trataba de una charla-coloquio presidida por Ana Pastor con mujeres líderes en sus respectivos campos y de la presentación de la primera edición del premio de periodismo parlamentario “Josefina Carabias”, que la Mesa alumbró en apenas dos semanas.

Representada mayoritariamente por PP y Ciudadanos, los dos partidos que no han secundado ninguno de los paros convocados –el de dos horas y el de 24–, la Mesa había “organizado una agenda paralela a la del movimiento feminista”, denunció la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, que con sus compañeras secundó la huelga de 24 horas para visibilizar que, “si nosotras paramos, para el mundo”.

Lo cierto es que el PP se manifiesta a favor de la igualdad, pero las medidas que plantea, como los currículos ciegos, el complemento de maternidad o la exigencia de que los consejos de administración estén representados en un 30 por ciento por mujeres en 2020 –la Ley de Igualdad de 2017 recomendaba un 40 por ciento en 2015– se consideran insuficientes desde casi todos los grupos parlamentarios, que recuerdan además al Gobierno que de poco sirve un Pacto de Estado contra la Violencia de Género de no haber una adecuada y suficiente dotación económica. Por no hablar de que, a pesar de haber nombrado a dos mujeres como número dos del Gobierno y del partido –Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta y María Dolores de Cospedal como secretaria general–, Mariano Rajoy no quiere ni oír hablar de las cuotas con las que alcanzar la igualdad real y efectiva que su formación dice defender.

Por otra parte, los conservadores se encuentran en un permanente equilibrio entre las demandas sociales y las de sus militantes, más volátiles que de costumbre y con una alternativa de voto por primera vez en décadas. Y mientras trataban de encontrar su sitio en un escenario que les resulta ajeno, la causa feminista ha tenido una réplica menos oscilante que la del PP en Ciudadanos, que en las últimas semanas ha mantenido el mismo discurso: no se sumarían a los paros convocados el 8M por tener planteamientos anticapitalistas pero una representación de su Ejecutiva sí participaría en la manifestación en defensa de la igualdad de las mujeres.

A ello hay que sumar las presiones que han recibido los conservadores por la derecha. Antiguas dirigentes del PP como la exdiputada Cayetana Álvarez de Toledo o la expresidenta del PP vasco, María San Gil, han firmado un manifiesto publicado en El País y ratificado también por la eurodiputada de UPyD, Teresa Giménez Bartat, o la excandidata de Ciudadanos, Cristina Losada, titulado No nacemos víctimas. “Nos rebelamos contra esa política de identidad que nos aprisiona en un bloque monolítico de pensamiento que niega la individualidad”, dicen sobre el feminismo, lamentando “que se ha instalado en el discurso predominante en los medios y en la política” y que “presenta a las mujeres como víctimas por definición de una sociedad machista”.

La huelga y las manifestaciones que han recorrido las principales ciudades españolas, también las capitales de medio mundo, ahogan hoy las voces discrepantes. La brecha salarial, la discriminación laboral, la violencia machista y el trato desigual que sufren a diario las mujeres por el mero hecho de serlo le han puesto las gafas violetas al debate político. Compartiendo espacio con el resto de demandas sociales que se acumulan en la agenda de un Gobierno desbordado como está por los ángulos ciegos de esta salida insolidaria e imperfecta de la crisis.


Los pensionistas están pendientes de las soluciones que Rajoy vaya a plantar en el pleno del día 14. / EUROPA PRESS

Los otros fuegos

La atropellada rectificación del Gobierno sobre la convocatoria de huelga del 8M no habría sido tal de no encontrarse en un momento de debilidad política y parlamentaria como el que ahora amenaza la tramitación de los presupuestos, la paz social y las expectativas electorales del partido que lo sostiene.

Las miles de mujeres y también hombres que se han manifestado en las ciudades españolas para reclamar la igualdad real han avivado un incendio que amenaza con abrasar a Mariano Rajoy, inmerso en una tormenta perfecta de bloqueo presupuestario, parálisis política, juicios hostiles, manifestantes airados y encuestas adversas.

Ante la acumulación de tareas, el presidente va por partes. Lo primero, los jubilados. Nada menos que nueve millones de votantes movilizados y enfadados con la subida del 0,25 por ciento de la pensión. La ministra Fátima Báñez cometió el error de celebrarlo con una carta que acabó por incendiar los ánimos de quienes han sostenido a las familias españolas en los peores años de la crisis. Y el presidente tratará de apagarlos este 14 de marzo en un pleno monográfico donde expondrá sus propuestas sobre pensiones, aunque el debate no admitirá votar propuestas de resolución en contra de las peticiones de la oposición.

Después vendrán los presupuestos, que el Gobierno presentará en el Consejo de Ministros del 23 de marzo. El bloqueo de Ciudadanos se levantará en cuanto se solvente el caso de la senadora del PP imputada en el caso Púnica. Pero la situación en Cataluña plantea dificultades a un PNV que condiciona su voto favorable a las cuentas de 2018 a la desactivación del 155.

Al calor de estos obstáculos, otros tantos se han venido a sumar a un nuevo annus horribilis para Rajoy, que los encadena desde 2012 –amenaza de rescate– y 2016 –diez meses sin Gobierno–.

Con una diferencia de apenas unos días, el secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha anunciado que exigirá a Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso “si no es capaz de aprobar” los presupuestos y decide no anticipar las generales; se ha publicado la enésima encuesta que augura el sorpasso de Ciudadanos al PP; miles de regantes se han manifestado ante el Ministerio de Agricultura para reclamar soluciones ante la sequía estructural que padecen los agricultores del Levante español; el PSOE y Unidos Podemos han abandonado la mesa de negociación del pacto educativo anunciando Pablo Iglesias más “movilización en las calles”; la declaración en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ha venido a recordar las cuentas pendientes del PP con la justicia; y las mujeres han enseñado músculo a un Gobierno sin fuerzas para salir airoso de tanto envite.