Los Dossieres Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1263. 5  de octubre de 2018

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

Las medidas actuales no consiguen frenar la sangría de asesinatos de mujeres

Indefensas

Las distintas leyes contra la violencia machista se demuestran insuficientes para poner fin –o, siquiera disminuir– la tragedia de las mujeres que pierden la vida cada año en nuestro país a manos de sus parejas o exparejas. Los últimos y dramáticos casos –en los que también niños han sido víctimas del odio de los agresores– parecen haber despejado el camino para la unanimidad de los partidos en la búsqueda de fórmulas más eficaces.


38 mujeres has sido asesinadas en lo que va de año pese al consenso político que ha convertido esta lacra en una cuestión de Estado.

La violencia machista constituye uno de los más graves problemas sociales a los que nos estamos enfrentando. Pese a que la lucha contra esta lacra goza desde hace años –al menos, en teoría– de un amplio consenso político para ser abordada como una auténtica cuestión de Estado, lo cierto es que sus aterradoras cifras y el reguero de muertes y vidas deshechas que llevan aparejadas no disminuyen. En lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas (962 desde que empezaron a contabilizarse en 2003), y tres menores han muerto a manos de sus padres, en un intento de hacer el mayor daño posible a las madres, con lo que son ya 27 los niños asesinados por sus padres en los últimos cinco años.

Desde la entrada en funcionamiento del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGen), en julio de 2007 y hasta la fecha, más de medio millón de mujeres víctimas de violencia de género han sido atendidas a través de dicho sistema por las fuerzas de seguridad. En este tiempo, se han efectuado casi 3,4 millones de evaluaciones policiales de riesgo de dichas mujeres víctimas. Unas cifras que muestran claramente la dimensión y la dificultad de asistir y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.

Sin embargo, solo el 0,3 por ciento de las denuncias analizadas por el sistema policial VioGen, hasta julio de 2018, se consideraron como de riesgo alto o extremo, según datos del Ministerio de Interior.

Ante la presión social, el Pacto contra la Violencia de Género alcanzado en 2017, recibía por fin vía libre para recibir su correspondiente dotación económica este pasado mes de agosto. Incluye diversas modificaciones legales, entre otras, una modificación del Código Civil para permitir que los hijos de maltratadores con condena reciban atención psicológica sin necesidad de contar previamente con el permiso paterno. El Gobierno pretende que todos los cambios normativos incluidos entre las 213 medidas del acuerdo estén listos antes de termine este 2018.

Esto implica modificar, entre otras, cuatro leyes orgánicas. La primera, la del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces, magistrados y fiscales en violencia de género. También la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 4/2000 de Derechos y Libertades de extranjeros, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la ley 19/1994 de Protección de Testigos, además de diversos cambios, tanto en el Código Civil como en el Código Penal.
Y la necesidad de nuevas medidas resulta evidente ante la constatación de que desde hace años no se baja de la cifra de 60 mujeres asesinadas cada año por la violencia machista.

Una nueva perspectiva

En otro orden de cosas, la perspectiva del análisis de esta sangrante situación va cambiando, a medida que se amplía la participación de otros colectivos profesionales en la lucha contra esta lacra –además de policías y jueces–. Frente a la idea generalizada previamente de que la violencia de género implica una escalada previa de tensiones, agresiones verbales, físicas, manipulación emocional y otros factores, surge un dato novedoso y desconcertante: en el 45 por ciento de los casos los hombres que asesinaron a sus parejas no tenía ningún antecedente violento conocido. Entran dentro de un amplio grupo que podría calificarse como ‘agresores ocasionales’ y, por tanto, sus actos resultan impredecibles.

Más datos importantes: la mitad de las muertes violentas de mujeres en España se producen a manos de sus parejas o exparejas. Como se comentaba más arriba, son asesinadas una media de 60 mujeres al año en nuestro país. A mediados del año pasado, se había producido un 20 por ciento de incremento en el número de denuncias –más de 40.000, solo en el primer trimestre-. De todas ellas, solo el 1,3 por ciento las realizan familiares o personas del entorno de las víctimas. El resto, o las hacen ellas mismas o directamente la policía. De media, el 70 por ciento de las mujeres agredidas son españolas y un 30 por ciento, extrajeras.

