Órdago al ministro Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1260. 14  de septiembre de 2018

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Política / Manuel Capilla

La verdadera historia del cese del jefe de la UCO

Órdago al ministro

El desembarco de Fernando Grande-Marlaska en Interior ha echado más leña al fuego al pulso que desde hace tiempo vienen manteniendo algunos sectores de la Guardia Civil y de la Policía por ensanchar áreas de influencia en el ministerio. Un pulso en el que el coronel Manuel Sánchez-Corbí, uno de los mandos más prestigiosos del cuerpo, hasta ahora al frente de la UCO, ha querido jugar un papel protagonista que ha desembocado en su cese. Su salida ha provocado un auténtico terremoto en la Guardia Civil y se ha calificado de “político” desde el PP. Pero fuentes cercanas a la cúpula de Interior sostienen que el coronel había intentado convertirse en un poder en la sombra presionando al ministro.

   
Fernando Grande-Marlaska ha levantado ampollas con el cese del coronel Sánchez Corbí en la jefatura de la UCO. / EUROPA PRESS

Según fuentes de Interior, Sánchez Corbí siempre ha defendido que “a los políticos hay que tenerlos cogidos por los huevos”   El órdago del coronel se enmarca en el pulso entre Guardia Civil y Policía por acaparar áreas de influencia y puestos de responsabilidad en el organigrama del ministerio

“A los políticos hay que tenerlos cogidos por los huevos”. Esta es la frase que algunas personas en Interior atribuyen al coronel Manuel Sánchez Corbí, máximo responsable de la UCO hasta el pasado mes de agosto, cuando se acordó su cese por “pérdida de confianza”, según se transmite desde el ministerio. La destitución se producía justo después de que se filtrara a la prensa un correo electrónico en el que Sánchez Corbí ordenaba que suspendieran las investigaciones de la UCO con cargo a fondos reservados, ya que la caja, según afirmaba, estaba vacía.

El correo provocó un incendio en la cúpula de Interior y llevó al nuevo director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, a proponer a Grande-Marlaska el cese del coronel. Desde Interior se señala que Sánchez Corbí tomó esa decisión sin consultarlo con sus superiores, poniendo en riesgo las operaciones que pudieran estar llevándose a cabo. Además, en el ministerio niegan la mayor. Subrayaban que no hay falta de fondos, sino que simplemente se estaban revisando los criterios con los que se habían estado empleando. Lo que no impedía, además, que se pudieran liberar partidas concretas. El Siglo ha querido contrastar esta versión con el propio Sánchez Corbí, que no ha querido atender la petición de este medio, según ha transmitido a través de personas cercanas.

Fuentes de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado enmarcan esa filtración en el pulso que Policía y Guardia Civil vienen manteniendo por acaparar áreas de influencia y puestos de responsabilidad en el organigrama del ministerio. Son las consecuencias del modelo de seguridad español, con dos grandes cuerpos, "donde los codazos son más frecuentes de lo que percibe el ciudadano", señalan estas fuentes.

Según estas voces, Sánchez Corbí habría querido dejar en evidencia a la nueva cúpula de Interior tras un movimiento que ha provocado verdadera indignación en el instituto armado: el del nombramiento del comisario José Antonio Rodríguez Pacheco como responsable del gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Un puesto considerado muy sensible  -a sus órdenes han estado los Mossos durante la aplicación de 155- y en el que ha relevado al coronel de la Guardia Civil Juan Hernández Mosquera. Se da la circunstancia de que ese puesto ha sido ocupado tradicionalmente por oficiales de la Guardia Civil -de hecho, su antepenúltimo titular fue Diego Pérez de los Cobos, antes de que se le encomendara el mando del dispositivo policial del 1-O-. Y la elección de un policía para el cargo ha sentado a cuerno quemado en algunos sectores de la Guardia Civil, que ya se venían sintiendo relegados en el reparto de cargos en el organigrama del ministerio.

