Los Dossieres 1.246 Tiempos de hoy

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 Nº 1246. 11  de mayo de 2018

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

Primeros pasos para garantizar el derecho a la eutanasia en nuestro país

La ‘muerte digna’ se abre paso en España

Dos iniciativas en el Congreso de los Diputados están a punto de conseguir la regulación y despenalización de una práctica –incluido el suicidio asistido– que permite llegar al final de nuestros días sin dolor y en las mejores condiciones posibles. Pese a la oposición de las fuerzas más conservadoras, si no se producen sorpresas de última hora, España contará en breve con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en esta materia.


El cambio de postura del PSOE registrando una proposición de Ley para aprobar la eutanasia hará posible regular una cuestión instalada en el debate social desde hace mucho tiempo.

Después de varias intentonas previas y de más de una contradicción –como su negativa a dar apoyo a una iniciativa anterior muy similar, presentada por Unidos Podemos–, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha registrado finalmente una Proposición de Ley Orgánica para regular la eutanasia. Una espinosa cuestión que lleva décadas aparcada, pero que forma parte del debate social desde hace mucho tiempo.

El responsable de Justicia de la Ejecutiva Federal del PSOE, Andrés Perelló, explicaba la semana pasada a los medios que su partido plantea un “proceso muy garantista” en esta iniciativa, y que pretenden que quede incluida en la cartera básica de prestaciones de la Seguridad Social.

Según el texto de los socialistas –al que ya han mostrado su voluntad de respaldo todos los grupos políticos de la Cámara Baja, a excepción del Partido Popular, y la probable abstención de Ciudadanos–, la eutanasia pasará a ser un nuevo derecho individual y efectivo que se convertiría en una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

A tenor de la normativa propuesta, los mayores de edad con una enfermedad grave e incurable que les produzca sufrimientos físicos o psíquicos insoportables, y los discapacitados graves crónicos tendrán derecho a que el sistema público de salud les ayude a morir dignamente y sin dolor.

Según la proposición de ley, el procedimiento para lograr el suministro de una sustancia que acabe con la vida del paciente requeriría de la concurrencia de dos médicos que valoraran el caso. Uno será el que atienda habitualmente al paciente (normalmente, en cuidados paliativos), y el segundo, uno externo que avalará que se cumplen las condiciones de sufrimiento insoportable para el paciente. Eso sí, en todo caso, será el propio enfermo el que tenga la última palabra. Si los médicos no dan la razón al afectado, una comisión autonómica deberá revisar el caso.

Los profesionales sanitarios que tengan relación directa con el paciente podrán alegar objeción de conciencia. Pero esta declaración deberá hacerse por escrito previamente a que estén involucrados en un caso concreto, para evitar que su voluntad pueda verse influida por la cercanía al enfermo.

Destaca en la propuesta el hecho de que la eutanasia deberá ofertarse tanto en la sanidad pública como en la privada. Es una cuestión relevante, puesto que aunque la mayoría de los ciudadanos tienen derecho a recurrir a los servicios de la sanidad pública, con independencia de su nivel de ingresos, los funcionarios reciben su asistencia de Muface, que la ofrece en centros privados.

Esta ‘prestación’, al igual que todo el servicio de los hospitales, sería gratuita, incluso si se realiza a domicilio.

La iniciativa legislativa también contempla la regulación del suicidio asistido. Implicaría que el profesional sanitario facilitaría al paciente la sustancia o sustancias con las que quitarse la vida, pero será el propio paciente el que la ingiera por sus medios.

Se trata de una auténtica revolución, ya que, de momento, cualquier cooperación necesaria para que se produzca el suicidio está duramente castigada en el Código Penal, por lo que la aprobación de esta proposición de ley conllevaría una modificación de varios artículos del citado Código Penal.

En cuanto a los plazos, las peticiones para acogerse a este ‘servicio’ deberán hacerse en dos ocasiones distintas, con 15 de días de diferencia entre ambas. El propósito no es otro que el de dar un plazo razonable para que el afectado medite tan trascendental decisión.

