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 Nº 1268. 9 de noviembre de 2018

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El presidente ha dejado claro en rueda de prensa que “quiero acabar la legislatura”. / Pool Moncloa

De momento, a lo que sí abren la puerta algunos de los líderes de JxCat y ERC es a negociar “acuerdos puntuales” con el Gobierno La intención en Moncloa y Ferraz es llegar hasta el verano y ver. Por entonces ya habrá sentencia del juicio del 1-O y, en principio, puede estar aprobada la nueva Ley de Estabilidad

Desde que tomó posesión, Pedro Sánchez tiene marcado en rojo el otoño de 2019. Esa es la fecha en la que, como muy pronto, tiene pensado convocar elecciones. Si es posible agotar la legislatura y llegar al verano de 2020, lo hará. Pero si no, su objetivo es mantenerse en la presidencia hasta el año próximo y sacar adelante unas cuantas medidas sociales que le permitan presentarse ante las urnas como el líder una alternativa sólida y productiva frente al bloque construido por PP, Ciudadanos y su pepito grillo de ultraderecha, Vox.

Y para llegar a esa fecha el presidente y su núcleo duro consideran que no es imprescindible aprobar los Presupuestos de 2019. Algo que, por otra parte, se ha puesto muy cuesta arriba una vez que la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación en la causa del 1-O. Un escrito que mantiene la acusación de rebelión para Oriol Junqueras y los principales procesados, con petición de penas máximas que llega hasta los 25 años de cárcel, en el caso del exvicepresidente de la Generalitat y que no recoge el “gesto” hacia los presos catalanes que se había demandando desde Junts per Catalunya y ERC. En estos partidos no faltan quienes son partidarios de dar aire al Gobierno de Sánchez, pero en privado subrayan que va a ser muy complicado explicar a sus votantes dar luz verde a los Presupuestos con el juicio desarrollándose –entre enero y marzo, previsiblemente- y con esas perspectivas penales.

Habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos meses. De momento, a lo que sí abren la puerta algunos de los líderes de JxCat y ERC es a negociar “acuerdos puntuales” con el Gobierno. Lo decía con estas palabras Elsa Artadi, portavoz del Govern, y no hace mucho una de las principales voces que defendían la vía unilateral y la estrategia de confrontación con el Estado. Aunque los observadores de la escena política catalana hace tiempo que señalan el viraje de Artadi a posiciones más templadas como un buen termómetro de por donde respira el Ejecutivo de Joaquim Torra en concreto y la cúpula del independentismo. “Estamos cerrados” a un acuerdo para apoyar los presupuestos “pero seguiremos apelando a dialogo” porque “si hay aspectos en los que coincidimos, como el salario mínimo, no tendría sentido frenarlos”, afirmó Artadi.

 

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha afirmado que están dispuestos a llegar
a acuerdos puntuales con el Gobierno. / EP

Desde el PSOE explican que el principal escollo que tienen por delante a corto plazo es la llegada de los Presupuestos al Congreso y la votación de las enmiendas a la totalidad que presentarán Ciudadanos y PP. El Gobierno necesita que ERC y PDeCAT no voten a favor de esas enmiendas –y que los diputados uno de esos dos grupos vote en contra- para que no prosperen y la Cámara Baja devuelva las cuentas al Gobierno sin ni siquiera debatirlas. En las filas socialistas interpretan que eso sí supondría un duro golpe político para Pedro Sánchez, pero si las cuentas salvan esas enmiendas a la totalidad y llegan a la fase de debate, aún sin posibilidades de ser aprobadas, no ven ningún problema para que el Gobierno avance en este curso político aprobando una serie de medidas vía decreto.

Sobre la mesa del Gobierno hay varios decretos para desencallar algunas medidas recogidas en los Presupuestos. La principal es la actualización de las pensiones en función del IPC, pero también la subida del Salario Mínimo Interprofesional, las ayudas a los parados mayores de 52 años o la recuperación de las ayudas a la dependencia. Lo positivo de tirar por este camino es que el Gobierno obligará a retratarse a los partidos en la votación parlamentaria de convalidación de estos decretos. Y para PP y Ciudadanos puede suponer un desgaste posicionarse en contra y explicarlo a sus votantes.

