Referencia Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1268. 9 de noviembre de 2018

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Tema de Portada de El Nuevo Lunes / Nuria Díaz

Tras el fiasco del Tribunal Supremo, impulsa la reforma de la ley y la creación
de un órgano independiente para defender al consumidor financiero

Decretazo de Sánchez para que la banca pague el impuesto hipotecario

El Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto de los gastos hipotecarios tras dos semanas de sentencias contradictorias en un Tribunal Supremo cuya credibilidad ha quedado muy tocada. La fórmula elegida es un decreto que modifique el artículo 29 de la Ley de del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos de 1993 de manera que a partir de ahora ese tributo corra a cabo de los bancos, que además no podrán deducírselo, y “nunca más del cliente”. Sánchez también ha anunciado la creación de una autoridad independiente de protección de los consumidores financieros que tendrá que ser ratificada en el Congreso. El presidente considera que ese organismo independiente "reforzará la protección ante posibles abusos y mejorará capacidad de resolver" conflictos, por lo que son muchos los que creen que, además, se ha abierto el melón de las claúsulas abusivas.

El  presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un golpe de efecto enmendando la plana al Tribunal Supremo.

Todos los partidos, todas las asociaciones de consumidores, las de asesores fiscales y también de jueces han criticado duramente el fallo del Supremo


Primero fueron las preferentes, luego las cláusulas suelo, y ahora los impuestos de las hipotecas. Una tasa que, en palabras del presidente del Gobierno, “nunca más pagarán los españoles, lo hará la banca”. Así ha cerrado Pedro Sánchez, al menos de momento, el culebrón protagonizado estas dos últimas semanas por el Tribunal Supremo que en una decisión inédita decidió someter su propia doctrina a revisión y cambiarla. Tras dos días de deliberaciones, el Pleno del tribunal de lo contencioso administrativo, decidía, por 15 votos a favor y 13 en contra, “volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario”, es decir, el cliente, después de que días atrás tres sentencias firmes de la sección Segunda obligaran a pagar a los bancos. Incertidumbre, inseguridad jurídica, malestar general… la contestación a la decisión no se ha hecho esperar.

Todos contra el Supremo

Todos los partidos políticos, todas las asociaciones de consumidores, las de asesores fiscales y también de jueces han criticado  duramente el fallo y el presidente del Gobierno, en otra decisión también extraordinaria, daba un golpe de efecto y comparecía solo unas horas después del fallo del Supremo para anunciar los cambios que el Gobierno se propone hacer y por decreto.
Así, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley por el que se modificará el artículo 29 de la ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la que regula el impuesto que se paga a la constitución de una hipoteca. Actualmente, el artículo 29 la norma afirma que "será sujeto pasivo -del impuesto y por tanto, quien debe pagarlo- el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan". Es esa última frase la que causaba problemas de interpretación y por la que se introdujo un reglamento que especificaba que tenía que pagarlo el cliente.
Con la reforma, "quedará claro que el impuesto de actos jurídicos documentados corresponderá siempre a los bancos y nunca más a los ciudadanos de a pie".
¿Qué pasa si los bancos encarecen las hipotecas a cambio de tener que asumir el impuesto? “Creo que no lo harán y espero que no”, dijo Sánchez. “Lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo, porque estamos dentro de la Unión Europea”. Y añadió: “Apelo a la responsabilidad del sector financiero”. Además, "para elevar la protección de los derechos de los clientes financieros", Sánchez ha anunciado también que enviará a las Cortes la "creación de una autoridad independiente de protección de los clientes financieros", cuyo objetivo será "garantizar la seguridad jurídica de todos", reforzar la protección ante los abusos del sistema financiero y mejorar la capacidad de resolver conflictos en el sector financiero". Muchos expertos han querido ver además en este gesto la apertura de un debate sobre las cláusulas abusivas.

Y ahora, ¿qué?

