El máster más caro del mundo Tiempos de hoy

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 Nº 1241. 6  de abril de 2018

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Política / Virginia Miranda

Hunde a Cifuentes, amenaza el bastión madrileño del PP y revoluciona el delfinario

El máster más caro del mundo

Ni Cristina Cifuentes ni Mariano Rajoy esperaban encontrarse en plena carrera electoral con un obstáculo de semejantes características. Tras dos semanas de incesante goteo sobre las irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, la presidenta regional está acorralada. Su principal coartada, un acta que presuntamente acreditaba su trabajo fin de máster, acaba de ser desmontada y el asunto ha llegado a la Fiscalía. Un día antes de dar comienzo la Convención Nacional donde esperaba insuflar ánimos a un partido desencantado y temeroso del ascenso de Ciudadanos, al líder conservador le ha estallado otra bomba de relojería. La cuenta atrás ha comenzado y, sin artificieros que la paren, puede hacer saltar por los aires un bastión territorial tan estratégico como la Comunidad de Madrid.


Cifuentes trata de resistir mientras la Fiscalía investiga ya la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público. / EUROPA PRESS

Cristina Cifuentes tiene demasiados frentes abiertos para salir indemne de la quema, y el del máster es el mayor de los problemas políticos con los que se ha encontrado hasta la fecha   Una fórmula como la de Murcia, donde dimitió su anterior presidente para salvaguardar el pacto de legislatura entre PP y Cs, es la mejor de las opciones para ambos partidos en Madrid

Ni la financiación ilegal del PP, ni la oposición. La carrera de Cristina Cifuentes se la va a llevar por delante un máster presuntamente falseado. Muy alto apuntaba la lideresa madrileña, un mirlo blanco que aspiraba a sobrevolar la séptima planta de Génova, 13 y que, en el camino, no vio las puertas que se cerraban en el mismo instante en que tomaba impulso.

Demasiados frentes abiertos para salir indemne de la quema. Ella misma hizo su relato cronológico este jueves en la Asamblea de Madrid, dos semanas después de que eldiario.es contara que obtuvo un Máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con notas falsificadas.

Primero fueron las actas del Canal de Isabel II que la oposición reclamó en el marco de la comisión de investigación sobre el caso Lezo y que ella se negó a entregar –la justicia le acabó dando la razón–, después fueron las acusaciones de Francisco Granados, principal imputado en el caso Púnica, atribuyéndole el conocimiento de la financiación ilegal del PP de Madrid y una relación personal con el también imputado por corrupción, Ignacio González. Y un día después de dar explicaciones sobre este asunto en el Congreso, fue la noticia del máster, el mayor de los problemas políticos con los que se ha encontrado hasta la fecha.

Tras permanecer quince días en silencio, Cristina Cifuentes compareció el miércoles en la Asamblea de Madrid para dar su versión sobre cambios de notas, inscripciones fuera de plazo, fechas y direcciones sospechosas, tasas desconocidas y un trabajo de fin de máster (TFM) desaparecido. Y subrayando en todo momento que está siendo objeto de una campaña de descrédito, entre otras cosas, por su actitud de tolerancia cero contra la corrupción.

La lideresa madrileña seguía presumiendo ante los grupos de la Asamblea y después ante los medios de lo que menos entusiasmo y más recelos generan en su propio partido. La víspera de que el máster echara por tierra sus planes políticos presentes y futuros, Cifuentes declaraba en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular que, como responsable del Comité de Derechos y Garantías del PP regional, no le correspondía a ella tomar medidas disciplinarias contra sus excompañeros imputados hoy por corrupción sino al comité nacional. Unas palabras que no sentaron nada bien en la formación conservadora y que explican en buena medida la frialdad con la que despacharon la polémica en la que acababa de verse envuelta la baronesa regional.

“He sentido en todo momento el apoyo de mi partido” y “lo sigo sintiendo”. En su primera comparecencia ante los medios tras dos semanas desaparecida, Cifuentes quiso descartar que su partido la hubiera abandonado a su suerte. Pero hasta su declaración este pasado miércoles Génova no se pronunció; la intervención en el pleno de la presidenta del PP madrileño había sido contundente, convincente y sólida y aportó documentación y suficientes explicaciones para aclarar las dudas que había planteado la oposición, dijo la dirección nacional del partido.

