Index Tribuna Rodriguez Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1267. 2 de noviembre de 2018

- - --

 

 

Tribuna / Julio Rodríguez López

El acuerdo con Podemos en materia de vivienda: un texto mejorable

La actuación a nivel local para controlar los alquileres resulta harto complicada, y sorprende que ni al Gobierno ni a su socio de acuerdo les preocupe disponer de información estadística sobre la situación real del alquiler en España

En octubre de 2018 el Gobierno de España y la fuerza política Unidos Podemos-En Comú Podem han firmado un acuerdo según el cual se comprometen a impulsar actuaciones sobre 14 apartados de política económica  y social.  El apartado 3 del texto firmado, “Vivienda: blindar su función social y evitar la especulación”, afecta de lleno al contenido de la política de vivienda. Esta  última  está muy condicionada en el otoño de 2018 por los importantes aumentos registrados en los precios de venta, por los elevados niveles de los alquileres y, sobre todo, por la presión reductora de los volúmenes de oferta de vivienda en alquiler.

El apartado en cuestión incluye cuatro puntos: modificación de la normativa de alquiler, poner techo a la subida abusiva de precios de alquiler en determinadas zonas, incremento del número de viviendas de alquiler a precio asequible y, por último, más protección ante desahucios.

El programa se propone ampliar el presupuesto actual en materia de vivienda, consignando 630 millones de euros en 2019 (un aumento del 38% sobre la previsión inicial), 700 en 2020, y 1.000 en 2021. No se precisan cuáles serían las partidas presupuestarias a las que afectaría tal aumento

En cuanto a la modificación de la normativa del mercado de alquiler destaca la ampliación del plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler desde tres a cinco años. Se incrementará la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas. No se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico por encima de un máximo de dos mensualidades de la renta.

En lo relativo a la modificación de la normativa del mercado de alquiler, se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar condiciones para su ejercicio. Por otra parte, se habilitará a los ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva, sujeta a revisión periódica.

Los ayuntamientos podrán declarar zonas urbanas de mercado “tensionado” cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas del alquiler de la vivienda habitual. Los índices locales de referencia permitirán a ayuntamientos y Comunidades Autónomas “regular y limitar la subidas abusivas del precio del alquiler”. A lo largo de 2019 se desarrollarán los proyectos normativos necesarios para cumplir lo previsto en este punto segundo.

En el punto tercero se anticipa un  aumento en 20.000 del número de viviendas en alquiler a precios asequibles en cuatro años. Se procurará que la vivienda de protección pública se alquile sólo a personas particularmente vulnerables. Se establecerá un marco legal que defina a  la vivienda vacía y al “gran tenedor de viviendas”.

Al desarrollar el contenido del acuerdo, a título de ejemplo, el pueblo de Titulcia (Madrid) dispondrá de un índice de alquileres, así como el de Alpujarra de la Sierra (Granada), mientras que  no se prevé elaborar una estadística de precios para toda España. Lo más claro del acuerdo es la ampliación del plazo máximo de alquileres y la mayor dotación presupuestaria. Pero con 20.000 viviendas de alquiler no se irá muy lejos en cuatro años. Además, la actuación prevista a nivel local para controlar los alquileres resulta harto complicada, y sorprende que ni al gobierno ni a su socio de acuerdo les preocupe disponer de información estadística sobre la situación real del alquiler en España. Es de desear que los desarrollos previstos para 2019 mejoren y aclaren las limitaciones del texto acordado en vivienda.

 

Firma

Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de  Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis.

-

-

-

 

 

-

José García
Abad


.
Miguel Ángel
Aguilar


-
Cristina
Narbona


-

Julio Rodríguez Fernández


-

Belén
Hoyo



-
Joan
Tardà


-
Carmen
Calvo


-
Cristina
Antoñanzas


-

Carles
Campuzano



-

Ignacio
Aguado



-
Inmaculada
Sánchez


-
Sergio
del Campo


-
Miguel Ángel Paniagua



.

Graciano
Palomo



.

Bruno
Estrada


.
José Antonio
Pérez Tapias


-
Joan
Navarro



-
José M. Benítez
de Lugo



-

José Luis
Centella


-
Pablo
Bustinduy


.

Jesús
Lizcano


,
Carlos
Berzosa



,

Julio Rodríguez López

-
Mauro
Armiño


.

Pere
Navarro



.

Julius
G. Castle