Tribuna / José Luis Centella Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1261. 21  de septiembre de 2018

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Tribuna / José Luis Centella

Vestas o el ejemplo del saqueo de dinero público

Toda esta gran estafa puesta en marcha por Vestas debe tener una respuesta tajante de las administraciones, tras meses de apatía desoyendo los avisos de la plantilla sobre las verdaderas intenciones de la empresa

El pasado 20 de agosto el Comité de Empresa de Vestas (multinacional danesa de aerogeneradores) recibió la comunicación de que la dirección había presentado un expediente de extinción de empleo para toda la plantilla de Villadangos del Páramo (León), lo que supone la pérdida de 360 empleos fijos y 200 eventuales a través de empresas de trabajo temporal.

Además de la tragedia profesional y vital generada para todas estas personas y sus familias, lo que ocurre también con esta multinacional es la expresión brutal del uso de fondos y ayudas públicas para enriquecerse bordeando la legalidad, la búsqueda sin límites del beneficio y el desprecio absoluto a los derechos laborales y sociales de sus trabajadores/as.
Vestas, a la que Hacienda reclama 90 millones de euros y que ha recibido 16 millones más en subvenciones, argumenta que el coste financiero de cesar la producción en León “se relaciona principalmente con la amortización de terrenos y edificios; estos costes se registrarán como artículos especiales y se incluirán en el tercer trimestre de 2018”.

El escándalo es monumental. La multinacional recibió los 12 millones que supuso construir la fábrica en subvenciones, además de que el Ayuntamiento de Villadangos del Páramo les cedió parte de los terrenos para ponerse en marcha. Ha quedado de manifiesto la complicidad de la administración autonómica, que no se molestó en asegurar que las subvenciones tuvieran como contrapartida garantizar el mantenimiento del empleo y la producción, permitiéndola apropiarse así de cuantiosos recursos públicos.

Toda esta gran estafa puesta en marcha por Vestas debe tener una respuesta tajante de las administraciones, tras meses de apatía desoyendo los avisos de la plantilla sobre las verdaderas intenciones de la empresa. No se puede permitir que se supriman de un plumazo cerca de 600 empleos directos y se pongan en serio peligro otros 2.000 pertenecientes a 40 empresas proveedoras.

Vemos una vez más las consecuencias de las sucesivas reformas laborales, que aumentaron el poder y la discrecionalidad empresarial hasta niveles inaceptables. Este poder es arbitrario y sin control, tras eliminarse las autorizaciones administrativas para ejecutar los ERE. Estamos ante la peor cara del empresariado especulador, que sólo busca la primacía del beneficio de unos pocos a costa de los derechos y necesidades de la mayoría social.

Lo que hoy pasa en Vestas puede trasladarse al resto de los centros de la multinacional y sus consecuencias serían nefastas para la industria en este país. España se ha industrializado fundamentalmente por la inversión extranjera; hablamos de más del 50% del empleo industrial bajo control externo y que, en sectores como el eólico, puede llegar al 100%.

No se puede olvidar que Vestas tenía hasta hace poco cinco plantas en España, la mayor parte de ellas montadas y dinamizadas con ayudas del Gobierno central y de las comunidades autónomas donde se instalaron. Sólo quedan abiertas tres, mientras la de Ólvega, en Soria, y la de Villafranca del Penedés, en Barcelona, ya son historia.

Si no ayudamos a modificar el rumbo de las decisiones, la de Villadangos lleva el mismo camino y sólo quedan a pleno rendimiento la de Viveiro, en Lugo, y la de Daimiel, en Ciudad Real. Viendo los antecedentes no nos sorprendería que, una vez se acabe el plazo para no devolver las ayudas, quieran desmantelar también estas dos, aunque sean plantas modernas, con plantillas eficientes y con beneficios, además de con buenas perspectivas futuras dado el desarrollo previsto para las energías renovables.

Es el momento de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que se implique en la salvación de Vestas y dé muestras de una apuesta decidida y valiente por la revitalización de la política industrial como instrumento de política económica y asuma su carácter estratégico.

 

 

Firma

Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural. 

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Abad


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Joan
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de Lugo



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Pablo
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Mauro
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Pere
Navarro



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Julius
G. Castle