El PSOE ha aclarado que esta propuesta no impide que se regule también el derecho a una muerte digna -actualmente en tramitación en la Cámara Baja-, considerando que se trata de dos cuestiones diferentes.

Los que quieren acogerse a este nuevo derecho tendrán que solicitarlo por escrito y el proceso estará acompañado permanentemente por personal sanitario. No podrá durar menos de 32 días y, además, será financiado con fondos públicos. El proyecto también contempla la objeción de conciencia de los médicos, un derecho que respeta las creencias religiosas y personales de los profesionales.

Los socialistas aseguran que seguirán manteniendo reuniones con los sectores implicados para perfilar aún más la medida, que también estará abierta a las aportaciones de otros grupos parlamentarios en busca de un consenso lo más amplio posible que permita que, por primera vez, la eutanasia quede regulada en nuestro país, equiparándonos a las legislaciones más avanzadas en esta materia en el seno de la Unión Europea.


Ramón Sampedro se convirtió en un icono del derecho a la muerte digna en España.

Pasos para la despenalización.
Casi en paralelo, aunque esta misma semana y, a raíz de una iniciativa diferente, el Pleno del Congreso de los Diputados daba el primer paso para iniciar la despenalización de la eutanasia. La mayoría de los grupos mostraban su apoyo a una proposición de ley planteada por el Parlament de Catalunya que pide la reforma del Código Penal en este sentido. Todos los grupos, excepto el PP y UPN, que se han mostrado en contra, y Ciudadanos, que se abstendrá, han mostrado su disposición a respaldar esta iniciativa.

La propuesta aprobada por el Parlament de Catalunya, que se ha debatido en el Congreso, solicita la reforma del artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio y exonerar de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave.

Actualmente, el Código Penal contempla penas de prisión de entre 4 y 8 años para “quien induzca al suicidio de otro” y a penas de entre 2 y 5 para quien coopere con “actos necesarios al suicidio de una persona”. Del mismo modo establece que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte.

Eso sí, el Grupo Socialista ha insistido en la necesidad de la aprobación de esta iniciativa del Parlament vaya acompañada de una regulación de la eutanasia como la recogida en la proposición de ley que su propio grupo parlamentario presentó la semana pasada.

 


La propuesta de Unidos Podemos también afrontaba legislativamente los cuidados paliativos.

Una larga batalla política de la izquierda

En septiembre del año pasado, Unidos Podemos volvía a intentar que la práctica de la eutanasia estuviera presente en la Ley de Muerte Digna, por lo que presentó una enmienda sobre esta materia al articulado del texto presentado por Ciudadanos, que se encontraba entonces en trámite en el Congreso.

En la enmienda de la formación morada se proponía añadir a la norma un nuevo título bajo el enunciado ‘del derecho a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido’, en el que se incluían las características y el procedimiento que se debería seguir para llevar a cabo esta práctica, así como otros artículos por los que se despenalizaba la responsabilidad del personal médico que participase en ella.

Unidos Podemos detallaba la necesidad de ser mayor de 18 años o menor emancipado para solicitar este servicio y quienes lo demandasen debía padecer una enfermedad terminal “sin esperanza” o dolores físicos “intolerables”. Serían los médicos los que realizaran un informe del paciente para aprobar o denegar su solicitud.
La demanda de eutanasia debía hacerse por escrito, en un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días. Si el médico responsable considerase que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para prestar consentimiento informado fueran inminentes, se aceptaría un periodo menor a las dos semanas.

En la enmienda, también se introducía unas bases generales de derechos en el ámbito de los cuidados paliativos, añadiendo la sedación paliativa, con las indicaciones clínicas pertinentes y se establecían los requisitos necesarios para garantizar la cobertura universal de los cuidados paliativos, proporcionando asistencia en el domicilio los 365 días y las 24 horas.

El texto despenalizaba la labor de los médicos que tuvieran cualquier relación en el proceso de una muerte asistida y se exigía que los profesionales tuvieran la obligación de garantizar el acceso universal a la eutanasia. Se reconocía igualmente el derecho que todo profesional tiene a objetar, pero la enmienda exigía que, desde los servicios sanitarios públicos se garantizara el derecho del paciente a poder solicitar este servicio si la evaluación fuera positiva.

