Tribuna / Cristina Narbona Tiempos de hoy

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 Nº 1249. 1  de junio de 2018

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Tribuna / Cristina Narbona

La última libertad


No se trata de imponer la eutanasia a quienes tienen determinadas creencias, sino de permitirla a quienes no las profesan, ampliando así el espacio de la libertad y la dignidad de cada ciudadano y ciudadana

La moción de censura habrá sido ya analizada ampliamente en los medios de comunicación cuando se publique este artículo. Mi intención es  hacer una breve reflexión sobre uno de los más recientes avances en el establecimiento de derechos individuales, que, sin duda, con un gobierno socialista tendrá muchas más posibilidades de implantarse.
Me refiero al reconocimiento del derecho individual a la eutanasia –etimológicamente, a una "buena muerte"–.

Hace un par de semanas, el Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de Ley orgánica para regular la eutanasia, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos por Pedro Sánchez durante su campaña a la Secretaría General, en el contexto más amplio de su apuesta por la plena laicidad de nuestro país.

Un compromiso que da respuesta a una demanda social mayoritaria, como prueban diferentes encuestas –Metroscopia estimaba en más del 80% el apoyo de los ciudadanos a dicha iniciativa–, que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, en paralelo con el aumento de la esperanza de vida: una variable que sitúa a España entre los países más longevos del mundo.

La proposición de Ley es muy cuidadosa a la hora de establecer las garantías para que el derecho a la eutanasia se ejerza desde la decisión inequívocamente libre de la persona que la solicite; y también a la hora de regular la posibilidad de invocar la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios cuya colaboración sea requerida. Por supuesto, estas condiciones de libertad en el ejercicio de este nuevo derecho sólo pueden hacerse efectivas incluyendo la prestación del mismo por parte del Sistema Público de Salud.

Una vez más, no podemos garantizar la libertad –en este caso, la "última libertad"– sin la existencia de medios públicos que garantizan la igualdad. En la actualidad, la consideración de la ayuda a la eutanasia como un delito en el Código Penal obliga a muchos españoles a viajar a aquellos países donde dicha práctica esta despenalizada, asumiendo así costes económicos poco asequibles para la inmensa mayoría de la población.

Como decía Rosa Montero en un reciente artículo, resulta sorprendente que nuestra civilización haya tardado tanto tiempo en regular, de forma digna, el único acontecimiento cierto en la vida de todos los ciudadanos. Hay quienes defienden que es suficiente garantizar los adecuados cuidados paliativos que reducen el sufrimiento: y, sin duda, ese ya es un avance imprescindible, que todavía no está ni mucho menos al alcance de todas las personas. Los datos indican la insuficiencia y la enorme desigualdad en la prestación de este tipo de atención médica, que debería ser generalizada, y que en absoluto lo es, ni siquiera en los países más desarrollados.

La reticencia a abordar estas cuestiones responde, por supuesto, al peso de convicciones religiosas que consideran inaceptable disponer de la propia vida e incluso reducir el sufrimiento del último tramo de las mismas. Pero –como en otros ámbitos de decisión– no se trata de imponer la eutanasia a quienes tienen determinadas creencias, sino de permitirla a quienes no las profesan, ampliando así el espacio de la libertad y la dignidad de cada ciudadano y ciudadana.

España ha sido uno de los países que más ha avanzado en materia de derechos y libertades, en las distintas etapas de gobiernos socialistas, hasta convertirse en un referente a nivel internacional. Pero hay que insistir en que no es suficiente la aprobación de la necesaria legislación, que, además, puede ser modificada por gobiernos conservadores, como ha sucedido en España en tantas materias. Es imprescindible reforzar los medios públicos que garantizan su cumplimiento, incluida la adecuada formación de jueces y fiscales que tienen la obligación de velar por la correcta aplicación de determinadas normas frente a la vigencia de prejuicios. Basta recordar la urgencia de incorporar –no sólo en nuestro país– una auténtica perspectiva de género en la actuación de la justicia, de forma que se preserven efectivamente los derechos y libertades de las mujeres en el ámbito de la sexualidad, en el que todavía pesan, y mucho, los viejos tópicos patriarcales.

Firma:

Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis. 

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