Las ministras de la agenda social Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1264. 12  de octubre de 2018

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Política / Manuel Capilla

Igualdad, Educación, Sanidad y Trabajo, ministerios clave para llegar a 2020

Las ministras de la agenda social

Una vez cerrada la negociación presupuestaria con Unidos Podemos, buena parte de las posibilidades de éxito del Ejecutivo de Pedro Sánchez van a quedar en manos de las ministras más políticas de su gabinete. Ellas son las que van a pilotar el despliegue de la agenda social con la que el presidente quiere llegar a las urnas, preferiblemente en 2020. Mientras Carmen Calvo, desde el área de Igualdad, ha conseguido encarrilar la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, a Isabel Celaá, desde Educación, le corresponderá poner en marcha la universalización de la educación de cero a tres años y desmontar el legado de la LOMCE. Magdalena Valerio, desde Trabajo, ha defendido la revalorización de las pensiones con la inflación, y en Sanidad, María Luisa Carcedo tendrá en sus manos volver a edificar una Sanidad para todos.


“Carmen Calvo se ha apuntado un tanto de relumbrón con la inclusión en los Presupuestos de la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles”   “Magdalena Valerio había dejado claro que las pensiones se iban a revalorizar vinculadas al IPC, enfrentándose a compañeros de gobierno como Nadia Calviño”

Con el acuerdo presupuestario suscrito con Unidos Podemos, Pedro Sánchez ha conseguido encarrilar el paso fundamental para poder agotar la legislatura: la aprobación de las cuentas de 2019. Todavía resta cuadrar el sudoku que supondrá incluir en el acuerdo al PNV y a las fuerzas catalanas, ERC y PDeCAT, pero el pacto supone el empezar a revertir buena parte de las medidas de austeridad y ajuste puestas en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Como explicaba la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, en rueda de prensa, el documento se titula ‘Presupuestos para un Estado Social’, porque en ellos “prima la agenda social”. Una agenda que queda principalmente en manos de cuatro ministerios: Igualdad, Educación, Sanidad y Trabajo y Seguridad Social.

 

Carmen Calvo: la Igualdad como hilo conductor

La ampliación de los permisos de maternidad y paternidad ha reforzado el ascendente de Carmen Calvo en el gabinete de Pedro Sánchez. / EP

El propio Pedro Sánchez definió a su gobierno como un “gobierno feminista” nada más tomar posesión, un principio político transversal a todos los ministerios cuya salvaguarda ha quedado en manos de la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. Calvo se ha apuntado un tanto de relumbrón con la inclusión en los Presupuestos de la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Es una de las cuestiones sobre las que más ha presionado Podemos en los últimos tiempos y sobre las que más fácil ha resultado el acuerdo. En un principio, la diferencia estribaba en que para la formación morada las semanas de cada uno de los progenitores podías disfrutarse juntos o por separado. Mientras, los socialistas preferían que madre y padre tuvieran que simultanear obligatoriamente las primeras seis semanas. El acuerdo presupuestario final fija ocho semanas de permiso de paternidad en 2019, desde las cinco actuales, con el objetivo de llegar a las 16, intransferibles, en 2021, equiparándolo así con la de maternidad. En el texto difundido por el Gobierno y Unidos Podemos se señala que “esta medida, que se incorporará a los correspondientes convenios colectivos, se realizará en diálogo con las comunidades autónomas y las entidades locales”. El impacto presupuestario se prevé en 300 millones para 2019, con un total de 1.200 millones para la equiparación total.

