Tribuna / Pere Navarro Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1259. 7  de septiembre de 2018

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La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo

Carta abierta al Tribunal Constitucional

FERNANDO MORENO

Cuando esa familia sea desalojada de la vivienda que tenían alquilada desde hace bastantes años y de la que venían pagando puntualmente la renta, me preguntarán por qué ante casos iguales al suyo ese Alto Tribunal no los ha tratado de forma equivalente como exige el art. 14 de nuestra Constitución, y la verdad es que no sabré qué responderles. ¿Acaso tienen Vds., Sres. Magistrados, la respuesta?

Toda la ciudadanía es conocedora de la activa y positiva labor que Vds. están desarrollando con motivo del desprecio que a nuestra Carta  Magna se está produciendo por los independentistas catalanes y ello es digno de encomio.

Pero frente a esas luces, su labor tiene también sombras, algunas de las cuales son especialmente tenebrosas: y me refiero al desmesurado número  de decisiones de inadmisión de los recursos de amparo ante ese Tribunal presentados por los ciudadanos cuyos derechos fundamentales consideran que han sido violados (el 99,2% de los presentados en el año 2017 y similar porcentaje en el primer semestre de 2018, según datos del propio TC). A este tema –en general– nos referíamos en nuestra colaboración para esta revista efectuada en el mes de mayo del año 2015, recordando que ese Tribunal también tiene como una de sus labores fundamentales amparar esos derechos esenciales de las personas, pero que en muchísimas ocasiones no los amparaban.

Y paso ya a comentarles su recientísima y lamentable decisión tomada respecto del recurso presentado por mí en nombre de una modestísima y muy vulnerable familia que tiene en alquiler una vivienda protegida de 68 metros cuadrados que fue desahuciada por un bien llamado “fondo buitre”, arguyendo no la falta de pago de la renta, sino la expiración de su contrato de arrendamiento con el nada loable propósito de, si querían seguir en la vivienda, elevarles la renta más de un 40%. Hubo problemas de comunicación en el emplazamiento del inquilino y por ello no comparecieron ante el Juzgado, el cual con criterio antijurídico además de antisocial, ha acordado el lanzamiento de la familia (matrimonio con dos hijos, uno menor de edad) para el próximo día 13 de septiembre.

Presentado por nuestra parte recurso de amparo ante ese Tribunal, los magistrados, Sres. Valdés, Narváez y Enríquez han despachado nuestra petición de protección contra el desahucio y desalojo de la vivienda con la lacónica frase de que el asunto no tiene “especial transcendencia constitucional”, inadmitiendo el recurso (25 páginas), y ello tiene especial gravedad por cuanto en él citábamos varias sentencias del propio Tribunal que habían otorgado el amparo a otros litigantes en idénticas circunstancias que las de los ahora desahuciados.

El día 13, cuando sea desalojada esa familia de la vivienda que tenían alquilada desde hace bastantes años y de la que venían pagando puntualmente la renta, ellos me preguntarán por qué ante casos iguales al suyo (tal como señalábamos en el recurso), ese Alto Tribunal no les ha tratado de forma equivalente como exige el art. 14 de nuestra Constitución, y la verdad es que no sabré qué responderles. ¿Acaso tienen Vds., Sres. Magistrados, la respuesta?. Deberían ofrecérsela no ya por piedad o compasión con los afectados, sino por ser ellos tenedores del derecho a obtenerla.

Firma

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

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