Las propuestas contenidas en esta enmienda de Unidos Podemos a la Ley de Muerte Digna presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos apenas difieren de las que el Grupo Socialista acaba de presentar ante la Cámara Baja.

Este intento de Unidos Podemos era fundamentalmente una nueva vuelta que la formación daba al texto de su Ley de Eutanasia, que ya había presentado en marzo de 2017, y cuya tramitación fue rechazada por el Congreso, con los votos en contra de  PP, PSOE y Ciudadanos.

En este nuevo intento de despenalizar la eutanasia, la formación morada eliminaba el supuesto de “sufrimiento psíquico intolerable” para solicitar esta práctica, uno de los puntos que más controversia generó durante el debate en la Cámara.

Incomprensibles desencuentros
Tras el fracaso de su iniciativa, en marzo de 2017 –entre otras cosas, por el voto en contra del PSOE-, el líder de IU, Alberto Garzón, anunciaba a finales de junio del año pasado, el compromiso alcanzado con los socialistas para que apoyaran la despenalización de la eutanasia en el trámite de enmiendas parciales que se abría en las siguientes semanas. De hecho, ambos partidos acordaban presentar conjuntamente una propuesta concreta para la despenalización de la eutanasia. Eso sí, los socialistas insistían entonces en la necesidad de diferenciar entre la regulación de una muerte digna y la ley de Eutanasia, que además debería ser formulada como ley orgánica al afectar a determinados artículos del Código Penal.

Sin embargo, el desencuentro entre las dos formaciones de la izquierda parlamentaria volvía a llegar de inmediato. El Partido Socialista decidía no apoyar en el Congreso la propuesta de despenalización de la eutanasia. Era la segunda vez –la primera fue en marzo del mismo año- que daba la espalda a la propuesta de Unidos Podemos de regulación del derecho a una muerte digna, lo que entraba en contradicción con la decisión del último Congreso de los socialistas –el que devolvió a Pedro Sánchez a la Secretaría General- sobre este asunto.  

La propuesta de Unidos Podemos planteaba despenalizar la eutanasia y el suicidio médico asistido e introducía un cambio en la Ley de Autonomía del Paciente para dotar de más autonomía a los menores.

También introducía le derecho a la “sedación paliativa con las indicaciones clínicas pertinentes” y establecía los “requisitos necesarios para que se garantice una cobertura universal de los cuidados paliativos, atendiendo demandas de la sociedad civil en este ámbito como la de garantizar la asistencia en el domicilio los 365 días y las 24 horas”.

 

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El Reino Unido encabeza la lista de países con mejor calidad de la llegada a la muerte en los pacientes.

Un derecho apenas reconocido en el mundo

El departamento de investigación de la publicación ‘The Economist’, The Economist Intelligent Unit elaboró un ránking en 2015 que mide la calidad de la muerte en 80 países de todo el mundo a través de los cuidados paliativos, una clasificación en la que España ocupa el puesto 23 de una lista encabezada por Reino Unido.

Los datos recogidos en ‘The Economist’ sitúan a nuestro país como el decimocuarto Estado europeo con las mejores condiciones para morir, en un lugar intermedio donde la media está en 59,9 puntos sobre cien. La lista europea, en la que se refleja el estudio de 27 países, está encabezada por el líder mundial, Reino Unido, seguido de Irlanda, Bélgica y Alemania.

Comparando solo entre países de la Unión Europea, España está en la parte baja de la tabla. El informe le otorga una puntuación de 63,4 de los 100 puntos posibles. Nos siguen en la lista Portugal, Polonia, Lituania y la República Checa. Los sistemas sanitarios peor calificados en este aspecto del continente Europa son Bulgaria, con 30,1 puntos, Rumanía con 28,3 y Ucrania con 25,1.

Estados Unidos ocupa el noveno lugar en el ranking mundial con 80,8 puntos, seguido de Francia, que obtiene una valoración de 79,4.