La intención en Moncloa y Ferraz es llegar hasta el verano y ver. Por entonces ya habrá sentencia del juicio del 1-O y, en principio, puede estar aprobada la nueva ley de estabilidad, tras el desbloqueo a su tramitación por parte de Ciudadanos. Alguna pista pública ha dado el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que de un tiempo a esta parte ejerce de portavoz de los temas más delicados para los republicanos. Él mismo ha quitado hierro a que los Presupuestos no se aprueben a finales de año, recordando que ya se han aprobado alguna vez en junio e instando a Sánchez a volver a presentar las cuentas en verano, cuando ya haya sentencia del 1-O. Eso sí, Tardà ha explicado que su partido todavía no ha decidido su posición sobre las enmiendas a la totalidad y que todas las opciones siguen encima de la mesa: tanto abstenerse, como abandonar la Cámara durante la votación o, incluso, votar a favor de esas enmiendas.

A pesar de los gestos públicos y de las firmes declaraciones por parte de Tardà y de los otros dos líderes republicanos con más peso, Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, y Roger Torrent, presidente del Parlament, en el PSOE ven a Esquerra como el aliado más factible a la ahora de sumar sus votos para que no prosperen las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. El caso del PDeCAT es mucho más complejo y más incierto a la hora de poder negociar con ellos una posición común. Con la presentación de la Crida per la República, impulsada por Carles Puigdemont y su núcleo duro, las tensiones arrecian en el espacio posconvergente. Y hasta que no se celebre su congreso fundacional, el próximo mes de enero, y se despejen las dudas acerca de si la Crida termina por desgarrar al PDeCAT, va a ser complicado trabar cualquier tipo de negociación con este partido. Y más teniendo en cuenta que sus ocho diputados en el Congreso están casi divididos al 50%, con un bloque liderado por su portavoz, Carles Campuzano, un veterano de la política madrileña firme partidario de tender puentes con el Gobierno, y el otro por Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT desde este verano. 


En el Gobierno ven a la ERC del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, como el más probable aliado catalán a corto plazo. / EP

Tampoco preocupa la posición de un Pablo Iglesias que, por el momento, se ha convertido en un aliado fiel. Como todos los partidos, Unidos Podemos debe marcar perfil propio y de ahí que, por ejemplo, se esté apoyando en lo sucedido en el Supremo y la sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados para elevar el tono, llamar a la movilización en la calle y presionar a Sánchez para que vaya más allá en la reforma legislativa que ha prometido. Pero todo esto se contempla con normalidad desde las filas socialistas, asumiendo que la entente entre Sánchez e Iglesias es sólida. De hecho, las declaraciones del líder de Podemos instando al presidente a convocar elecciones si los Presupuestos no salen adelante se interpretan más como un aviso a navegantes destinado a los independentistas que como un llamamiento en serio al Gobierno.

En cualquier caso, tampoco hay que perder de vista el tímido deshielo que se atisba entre el Gobierno y Ciudadanos, con la formación naranja desbloqueando en la Mesa del Congreso la tramitación de la nueva Ley de Estabilidad, que permitiría al Gobierno esquivar el veto de los populares en el Senado. En las filas socialistas prevén que este giro por parte de Ciudadanos no llegue mucho más allá. De hecho, PP y Ciudadanos siguen teniendo la mayoría en la Mesa del Congreso y, por tanto, la sartén por el mango para controlar los tiempos de tramitación de la ley y ampliar, sine die, por ejemplo, el plazo de tramitación de enmiendas. Desde la cúpula del PSOE se interpreta este movimiento como una forma de poner cierta distancia sin romper con Pablo Casado y el camino que éste ha emprendido hacia la derecha. Pero precisamente por este juego de equilibrios en el que Albert Rivera trataría de acercarse al centro político, en el Gobierno nos descartan que la cúpula de Ciudadanos pueda sentirse tentada de apoyar algunas de las medidas que Sánchez lleve al Congreso.  
En cualquier caso, Sánchez no está dispuesto a dejarse arrebatar la iniciativa política. Prueba de ello ha sido su reacción tras lo sucedido en el Supremo a cuenta de los impuestos sobre las hipotecas. Después de que el Alto Tribunal se rectificara a sí mismo, decidiera no modificar la doctrina que impera desde mediados de los año 90 e incendiara la opinión pública, Pedro Sánchez comparecía ante los medios al día siguiente para anunciar que el Gobierno tirará de decreto para modificar la ley y asegurar que ése impuesto lo paguen los bancos y no las personas que solicitan una hipoteca. La comparecencia no es baladí, porque el presidente no daba una rueda de prensa en España desde el pasado mes de agosto. Sánchez la utilizó para dejar claro que “quien decide cuándo se convocan las elecciones está tasado en la Constitución. Y no es otro que el que les habla”, y para dejar pistas acerca de por dónde va a ir su estrategia política en los próximos meses. Primero, apretando a los partidos catalanes con las medidas sociales que incluyen los Presupuestos -¿qué tiene que ver el Salario Mínimo Interprofesional con la situación judicial de los líderes encarcelados del procés?-, dando donde duele especialmente a ERC. Y segundo, que no va a dudar en recurrir a decretos leyes para avanzar en su tarea de gobierno.