El pasado año se registró el máximo histórico de denuncias, 166.260, según datos oficiales. El 70 por ciento de las asesinadas no había denunciado. Según la última macroencuesta del entonces Ministerio de Sanidad e Igualdad, elaborada en 2015, solo un 28,6 por ciento de las víctimas denuncian.

Unidades especializadas atienden desde 2007 a las mujeres víctimas de violencia de género.

Un formulario para salvar vidas

Desde 2007, las Unidades de Mujer y Familia de la Policía y la Guardia Civil, y las oficinas de denuncias de violencia de género utilizan un formulario denominado ‘Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer’, y que se ha convertido en una de las principales herramientas para prevenir los crímenes machistas.
Desde su primera aplicación ha experimentado tres modificaciones, aunque el Ministerio del Interior está preparando una cuarta y más profunda, y que pronto entrará en vigor. Cuando lo haga, además del riesgo de reincidencia –
–que se analiza en el actual protocolo–, se va a añadir el riesgo de asesinato.

Creado en colaboración con varias universidades españolas, el protocolo ha permitido construir dos nuevos formularios de valoración policial de riesgo. En ellos se combinan dos escalas que tienen factores comunes, el de reiteración en el maltratato y el del riesgo homicida, de tal modo que hay indicadores que cobran un mayor peso específico en caso de que se vislumbre la posibilidad de un asesinato en un futuro.

Su desarrollo solo depende del tiempo que empleen los informáticos en adaptar el programa para que empiece a funcionar en toda la red VioGen. Los formularios que los agentes rellenarán junto a la denuncia permiten evaluar 69 factores, agrupados en cuatro tipos. Por una parte, se realiza una primera valoración policial del riesgo de acuerdo con 32 factores, como la “gravedad del episodio violento sufrido por la víctima” (seis factores de riesgo), los “factores de riesgo relacionados con el agresor” (16), la “vulnerabilidad de la víctima” (siete), y las “circunstancias agravantes” (tres).

Más adelante, se sigue cada caso con un segundo formulario, el dedicado a la valoración policial de evolución del riesgo, construido en torno a otros 37 factores, agrupados según la “gravedad del episodio violento”, “el incumplimiento o quebrantamiento de disposiciones judiciales”, las “características del agresor”, las “evidencias de comportamientos y circunstancias relevantes del agresor”, las “evidencias de comportamientos relevantes de la víctima”, o la “percepción y ajuste del riesgo”.

 

En demasiadas ocasiones han sido los propios Juzgados los que han contribuido fatalmente denegando medidas de protección.

Errores (judiciales) fatales

A finales del pasado mes de septiembre, un hombre (Ricardo) apuñalaba a sus dos hijas, de tres y seis años, y después se suicidaba, arrojándose al vacío desde un sexto piso. El homicida, de 48 años, ponía fin a la vida de las dos niñas que tenía en común con su expareja, en su domicilio de Castellón.

La madre (Itziar), una psicóloga nacida en Getxo y que había pasado casi toda su vida en Madrid, había pedido ayuda en los juzgados y una juez especializada había rechazado su petición de protección. Tampoco se tuvo en cuenta la alerta que lanzó un médico.

Itziar había solicitado el pasado febrero medidas de protección tanto para ella como para sus dos hijas. La fiscalía solicitaba una orden de alejamiento de 250 metros, pero la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Castellón rechazó la petición porque no apreció una “situación objetiva de riesgo”.

En el mismo juzgado se había activado un procedimiento previo, también archivado, que se abrió después del aviso de un médico. La pareja se había separado un año antes y se alternaban en el cuidado de las hijas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) confirmaba la existencia los dos procedimientos abiertos –el derivado de un parte médico y el de la denuncia por amenazas– aunque en ambos casos se archivaron a petición del fiscal y de la víctima, obviando que tanto la mujer como la fiscalía habían demandado protección sin éxito.