El informe, en el que trabajaron 120 investigadores de todo el mundo, ha estudiado 20 indicadores cualitativos y cuantitativos para medir la calidad del fin de la vida en los distintos Estados. Se tuvieron en cuenta factores como la calidad de los cuidados paliativos, la facilidad de acceso a éstos por parte de la población, la integración de la atención a las personas terminales en el sistema sanitario y la participación y conciencia de la sociedad.

El informe concluye que la buena puntuación de Reino Unido, que ya encabezaba el estudio realizado en 2010 sobre el mismo indicador, se debe a las políticas nacionales integrales. Los investigadores destacan la amplia integración de los cuidados paliativos en el Servicio Nacional de Salud, una estructura asentada de hospitales dirigidos únicamente a cuidados de enfermos terminales y una intensa preocupación y participación de la sociedad en este tema.

También se señala que en nuestro país solo reciben cuidados paliativos uno de cada diez niños que los necesitan.

Los más avanzados
Solo cuatro Estados del Viejo Continente regulan y permiten en su legislación la eutanasia: Holanda, Bélgica, Suiza y Luxemburgo. Fuera de Europa, solo las legislaciones de Colombia y algunos estados de Estados Unidos consienten esta práctica.

Hace dos años, la Asamblea Nacional en Francia aprobaba una ley sobre el final de la vida. La norma es más precisa que las elaboradas por diversas comunidades autónomas españolas, y prevé explícitamente la “sedación profunda y continua del enfermo terminal hasta su muerte”.

Pese a que en Estados Unidos no existe una regulación federal, la Corte del Circuito de Apelaciones ha fallado en diversas ocasiones contra legislaciones que penalizaban la ayuda a una muerte digna. Así, en marzo de 1996, este tribunal declaraba inconstitucional una ley que criminalizaba a los médicos que ayudaran a morir a pacientes terminales.

De nuevo sucedía lo mismo en abril de ese mismo año. La sentencia incluía un párrafo que explicaba que “cuando los pacientes no pueden perseguir la libertad o la felicidad, y no desean tener la vida, el rigor del Estado para mantenerlos vivos es menos obligatorio (...) Un competente mental, el adulto enfermo terminal, habiendo vivido aproximadamente toda su vida, desea la libertad de elegir una muerte humana y dignificada, en vez de ser reducido al estado de un niño”.

En el Estado de Oregón existe una ley de eutanasia desde 1994.

El Territorio Norte de Australia también ha legislado permitiendo la eutanasia activa bajo cuidadosos controles, desde mayo de 1995. En Dinamarca, la ley autoriza al paciente que sufre una enfermedad incurable a decidir por sí mismo el cese del tratamiento. Desde el 1 de octubre de 1992, en caso de enfermedad incurable o de accidente grave, los daneses pueden hacer un ‘testamento médico’, que los facultativos deben respetar.

En Suecia, la ‘ayuda al suicidio’ es un delito despenalizado.

En Alemania, la administración de un medicamento mortal es considerado un homicidio. Según el tribunal de apelación de Francfort, la eutanasia solo puede ser decidía por un tribunal tutelar y si corresponde sin ambigüedades a la voluntad del paciente.

En América Latina, el Tribunal constitucional de Colombia admitió en mayo de 1997 la práctica de la eutanasia para los enfermos en fase terminal que la reclaman expresamente.

En 1998, el gobierno de China autorizó a los hospitales a practicar la eutanasia para los pacientes en fase terminal de una enfermedad incurable, mientras que en Filipinas, un ley vigente desde 1989 permite el retiro de “respiradores o cualquier otro sistema para conservar la vida” a petición de los parientes 30 días después que éstos hayan sido notificados por un doctor de que no hay esperanza de que el paciente se recupere.

 


En 2007, tras un largo proceso judicial, Inmaculada Echevarría consiguió que la desconectaran del ventilador que la mantenía con vida.

Las autonomías, por delante

La Asamblea de Madrid aprobaba en marzo de 2017 la Ley de Muerte Digna de esta región. Se convertía así en la novena comunidad autónoma con una legislación que recoge los derechos del paciente en el último tramo de su vida. Un camino que emprendió por primera vez la Comunidad andaluza, en 2010, convirtiéndose en la autonomía pionera en este campo.