Las declaraciones de los portavoces seguían esta misma línea argumental, descargando la responsabilidad sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. Lo hizo el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, igual que lo había hecho Cristina Cifuentes, que ante las dudas sobre la documentación que aportó en la Asamblea recordó que ella sólo había sido una alumna –eso sí, con privilegios para no ir a clase o hacer exámenes como el resto de alumnos porque llegó a un acuerdo con los profesores– y que las aclaraciones debía darlas la universidad pública, financiada con dinero de la Comunidad de Madrid y que, según declara estos días personal de la propia institución, mantiene estrechos vínculos con el Partido Popular.

El asunto daba un vuelco en tan sólo 24 horas; Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta de un tribunal que habría puntuado con un 7,5 a la presidenta regional, declaraba el jueves ante la instructora de la investigación abierta por la URJC que no reconocía el acta del TFM y que no la firmó. Y lo hacía un día después de que Cifuentes asegura en rueda de prensa no sólo haber defendido su trabajo fin de máster ante un tribunal que parece que nunca se reunió, también que hacerlo le llevó entre diez y quince minutos en el campus de Vicálvaro de la Rey Juan Carlos.

 A renglón seguido, la universidad mandaba un comunicado a los medios de comunicación informando del traslado de la investigación a la Fiscalía ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito. Concretamente, el delito de falsedad en documento público, atribuible a funcionarios y particulares y que, en el caso de la Cifuentes, podría reportar una pena de entre seis meses y tres años de prisión.

En una tarde de vértigo y después de una mañana agitada –eldiario.es contaba también que la dirigente popular aprobó la oposición de su actual plaza de funcionaria en la Universidad Complutense en un tribunal con dos amigos personales–, otra bomba caía sobre Cifuentes; la Fiscalía de Móstoles respondía a las denuncias presentadas dos semanas antes por asociaciones de estudiantes abriendo diligencias de investigación penal por las posibles irregularidades cometidas en torno al máster. Y, a pesar de ello, la presidenta del PP de Madrid resistía los envites. “Es una buena noticia” que la Rey Juan Carlos haya trasladado el caso al Ministerio Público, declaraba.

Su socio de investidura, Ignacio Aguado, reconocía que “pinta cada día más feo” para Cifuentes y, si se confirma la declaración de la profesora de la URJC, “tomaremos una decisión al respecto”, evitando posicionarse a propósito de la moción de censura del PSOE.


Ciudadanos no puede apoyar un gobierno progresista para no perder votos conservadores y PSOE y Podemos de Madrid tienen opciones y sintonía. / EUROPA PRESS

La batalla de Madrid, cada vez más cerca

El Partido Socialista anunciaba el jueves una moción de censura después de concluir que las explicaciones de la presidenta regional no habían resultado convincentes. Podemos, que en el  pleno extraordinario en la Asamblea había pedido la dimisión a Cifuentes, decía estar dispuesto a apoyarla –más información en las entrevistas a José Manuel Franco y Lorena Ruiz-Huerta en este número–. Sin embargo y si no hay novedades, no parece que la moción vaya a salir adelante. Ciudadanos, que en el punto 3 del acuerdo de investidura que suscribió con la dirigente popular impuso apartar a aquellos cargos que hubiesen falsificado su trayectoria profesional, no tiene prisa.

Durante su intervención en el pleno de la Asamblea, su líder regional, Ignacio Aguado, anunció la creación de una comisión de investigación –ver más detalles en la entrevista que aparece en este número– para aclarar lo ocurrido antes de exigir responsabilidades. Comisión de investigación que se puede prolongar hasta el final de una legislatura que concluye el próximo año.

Los partidos de la oposición toman así posiciones de cara a la batalla de Madrid que, tras las elecciones de 2019, determinará en buena medida las opciones y alianzas con las que habrán de trabajar las direcciones nacionales en la inmediata preparación de las generales –siempre y cuando la urgencia no sea aún mayor por un adelanto de estos últimos comicios en caso de que el Gobierno no logre el apoyo parlamentario a sus Presupuestos–.

