Opinion Narbona Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1266. 26  de octubre de 2018

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Tribuna / Cristina Narbona

¿Presupuestos “electoralistas”?


EUROPA PRESS

Los PGE para 2019 se caracterizan también por el empeño de propiciar una mayor prosperidad económica, optimizando el capital humano y natural de nuestro país, recuperando talento desperdiciado durante estos últimos años, con una apuesta clara por la educación, la formación profesional, la ciencia y la innovación tecnológica

Los líderes de la derecha critican las líneas básicas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, calificándolos de "electoralistas"... Por supuesto que lo son: los Presupuestos son la decisión más importante de cualquier Gobierno, la que hace visibles sus prioridades en el corto plazo, que definen su visión de la sociedad, así como el reparto de la carga tributaria entre los diferentes segmentos de los contribuyentes...; son la materialización de la oferta que un partido político presenta a los ciudadanos en una contienda electoral.

Las elecciones no se ganan –ni se pierden– en las semanas de campaña que preceden al voto: las elecciones se juegan cada día, en la relación entre gobernantes y gobernados, en el permanente contraste entre lo que se promete y lo que se lleva a cabo.

Sí, la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez para las cuentas públicas de 2019 tienen un enorme valor para ir formando la opinión de los electores respecto de lo que el PSOE quiere para España: una sociedad más justa y más próspera, y ello se refleja con toda nitidez en los ingresos y en los gastos, que ya se conocen en sus grandes líneas.

Una sociedad más justa, en la que quienes más han sufrido como consecuencia de la crisis y de las políticas ‘austericidas’ puedan recuperar al menos parte del gasto social, imprescindible para mejorar la educación y la salud pública, la atención a la dependencia y a la infancia, para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas e incrementar las pensiones más bajas, para reforzar la protección a los desempleados. Una sociedad más justa, en la que se luche con más medios humanos y materiales contra la violencia de género, en la que se garantice una integración digna y eficiente de los emigrantes; una sociedad que reduzca todo tipo desigualdades entre ciudadanos, incluidas las existentes entre el medio urbano y el medio rural.

Y esas políticas deben financiarse, como proponen los PGE, con una fiscalidad más justa, en la que contribuyan más aquellos que han mejorado su posición durante los últimos años: las grandes empresas y los ciudadanos con ingresos y patrimonio muy por encima de la media. Todos los datos indican que desde el inicio de la crisis en España han aumentado las desigualdades, hasta situarnos a la cabeza de la Unión Europea; se ha incrementado el riesgo de exclusión social –que afecta ya a más del 20% de la población, en particular a los niños e incluye a ‘trabajadores pobres’, una nueva categoría consecuencia de la prolongada devaluación salarial y de la precarización–... Resulta, por tanto, más que justificado, plantear un incremento de la recaudación, entre otras medidas, a partir de una mayor contribución de las grandes empresas –estableciendo un tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades–, así como de los perceptores de ingresos superiores a los 130.000 €, mediante un aumento entre 2 y 4 puntos en el tipo en el IRPF, y de un punto en el caso de los tenedores de un patrimonio superior a 10 mill./€. Ninguna de estas propuestas fiscales afectan a la clase media (mucho menos a la clase trabajadora), como se han empeñado en insistir desde el PP y Ciudadanos; todo lo contrario de lo que sucedió durante el mandato de Rajoy, cuando se llevaron a cabo aumentos significativos en el IVA que repercutieron negativamente en particular sobre los ciudadanos de menores ingresos.

El conjunto de las medidas fiscales propuestas permiten financiar el aumento del gasto, de forma que España podrá cumplir con los objetivos de déficit pactados con la Comisión Europea. Algo que, por cierto, no consiguió ningún año el gobierno de Rajoy, que, a pesar de sus duros recortes presupuestarios, concluyó su mandato con una deuda pública del 100% del PIB, muy lejos de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea.

Los PGE para 2019 se caracterizan también por el empeño de propiciar una mayor prosperidad económica, optimizando el capital humano y natural de nuestro país, recuperando talento desperdiciado durante estos últimos años, con una apuesta clara por la educación, la formación profesional, la ciencia y la innovación tecnológica. Se trata de revertir una supuesta competitividad de nuestro sistema productivo basado en salarios bajos y empleos precarios, con un elevado peso de actividades de bajo valor añadido, que deben reorientarse, igual que el resto de sectores, para aprovechar las oportunidades de la transición ecológica y de la digitalización de la economía. A esas transformaciones contribuyen numerosas partidas presupuestarias, así como la subida del SMI, que ha suscitado también valoraciones negativas muy injustificadas. Sólo recordar que, por ejemplo, en el Reino Unido, las estadísticas prueban que el empleo y la producción han aumentado desde el año 2000, mientras el SMI se multiplicaba por dos.

 

Firma

Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis. 

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