Félix Azón es el nuevo director general de la Guardia Civil. / EP

Una de las asociaciones de Guardias Civiles que levantaron la voz para protestar por ese nombramiento fue APROGC que, además de considerar a Rodríguez de incapacitado para el cargo, lo tilda de "comisario político" por su supuesta cercanía con el PSOE. En su ideario, APROGC se propone, entre otras cosas, "defender la existencia de la Guardia Civil y velar por su continuidad, manteniendo su identidad propia y oponiéndose a cualquier tipo de fusión con otros Cuerpos de Seguridad" y "defender la naturaleza militar de la Guardia Civil", justo lo contrario de lo que ya intentó en su día José Luis Rodríguez Zapatero, que en principio tenía intención de desmilitarizar la Guardia Civil y unificarla con la Policía. Desde entonces ha arraigado el resquemor en la benemérita de que los gobiernos socialistas tienen predilección por la Policía, por lo que, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, no eran pocos los mando de la Guardia Civil que lo esperaban en guardia.

Tras las críticas provenientes de la Guardia Civil, cuatro sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP y SPP-, respondían que: “Considerarse acreedor vitalicio de un puesto a través de la permanencia constituye un gesto más dentro de la política, ya normalizada, de anexionarse competencias que no están definidas en exclusividad o inmiscuirse en terrenos cuya adscripción está perfectamente definida por ley, algo a lo que en la Policía Nacional estamos demasiado acostumbrados a soportar. Esas suspicacias y recelos innecesarios jamás deben solventarse por el camino de la descalificación personal ni del ideario particular”.

El indulto de Aznar
Se da la circunstancia de que APROGC es una asociación muy cercana a Sánchez Corbí, con la que mantiene buena relación y a la que ha concedido entrevistas, que se pueden consultar en su web, con motivo de la publicación de los libros en los que repasa su trayectoria como uno de los máximos responsables de la lucha contra ETA. Y es que Sánchez Corbí, de 55 años, hijo y nieto de Guardia Civil, se ha convertido en uno de los Guardias Civiles más condecorados gracias a su trabajo durante los años en los que sirvió en el País Vasco, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Allí llegó a ser jefe de las operaciones antiterroristas y resolvió brillantemente casos como el del secuestro de Ortega Lara.

Aunque en su hoja de servicios no todo son éxitos. Llegó a ser condenado por la Audiencia de Vizcaya a cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación por torturar al etarra Kepa Urra tras su detención en 1992. Según informaba El País el 11 de noviembre de 1997, tras conocerse la sentencia, el tribunal consideró probado que Sánchez Corbí -por entonces con rango de capitán- y otros dos agentes "trasladaron al detenido a un descampado, donde, esposado, "le desnudaron, le golpearon con un objeto romo y le arrastraron por el suelo"".

El 'caso Urra' alcanzó en su día una cierta repercusión, tras ser denunciado por Amnistía Internacional y por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. En una entrevista concedida a La Vanguardia el pasado mes de febrero, con motivo de la publicación de 'Sangre, sudor y paz' el libro en el que repasa la lucha de la Guardia Civil contra ETA, Sánchez Corbí explicaba al respecto que: "Detuve a parte de un comando, quise que cantasen dónde estaba el resto... y crucé la línea legal, me excedí. Fue un error de juventud: ni para salvar vidas está justificado excederse. Me equivoqué, pagué por ello y el ministro Mayor Oreja me indultó".

El Supremo redujo la condena a sólo un año de cárcel, pero mantuvo la inhabilitación, que en la práctica suponía la expulsión de la Guardia Civil. Sánchez Corbí y los otros dos agentes se libraron de verse fuera gracias a un indulto parcial por parte del Ejecutivo de José María Aznar, que redujo esa inhabilitación a un mes y un día. Ya en 2013, el coronel pasó a la UCO y en 2015 asumió su jefatura, donde ha investigado los casos Gürtel, Púnica, Lezo o ERE, entre otras operaciones de gran relevancia mediática.


