Los Dossieres 1.260 Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1260. 14  de septiembre de 2018

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

Tensión en el Ejecutivo por los contratos de misiles con Arabia Saudí

La venta de armas le estalla al Gobierno

El anuncio, efectuado por el Ministerio de Defensa, de la suspensión de la exportación de armamento de alta precisión al régimen wahabita traía como respuesta la amenaza de suspender sustanciosos contratos con empresas españolas. La rectificación llegaba pronto, pero el asunto ponía en primer plano la moralidad de esta clase de operaciones y la falta de control público sobre las exportaciones de armas, especialmente a países que no respetan los Derechos Humanos.


La polémica sobre la venta de armas a Arabia Saudí ha puesto en peligro operaciones vitales para la industria española como la venta de cinco corbetas al régimen wahabita.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, daba garantías ante el Congreso de que el Gobierno no pondría en riesgo el suculento contrato de 1.813 millones de euros –que daría trabajo a 6.000 personas en Navantia (en la comarca de San Fernando, Cádiz) durante varios años- firmado con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas para la Armada de aquel país, después de que el Ministerio de Defensa hubiera anunciado la suspensión de la venta de 400 bombas de precisión a Ryad –por su más que previsible uso en territorio de Yemen-. La reacción saudí fue la amenaza de cancelación de este y otros importantes contratos (como el del AVE y el metro de la capital) en los que la participación de empresas de bandera española es determinante.

Para tratar de calmar los ánimos, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros la “firme voluntad” del Ejecutivo en mantener los compromisos con Arabia Saudí. Rebajaba de este modo la ‘categoría’ de lo anunciado por Defensa, por lo que ya no se trataba de una decisión en firme. Un giro que parecía confirmarse cuando dos días más tarde, un barco cargaba armamento en el puerto de Santander con destino a Arabia Saudí.


El conflicto se inicia con la decisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de no vender material militar a Arabia Saudí tras sus bombardeos en Yemen. / EUROPA PRESS

Todo el ‘problema’ arrancaba cuando el pasado 3 de septiembre, el Ministerio de Defensa anunciaba la paralización de la venta al país árabe de 400 bombas de precisión láser del Ejército español que podrían ser utilizadas para bombardear Yemen. El departamento dirigido por Margarita Robles habría iniciado los trámites para anular el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en 2015 –por el Gobierno de Mariano Rajoy, con Pedro Morenés al frente de Defensa-, y daba a conocer su intención de devolver los 9,2 millones de euros ya abonados por este cargamento, que se encuentra en una base militar de Aragón.

Tras conocer el intento de ‘rectificación’ gubernamental a la decisión de Margarita Robles, Amnistía Internacional (AI) solicitaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cumplimiento de sus compromisos electorales y, por lo tanto, que no diera luz verde a la exportación de material de defensa a Arabia Saudí, exigiendo seguir el ejemplo marcado por países como Suecia, Canadá, Finlandia, Noruega o Bélgica, que han tomado la decisión de poner fin a la venta de armamento a la monarquía wahabita. Cabe recordar que solo en el pasado 2017, la industria española exportó material de defensa a la coalición árabe que desató la guerra en Yemen por valor de 361 millones de euros, 270 de ellos, directamente a Arabia Saudí.

Además de Amnistía Internacional, otras ONG responsables de la campaña ‘Armas Bajo Control’ (FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón –además de la propia AI-) exigían al Ejecutivo que cese la exportación de armas a Ryad, y también que se cancelase la venta de las cinco corbetas a dicho país.

Volvían a recordar que países como “Alemania, Suecia, Noruega o Bélgica han cesado las exportaciones de armas a la coalición saudí”. Sin embargo, España ha exportado armas a ese país por valor de 728,5 millones de euros entre 2015 y junio de 2017.

Pero la venta de estos buques de guerra constituye un objetivo prioritario para el Gobierno, tanto en su relación con un país al que se compra buena parte del petróleo que consumimos, como por los puestos de trabajo que representa la operación. Incluso el actual monarca, Felipe VI, dedicó a la consecución de este contrato parte de su última visita oficial a aquel país.

La firma del acuerdo definitivo se producía el pasado 11 de julio, rubricado por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al-Saud. Se acordaba la construcción de cinco corbetas tipo ‘Avante 2200’ en el astillero público Navantia.


El príncipe Salman, heredero de Arabia Saudí, firmaba la adjudicación de las cinco corbetas a Navantia el pasado 11 de julio. / E. P.