Calvo refuerza así su posición en un momento en el que no están faltando las críticas en privado desde las filas socialistas, unas críticas de las que viene haciéndose eco la prensa en las últimas semanas y que señalan su teórica falta de tino a la hora de coordinar la actividad de los ministerios y, sobre todo, su discurso. Las más sonada ha sido la relativa en torno la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, negada primero por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y rectificada después, cuando Riad amenazó con suspender la compra de varias fragatas a fabricar por Navantia. Pero no ha sido la única. Ha habido otros patinazos, como que la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunciara el aumento de impuestos al diesel como un globo sonda, pocos después de que el propio presidente lo diera por hecho en una entrevista radiofónica. Pero a pesar de estas acusaciones, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, junto con la universalización de la educación de cero a tres años -fundamental también para evitar que las mujeres, como sucede en la mayoría de los casos, abandonen su trabajo para cuidar de sus hijos-, le permiten apuntarse un tanto político.

Será a lo largo de 2019 cuando se desarrolle, junto a las comunidades, el plan de universalización de la educación de cero a tres años, aunque en el acuerdo presupuestario se prevé que los ayuntamientos inviertan en estas escuelas, con un impacto en las cuentas públicas para el año próximo de 330 millones de euros.

Pero a pesar de las críticas, lo cierto es que no le han faltado a Calvo ocasiones en las que ejercer su autoridad, como en la polémica sobre la creación del sindicato de prostitutas OTRAS, que llegó a estar publicado en el BOE. El enfado de la vicepresidenta al enterarse fue mayúsculo y dio orden de dar marcha atrás. Y a la espera de que la Abogacía del Estado consiga anular los estatutos de la nueva organización, el “gol por toda la escuadra” -como lo calificó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio- se saldó con la salida de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, a principios de septiembre. Además, Calvo es quien está fijando públicamente la posición del Gobierno en torno a la Memoria Histórica –que en teoría forma parte de las atribuciones del Ministerio de Justicia- y todo lo relativo a Cataluña, pilotando también los contactos con el Ejecutivo de Torra. Así las cosas, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad no hace sino reforzar su ascendente en el gabinete de Pedro Sánchez.

 

Isabel Celaá: la Educación desanda la ‘era Rajoy’

A Isabel Celaá le corresponde desmontar el legado de la LOMCE de José Ignacio Wert. / EP

A Isabel Celaá se la conoce más por su tarea como portavoz del Gobierno que como responsable de la cartera de Educación. Es a ella a quien le corresponde la ingrata tarea de rendir cuentas ante los medios tras los consejos de ministras de los viernes y tragarse sapos como, por ejemplo, el de defender la venta de bombas a Arabia Saudí porque “son de alta precisión y no se van equivocar matando yemeníes”.

Un patinazo comunicativo del Ejecutivo que tapó, en esa misma rueda prensa, un paso importante para desmontar el legado legislativo de Mariano Rajoy. Y es que en esa reunión, el pasado 14 de septiembre, el Ejecutivo daba luz verde a anteproyecto de ley para derogar los recortes en Educación vigentes desde 2012 gracias a la LOMCE, diseñada por José Ignacio Wert. Principalmente, el texto se enfoca en las ratios de las aulas y en la carga docente. Por ejemplo, queda anulada la posibilidad de que los centros eleven hasta el 20% el número de alumnos por aula. Eso sí, la modificación no entrará en vigor hasta el curso próximo 2019-2020, porque “no había tiempo material” para que lo hiciera en el que acaba de arrancar, como explicó la propia Celaá ante los medios.

Este anteproyecto ha sido la primera iniciativa tomada por el Ejecutivo en una prometida reforma educativa que, por el momento, va despacio. Por ejemplo, sobre el hecho de que la asignatura de Religión vuelva a dejar de ser evaluable, nada se sabe. Recientemente, Celaá explicaba en el Congreso que se cambiará la LOMCE para que Religión sea de “oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos”. A cambio, la intención de Celaá es impulsar una materia obligatoria de Valores Cívicos para Primaria y Secundaria, “porque lo que necesitamos son jóvenes críticos, libres y solidarios”. De momento, la ministra prometía hace pocos días en un desayuno informativo que los aspectos “más lesivos” de la LOMCE estarán derogados antes de Navidad.