Esto sucedió el pasado febrero, cuando Itziar denunciaba por amenazas a su expareja tras una discusión al intercambiarse a las niñas. La magistrada del juzgado de Violencia sobre la Mujer descartaba entonces las medidas de protección. En los razonamientos jurídicos del auto con fecha 27 de febrero de 2018, consta que “no se aprecia” la situación objetiva de riesgo que exige el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija que se necesitan indicios “fundados” de la comisión de un delito para que se dicte una orden de protección.

La juez argumentaba que ambos habían presentado “versiones contradictorias” y que la denuncia se enmarcaba en el ámbito del procedimiento civil para revisar las condiciones de custodia de las dos menores. La magistrada consideraba igualmente “desproporcionada” la “imposición al investigado de medidas que restrinjan sus derechos”.

Según el auto, Itziar no ofreció “una explicación razonable al miedo que dice sentir”. La titular del juzgado de Violencia añadía que el miedo no es compatible “con sus propios actos, al haber fijado su residencia en la misma calle donde vive el marido”. Tras la decisión judicial, la mujer recurrió, pero mientras se tramitaba el recurso desistió de seguir adelante con la petición de medidas de protección.

La única valoración de riesgo en la que se basó la juez que rechazó dar la protección reclamada por la madre fue la que hizo la Policía Nacional, que calificaba su riesgo como bajo.

Otro terrible caso tenía lugar el pasado 25 de septiembre. Maguette Mbeugou era asesinada por su marido. La juez denegó la protección que había pedido previamente la víctima porque no pudo contar para hacerlo con un informe pericial del riesgo; ni tampoco con un informe forense de urgencia, ni con el auxilio de la unidad de valoración integral, que concede cita a varios meses vista por la carga de trabajo.

En este caso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, pedía perdón por la actuación de la justicia y explicaba el error por la “saturación” como una de las razones por las que la magistrada “no actuó bien”.


La Fiscalía General del Estado pide desde hace años más recursos materiales y humanos en las sedes judiciales.

Las demandas de la Fiscalía

Lo cierto es que la Fiscalía General del Estado lleva demandando cada año en su memoria la necesidad de que se implanten en todas las provincias Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), previstas ya en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, y ahora reimpulsada mediante el Pacto de Estado.
Entre otras muchas medidas, se reclama la presencia de un psicólogo y un forense en cada juzgado haciendo la guardia con el juez y que completen con su trabajo el trabajo de la policía.

Los informes policiales realizados mediante cuestionario son muchas veces las únicas herramientas con las que cuentan los juzgados para decidir, pese a que ya la norma de 2004 incluía la opción de analizar desde varios ámbitos en estas unidades forenses la situación física, psicológica, emocional y social de las víctimas de violencia de género.
La recomendación de crear esas unidades forenses estaba ya incluida en la ley, aunque de modo poco preciso. Por ejemplo, no se incluía en la redacción una normativa común ni se quedaba clara la estructura ni el desarrollo de las funciones. En la disposición adicional segunda de aquella norma solo se habla de “diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género”.

A raíz de esto, comenzaron a crearse unos equipos que fueron incorporando profesionales de medicina forense, trabajo social y psicología bajo la adscripción a los institutos de medicina legal (IML). Pero no existan en todas las provincias -en Madrid ni siquiera se ha constituido aún un instituto-. Y aunque existe un protocolo común desde 2011, no se aplica de forma homogénea.

La Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2018, advierte de que su uso sigue siendo muy escaso: “Se han emitido exclusivamente 175 informes de conformidad con el protocolo, 109 menos que en el año anterior y, a todas luces, insuficiente e insignificante si se tiene en cuenta el número de solicitudes en las que su utilización podría haber sido de gran utilidad”.

Los institutos forman parte de esas transferencias y en cada comunidad se han desarrollado de forma diferente y con presupuestos distintos. Desde el Ministerio de Justicia se recuerda que solo tienen capacidad de actuación en las comunidades donde las competencias aún no están transferidas (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares y Murcia, además de Ceuta y Melilla).

