Demasiado para un juez Tiempos de hoy

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 Nº 1242. 13  de abril de 2018

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Política / Virginia Miranda

La inflexible instrucción de Llarena cuestiona al Gobierno en Europa, bloquea un nuevo Govern e hipoteca Presupuestos y legislatura 

Demasiado para un juez

Cuando el Ejecutivo judicializó el procés no calibró las consecuencias de enterrar la vía política. La euroorden de Pablo Llarena contra Carles Puigdemont ha obligado a Europa a tomar partido y al Gobierno a luchar, inesperadamente, contra la internacionalización del conflicto catalán. Mientras, el bloqueo en el Parlament, debido a las prisiones preventivas decretadas por el juez del Supremo, está teniendo una peligrosa traslación en el Congreso de los Diputados, pendiente de un 155 que, de alargarse,  pone en riesgo los Presupuestos y la legislatura de Mariano Rajoy. Sólo una investidura efectiva en Cataluña sacudiría el tablero para poner en orden las piezas.

Los jueces alemanes, como juristas, políticos y sindicalistas de toda España, no aprecian violencia insurreccional en los organizadores del procés

Ante la posibilidad de una investidura efectiva, en Cataluña se habla ya de un posible desenlace en los próximos días

 

Llarena confió en tener más suerte en Alemania que en Bélgica, pero la euroorden se ha convertido en un problema diplomático para Rajoy. / EUROPA PRESS

 

“Al Gobierno esto le viene fatal. Se ve obligado a emprender una labor diplomática ante una decisión arbitraria” del tribunal alemán y “eso ha dado gasolina populista a los independentistas”. Fuentes populares reconocen que la euroorden dictada contra Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación se ha vuelto en contra del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Culpan al Tribunal Superior de Justicia del land de Schleswig-Holstein de haberse extralimitado al entender que al expresident catalán no se le puede atribuir el delito de rebelión del que se le acusa y de haberse negado por tanto a entregarle a España por esta causa. Y algunas de estas fuentes añaden que el celo de Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés, se ha vuelto en contra del líder conservador, que dejó en manos de la Justicia la solución a un problema político que ahora está fuera de control.

No hay más que ver la dimensión internacional del caso; tras el 1-O, el Ejecutivo desplegó una discreta y rápida labor diplomática ante las instituciones y las cancillerías europeas y eso le bastó para lograr el cierre de filas con el presidente español a pesar del impacto entre la opinión pública de los países de nuestro entorno de las imágenes de las cargas policiales. Ahora ha bastado una decisión judicial y alguna declaración crítica para que el Ministerio de Exteriores se afane como no lo hizo tras los episodios de octubre para tratar de evitar la internacionalización del procés tal y como quiso desde un principio Puigdemont.

La campaña, sin embargo, llega tarde. A pesar de que la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, intentó aclarar un supuesto “malentendido” con su homólogo español tras asegurar que la decisión de la audiencia territorial había sido “absolutamente correcta”, la comisaria de Justicia, Vera Jourova, sostiene que, en el caso de Puigdemont, “las autoridades alemanas actuaron de acuerdo con las reglas”. Así las cosas, la buena relación de la que presumen Mariano Rajoy y Angela Merkel y el apoyo incondicional de Bruselas al Estado español acusan sus primeras grietas desde la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament y la judicialización definitiva de un conflicto que le queda grande a los tribunales.

El propio juez Llarena era de esta opinión. En 2012 declaraba en una entrevista en el diario El Mundo que el encaje de Cataluña en España debía tener “una solución esencialmente política”. “Lo que no se puede pretender” es que “se vaya a resolver jurídicamente, porque no tiene que ser así”.

El burgalés Pablo Llarena conoce bien Cataluña, donde fue presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona –de aquella época son las declaraciones– y donde se dedicó a la docencia tanto en la Universidad Autónoma como en la Central de Barcelona. Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde que recalara en su despacho hace menos de dos años, pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que fue portavoz y presidente. Sin embargo, no genera reproches de carácter ideológico, está muy bien valorado en el ámbito judicial y sus primeros pasos al frente de la causa contra el procés fueron calificados de garantistas.

Punto de inflexión

Sin embargo, a medida que avanzó la instrucción una vez que en noviembre agrupó la causa que llevaba a medias con la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la cosa cambió. Tanto como para que el proceso fuese más inflexible de lo que el Ejecutivo habría querido. Un Ejecutivo donde ya generó preocupación la petición del delito de rebelión por parte del fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y que dio síntomas de que la prisión preventiva le parecía una medida excesiva –y contraproducente– cuando el Ministerio Público pidió sin éxito la libertad bajo fianza del conseller de Interior cesado, Joaquim Forn.