Un gran ‘comprador’

Durante los últimos cinco años, Arabia Saudí ha incrementado enormemente su adquisición de armamento. Sus compras de armas en el período 2011-2015 fueron un 275 por ciento superiores a las del anterior quinquenio 2006-2011. El país se ha convertido en el mayor importador de armamento de Oriente Medio.

Nuestro país es uno de sus principales proveedores, que en 2014 le vendió casi 450 millones de euros en material de defensa y más de 1.200 millones desde 2013. También se han firmado numerosos acuerdos de colaboración militar, por los que, entre otras cuestiones, los pilotos de ‘Eurofighter’ saudíes se entrenan y son adiestrados por personal del Ejército del Aire español. 

Arabia Saudí es el quinto mayor comprador de material militar español y de doble uso, con una inversión de 270 millones de euros en 2017, lo que supuso el 6,2 por ciento de todas las exportaciones militares de España.

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, los principales compradores de material de defensa español fueron en 2017, por este orden, Alemania (1.213 millones de euros), Reino Unido (949,9 millones), Francia (422), Turquía (301,5) y Arabia Saudí (270).

Por partidas, los productos más comprados por Arabia Saudí fueron municiones y dispositivos para el armado de los cebos (con una inversión conjunta de 90 millones) y aeronaves y vehículos aéreos no tripulados (98,5 millones).
Durante el año pasado, además, España concedió 27 licencias para exportar material de defensa a Arabia Saudí, por un importe conjunto de 496,25 millones de euros. Además, se concedieron otras 26 licencias, por importe de 21.803 millones, para materiales de doble uso (que se pueden destinar a fines tanto civiles como militares).


Arabia Saudí compró armas a España por valor de 270 millones de euros en 2017.

Las ventas de material militar a un país que participa en un conflicto abierto, en el que existe un grave riesgo de que se cometan además crímenes de guerra y violaciones del Derecho Internacional, están expresamente prohibidas por la legislación comunitaria. Esto ha provocado que el Parlamento Europeo cargue contra “algunos Estados miembros de la UE han seguido autorizando la transferencia de armas y otros productos afines a Arabia Saudí”. Lo hizo por primera vez en 2014, y más recientemente, en noviembre de 2017.

Pero no será hasta el próximo 19 de septiembre, fecha programada para la reunión de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso –la entidad que se encarga de autorizar las exportaciones de armas en nuestro país-, cuando se conozca definitivamente cuál será la decisión al respecto de los 400 misiles guiados, cuya venta a Ryad había sido autorizada por el Gobierno saliente. También se revisarán determinadas autorizaciones, y habrá que ver qué ocurre con las que tienen como destino Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Israel.

Las exportaciones de material militar español alcanzaron en 2017 los 4.346,7 millones de euros, un aumento del 7,3 por ciento respecto a 2016, tal y como figura en el informe sobre Exportación de material de Defensa y Doble uso que elabora anualmente la Secretaría de Estado de Comercio.


El consorcio europeo Airbus, en el que participa España, es uno de los grandes de la industria militar.

Un negocio en plena expansión

El análisis del decenio 2005-2015 pone de manifiesto que las exportaciones de armamento españolas han experimentado un gran crecimiento –y sólo teniendo en cuenta las que se especifican como tales, ya que una mayoría se hallan ocultas bajo epígrafes como ‘tecnología aeronáutica’ y otros–. Desde 2004 hasta 2015, las empresas españolas incrementaron un 1.128 por ciento las exportaciones de material de defensa, tendencia que se reforzó en 2013, cuando representaron un ingreso de 3.907 millones de euros, doblando las cifras del 2012 (1.953 millones). 

Con estas cifras, España se ha convertido en el séptimo exportador internacional de armas en la actualidad, según los datos del Instituto Internacional de Paz de Estocolmo (SIPRI), con una cuota del 3 por ciento del mercado mundial. 
A pesar de que la Ley 53/2007 obliga a denegar las autorizaciones para exportar armas a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, los sucesivos gobiernos desde entonces no han impedido la llegada de material de doble uso a diversos países que participan en conflictos armados o que abiertamente no respetan los Derechos Humanos.
La industria española ha vendido sistemáticamente material de doble uso a Estados como Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Egipto. En 2014, el Ejecutivo se veía obligado a paralizar ‘cautelarmente’ la venta de armas a Israel forzado por la presión social surgida a raíz del conflicto en la franja de Gaza.. 