En el PP cuentan con que Ciudadanos no apoye un Gobierno de izquierdas por acción u omisión porque, creciendo como lo están haciendo en las encuestas a costa del voto conservador, no van a poner en peligro sus opciones de cara a las generales. Hasta hace unas semanas, los populares confiaban en poder llegar a un acuerdo para repartirse Comunidad y Ayuntamiento –este último para la bien valorada en el PP, Begoña Villacís–, pero el asunto del máster ha hecho saltar por los aires estas previsiones. Porque la carrera de Cifuentes ha descarrilado y porque no hay banquillo para conservar uno de sus bastiones estratégicos, de los pocos que mantuvieron en pie tras el batacazo de las municipales y autonómicas de 2015. Buscar una fórmula como la de Murcia, donde dimitió el imputado Pedro Antonio Sánchez para salvaguardar el pacto de legislatura entre PP y Cs en la región, es ahora mismo la mejor de las opciones para ambos partidos.

Las dificultades que acaban de plantearse para articular un futuro Gobierno de centro derecha allanan el camino a una alternativa de izquierdas. Liderada por Ángel Gabilondo, que muy probablemente repetirá candidatura a la Comunidad de Madrid de no haber cambios en las listas municipales de Ahora Madrid –esto es, si Manuela Carmena aspira a la reelección como alcaldesa–, o por Íñigo Errejón, candidato in péctore de Podemos a presidir el Ejecutivo madrileño.

Las relaciones entre ambas formaciones regionales están resultando ser más fluidas que las de sus partidos que, de tener opciones tras las generales, también las tendrán tras algún tipo de acuerdo parlamentario. Puede que el empujón que les hace falta acabe llegando precisamente de Madrid.

La baronesa regional no va a tener la oportunidad de desaparecer como ha hecho durante dos semanas. Desde este viernes y hasta el domingo el PP celebra en Sevilla su Convención Nacional bajo el lema Contigo crece España. El programa prevé que durante la primera jornada, a primera hora de la tarde, Cifuentes intervenga en el marco de los denominados Diálogos populares junto a otros presidentes autonómicos.

Su presencia hace inevitable que la atención de los medios se centre en el polémico máster recién incorporado a los delitos investigados por la Fiscalía. Un fuego más que apagar en un partido reunido en la capital hispalense precisamente para tratar de extinguir los focos que abrasan a la formación –Cataluña, Presupuestos, Ciudadanos– antes de que lleguen las próximas citas electorales.

Las de 2015 fueron el primer aviso de que la hegemonía del PP en el centro derecha ha llegado a su fin. El PP perdía importantes mayorías absolutas dando paso a gobiernos progresistas con la suma de PSOE y Podemos o se veía obligado a llegar a acuerdos de investidura con Ciudadanos.

El de la Comunidad de Madrid fue uno de estos últimos casos. Y el temor a perder un bastión estratégico desde el punto de vista electoral –tradicionalmente es un termómetro con el que medir las perspectivas de voto en las siguientes generales– y a no recuperar o al menos mantener poder territorial ante el avance de los de Albert Rivera en las encuestas requería de un gesto para insuflar ánimos a los cuadros del partido y, en muchos casos, a calmarlos.

Porque las críticas ante la falta de iniciativa política del presidente Rajoy  son una constante desde que la formación naranja les arrebatara la bandera de la unidad nacional en las elecciones del 21-D y, según los sondeos, en el resto de España. Y el cónclave se veía como una oportunidad para enseñar el músculo territorial que aún conserva la formación conservadora. Un músculo que, en medio del incendio político y mediático activo durante más de quince días en la Comunidad de Madrid, aparece más debilitado que nunca.

Como en un organismo vivo –por ejemplo una encina, símbolo de la convención–, la debilidad de Cifuentes ha hecho mella en la fortaleza política de Mariano Rajoy. Al menos en la percepción que se tiene de ella, que ya se sabe que no ha de corresponderse con su capacidad de resistencia pero que sirve para remover la postergada pero inevitable carrera sucesoria.

Nunca estuvo entre las favoritas, sobre todo porque su forma de conducirse en el partido le hizo ganarse la enemistad de quienes ahora se frotan las manos ante la desgracia ajena. Pero la presidenta madrileña se ha visto descabalgada de forma abrupta y sin posibilidad de regresar al circuito.

El número de participantes se reduce así a los eternos aspirantes –Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal– y a los más discretos –Ana Pastor– o de presencia más o menos intencionada –Íñigo de la Serna–. Los primeros llevan tanto tiempo en la casilla de salida que ya acusan el desgaste. A los demás les falta foguearse para competir con los favoritos en las apuestas.

Pero ahí están todos ellos. Trabajándose su porvenir político. Y revisando sus currículos no vaya a haber algún error que lo eche todo a perder.