El proceso fue provocado por el caso concreto de Inmaculada Echevarría, una granadina que se pasó su vida en cama y en 2007, tras un largo proceso judicial, consiguió que la desconectaran de un ventilador al que permaneció conectada sus últimos nueve años. Ninguna de las leyes autonómicas contempla, sin embargo, la eutanasia o el suicidio asistido, dado que ambos conceptos, por el momento, están tipificados como delitos en nuestro Código Penal.

También es cierto que desde 2002 existe en nuestro cuerpo legislativo la Ley de Autonomía del Paciente, en la que se reconocen al enfermo ciertos derechos como negarse a recibir un tratamiento.

Las leyes autonómicas particularizan esos derechos dentro de sus competencias y de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Pese a que en algunos de estos parlamentos autonómicos se dan mayorías suficientes para legislar en un sentido favorable a la eutanasia, el ordenamiento jurídico superior lo impide.

Lo que sí han hecho algunos gobiernos autonómicos como Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias o Extremadura, es pedir al Parlamento Nacional que reconozca el derecho a decidir sobre la eutanasia.

Las normas de estas nueve comunidades recogen la obligación del personal sanitario de informar correctamente al paciente sobre sus opciones y también sobre alternativas a los tratamientos prescritos. Al enfermo se le reconoce el derecho a dejar un testamento vital en el que decida dónde quiere morir, si en el hospital o en su domicilio, quién quiere que le acompañe en esos últimos momentos y, si ocurre en el hospital, que se respete su intimidad en una habitación privada. También le garantiza el acceso a cuidados paliativos.

Las comunidades autónomas que no tienen ley de muerte digna sí cuentan con el derecho a esos testamentos vitales.


La Junta de Andalucía fue la primera en legislar las garantías y derechos de la persona ante el final de su vida.

Normas diversas en las legislaciones autonómicas:

Andalucía
Andalucía fue la primera comunidad autónoma en regular lo que se conoce como la ‘muerte digna’. En el año 2010 la Junta de Andalucía planteó la primera Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. Esta ley regula prohíbe la obstinación terapéutica y permite que los pacientes rechacen un tratamiento que alargue su vida de manera artificial.

Aragón
En 2011 Aragón aprobó la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte que reconoce el derecho del paciente a ser informado de sus derechos, su derecho a expresar su voluntad, incluso de forma anticipada, sobre las intervenciones y tratamientos médicos que desea recibir y el derecho al consentimiento informado.

Asturias
El Principado ha dado luz verde al proyecto de Ley de libertad del paciente para asegurar una asistencia de calidad y el respeto a las personas que están en el final de su vida. Además podrán decidir sobre los tratamientos que desean recibir, el testimonio vital y la sedación paliativa.

Baleares
El Parlamento de las Islas Baleares aprobó en el año 2015 la Ley de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir que defiende que los enfermos deben poder participar en la toma de decisiones, para lo cual deben ser conscientes de su situación vital y pronóstico. Baleares contaba desde 2006 con un Registro de Voluntades Anticipadas que permite a los pacientes fijar los límites de los tratamientos que desean recibir si se trata de enfermedades terminales.

Canarias
Canarias aprobó en el año 2015 la Ley de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica que regula las instrucciones previas de los pacientes sobre su voluntad para cuando llegue a situaciones en las que no pueda expresarlas por sí mismo y sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, además del destino de su cuerpo o sus órganos en el momento del fallecimiento.

Galicia
En el año 2015 Galicia aprobó la Ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales mediante el cual se garantiza atención sanitaria al final de la vida de calidad tanto en su domicilio como en un centro hospitalario.

Madrid
La Asamblea de Madrid aprobaba en marzo de 2017 la Proposición de Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida que reconoce el derecho a recibir cuidados paliativos integrales. Entre estos cuidados se incluyen el tratamiento del dolor y la sedación paliativa, además de tener el derecho a elegir recibirlos en el propio domicilio.