De lo que no hay duda en las filas socialistas es de que si alguien es una experta en Educación en el partido, esa es Celaá. Esta catedrática de educación secundaria y actual miembro de la ejecutiva del PSE se inició en política a finales de los 80 como jefa de gabinete del consejero vasco de Educación José Ramón Recalde y, desde entonces, la mayor parte de responsabilidades que ha ocupado han estado vinculadas con esta área. Fue número dos de Fernando Buesa y, posteriormente, consejera con Patxi López como lehendakari. Celaá conoce bien los mecanismos de funcionamiento del sistema en las comunidades, a las que tendrá que coordinar para poner en marcha la educación de los cero a los tres años. Eso sí, la ministra ya advertía hace unos días que, ante el veto del PP a elevar los objetivos de déficit, el Gobierno barajaba “lograr una Educación ‘cuasiuniversal’ en el tramo de dos a tres años”.

En el acuerdo presupuestario con Unidos Podemos, han quedado incluidos algunos elementos, como la reducción de las tasas universitarias a niveles previos a la crisis o el aumento de las becas para el curso 2019-2020, que contará con un respaldo presupuestario de 536 millones de euros.

 

María Luisa Carcedo: la Sanidad vuelve a ser universal

María Luisa Carcedo desplegará la reuniversalización de la Sanidad. / EP

No es extraño que Pedro Sánchez eligiera a María Luis Carcedo para hacerse cargo de la cartera de Sanidad tras la dimisión de Carmen Montón. La actual responsable de esta área en la Ejecutiva del PSOE ha sido una de las personas más cercanas al presidente ya desde el Congreso Extraordinario del verano de 2014, cuando ingresó en la nueva ejecutiva como responsable de Bienestar Social. En la primera mitad de 2016, Carcedo fue una de las personas que integró el equipo negociador del PSOE para tratar de armar un acuerdo de gobierno y tras la defenestración de Sánchez en el convulso Comité Federal de octubre de ese año, Carcedo siguió del lado del ahora presidente del Gobierno, distanciándose de un Javier Fernández al que también había estado muy vinculada. Licenciada en medicina y cirugía, que arrancó su carrera en atención primaria, lleva ocupando cargos de gestión desde mediados de los años 80, primero en el área de Sanidad de su comunidad natal, Asturias –donde llegó a ser consejera de Medio Ambiente-, y, partir de 2008, a nivel nacional, cuando se hace cargo de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, a las órdenes de la por entonces ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.

Carcedo tiene la responsabilidad de desplegar el decreto que retoma la universalización de la Sanidad y desanda, por tanto, el camino instaurado por el gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012, cuando se limitó la condición de beneficiario del sistema público de salud al concepto de asegurado. Un modelo que dejaba fuera, a las personas que emigraban fuera de España y a los inmigrantes irregulares. La norma, que fue convalidada con el apoyo de todos los grupos salvo el PP -y que ahora se está tramitando en el Congreso como proyecto de ley, lo que permitirá incorporar propuestas de los grupos parlamentarios-, además de reinstaurar que el derecho a la salud se basa en la condición de ciudadanía armoniza el escenario autonómico. Y es que varias comunidades, por su cuenta, ya habían adoptado diversas medidas para ir en contra de la legislación fijada por el PP.

A Carcedo, también ministra de Servicios Sociales, le corresponde el rumbo de las políticas de dependencia, marginadas durante los años de gobierno de Rajoy. Aunque estas competencias, como las sanitarias, recaen en las comunidades autónomas, Carcedo se comprometía hace pocos días a incrementar la financiación en esta materia que aporta el Estado. En una reciente entrevista a El País, la ministra señalaba el pacto por el desarrollo de la dependencia, suscrito por todos los grupos parlamentarios en diciembre de 2016 –salvo el PP-, como su referencia en la materia. En concreto, señala que su principal objetivo es romper el cuello de botella que es el famoso limbo de las personas que han sido ya valoradas y que están calificadas, pero no tienen la prestación. Así, el pacto presupuestario con la formación morada, recoge un impacto de 515 millones de euros, un 40% más que en las cuentas públicas de 2018. Además, se recupera la cotización a la Seguridad Social por parte de los familiares que ponen en práctica los cuidados. Un beneficio que puede alcanzar a unas 180.000 personas y que supondrá el abono a la Seguridad Social, por parte de la Administración General del Estado, de 315 millones de euros.  

