Entrevista / Xosé Manoel Núñez Seixas Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1255. 13  de julio de 2018

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Entrevista / Juana Vera (Santiago de Compostela)

Xosé Manoel Núñez Seixas, presidente del Comité de Expertos sobre el Pazo de Meirás

“Todavía hay miedo al franquismo sociológico”

El Parlamento gallego ha aprobado esta semana por unanimidad una proposición no de Ley que insta  al Gobierno a iniciar un proceso civil para la devolución del Pazo de Meirás al Patrimonio Nacional. El presidente de la Comisión de Expertos creada por este mismo Parlamento para dilucidar los vicios en la donación del Pazo a Franco y sus posibilidades de devolución, Xosé Manoel Núñez Seixas, doctor en Historia Contemporánea por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela (2012-2017), resume así su reciente informe: “Abogamos por el ejercicicio de una acción reivindicatoria apelando a la demanialización del Pazo de Meirás por su uso continuado como bien público, al servir como residencia oficial del Jefe del Estado hasta la muerte del dictador Francisco Franco”.  Ahora todo dependerá, según explica el historiador, de la voluntad política.

“La donación partió de una suscripción en la que la coerción fue determinante”

“El pacto del olvido de la Transición tuvo, entre otras consecuencias, que la familia Franco pudiera seguir con sus negocios sin ser molestada”

 

¿Por qué aceptó presidir la Comisión de Expertos creada por la Xunta de Galicia para dilucidar los vicios de origen en la donación del Pazo de Meirás?
Me pareció una loable iniciativa, de carácter plural e independiente, ya que se trató de un mandato del Parlamento de Galicia. Además, fue ejecutada con la intermediación de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, de acuerdo con un principio ético de responsabilidad como historiador. Por otro lado, el Sr. conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, quien confió en mí, es un viejo conocido y colega de la facultad.

¿Quiénes son los miembros de esta Comisión y quién los ha elegido?
En ella participaron, además de miembros del Cuerpo de Letrados de la Xunta de Galicia, representantes de las tres universidades gallegas (una catedrática y un catedrático  de Derecho Administrativo y un catedrático de Derecho Civil), un representante designado por el Ayuntamiento de Sada, otro por la Diputación de A Coruña, un historiador de la USC, miembros del Colexio Notarial de Galicia, del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Galicia y yo mismo. Cada institución designó sus miembros. Por mi parte, sugerí la presencia de un historiador más.

¿Cuál es el resultado del informe histórico júridico de esta Comisión  de Expertos?
Abogamos por el ejercicio de una acción reivindicatoria apelando a la demanialización del Pazo de Meirás por su uso continuado como bien público, al servir como residencia oficial del jefe del Estado hasta la muerte del dictador Francisco Franco.

¿Qué consecuencias tendrá este informe a corto, medio y largo plazo?
No soy adivino. Mucho dependerá de la voluntad política de las diferentes instituciones y administraciones involucradas. El recorrido, por otra parte, en sede judicial no lo podemos prever. Pero sí plantea el debate en la esfera pública.

¿Quién decidirá ahora los pasos a seguir?
El Parlamento de Galicia, en primera instancia. Si la acción reivindicativa se traslada al Gobierno central, el Gobierno central.

¿Cuáles son las conclusiones de la Comisión de Expertos respecto a la donación del Pazo de Meirás?
De la documentación a la que tuvo acceso la Comisión se desprende la inexistencia de un título de la donación. Sólo se tiene constancia de un pergamino (cuyo original tampoco está en los archivos), reproducido en la prensa. En este pergamino consta la donación, por parte de la Junta pro Pazo (un organismo privado, aunque integrado por personalidades de la provincia coruñesa), a Francisco Franco en su condición de Caudillo de España y Jefe de Estado. El único documento susceptible de ser translativo de la propiedad es una escritura de compraventa ante notario, realizada en Madrid en el año 1941, en la que Francisco Franco aparece como el adquiriente de las Torres de Meirás. La donación partió de una suscripción, en la que la coerción fue, sin duda, determinante y no alcanzó los frutos esperados, por lo que hubo que recurrir a aportaciones extraordinarias de la Diputación de A Coruña, de diversos ayuntamientos y a retenciones de sueldo de los funcionarios de la provincia de A Coruña.

¿Ha estudiado la Comisión de Expertos la situación del Pazo de Meirás desde 1975 a nuestros días?
Nos hemos centrado en la situación del Pazo durante la Guerra Civil y la dictadura porque la argumentación jurídica, basada en la demanialización, se fundamenta en el uso público del Pazo de Meirás durante ese periodo como residencia oficial del jefe del Estado con cargo a fondos públicos.

¿Por qué no ha sido posible la devolución del Pazo al Patrimonio Nacional español durante la democracia?
Porque se consideró a todos los efectos legales una propiedad privada de la familia Franco y no una parte del Patrimonio Nacional. El pacto del olvido de la Transición tuvo entre otras consecuencias que la familia Franco pudiera seguir con sus negocios sin ser molestada. Una condición implícita fue la discreción pública por su parte.