La rebelión que el tribunal alemán no aprecia en el comportamiento de Puigdemont es lo que más controversia ha generado hasta ahora en España. Varios juristas han dicho que el delito no existe –más de un centenar de penalistas firmaron un manifiesto poniéndolo en cuestión desde el arranque del proceso–. Entre ellos el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll. “El grado de violencia aquí, si es que hubo alguno, está basado como mucho en desórdenes públicos y de bajísima intensidad” y, por tanto, “no era una violencia insurreccional”.

“La acusación por rebelión no se aguanta por ninguna parte y tampoco se aguantan las prisiones del resto de imputados porque están basadas en el mismo delito”, señala. Y aunque la no atribución de rebelión a Puigdemont por parte de los jueces alemanes “no es obstáculo para juzgar a los demás por rebelión desde el punto de vista estrictamente jurídico”, hacerlo “no tiene el más mínimo sentido” porque, ¿“cómo es posible que estés juzgando por rebelión a los subordinados de aquél que teóricamente la organizó”?, concluye.

El mismo Llarena, cuando retiró las órdenes que había cursado la jueza Lamela a Bélgica, lo justificó aduciendo que existía el riesgo de que los jueces belgas “no apreciasen la rebelión y no tendría sentido juzgar a unos por una cosa y a otros por otra”.

En cuanto a la malversación, “todo son incógnitas”. Porque el auto de procesamiento de Llarena cargaba las tintas con la rebelión pero, en cinco meses de instrucción, no aparecen suficientes datos para fundamentar aquélla. Eso es lo que han interpretado en el tribunal alemán, que ha pedido a la Justicia española información adicional sobre la acusación de malversación de caudales públicos contra el expresident alegando que la euroorden “no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjo el delito con la necesaria concreción”.

Cursada esta petición de información adicional –y que los jueces valorarán con toda probabilidad dentro de un plazo de dos meses–, las fiscalías se citaban no para analizar los presuntos indicios de malversación, sino nuevas pruebas con las que la española pretendería convencer a Alemania de la concurrencia de al menos 300 actos violentos durante el procés.

Además de la cita entre ambos ministerios públicos, leída en clave diplomática para tratar de mantener las buenas relaciones entre los dos gobiernos, Llarena tiene intención de tratar de revertir la decisión de los jueces alemanes pidiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una aclaración sobre el acuerdo de la UE para poner en marcha esta euroorden.

El Tribunal europeo

Pero implicar a este tribunal puede tener el efecto contrario al deseado, es decir, internacionalizar aún más el conflicto catalán sin alcanzar los resultados previstos. “La cuestión prejudicial no es ningún recurso contra la decisión de los tribunales alemanes, es un mecanismo que permite a los jueces nacionales de los estados miembros plantarle dudas de derecho de la UE al Tribunal de Justicia europeo”, explica Nieva-Fenoll. “De modo que el juez celebra todo el procedimiento, y justo antes de dictar sentencia, plantea la cuestión a Luxemburgo, paraliza el procedimiento” y, cuando recibe respuesta, dictamina “en coherencia con lo que le dicho Luxemburgo”.

“Llarena está haciendo una instrucción, no va a dictar sentencia. Y, además, es bastante evidente que lo que está intentando es poner en cuestión lo que están diciendo los tribunales alemanes y la cuestión prejudicial no sirve para eso”, señala el catedrático de Derecho Procesal quien, desde el punto de vista procedimental, considera que “esta cuestión tiene un futuro raro”. Porque el tribunal de Luxemburgo puede aprovechar la pregunta para entrar en el fondo del asunto o recordar que el planteamiento se escapa al marco procedimental. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la respuesta puede tardar entre uno y tres años y el conflicto alargarse más allá de lo deseable para todas las partes.

Otro de los peligros de la instrucción del juez para los intereses del Ejecutivo es que Alemania tampoco aprecie delito de malversación. En tal caso, Puigdemont sería un hombre libre en Alemania. Si sale del país se puede cursar una nueva orden europea por detención y entrega, y si regresa a España no existirían obstáculos para su detención. Pero no se podría siquiera volver a reclamar su entrega a Alemania intentándolo con otros delitos porque se interpretaría como mala fe.

Peores consecuencias está teniendo la instrucción de Llarena en clave interna. Porque las órdenes de detención y las prisiones preventivas de los exconsejeros y de los Jordis han impedido, transcurridos casi cuatro meses de las elecciones del 21-D, la formación de un Govern que permita desactivar el 155 en Cataluña y salvar el mayor obstáculo del Gobierno para aprobar los Presupuestos. Y que ahora digan los jueces alemanes que no aprecian delito de rebelión le pone aún más difícil al PNV respaldar unas cuentas que le eviten a Rajoy el mal trago de adelantar las elecciones.