Las asociaciones de consumidores aplauden el gesto del Gobierno pero señalan que esta decisión, a futuro, no afecta a las demandas colectivas que seguirán su curso. ADICAE, por ejemplo, asegura que sigue recogiendo cientos y cientos de solicitudes para reclamar los gastos hipotecarios que ya fueron declarados nulos por el Supremo y que han originado centenares de sentencias a favor de los consumidores.  “La ajustada decisión del Supremo y la decisión tomada por Sánchez demuestra que la batalla judicial sigue en pie, y apunta a que acabará en el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), señalan. Y no se dan por satisfechos del todo: “El Gobierno ha tomado un buen rumbo en sus decisiones adoptadas pero ahora tiene que completar el camino con la aprobación en el parlamento de una buena ley hipotecaria que defienda a los consumidores, no solo en el reparto de los gastos hipotecarios, sino en temas sino en temas fundamentales como las cláusulas suelo o el vencimiento anticipado.
El que el proyecto de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, o como se la conoce más comúnmente Ley Hipotecaria,  este precisamente en trámite en estos momentos en el Congreso de los Diputados,  hace más fácil que el Gobierno o los grupos parlamentarios aprovechen para introducir más cambios.
Fuentes del sector aseguran que la sentencia del Supremo va a provocar que se aceleren los trámites para que la nueva ley esté antes de Navidad. “Además –recuerdan estas mismas fuentes– el proyecto tiene como objeto la trasposición de la normativa europea en materia de hipotecas por cuyo incumplimiento España tiene abierto un procedimiento de infracción”.

Aluvión de demandas

El aluvión de demandas parece cantado. Según afirma Javier López Pérez, Director de Área Jurídica Global: “No estamos de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo que se desdice a sí mismo. No es serio. Ha sido una sentencia enfocada más en el impacto económico que en el impacto jurídico. No estamos de acuerdo, por lo que pediremos amparo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.
Para López Pérez, el Tribunal Supremo “ha preferido la paz de la banca ante la caída importante en Bolsa que la justicia real”. Y a su juicio: “Deberían dimitir todos en bloque. Los ciudadanos no debemos estar satisfechos con las Instituciones Judiciales. Tenemos que reclamar rotundamente, no sólo salir a la calle para defender nuestros intereses”. Según Arriaga Asociados, “los consumidores pueden seguir reclamando la nulidad de la cláusula de gastos de hipoteca que les impone pagar Notaría, Registro, Comisión de Apertura, Tasación y Gestoría. Además, la decisión de la Sala Tercera en Pleno solo afecta al impuesto de la hipoteca (IAJD) que establece como sujeto pasivo al cliente/prestatario”, explican. “No descartamos que los jueces de primera instancia consideren más acertada la jurisprudencia de la Sección 2ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremos que establece que el obligado a pagar el impuesto es el banco (postura fijada el pasado 16 de octubre) y resuelvan condenando al banco al pago. nosotros vamos a agotar todas las vías existentes para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea conozca de este abuso y brinde a los consumidores de la protección que les ha sido negada por los tribunales españoles”, concluyen.

Hernández de Cos alerta sobre el crédito

El Banco de España ha pedido a las entidades financieras que frenen el crédito al consumo ante un reciente aumento de la morosidad en estos préstamos. Su presidente, Pablo Hernánez de Cos, ha destacado que, con datos hasta junio de 2018, los bancos españoles son los peor capitalizados de Europa y que, por lo tanto, necesitan reforzar sus niveles de solvencia.

Estas son las principales conclusiones del Informe de Estabilidad Financiera, un documento inusualmete duro, quizá –señalan fuentes del sector– en un intento de limpar la imagen del organismo supervisor al que se le acusa de no haber “supervisado” lo suficente en el pasado. El supervisor recalca que el crédito al consumo se ha disparado un 40% entre julio de 2015 y julio de 2018, desde los 44.400 millones hasta los 62.800 millones. Y que en el último año el número de morosos en estos créditos ha aumentado un 8,6% y un 22,6% solo en el segmento para la adquisición de bienes duraderos.

El Banco señala, además, que en España es donde más ha crecido el crédito al consumo y donde se están cobrando unos intereses más altos por ello, comparado con los principales países europeos. El tipo medio de estos créditos se sitúa en España en el 8%. No obstante, el supervisor apunta que ya se está dando una cierta desaceleración: en los concedidos para la adquisición de bienes duraderos por entidades de depósito, el crecimiento ha pasado del 28% en marzo de 2018 al 23% en junio de 2018.

Este toque de atención se produce solo días después de que se hayan conocido los resultados de las pruebas de stres a la banca realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). aunque los bancos españoles han aprobado deberian mejorar su posición de capital porque andan ‘justos’ en el caso de que se produjeran las  situaciones adversas que se contemplan en los examenes europeos.

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