Según se ha informado en la prensa de Galicia, ahora hay dos salidas, la devolución del Pazo sin pagar indemnización o la devolución del Pazo indemnizando a la familia Franco por los gastos de mantenimiento del Pazo desde el año 1975. ¿Podría, por favor, explicarnos estas dos posibles salidas legales y qué se requiere para llevarlas a cabo?
El planteamiento de esa disyuntiva, tal y como lo plantea en la pregunta, y que han recogido algunos medios de comunicación de forma, a mi parecer, reducionista, no es del todo correcto. El informe de la Comisión de Expertos no recomienda la indemnización. Se puede plantear como estrategia jurídica la nulidad del acto de compra o transmisión del Pazo, o bien la demanialización, vía esta escogida por la Comisión que he presidido a propuesta de los juristas que han formado parte de la misma. El informe se limita a advertir, que dada la presunción de buena fe que del poseedor predica el Código Civil, y que debe entenderse no como buena fe moral, sino legal, y en tanto la misma no sea destruida, la familia Franco, como cualquier otro ciudadano, podría exigir, en el caso de prosperar la acción reivindicatoria, una compensación económica al Estado. Prosperase o no esta acción, la Comisión consideró que debía advertir sobre esta posibilidad al Parlamento de Galicia.

Son muchos los que piensan que indemnizar a los Franco sería aumentar el expolio que se realizó, respecto al Pazo de Meirás, bajo las órdenes del dictador. ¿Piensa usted que este es el mejor camino para lograr la devolución del Pazo de Meirás al Patrimonio Nacional?
Evidentemente, no. Pero no se trata de indemnizar a los Franco sin más. Se advierte simplemente de que al abrigo de la legalidad vigente eso puede ocurrir como con cualquier otro/os sujetos en la misma situación. La Comisión de Expertos no propone que haya indemnización; simplemente advierte de que esa posibilidad (el recurso de la familia Franco), se podría dar.

¿Hay otras salidas legales y políticas?
Legales, a tenor de lo analizado y estudiado, no. Una salida política implicaría algún tipo de concesión o negociación con la familia Franco, o un cambio radical en la legislación vigiente. Esto sería complicado.

La familia Franco, según se ha publicado en algunos medios de la prensa escrita, ha puesto a la venta el Pazo de Meirás. Lo ha hecho a través de una agencia inmobiliaria cántabra. ¿Qué ocurriría si vende el Pazo de Meirás antes de que se decida judicialmente el destino del mismo?
La agencia inmobiliaria en cuestión ha retirado el anuncio hace unas semanas. La Xunta de Galicia posee derecho de tanteo por tres meses, en  caso de haber una oferta. Al abrirse un procedimiento judicial creo que será posible la adopción de diversas medidas cautelares, que impidan que el pleito pierda su finalidad, unido al ejercicio de las anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad, como advertencia frente a terceros adquirientes.

¿Pueden ahora los Franco, tal y como está la situación, poner a la venta el Pazo de Meirás?
Ahora mismo, sí, mientras no haya acciones legales. Otra cosa es que encuentren compradores interesados.

¿Podría esta puesta en venta del Pazo constituir un delito?
Como expuse anteriormente, mientras no haya acciones legales en marcha, la familia Franco puede poner en venta el Pazo. La Xunta de Galicia tendría derecho de tanteo y podría ejercerlo en el plazo máximo de tres meses. Desconozco las implicaciones legales que pueda tener el conocimiento por la familia Franco o por un posible adquiriente de las conclusiones, ya públicas, que han establecido las dos comisiones constituidas para estudiar la devolución del Pazo al Patrimonio Nacional. Las irregularidades en las visitas al Pazo darían lugar a un expediente sancionador pero, según la legalidad vigente, no podrían dar lugar a la expropiación.

¿Qué le parece la situación legal de la Fundación Francisco Franco, creada en el año 1976, y responsable ahora de la gestión de las visitas al Pazo de Meirás?
Formalmente, se atienen a la legalidad. Desde el punto de vista de la legitimidad democrática y la ética política, su existencia es inadmisible.

¿Por qué no devuelven el Pazo?
Habría que preguntarles a ellos... Consideran, sin duda, que es suyo como propiedad privada y que el pueblo gallego (y español) se lo regaló y en cierto modo se lo debe porque en su opinión Franco lo salvó del comunismo, la anarquía, etcétera.

¿Se logrará resolver este problema, es decir, conseguiremos tener normalidad democrática en España?
Sin duda, una condición necesaria será que la democracia española asuma una política pública de la memoria, que sea crítica con la dictadura franquista. Recordemos al filósofo Jürgen Habermas: “No puede haber normalidad constitucional sin Vergangenheitsbewältigung, sin mirada crítica hacia el pasado”.

¿Por qué piensa usted que no se ha devuelto todavía?
Porque la Transición de 1975-78 fue como fue, sin ruptura democrática y porque se tiene miedo, tal vez excesivo, al franquismo sociológico cuando gobierna la derecha y cuando gobierna la izquierda. Se teme reproducir una guerra civil. Algo que 43 años después de la muerte de Franco, creo que es irreal.

¿Cuánto habrá que esperar, ahora que ustedes han entregado su informe histórico y jurídico para que el Pazo de Meirás retorne al Patrimonio Nacional?
Si el asunto se dirime en sede judicial, la duración del proceso judicial es imprevisible.