En el acuerdo con Unidos Podemos también se atiende al objetivo de revertir los copagos, especialmente a los pensionistas. En 2019 quedarán exentos los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad.

 

Magdalena Valerio: las pensiones, ‘atadas’ al IPC

El acuerdo con Unidos Podemos incluye la revalorización de las pensiones con el IPC, como ha defendido la ministra Magdalena Valerio. / EP

Si hay un desafío que urge al Gobierno, por la presión que los colectivos de jubilados están ejerciendo en la calle, es el de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y, sobre todo, garantizar el poder adquisitivo de unas pensiones muy erosionada por el conocido como coeficiente de sostenibilidad, un artilugio matemático incluido en la reforma efectuada por el Ejecutivo del PP y que ha servido principalmente para erosionar el nivel de vida de los pensionistas. Y si una cosa ha dejado clara Magdalena Valerio en las últimas semanas es que se van a revalorizar vinculadas al IPC, en línea con lo acordado por el Pacto de Toledo recientemente. La ministra de Trabajo no ha dudado en subrayarlo cada vez que ha sido preguntada por el asunto, enfrentándose de paso a la responsable de Economía, Nadia Calviño, y a su propio secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, que han señalado tener en cuenta otros elementos, al margen del IPC, para garantizar la sostenibilidad del sistema –que es precisamente lo que hace el factor de sostenibilidad incluido en la reforma del PP-. Haciendo algún que otro equilibrio dialéctico, la ministra expresaba que tanto Calviño como Granado no se referían a la ‘sostenibilidad social’ del sistema -expresada en la Constitución, que mandata a los poderes públicos a garantizar pensiones suficientes durante la tercera edad- sino a la ‘sostenibilidad financiera’ de las pensiones. Es decir, a los ingresos que necesitará la Seguridad Social para mantenerse en el futuro. De momento, la ministra dejó clara la necesidad de inyectar fondos vía Presupuestos, con un impuesto ad hoc como es el de las transacciones financieras. El impacto presupuestario de la revisión en función del IPC se calcula en algo más de 700 millones de euros, según el pacto suscrito entre Sánchez e Iglesias. Además, se contempla que las pensiones mínimas y no contributivas suban un 3%, con una partida de 380 millones de euros.

Como funcionaria del Cuerpo de gestión de la Seguridad Social, Valerio es toda una experta en esta cuestión de la que es responsable en la ejecutiva del PSOE desde el Congreso de junio de 2017. Sánchez reconoció el apoyo que le había brindado la ministra tras el Comité Federal de octubre de 2016, cuando renunció a la secretaría general del partido en la ciudad de Guadalajara, un cargo que había mantenido desde 2008. La explicación pública que se dio en ese momento era que Valerio quería centrarse en la recuperación del cáncer de mama que padecía desde 2014. Pero también era manifiesto su malestar con lo sucedido entonces y con el trato que había recibido Sánchez por buena parte de los barones del partido, entre los que destacaba el propio presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page.

Valerio llega al ministerio tras haber ejercido numerosos cargos a nivel local y autonómico –fue consejera de Trabajo, Turismo y Justicia, durante los mandatos de José María Barreda-, con el desafío también de desmontar el legado del PP en materia laboral. Fue ella quien negó la mayor acerca de la posibilidad de derogar la reforma laboral diseñada por Fátima Báñez, bajo el argumento de que el Gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente. Sin embargo, la voluntad de dejar sin efecto los elementos que más han contribuido a precarizar el empleo en España sigue estando encima de la mesa de la ministra, como ha quedado plasmado en el acuerdo con Unidos Podemos, en el que fija la intención de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral antes de que concluya 2018.