La Fiscalía reclama la implantación de las unidades en todo el territorio para contar con informes elaborados conjuntamente por los profesionales que la componen en los procedimientos penales y civiles y que tengan la capacidad de atender a todos los juzgados.

Las órdenes de protección se deben adoptar en 72 horas. Al no existir un equipo que tenga el mismo horario que el juzgado de guardia o el de violencia sobre la mujer, no se pueden adoptar las medidas teniendo en cuenta ese informe porque no da tiempo a hacerlo.

Según datos oficiales de 2017 sobre las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), en Castilla-La Mancha hay cinco unidades –una por provincia–, que sumaron seis valoraciones de riesgo a denunciantes de maltrato. Las nueve unidades de Castilla y León emitieron cinco valoraciones de riesgo; en Extremadura estos organismos –uno Cáceres y otro en Badajoz– practicaron 31 análisis del peligro en el que puede encontrarse una mujer que ha denunciado ser víctima. En Melilla hubo cinco; cuatro en Baleares y 124 en Murcia. La Comunidad Valenciana, Valencia emitió 16 análisis detallados del riesgo.

En Ceuta no consta en los registros que se haya practicado valoración del riesgo alguna durante 2017. En Aragón, no consta en los registros que la única unidad de toda la comunidad haya realizado ninguna valoración del riesgo. Lo mismo ocurre con Andalucía, Galicia ­–donde hay siete unidades–, Cantabria y País Vasco.
No hay datos actualizados en los casos de Asturias, Navarra, Cataluña y Canarias. En la Comunidad de Madrid no existe, ni siquiera, instituto. Las cifras no tienen un registro nacional continuo y las comunidades no las emiten de forma periódica.

No hay un patrón único de agresor, la violencia de género es heterogénea y multicausal.

El perfil del agresor

A mediados del año pasado, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ponía en marcha un procedimiento para analizar todos los casos de violencia de género, con el objetivo de encontrar las claves y poder prevenir los crímenes detectando y sumando indicadores de “riesgo homicida” en las comisarías y cuarteles donde se realizan las denuncias.

Tras llevar a cabo el estudio pormenorizado de más de 200 casos,  según estos análisis, se encontró un 20 por ciento de agresores que podrían considerarse ‘sociópatas’, hombres con dificultades de integración social, con antecedentes penales o policiales; otro 30 por ciento que serían inestables emocionalmente, mientras que un 5 por ciento podrían clasificarse como psicópatas. El resto no parecía tener rasgos distintivos que pudieran servir como alerta.

En una primera lectura, según los expertos, se llegaba a la conclusión de que no hay un patrón único, la violencia de género no se puede tratar como un fenómeno homogéneo, porque es heterogéneo y multicausal. Las variables psicosociales más comunes a todos los casos analizados se convierten en indicadores para mejorar la llamada ‘Escala del Riesgo Homicida’.

En el caso de los varones, los factores más comunes son una socialización en cultura sexista, aumento de discusiones, proceso de separación con o sin hijos, infidelidades, escasa tolerancia a la frustración, sensación de abandono o de pérdida, o el estrés.

En el caso de las féminas aparecen el maltrato previo, la baja autoestima, la situación d dependencia (emocional o económicamente), la falta de apoyo social/familiar, la situación de inmigración, o las adicciones.
Se llega a la conclusión de que los datos más reveladores se obtienen con entrevistas al entorno de la pareja: familiares, amigos, exparejas, compañeros de trabajo, médicos, asistentes sociales...

Desde la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior se propusieron aplicar un método científico a la violencia de género para averiguar qué detona cada crimen. Se implicó en ello a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil), al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (CGPJ), a la Fiscalía, a Instituciones Penitenciarias, a catedráticos de universidades y a alumnos de postgrado de psicología y criminología de toda España, y a colegios de psicólogos y anatomía forense. Se revisaron pormenorizadamente al menos 200 casos, ocurridos entre 2010 y 2016 ya condenados, para extraer conclusiones que permitan prevenir los homicidios.

