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 Nº 1270. 23 de noviembre de 2018

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Tribuna / Cristina Narbona

El final de los vehículos contaminantes, ¿una utopía?

Los vehículos de gasoil tienen graves efectos sobre la salud pública: en España se estima que unas 30.000 personas mueren cada año prematuramente a causa de la mala calidad del aire, en particular por la presencia de partículas producto de la combustión del diésel

Según una reciente encuesta del Banco Europeo de Inversiones, el 87% de los españoles está seriamente preocupado por los efectos del cambio climático, ya evidentes en nuestro país, y reclaman actuaciones concretas por parte de los poderes públicos. Precisamente, el Gobierno acaba de presentar el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con un contenido muy semejante al de leyes análogas ya vigentes en varios países europeos: España va con retraso en esta materia, pero puede recuperar el tiempo perdido si se dan señales claras, en particular, a los inversores.

En efecto, la ley establece una hoja de ruta para la descarbonización, con hitos en 2030, 2040 y 2050, acorde con lo comprometido por la Unión Europea en aplicación  del Acuerdo de París, para contribuir a evitar que la temperatura media del planeta aumente por encima de los 2 grados centígrados a lo largo de este siglo.

Ello requiere, en primer lugar, revertir en nuestro país el declive de las energías renovables. La primera medida de Rajoy en 2012 fue un Decreto Ley eliminando los correspondientes incentivos, con efectos retroactivos: comportó la destrucción de 80.000 puestos de trabajo y la ruina de casi 60.000 pequeños y medianos inversores.
El actual Gobierno ha derogado ya el denominado "impuesto al sol", una auténtica anomalía, ya que en ningún país de nuestro entorno se penaliza el autoconsumo de energía renovable; y el borrador de la Ley de Cambio Climático incorpora también los requisitos para una "transición justa" en aquellos territorios más vulnerables por el peso de la producción local de carbón o de energía nuclear, donde ya se trabaja para la necesaria reconversión, con condiciones establecidas de acuerdo con las empresas, los trabajadores y las administraciones concernidas.

Sin duda, el anuncio de una hoja de ruta específica para los vehículos de gasolina y gasoil ha sido el más controvertido del citado proyecto, a pesar de que las fechas que fija para la prohibición de su fabricación (2040) y de su utilización (2050) son idénticas a las de la legislación de otros países europeos.

En contra de la opinión de algunos, resulta muy oportuno establecer desde ahora las fechas límite para la fabricación y para la circulación de vehículos contaminantes, ya que supone un impulso para comenzar de inmediato a programar actuaciones, en el ámbito público y en el privado. Volkswagen, por ejemplo, ha aprobado ya planes de inversión para los próximos cinco años que le permitirán producir un millón de vehículos eléctricos al año desde 2025, desarrollando un importante esfuerzo de innovación tecnológica; y Endesa acaba de anunciar su programa de instalación de 8.500 puntos de recarga de acceso público, absolutamente alineado con lo establecido en el borrador de la Ley de Cambio Climático.

Y cada vez son más las ciudades españolas que –como en numerosas ciudades europeas– han restringido, o tienen previsto restringir en breve plazo (la fecha de 2020 es la más frecuente), la circulación de vehículos de gasolina o de gasoil.

En el caso de los vehículos de gasoil, la urgencia de eliminarlos se debe, además de por su contribución al calentamiento global, a sus graves efectos sobre la salud pública: en España se estima que unas 30.000 personas mueren cada año prematuramente a causa de la mala calidad del aire, en particular de la presencia de partículas, producto de la combustión del gasoil.

La política fiscal jugará un papel destacado en este proceso, ya que permitirá que los vehículos menos contaminantes sean cada vez más asequibles.

Y a quienes hablan de "utopía" irresponsable del Gobierno por comenzar, de una vez, a equiparar a España con nuestros vecinos  –en favor del empleo, la innovación y la salud–, sólo recordarles la resistencia al cambio, presente en toda revolución tecnológica. Una foto de Nueva York en 1890 mostraba una ciudad en la que sólo circulaban coches de caballos; en 1913, todos los vehículos eran ya de combustión. Y ahora se plantea una transición nada más y nada menos que de 22 años; no hay que perder un minuto para hacerla posible y socialmente beneficiosa.

 

 

Firma

Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis. 

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