Jaime Mayor Oreja indultó a Sánchez Corbí tras ser condenado por torturas a un etarra. / EP

Sánchez Corbí mantiene el pulso
En la Guardia Civil no faltan quienes quieren ver en los relevos de Hernández Mosquera y, sobre todo, de Sánchez Corbí, decisiones puramente políticas. De hecho, el PP ha hecho suyas estas acusaciones durante las comparecencias parlamentarias de Grande-Marlaska. Quienes opinan así señalan la supuesta intención de Interior de tratar de entorpecer las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal de los socialistas valencianos. Sin embargo, para cualquiera que haya seguido el caso es bien sabido que la UCO de Sánchez Corbí había perdido relevancia en esa investigación en favor de la UDEF, dependiente de la Policía, antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa.

El pulso de Sánchez Corbí con el ministro tiene visos de prolongarse en el tiempo, ya que el propio Grande-Marlaska todavía tiene que resolver un recurso presentado por el coronel contra su cese. El plazo con el que cuenta el ministro para resolverlo es de tres meses, es decir, hasta el próximo mes de noviembre. De confirmar el cese -lo más probable, ya que la jefatura de la UCO ya tiene relevo, el coronel Francisco Javier Sánchez Gil, exresponsable de la unidad de élite encargada de operaciones especiales- a Sánchez Corbí todavía le queda recurrir a la justicia ordinaria.

El ministro ya ha prometido comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales, que se celebra siempre a puerta cerrada y de forma confidencial, para explicar el cese de un Sánchez Corbí al que Interior, sorprendentemente, acaba de condecorar por la investigación sobre la UGT asturiana. Los trámites de la condecoración ya estaban iniciados antes de la llegada del PSOE al Ejecutivo y la nueva cúpula del ministerio no ha querido obstaculizarlos, en un gesto conciliador para atemperar un conflicto con el que Grande-Marlaska se ha topado recién llegado al cargo.

 

El coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable de los Mossos durante el 155, fue exonerado en el proceso por torturas en el que Sánchez Corbí fue condenado. / EP

Unos coroneles juzgados por torturas

Curiosamente, el juicio del 'caso Urra' une a varios guardias civiles relacionados con el gabinete de Estudios y Coordinación de Interior y con su exresponsable, Hernández Mosquera. Y es que en el proceso en el que fue condenado Sánchez Corbí quedaron exonerados otros tres agentes. Uno es Diego Pérez de los Cobos, predecesor de Juan Hernández Mosquera en el gabinete. Otro es Alejandro Hernández Mosquera, hermano del recién cesado y acusado junto a Pérez de los Cobos de infligir malos tratos al etarra cuando estaba ingresado en el hospital, después de su detención.

La trayectoria de Pérez de los Cobos es más conocida. De 54 años y jefe de la comandancia de Madrid desde el pasado mes de marzo, se incorporó al ministerio en julio de 2006 como asesor en el gabinete del entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Cinco años después, en julio de 2011, cuando asumió la cartera Antonio Camacho, Diego Pérez de los Cobos fue designado como director del tan codiciado gabinete de Coordinación y Estudios. Jorge Fernández Díaz lo mantuvo en el cargo, como hizo también Juan Ignacio Zoido. Desde ese puesto pilotó el dispositivo del 1-O y ha controlado a los Mossos durante la aplicación del 155.

El currículum de Alejandro Hernández Mosquera ha pasado más desapercibido pero es más llamativo. De 53 años, tiene una larga trayectoria en las unidades de información de la Guardia Civil. A cargo de la seguridad del presidente Rajoy y del complejo de la Moncloa desde 2012 –relevado el pasado viernes por la comisaria María Marcos, la primera mujer que accede al puesto–, fue nombrado consejero de Paradores el pasado mes de abril. 

A Juan Hernández Mosquera –como su hermano, otro veterano de los servicios de información de la Guardia Civil– se le ofreció la jefatura del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) –un puesto de gran prestigio y mejor remunerado– para que aceptara abandonar el gabinete de Coordinación y Estudios. El coronel rechazó el ofrecimiento e Interior nombró para ese cargo a Ángel Alonso Miranda, jefe de la zona de Galicia los dos últimos años.

 

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