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 Nº 1270. 23 de noviembre de 2018

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Tribuna / Sergio del Campo

La Justicia en España, a subasta

Como si se tratase de una auténtica subasta, hemos visto cómo se mercadeaba con las sillas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todo esto olía a podrido a kilómetros de distancia y se ha confirmado

En Ciudadanos siempre hemos defendido que una de las principales reformas que necesita nuestro país parte de la premisa de reestablecer el equilibrio entre poder y control. Un Estado fuerte sin unas garantías efectivas de los derechos y libertades tiende a la arbitrariedad y afecta a la línea de flotación de la separación de poderes. En este artículo me gustaría dar mi opinión precisamente sobre esta necesaria separación de poderes y sobre el espectáculo dantesco al que estamos asistiendo respecto a uno de estos ejes fundamentales del Estado: el poder judicial.

Los dedazos y la colonización política de las instituciones son una práctica que no debería tener cabida en el siglo XXI y que se aleja de las reclamaciones por parte de la sociedad de una división de poderes más nítida. Así nos lo han demostrado muchos ciudadanos, otorgando su confianza a partidos políticos que apuestan de forma clara por la regeneración democrática. A pesar de lo anterior, estamos viendo cómo se lleva a cabo el intercambio de cromos en relación con el órgano de gobierno de los jueces por parte de los viejos, y no tan viejos partidos políticos. Un reparto de sillas vergonzoso entre PP y PSOE, con la complicidad de Podemos y sus confluencias. Como si se tratase de una auténtica subasta, hemos visto cómo se mercadeaba con las sillas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todo esto olía a podrido a kilómetros de distancia y se ha confirmado. Esta semana, gracias a un ‘whatsapp’ del portavoz del PP en el Senado, supimos por qué: el PP acepta que Podemos y PSOE tenga la mayoría del CGPJ a cambio de controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo que, casualmente, se encarga de juzgar los casos de corrupción.

Era de esperar este tipo de pasteleos por parte del sanchismo, que en los pocos meses que lleva en el Gobierno ha demostrado que “donde dije digo, digo Diego” y que no tiene ningún problema en copar las instituciones con amiguetes nombrados a dedo como ha ocurrido con el Centro de Investigaciones Sociológicas o con la televisión pública. También era de esperar del supuestamente renovado PP en manos de Casado, que está demostrando con cada una de sus decisiones que es digno heredero de las peores prácticas del marianismo. Hasta aquí sin novedad por parte de los hijos del bipartidismo. Quizás lo que más pueda sorprender (no a quienes llevamos años sentados junto a ellos en un Parlamento) es la entusiasta participación de Podemos en este “pacto de la vergüenza”, quedando retratados como lo que son: un engaño.

Como ustedes comprenderán, en Ciudadanos nos negamos a participar de ese pasteleo. Nos hemos negado a mover hilos. Y lo hemos hecho por principios, por dignidad y porque creemos, simplemente, que no debe haber hilos. En Ciudadanos pensamos que la Justicia en España requiere de una reforma en profundidad para despolitizarla y asegurar, de una vez por todas, su independencia. Ante aquellos que quieren controlar y politizar la Justicia, Cs siempre defenderá la independencia del poder judicial. Por eso le pedimos a PP y PSOE que rompan ese pacto de la vergüenza que ya dura demasiados años y permitan que los jueces escojan a los jueces. Ciudadanos no quiere escoger a los jueces, ni al fiscal general del Estado. Los fiscales tienes que hacer su trabajo, los jueces tienen que hacer su trabajo y el Ejecutivo se tiene que preocupar, desde la distancia, de que tengan recursos económicos, presupuestos e independencia para trabajar.

La Justicia no es un supermercado, ni una partida de póker donde cambiar cartas. Para el nuevo proyecto para España que representa Ciudadanos, la Justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia y como tal debe de ser tratado.

 

Firma

Diputado de Ciudadanos por Tarragona en la XI y XII Legislaturas. Diplomado en Relaciones Laborales y Licenciado en Ciencias del Trabajo. También es Subinspector Laboral de Empleo y Seguridad Social. Actualmente, es Portavoz en la Comisión de Empleo y Seguridad Social y portavoz adjunto en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

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