La aplicación efectiva de la Ley 53/2007 es prácticamente imposible de verificar, ya que las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo que autoriza la venta de material bélico, son secretas. En la JIMDDU están representados, entre otros, los ministerios de Presidencia, Exteriores, Defensa, Economía y Hacienda.

Ya en 2016, la industria armamentística nacional –en la que destacan grandes empresas como como Airbus Military, Navantia e Indra– había triplicado sus exportaciones desde 2010. Países europeos o aliados de la OTAN acaparaban la mayoría de los acuerdos.

El proceso de venta de material de Defensa y doble uso sigue un proceso con varios controles. En teoría, los países compradores deben cumplir una serie de requisitos y, en caso de no observarlos, la ley establece que la petición debe ser denegada.

Organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Greenpeace y Fundipau (Fundació per la Pau) llevan años asegurando que existe un profundo oscurantismo al respecto y que estos controles establecidos por la legislación no son suficientes para evitar que el armamento llegue a manos indebidas.

La colaboración internacional
  
Por otra parte, los acuerdos de colaboración con diferentes países europeos en materia de Defensa han contribuido a que nuestro país participe en proyectos armamentísticos de gran envergadura y, por tanto, a autorizar grandes licitaciones a los países vecinos. 

Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal y Francia son los principales socios para la industria española. Con ellos se desarrollan programas, fundamentalmente, aeronáuticos. También destacan las licencias concedidas a los países nórdicos: Noruega (12, con valor de 2,6 millones de euros), Suecia (9, 2 millones) y Dinamarca (9,1).

En el continente americano, el principal socio de la industria de material de Defensa es Estados Unidos. Los programas que desarrolla Washington derivaron, en el primer semestre de 2015, en una inversión de 131,4 millones de euros en firmas españolas.
En segundo lugar está la relación con Venezuela, país al que se exportó material por valor de 92,5 millones de euros. También hay licencias otorgadas a México (por un valor total de 80 millones de euros), mientras que a Ecuador se le vendió material por 69 millones.

En Asia, como ya se ha mencionado, Arabia Saudí es el principal comprador –auqnue por importes que nada tienen que ver con los 115.000 millones de euros que han comprado a Estados Unidos-.  También son destinos de nuestras ‘exportaciones’ naciones como Uzbekistán o Azerbaiyán (251 millones entre los dos). Las licitaciones a Emiratos Árabes Unidos o Qatar también han desatado las protestas de ONG y otras organizaciones en defensa de los Derechos Humanos.

En África, los principales destinatarios del armamento español son Marruecos (con 38 millones), Camerún y Lesotho (con 30 millones cada uno).

En Oceanía son los acuerdos navales que sostienen empresas como Navantia con Australia los que representan la mayoría de las ventas de material de Defensa español en ese continente.


La industria armamentística de los EE UU es la mayor del mundo.

Los que más armas venden

El pasado mes de agosto, el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicaba su informe “Tendencias en las transferencias internacionales de armas”, sobre lo acontecido en este campo durante 2017.  
Entre otros muchos datos, ofrece el ranking de los 25 principales exportadores de armas a nivel mundial en los años comprendidos entre 2013 y 2017, y también incluye la información sobre los 40 primeros países compradores de material bélico.

El informe pone de manifiesto que las principales ventas internacionales de armas han aumentado en un 10 por ciento en los últimos cuatro años.

A tenor del estudio de este prestigioso organismo independiente, nuestro país ocupa la séptima posición en la clasificación de países que mayor número de armas venden, representando un 2,9 por ciento del total de exportaciones de material armamentístico y de doble uso a nivel mundial. En el periodo 2013-2017, las ventas de armas aumentaron en nuestro país un 12 por ciento en comparación con las transacciones del quinquenio 2008-2012.

Según lo recogido en el informe, estos son los 10 países principales exportadores de armamento:

1. Estados Unidos
Estados Unidos vendió armas al menos a 98 países entre 2013 y 2017. Sus principales clientes fueron Arabia Saudí, con un 18 por ciento del total, Emiratos Árabes Unidos, que ocupa un 7,4, y Australia con el 6,7 por ciento del total de sus exportaciones. Su volumen de ventas representa el 34 por ciento  del total y sus ventas aumentaron un 25 por ciento en comparación con el periodo 2008-2012.

2. Rusia
Exportó armas a 47 países, a los que hay que añadir las ventas que hizo a los separatistas respaldados por Rusia en Ucrania, entre 2013 y 2017. Sus mayores receptores fueron: India con una representación del 35 por ciento de todas las ventas, China con el 12 y Vietnam con un 10 por ciento del total. Su volumen representa el 22 por ciento del total de venta de armas mundiales, aunque sus exportaciones disminuyeron en un 7,1 por ciento en comparación con el periodo 2008-2012.

