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 Nº 1269. 16 de noviembre de 2018

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La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo

Jueces soberanistas



Resalta el Auto del Tribunal de Barcelona lo impropio que es que la Policía utilice porras “golpeando a los ciudadanos sin mediar agresión física previa”de ellos. Alucinante afirmación

No mucho impacto –y lo merecía– ha provocado la noticia de la pasada semana de que un Tribunal de Barcelona ha revocado la decisión de un juez denegando determinadas diligencias sobre la base de argumentos, prematuros procesalmente, como son que la Guardia Civil tuvo “conductas típicas incardinables en los tipos penales de lesiones”, con motivo de su forma de actuar al pretender impedir una votación para el pseudorreferéndum del 1 de octubre del pasado año, haciendo especial énfasis el Tribunal en la supuesta falta de proporcionalidad entre la actuación policial y lo que ellos pretendían evitar (la votación), cumpliendo por cierto las fuerzas de orden público lo ordenado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya habían declarado ilegal la sedicente consulta.

Resalta el Auto del Tribunal de Barcelona lo impropio que es que la Policía utilice porras “golpeando a los ciudadanos sin mediar agresión física previa”de ellos. Alucinante afirmación ciertamente que exige que exista una agresión a las fuerzas de orden público para que éstas puedan repelerla, pese a que ellas cuenten con el aval de lo decidido en firme por los propios tribunales.
Pero no sólo eso, es que en el Fundamento Jurídico Séptimo de su Resolución, el tribunal barcelonés banaliza la importancia de incumplir los mandatos judiciales y, por tanto, el permitir la práctica de la votación, pues el resultado de ésta resultaba “jurídicamente irrelevante”. Es decir, que con olvido del artículo 118 de nuestra Constitución que señala que es obligado cumplir las resoluciones firmes de los jueces y tribunales, se nos viene a decir que no importaba  ningunearlas.

Y en toda toma de postura no cabe prescindir de la personalidad del que la adopta y en el caso citado, el presidente del Tribunal y ponente de la Resolución fue el magistrado Assalit Vives, que ya en el año 2014 se hizo significar por su firma, junto con otros 32 jueces de Cataluña a favor de sostener que la misma, “tenía plena soberanía para decidir su futuro”, y que “aspectos esenciales de la identidad catalana fueron desvirtuados por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010”, cuando el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que las sentencias de dicho Tribunal vinculan a todos los jueces y tribunales; postulando en definitiva por el llamado ‘derecho a decidir’, que no es otra cosa que vergonzantemente sostener que Cataluña tiene el derecho a la autodeterminación.

La decisión capitaneada por el juez Assalit no le podrá ser considerada como falta disciplinaria por resultar tomada en ejercicio de su función jurisdiccional, pero sí entendemos que dados sus antecedentes de los que también resulta relevante su abstención en el ‘caso Millet’ por su relación con él, se debería haber abstenido de la decisión del caso y al no haberlo hecho, estimamos que puede haber incurrido en una falta disciplinaria muy grave, según establece el art. 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.   

 

 

 

Firma:

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

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Abad


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Pere
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Julius
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