Navarra
En el año 2011, el Parlamento Foral aprobó la Ley Foral de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte que buscar asegurar que los enfermos mueran con el mínimo sufrimiento físico, psíquico y espiritual junto a sus seres queridos. Además de morir bien informado si se desea y pudiendo rechazar aquellos tratamientos que no son útiles y solo alargan el proceso final de su vida. Esta ley busca también que los enfermos reciban cuidados paliativos integrales de calidad.
País Vasco

En julio de 2016, el Parlamento vasco aprobó la Ley de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida mediante el cual se le garantiza al paciente su derecho a rechazar aquellos tratamientos que puedan poner “en riesgo su vida” y su derecho a que se respete su autonomía.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana se sumará a lo largo de este año al resto de autonomías que han regulado la muerte digna mediante una nueva ley que todavía se encuentra en fase de borrador de anteproyecto. Ésta obligará a los médicos a no prolongar la vida de los pacientes cuando no hay posibilidades reales de mejora y los hospitales tendrán que ofrecerles una habitación individual.


Luis Montes, recientemente fallecido, fue un símbolo de la lucha en defensa de la eutanasia en nuestro país. / FERNANDO MORENO

El ‘pionero’ Luis Montes

El doctor Luis Montes fallecía el pasado 19 de abril de manera repentina al sobrevenirle un infarto de miocardio cuando se dirigía a un acto de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Molina de Segura (Murcia). Tenía 69 años.

Luis Montes se convirtió durante los últimos años en el símbolo de la lucha en defensa de la eutanasia en nuestro país, como tiempo atrás lo había sido el marinero Ramón Sampedro, cuya vida quedó retratada en la película de Alejandro Amenábar ‘Mar adentro’.

Montes había nacido en Villarino de los Aires, un pueblo de Salamanca, aunque pronto se trasladaría a Madrid. Se licenció en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, y se especializó en Anestesia y Reanimación. Fue director médico del Hospital La Paz de Madrid, jefe del Servicio de Reanimación del Hospital Severo Ochoa de Madrid. En 1987 ingresó como anestesiólogo en el recién creado Hospital Severo Ochoa de Leganés, del que fue director y, desde el año 2000, coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa, cargo que desempeñó hasta 2005. Hasta su jubilación fue facultativo en el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Desde 2009 presidió la Asociación ‘Derecho a Morir Dignamente’.

Su nombre saltaba a las primeras planas de los periódicos y abría los informativos cuando el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, lo acusaba de la muerte de 25 enfermos terminales por recibir “sedación irregular, no indicada, indebida o en exceso”. Montes era en ese momento coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Era relevado temporalmente del cargo después de que una denuncia anónima acusase a 15 médicos de este centro sanitario de haber cometido 400 homicidios.

Tiempo después, una vez exonerado por completo por los tribunales, Montes aseguraba que “fue una campaña en nuestra contra orquestada por la autoridad sanitaria. Aunque la fiscalía no vio indicios de delito, la querella siguió adelante, hasta que un juez archivó el caso un mes después de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Sin embargo, el auto señalaba que varios pacientes habían fallecido “tras mala práctica médica a la hora de sedarles”. Montes decidió limpiar su nombre por completo y recurrió a la Audiencia Provincial, que le dio la razón y ordenó eliminar las alusiones que ponían en duda su trabajo.

El excoordinador de urgencias del Severo Ochoa, que nunca recuperaría el puesto, denunció en innumerables ocasiones que el caso fue una “cortina de humo” para tapar la privatización de la sanidad madrileña, que había comenzado en 2003 con Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. “Cuando la ciudadanía pierde la confianza en la sanidad pública, es el momento de desarmarla para que desaparezca”, aseguraba Montes. “El daño fue terrible. No solo para los cinco jefes y tres supervisores destituidos ni para la imagen de la profesión, sino también para los pacientes que vinieron después. Esa política del miedo provocó en un primer momento que disminuyesen las sedaciones”, proseguía con su denuncia.

Luis Montes fue un pionero en la lucha por el derecho a una muerte digna en nuestro país, y pagó un alto precio personal y profesional por ello.

 

 

 

 

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