3. Francia
Vendió armas a 81 países entre 2013 y 2017. Sus clientes más importantes fueron: Egipto, destinatario del 25 por ciento de todas las ventas; China, con el 8,6; e India con un 8,5 por ciento de todas las ventas. Francia abarca el 6,7 por ciento del total de venta de armas mundiales y sus exportaciones aumentaron un 27 por ciento en comparación con 2008-2012.

4. Alemania
Los más destacados receptores de material bélico alemán fueron: Corea del Sur, que representa el 14 por cientode todas las ventas; Grecia con el 11,; e Israel, con el 8,7 por ciento. Alemania exporta el 5,8% de las armas en el mundo y sus ventas disminuyeron un 14 por ciento en comparación con 2008-2012.

5. China
China vendió armas a 48 países entre 2013 y 2017. Sus principales clientes fueron: Pakistán, con el 35 por ciento de todas las ventas; Bangladesh, con el 19; y Argelia, que alcanza el 10 por ciento del total. China realiza el 5,7 por ciento de las exportaciones mundiales de armas y sus ventas aumentaron un 38 por ciento en comparación con 2008-2012.

6. Reino Unido
Los principales compradores de armas a Reino Unido fueron Arabia Saudí con el 49 por ciento de todas las ventas; Omán, con el 14; e Indonesia, con el 9,9 por ciento.   Reino Unido es responsable del 4,8 por ciento de todas las exportaciones de armas en el planeta y sus ventas aumentaron un 37 por ciento en comparación con 2008-2012.

7. España
Los más importantes destinatarios de las armas españolas fueron: Australia, con un 34 por ciento de todas las ventas; Turquía, 14 por ciento; y Arabia Saudí con el 8,3 por ciento. Nuestro país prácticamente ha duplicado sus exportaciones con respecto al periodo 2008-2012. Las exportaciones españolas suponen casi un 3 por ciento del volumen mundial.

8. Israel
Los clientes más importantes de Israel en la compra de armas fueron: India, con un 49 por ciento; Azerbaiyán, país que alcanza el 13; y Vietnam, con un 6,3 por ciento. Israel representa el 2,9 por ciento del total de las exportaciones de armas y sus ventas aumentaron en un 55 por ciento en comparación con el periodo de 2008-2012.

9. Italia
Los receptores principales del armamento italiano fueron: Emiratos Árabes Unidos, con una 12 por ciento; Turquía, que alcanza el 10; y Argelia, con un 9,9 por ciento. De Italia sale el 2,5 por ciento del total de las exportaciones de armas y sus ventas aumentaron un 13 por ciento en comparación con 2008-2012.

10. Holanda
Los clientes más importantes de Holanda en la compra de armas fueron: Jordania, cuyas adquisiciones suponen el 15 por ciento de las ventas totales; Indonesia, que compró otro 15; y Estados Unidos, con un 11 por ciento del total. Las ventas holandesas suponen el 2,1 por ciento de todas las exportaciones de armas a nivel mundial y sus ventas aumentaron un 14 por ciento en comparación con el período 2008-2012.

Secretos que son secretos

La industria militar española apenas aparece como tal en los registros. La inmensa mayoría de estas industrias, de todos los tamaños, desde multinacionales a empresas familiares, no constan como fabricantes de armamento, gracias a un sistema de inscripción mercantil, prácticamente diseñado para ocultarlos.

En ninguna parte puede consultarse que produzcan misiles, munición, explosivos, armas cortas, sino que fabrican genéricamente ‘material de defensa’.

El Parlamento solo puede supervisar su actividad cuando sus productos ya han sido fabricados y vendidos.  La ley española de comercio de armas solo obliga al Gobierno a informar de los países a los que se exporta armamento y del volumen total de la exportación, en euros. No exige que se haga mención a la empresa ni al tipo de arma que vende.

Dicha ley establece que un órgano gubernamental, la JIMDDU, evalúe cada exportación de armas por si existiera riesgo de que se utilicen en situaciones en las que se puedan cometer atentados contra los Derechos Humanos o cometer crímenes de guerra.

Las actas de las deliberaciones de este órgano son documentos clasificados y, por tanto, secretos, por lo que el control político y ciudadano sobre la producción y venta de armamento resulta prácticamente imposible.
Los sucesivos gobiernos han informado –dentro del gran secretismo con el que se manejan estos asuntos- de que el porcentaje de autorizaciones de compra de armas españolas efectuadas por terceros países que fueron denegadas por la JIMDDU, apenas se sitúa en un 1 por ciento cada año.