“Sí, yo quiero acabar la legislatura, porque el Gobierno está sacando adelante cosas importantes para la ciudadanía que tienen que ver con la recuperación de  derechos, de libertades, con la reconstrucción del Estado del Bienestar”, subrayaba el presidente en la rueda de prensa del miércoles. Este es el mensaje con el que Sánchez busca llegar a su objetivo, 2020.

Lo que pierde Cataluña sin Presupuestos

Meritxell Batet y Ernest Maragall, en la firma de la retirada de varios recursos en el Constitucional a leyes catalanas. / EP

2.200 millones de euros. Esta es la cantidad destinada a Cataluña en los Presupuestos de 2019, con la que el Gobierno va a apretar a los partidos independentistas tras su negativa a aprobar las cuentas públicas. Casi 1.000 millones salen de los conocidos como entregas a cuenta –los anticipos que hace el Estado a las comunidades previendo su recaudación fiscal anual-; otros 500 de las dos décimas más de déficit que se concede a las comunidades en 2019; 340 de la recaudación del IVA; y, por último, otros 350 millones destinados a infraestructuras y que son fruto del esfuerzo negociador que han venido manteniendo el Gobierno y la Generalitat en los últimos meses a través de las comisiones bilaterales, concretamente en las de Asuntos Económicos e Infraestructuras. Esta última cantidad no hace sino cumplir con el Estatut de Cataluña, que fija una inversión mínima por parte del Estado en relación al peso de esa autonomía en el PIB español. Primero por la crisis y después por la inacción el ejecutivo de Mariano Rajoy –que no reunió a las comisiones bilaterales Estado-Generalitat- esa disposición del Estatut ha sido papel mojado, pero el Ejecutivo de Sánchez se ha puesto manos a la obra para recuperar el desfase acumulado.

Y es que de no aprobar los Presupuestos, el independentismo no sólo se arriesga a perder esos 2.200 millones de euros, sino a enrarecer unas relaciones institucionales que han alcanzado importantes avances. Por supuesto, en els diners –entre los acuerdos de la Comisión de Asuntos Económicos también está en que el FLA asuma 2.700 millones de deuda a corto plazo de la Generalitat, que el propio Pere Aragonès vendió a finales de septiembre como un existo para la Generalitat-. Pero los acuerdos no se han limitado a els diners. Por ejemplo, los nuevos vientos que soplan desde Moncloa han llevado a retirar los recursos que el PP había presentado al Constitucional sobre las leyes de sanidad universal, pobreza energética y de vivienda que había aprobado el Parlament. Y el plan del gobierno es seguir retirando más recursos en el Constitucional.

Buena muestra de que este camino no desagrada en absoluto a la Generalitat es que el conseller de Relaciones Institucionales, Ernest Maragall, quisiera hacer público, ante los medios, la firma de la retirada del recurso contra la ley de vivienda y la de pobreza energética. En el Gobierno sorprendió la petición, que atendió la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet. Habrá que ver hasta dónde quiere llegar la Generalitat tensando las relaciones con el Ejecutivo.