Próximos movimientos

Esto es así sólo a día de hoy. Después de todo este tiempo sin apenas margen para la política porque el Ejecutivo lo había fiado todo a la acción de la justicia, el magistrado habría abierto una vía de escape al independentismo que puede precipitar una jugada de la que todos puedan sacar provecho.

Y es que, según han declarado tanto ERC como Toni Comín, que se presentó ante la justicia belga y está pendiente de extradición, al tener éste una situación equiparable a la de Puigdemont tras su detención pudiendo delegar el voto en Elsa Artadi, los secesionistas podrían alcanzar una mayoría simple.

De momento la investidura de Jordi Sànchez, reactivada tras la resolución no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU pidiendo respeto a sus derechos políticos e ignorada por Llarena al negar su excarcelación, está en el aire. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha aplazado el pleno de este viernes y cobran fuerza otras opciones.

Es el caso de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, y de la exdirectora del Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs –ambas de JxCat–. Con independencia de lo que ocurra finalmente con el delito de rebelión, la inhabilitación de Puigdemont para ejercer cargo público puede llegar en cualquier momento y además no tiene libertad de circulación. Y ante la posibilidad de una investidura efectiva, en Cataluña se habla ya de un posible desenlace en los próximos días.

Un desenlace en el que, según fuentes populares, tendría un papel destacado el PNV, que “ha presionado mucho al independentismo catalán para que forme gobierno” porque el partido jetzale no quiere dejar de apoyar “unos presupuestos que le dejan en una situación privilegiada”. Aunque no se ha desvelado el contenido de sus conversaciones, del encuentro entre ambas formaciones quedaba constancia hace unos días, cuando la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascual, se reunía en una cafetería cercana al Congreso de los Diputados con el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban.

El encuentro se ha celebrado 15 días antes de que los Presupuestos de 2018 pasen su primer trámite en la Cámara baja y para ello hace falta la concurrencia del PNV. Si los independentistas presentan en breve un candidato o candidata sin cuentas con la justicia y Comín delega el voto –o finalmente renuncia a su acta, algo a lo que por otra parte siempre se ha negado–, los catalanes tendrían Govern y, Rajoy, las cuentas con las que salvar la legislatura.

Para ese viaje no hacían falta alforjas. Las de un juez que, con ideología pero sin ánimo partidista, ya advirtió de los peligros de renunciar a la política. Si el presidente Rajoy logra salvar los muebles no habrá logrado más que una prórroga. El mayor problema, el del encaje de Cataluña en España, seguirá siendo su prioridad aunque él lo haya fiado todo a los tribunales.
 


Felipe González considera que faltan algunos componentes del delito de rebelión. / LA SEXTA

CC OO, UGT... y Felipe critican excesos del juez

No comparten “ni el objetivo, la independencia, ni la estrategia, la proclamación unilateral que persiguen y promueven las fuerzas independentistas”, pero UGT y CCOO participan en la manifestación de este 15 de abril en Barcelona en defensa de los políticos independentistas encarcelados y los huidos de la justicia bajo el lema ¡Os queremos en casa! porque creen que es necesario “construir puentes de encuentro” y recuperar la “normalidad institucional, política y judicial”.

En un comunicado conjunto y después de que la representación de ambos sindicatos en Cataluña fuera duramente criticada por convocar la marcha junto a organizaciones como Òmnium Cultural y la ANC, han tomado partido para llamar la atención sobre “las consecuencias de la actuación judicial” que, aseguran, “han sido desproporcionadas en la tipificación de algunos delitos así como en el abuso de la utilización de la prisión preventiva”.

De la misma opinión es Felipe González. Al expresidente del Gobierno, que no es sospechoso de equidistancia frente al independentismo, tampoco le parece proporcionada la tipificación delictiva que ha hecho el juez, Pablo Llarena, de los hechos cometidos por Puigdemont. A lo largo de los últimos meses, el que fuera líder de los socialistas ha dicho tener “dificultad” para ver la comisión de un delito de rebelión por parte de quienes diseñaron y pusieron en marcha la hoja de ruta del procés. Hace unos días, en el programa Salvados de La Sexta, lo tenía más claro: “faltan algunos componentes del delito de rebelión”. Y aunque sí advierte “un delito claro de sedición y de malversación”,  el independentismo “no ha pretendido ser violento desde el punto de vista de la violencia física”.