Por otra parte, según Tedae -la patronal de empresarios de armamento-, las actuales 78 empresas de armas españolas facturaron 10.700 millones de euros en 2016. Exportaron el 83 por ciento de su producción y dieron trabajo a 55.861 personas.

 


La organización ha denunciado a España por su falta de control en la venta de armamento.

La denuncia de Greenpeace

En un reciente documento, la organización Greenpeace efectúa duras denuncias acerca de la falta de control sobre la venta de armamento en nuestro país, probablemente, incumpliendo los compromisos internacionales suscritos en esta materia. Recuerdan que el 2 de abril de 2014, España depositaba en la sede de las Naciones Unidas su instrumento de ratificación del Tratado sobre Comercio de Armas, en cuyas negociaciones había participado activamente.

Como miembro de la Unión Europea, forma parte del grupo de países que adoptaron hace diez años la Posición Común 944/2008/PESC, que establece como criterio para exportar armas el respeto a los Derechos Humanos en el país de destino final, el respeto del Derecho Internacional Comunitario y el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales.

Según esta ONG, la realidad es distinta. Entre 2008 y 2016, España autorizó exportaciones de material de defensa, productos y tecnologías de doble uso con un valor económico de 22.603 millones de euros a más de cien países. El 27,34 por ciento, 6.181 millones de euros, fue a 50 países ‘preocupantes o potencialmente preocupantes’, según se desprende del análisis de los informes estadísticos anuales realizados por la Secretaría de Estado de Comercio y los contrainformes de la campaña ‘Armas Bajo Control’ que elaboran Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón.
Los países preocupantes o potencialmente preocupantes son aquellos de los que se sospecha o se tienen indicios de que han cometido violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, crímenes contra el derecho internacional o aquellos en los que exista un alto riesgo de uso ilegítimo (es decir, contrario al derecho internacional), entre otros motivos principales.

Para Greenpeace, los casos de Arabia Saudí y Egipto, preocupan especialmente debido al riesgo sustancial de que el material exportado contribuya a cometer o facilitar las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que están cometiendo ambas partes del conflicto de Yemen. En el caso de Egipto, también preocupa su potencial uso en la represión de protestas o para cometer las graves violaciones del derecho internacional que se están produciendo en la Península del Sinaí y Libia.

A finales de 2007, España se dotaba de una ley propia sobre el comercio de armas. Una norma que pretendía “garantizar la transparencia en la información oficial” sobre exportación de armas y obligaba a denegar una exportación “cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, exacerbar tensiones o conflictos, ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, para la represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, o vayan a países con evidencia de desvío”.

Pero la realidad ha demostrado que  la transparencia está muy lejos de cumplirse.

Aunque, desde la entrada en vigor de la citada ley, el Gobierno envía al Congreso de los Diputados un informe semestral con información sobre las exportaciones de material de defensa y una vez al año comparece ante la Comisión de Defensa del Congreso el titular de la Secretaría de Estado de Comercio, según esta organización, el grado de detalle de la información es tan limitado que no permite saber cómo se ha hecho la evaluación de riesgo.

La información que se hace pública incluye el valor total de las exportaciones por cada país al que están destinadas, las categorías descriptivas de los productos -lo que impide saber a ciencia cierta si son rifles, pistolas, granadas, aviones o repuestos-, el uso final que se les va a dar, si el usuario final es público o privado (policía, fuerzas armadas o empresas) y las denegaciones efectuadas. 

Debido a que las actas del órgano que toma las decisiones son secretas desde 1987, no se facilita información sobre las cuestiones que se han analizado en la evaluación del riesgo y han llevado a autorizar o no la exportación de armas a un país concreto.

Los requisitos para exportar armas desde España son básicamente dos: estar inscrito en el registro de exportadores, el REOCE, y haber recibido autorización para realizar la exportación. Ambos requisitos dependen de un mismo organismo, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), cuyos informes son preceptivos y vinculantes.

Pero las deliberaciones de la Junta constituyen materia reservada por mor de la Ley de Secretos Oficiales. Una norma preconstitucional, modificada en 1978, que permite declarar “materias clasificadas”, ya sea con carácter secreto o reservado, todo lo que le parezca al Consejo de Ministros o a la Junta de Jefes del Estado Mayor, siempre que argumenten que su conocimiento puede “dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.