A la vuelta del verano, desde los sindicatos se han transmitido buenas sensaciones sobre los contactos con el Gobierno y esta misma semana algunas informaciones apuntaban la posibilidad de que el acuerdo está muy cerca. En concreto, junto a la patronal, se estarían acercando posiciones para restablecer la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, para retomar la conocida como ultraactividad de los convenios -su vigencia hasta que sean sustituidos por uno nuevo, anulando su vencimiento cuando caduquen, como establece la reforma laboral del PP-. De momento, en el acuerdo presupuestario con Unidos Podemos sí ha quedado incluida la cuestión de la ultraactividad, junto a otras medidas de calado, como la recuperación del subsidio para parados de larga duración en los 52 años –que costará 323 millones de euros a las arcas públicas- y, sobre todo, la subida del SMI a 900 euros –con un impacto en las cuentas de 340 millones de euros-. Además, el acuerdo también pone el foco en la redacción de nuevo Estatuto de los Trabajadores a lo largo de 2019 y se propone reformar el sistema de cotización de los autónomos para vincularla a sus ingresos.

 

Desde Hacienda, María Jesús Montero es la encargada de financiar esta agenda social. / EP

María Jesús Montero, la que 'pone' el dinero

El dicho de que ‘el verdadero Ministerio es el de Hacienda y los demás son partidas de gasto’ se hace más realidad que nunca cuando el Ejecutivo está obligado a sacar nuevos ingresos para poder desplegar la agenda social que tiene en mente y, al mismo tiempo, ajustarse a los objetivos de déficit heredados del PP. Así María Jesús Montero está ajustándose escrupulosamente a la máxima que subrayó durante su primera comparecencia en el Congreso, recién desembarcada en el ministerio. Allí, se comprometía a “no tocar los impuestos de las clases trabajadoras ni de las clases medias, que ya han vivido diferentes medidas impositivas”, y a poner en marcha “medidas orientadas a grandes empresas y a ajustar su contribución a la sociedad y al bien común”.

Ese es el camino que está siguiendo la reestructuración del aparato fiscal español que ha emprendido la ministra, que trata de salvar los ocho puntos de presión fiscal con los que nuestro país está en desventaja respecto a la UE. La principal herramienta viene a través del Impuesto de Sociedades, en el que se suprimirán exenciones y rebajas para las grandes empresas -con una facturación superior al millón de euros-, para dejar el tipo mínimo, de obligado cumplimiento, en el 15%. Descartado el impuesto ad hoc para la banca, el tipo que se les aplicará a estas entidades -junto a las petroleras-, será tres puntos superior, del 18%. Además, en los últimos días, una de las cuestiones que estaba encima de la mesa de negociación del Gobierno y Unidos Podemos, pilotadas por la ministra Montero y el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, era la rebaja del Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan menos de ese millón de euros anuales del 25 al 23%.

Se crean también varios nuevos impuestos como el gravamen a las transacciones financieras, que consiste en aplicar un 0,2% a “las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero”. Otra novedad es el impuesto sobre servicios digitales, con el que se “gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario”, según recoge el acuerdo suscrito entre el Gobierno y Unidos Podemos.

Sobre el IRPF, el tira y afloja que han mantenido Sánchez e Iglesias sobre las rentas altas se salda con un empate, en el la cifra de renta sobre la que se aumenta la presión fiscal no son 140.000 euros, como defendía Hacienda, ni 120.000, como defendía la formación morada. Finalmente, será a partir de los 130.000 euros cuando se incremente la presión fiscal en dos puntos, que serán cuatro a partir de 300.000 euros. También se aumenta en un 1% el Impuesto de Patrimonio a las rentas de más de 10 millones de euros y se confirma la reducción del IVA a los productos de higiene femenina, que pasan del 10 al 4%.