La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1263. 5  de octubre de 2018

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La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo

El Supremo, un instrumento político en manos conservadoras

EUROPA PRESS

Todo apunta a que la condición egregia de Pablo Casado ha incidido en que se echara por tierra la labor investigadora eficaz y pertinente realizada por la instructora

La frase que encabeza esta colaboración es textual reproducción de una noticia aparecida recientemente en el diario ‘El País’…, pero tranquilícese el lector, se refiere al Tribunal Supremo de EE UU, tribunal equivalente a nuestro Tribunal Constitucional del que no sobra recordar que es un tribunal ‘político’, tal como es comúnmente aceptado por los juristas.

Ahora bien, a veces nuestro más Alto Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo, también ofrece atisbos de estar influenciado políticamente, como pudiera haber sido el caso del líder del Partido Popular, Sr. Casado. No me extenderé en lo que, seguramente, el lector ya conoce sobre la increíble chapuza de los estudios del citado en la Universidad Rey Juan Carlos, pero sí lo haré en lo dicho por los dos órganos judiciales que han intervenido en el examen de su conducta, la juez de Instrucción nº 51 de Madrid, señora Rodríguez-Medel, y el propio Tribunal Supremo, sin que ya debamos retrasar nuestra opinión de que la  ‘soldado’ (la juez) ha estudiado y analizado el tema de forma mejor y más ajustada a Derecho que el ‘general’ (el Tribunal Supremo).

En efecto, las 17 páginas del auto de primero de octubre pasado de la juez instructora, aparte de sólidas judicialmente, destilan una finísima ironía reverencial a lo decidido por el TS al acordar el archivo de las actuaciones contra el Sr. Casado. Y empecemos recordando lo que dice la Sra. juez de que en el procedimiento que era objeto de investigación en su Juzgado hubo una serie de hechos susceptibles de tener relevancia penal, constitutivos de cohecho impropio y prevaricación. Concretamente por haberse regalado por parte de los docentes de la Universidad el título de máster a determinadas personas por razón de su condición social o  cargo público.

Se discrepa por la Sra. instructora del contenido del informe del Ministerio Fiscal –que lo asume íntegramente el TS- y de lo que éste exige acerca de que los indicios –en el inicial momento procesal en el que se hallaban las actuaciones- fuesen “consistentes” y que tales no eran, por ejemplo, el que se le permitiese no ir a clase, “a pesar de ser un máster presencial”, y asimismo le parece excesivo que el TS exija la constancia fehaciente de un concierto entre profesor y alumno para obtener el título académico y que dicho Tribunal manifieste como innecesario, el “acreditar  indiciariamente la existencia o no de actividad académica del aforado” (F.Dº 7º de la Resolución de la Sra. juez).

También su resolución vierte alguna sutil crítica a la postura del fiscal cuando éste exige para el caso del Sr. Casado que existieran indicios de culpabilidad“consistentes, incontestables”, lo cual supone  requerir  indebida y prematuramente la existencia de prueba, sólo exigible en la fase del juicio.

En fin,  cuando se estaba ante un caso con toda la apariencia de haber existido actuaciones corruptas, todo apunta a que la condición egregia del personaje afectado ha incidido en que se echara por tierra la labor investigadora eficaz y pertinente realizada por la instructora, con el penoso efecto en cadena que ha supuesto, al tener que sobreseer las actuaciones respecto de la mayoría de los demás investigados.

Firma:

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

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