La norma no solo impide acceder a documentos actuales, ni siquiera fija un plazo de desclasificación a futuro, como hacen buena parte de los países con los que se compara España.

Greenpeace denuncia que el Gobierno de Felipe González fue uno de los más activos en este sentido. El 28 de noviembre de 1986, el Consejo de Ministros aprobaba “otorgar, con carácter genérico, la clasificación de reservado” a la información referida a “la producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico”.
A raíz de la polémica desatada por la venta de armas españolas a Marruecos e Irak y diversas iniciativas parlamentarias de la oposición que buscaban más transparencia, menos de tres meses después, el 12 de marzo de 1987, el Gobierno de González aprobaba “declarar secretas las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso”, la JIMDDU, que es el órgano encargado de informar con carácter vinculante sobre las solicitudes de exportación de armas.

Desde 2010, tampoco es ya posible conocer la postura diplomática de España en cuestiones de seguridad, conflictos internacionales, protección de derechos humanos, así como cuestiones de asilo y refugio porque el consejo de ministros del 10 de octubre de aquel año clasificó esa información también como secreta.


Los Programas Especiales de Armamentos financian proyectos como el Eurofighter de espaldas al control público.

La ‘trampa’ presupuestaria en Defensa

Tanto los Gobiernos del PP, como del PSOE, llevan años utilizando una argucia legal para desviar el gasto militar de los presupuestos del Ministerio de Defensa, ocultando así al ciudadano la cantidad real de fondos públicos que se destina a este fin, y haciendo parecer que el gasto público militar es bastante menor de lo que es en realidad. 

El principal mecanismo son los Programas Especiales de Armamentos (PEAS), mediante los cuales es el Ministerio de Industria quien financia a interés cero proyectos netamente militares como son los aviones ‘Eurofighter EF-2000, los helicópteros ‘NH-90’, o la tecnología punta  que se utiliza para desarrollar las armas que estos portan. Mientras se ha mostrado a la población que los presupuestos de Defensa se mantenían estancados o incluso eran reducidos,  los PEAS se han incrementado cada año.

Para saldar su deuda con la industria de las armas evitando el control público, el Estado se ve obligado a solicitar créditos extraordinarios cada verano que suelen estar en el rango de los 800 millones de euros. 

La oposición ha criticado duramente este tipo de prácticas del Ejecutivo, que pese a ello se repiten año tras año desde 1996. 

El asunto llegaba a provocar la intervención del Tribunal de Cuentas. En junio de 2017, el BOE publicaba las conclusiones de la Comisión Mixta de Las Cortes para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre el informe de fiscalización de los Programas Especiales de Armamento (PEAs). La primera de ellas instaba al Gobierno a realizar un presupuesto “realista de los programas especiales de armamento dentro de los Presupuestos Generales del Estado, evitando el recurso a créditos extraordinarios y suplementarios mediante Real Decreto-ley”.

El Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional coincidían en que este gasto anual es más que previsible e ignorarlo en los presupuestos que aprueba el Congreso para luego incluirlos vía Decreto-Ley no solo es inconstitucional, sino que además se salta reglas básicas de la contabilidad pública.

Por un lado, afirma el informe del Tribunal de Cuentas, que analiza el gasto en estos programas en 2012, 2013 y 2014, que este mecanismo se salta la división de competencias -puesto que es el Congreso quien debe aprobar los presupuestos y no el Gobierno mediante Decreto-Ley. Por otro, crea presupuestos que, a priori y de forma conocida por todos, no son realistas y falsean la realidad de la contabilidad del Ministerio de Defensa y del Gobierno.

En 2012, Defensa pidió 1,787 millones para el pago de estos programas (885 en 2013 y 890 en 2014). El Gobierno no incluyó estas partidas en su proyecto de PGE, pero acabó pagando 1.783 millones (877 en 2013 y 884 en 2014) vía créditos extraordinarios.

Otra de las irregularidades que detectó el Tribunal de Cuentas en su informe es que estos créditos extraordinarios siempre se costean con Deuda Pública. 

Según las normas vigentes, debería haberse sufragado con cargo al fondo de contingencia o restando de otros créditos. En ocasiones, Hacienda ha alegado que el fondo de contingencia no es suficiente para cubrir esos pagos, pero el Tribunal de Cuentas consideró que ese motivo no es suficiente y que, al ampliar la deuda, se está poniendo en juego la estabilidad financiera y el principio de reducción del gasto.

 

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