Se utilizaron cerca de 300 ‘revisores’, la mayoría estudiantes de posgrado tutelados por catedráticos y psicólogos de la Policía Nacional y Guardia Civil, que comenzaron realizando un concienzudo análisis de toda la documentación existente sobre cada homicidio en cuestión (policial, judicial, asistencial...) y concluían en la cárcel entrevistando al asesino, previo paso por los entornos de víctima y agresor.

Se llegaba a la conclusión de que en la mayoría de los casos no hay escalada de violencia, lo que les convierte en difícilmente detectables con los parámetros utilizados para valorar el riesgo homicida actualmente.
Se trata de la primera vez en nuestro país que se ha tratado de elaboran un perfil psicosocial de ambos –víctima y victimario– y unas conclusiones que expliquen qué pudo desencadenar el luctuoso hecho, identificando factores de riesgo que pudieron precipitar el crimen.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 2004, ya recomendaba la creación de la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), con oficinas repartidas por todo el territorio nacional, con la finalidad de analizar mejor el riesgo potencial que están corriendo las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de especialistas, aunque 14 años después ni están implantadas en todas las provincias ni funcionan de manera uniforme en las que sí existen.

 


La vicepresidenta Carmen Calvo defendía frente a PP y Ciudadanos la necesidad de un decreto ley dada la urgencia de poner en marcha las medidas contenidas en el Pacto.

Una cuestión de Estado

El gran acuerdo entre todos los partidos para combatir la violencia de género era sellado en el Parlamento en septiembre de 2017, aunque sin contar realmente con una aportación presupuestaria que permitiera la aplicación de sus medidas y protocolos.

Ahora, hace apenas dos meses, y ya con un gobierno de distinto signo, se aprobaba el reparto de los 100 primeros millones para las comunidades autónomas, que disponen de un plazo de tres meses para gastarlos.

El pacto incluye la devolución de competencias a los Ayuntamientos para tratar a las víctimas y un cambio legal que evite que sea necesario contar con el permiso de los maltratadores para que sus hijos reciban atención psicológica.
Anteriormente, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy había promovido un nuevo pacto que debía completar los efectos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004. Se lograba casi por unanimidad, con la excepción de la abstención de Podemos, cuyo grupo consideraba que el pacto se quedaba demasiado corto en sus aspiraciones y en sus medidas.

Pese a ese amplio consenso, no ha sido hasta ahora cuando ha llegado la financiación para poner en marcha el acuerdo, y eso los 200 millones anuales previstos apenas suponen el 0,06 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado.
En mayo pasado, todos los grupos del Congreso acordaban que los 120 millones comprometidos para las comunidades autónomas y ayuntamientos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se incluyeran en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

El Gobierno se comprometió a financiar con 200 millones de euros adicionales anuales –80 para medidas estatales, 100 a repartir entre las comunidades autónomas y otros 20 para los ayuntamientos– el citado Pacto de Estado , suscrito el pasado septiembre.

Pero el borrador previo del proyecto de presupuestos, que se conoció en abril, incluía solo los 80 millones correspondientes a la partida del Estado. Y no especificaba los otros 120 millones, tal como recogía el pacto, que llevaba tantísimo tiempo aprobado y sin fondos.

A través de una propuesta transaccional planteada por el PSOE, los partidos daban luz verde, por unanimidad, a incluir en los presupuestos la transferencia de esas cantidades a las comunidades y ayuntamientos.  Pero para ello, fue necesaria la movilización en las calles y no poca dosis de presión sobre las autoridades de entonces. Más de 300 asociaciones feministas  convocaron movilizaciones el pasado 17 de mayo en diferentes ciudades para exigir que se incluyeran las partidas comprometidas. A la protesta se sumaron PSOE, Podemos y los sindicatos.

Un ‘viejo acuerdo’

En octubre de 2004, con todos los votos a favor, el Congreso aprobaba el proyecto de Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La ley protegía a las mujeres maltratadas por su compañero o excompañero sentimental, agravaba las penas a los agresores del sexo masculino y, en aras del consenso, también a cualquier persona que maltratase a otra “especialmente vulnerable” con la que conviva –con independencia del sexo de ambos–.

Fue la primera ley enviada al Parlamento por el Gobierno, tal y como había sido el compromiso electoral de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero esta vieja historia de acuerdo político unánime en torno a un asunto de inmenso calado y gravedad ha pasado por varios momentos críticos y no por pocos disensos que han puesto en peligro una acción efectiva del Estado para hacer frente a esta lacra. Recientemente, a finales de agosto, el consenso político en torno a la lucha contra la violencia de género, cristalizado en un Pacto de Estado de 2017, estuvo a punto de irse por la borda. El PP y Ciudadanos advirtieron de que no apoyarían la convalidación del decreto aprobado por el Gobierno, el pasado 3 de agosto, para desarrollar las medidas contenidas en el pacto.

El motivo es que ambos partidos de la derecha consideraban que el decreto era inconstitucional porque modifica el Código Civil y pedían al Ejecutivo que lo tramitase como un proyecto de ley, a pesar de que, inicialmente, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendía su plena constitucionalidad y la urgencia y gravedad de la situación que lo justificaba.

Con argumentos similares a lo ocurrido con el decreto para exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, las dos formaciones se oponían por una cuestión de forma y no de fondo ya que ambos sostenían no tener discrepancias sobre el contenido de las medidas, pero sí acerca de que fueran a ponerse en marcha a través de un decreto.

A mediados de septiembre se ‘reconstruía’ el consenso después de que el Gobierno aceptase tramitarlo por la vía de un proyecto ley de urgencia. El difícil equilibrio de fuerzas en el Congreso obligaba a introducir la fórmula de tramitación de un proyecto ley mediante el cual los grupos políticos puedan presentar enmiendas. Además, los socialistas no contaban con que los nacionalistas catalanes tampoco apoyarían el decreto, porque modificaba la ley de bases del régimen local y proponía transferir recursos a los consistorios directamente y sin contar con las administraciones autonómicas.
Finalmente, este paquete de medidas se tramitará como proyecto de ley, tal y como solicitó el grupo socialista en el Congreso.

Nuevas medidas

Tras el definitivo acuerdo en la fórmula del proyecto de ley urgente, la normativa saldrá adelante y, con ella, se aplicarán diversas e importantes modificaciones con respecto a la ley vigente:

–Una de las principales novedades es que será suficiente un informe de los servicios sociales o especializados para que se reconozca a las mujeres como víctimas de violencia machista, sin que medie denuncia. Hasta ahora, se requería o la orden de protección oficial o el Informe del Ministerio Fiscal.

–Otra medida que se añade es la modificación del Código Civil para eliminar la necesidad de que los dos progenitores den el consentimiento para que los menores hijos de víctimas de violencia machista reciban asistencia psicológica. Puede ser el punto más controvertido en cuanto a que la oposición presente y acepte enmiendas. 

–Contempla la “designación urgente” de abogados y procuradores, figura de representación en la que reside la principal novedad. Además, otro añadido tiene que ver con la participación de la denunciante: tendrá derecho a personarse como acusación particular en cualquier momento, aunque el proceso esté iniciado. Si no lo hace, el abogado o abogada de oficio estará habilitado para ello.

–El Real Decreto revierte los cambios hechos por el Gobierno de Mariano Rajoy y otorga más competencias a los Ayuntamientos por ser las administraciones más cercanas y accesibles a las víctimas. Se hace por dos vías: se modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para darles más autonomía y se concreta la distribución de los fondos de los Presupuestos Generales del Estado destinados a la “erradicación” de la violencia machista a este nivel. Se trata de 20 millones de euros en el presente ejercicio y 40 en el siguiente. 

–La norma también modifica la Ley de Violencia de Género de 2004 en cuanto al acceso a las ayudas, para que las estatales sean compatibles con las de carácter autonómico o local. Consisten en recursos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y que diferencian situaciones en las que las víctimas carecen de rentas superiores al 75 por ciento del SMI, el reconocimiento de una discapacidad o responsabilidades familiares a su cargo.

 

 

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