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 Nº 1271. 30 de noviembre de 2018

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La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo

Pugilato en el Tribunal Supremo

Esta semana ya hemos podido conocer los términos textuales con los que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con exigua mayoría, ha cambiado radicalmente el criterio de tres anteriores sentencias de la Sección de ese Alto Tribunal que, por resumir, cargaba los gastos fiscales de los préstamos hipotecarios a las entidades financieras y no a los prestatarios. Resulta difícil, dado el amplio tratamiento que el tema se ha dado en los medios de comunicación, poder ofrecer unas respuestas o enfoques novedosos del tema como es nuestra pretensión, pero no por ello lo podemos dejar de lado, dada su trascendencia.

Y la primera conclusión que se nos ocurre tras la detenida lectura de las veinte páginas de la sentencia ‘maldita’ y  las cincuenta de la sentencia ‘verdugo’ anuladora de los criterios jurídicos de la anterior (y de otras), es que el Pleno del Tribunal Supremo, con ella nos ha ofrecido una muestra de anquilosamiento jurisprudencial en estado puro.

En efecto, frente a las tres sentencias novedosas y rompedoras del Tribunal Supremo que cambiaban, motivadamente, los inveterados criterios anteriores sobre quién debía soportar la carga fiscal en cuestión, la decisión del Pleno del TS prefiere anclarse en lo antiguo y prescindir de que, como dice uno de los votos particulares, las normas deben interpretarse conforme a la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas, tal como mandata el artículo tercero de nuestro Código Civil.

Porque, efectivamente, las sentencias desautorizadas suponían un giro  jurisprudencial importante frente una jurisprudencia escayolada en el tiempo, cambio por cierto ya considerado como factible por el propio Tribunal Constitucional (su Sentencia 27/81, entre otras muchas), siempre naturalmente que sea debidamente motivado, y en el caso contemplado, lo fue.

Otra consideración, no menor, que debe hacerse es acudiendo al aforismo latino ‘qui prodest’, a quién beneficia el volver a la interpretación normativa previamente existente frente a la innovadora, y la respuesta es sencilla: a las entidades financieras, que se salvan de tener que afrontar esos gastos fiscales, aunque, verosímilmente, sus concordes departamentos de ‘ingeniería financiera’ conseguirán repercutirlas  a sus clientes de un modo u otro.

Y, finalmente, hemos de volver a una reflexión muy querida por nosotros (repetida varias veces en mi libro ‘Misceláneas jurídicas’), pero todavía sin solución: las decisiones judiciales de tribunales colectivos, ya sean del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo o de otros tribunales de inferior rango, en caso de falta de unanimidad, deberían tomar sus decisiones por mayorías reforzadas. Si así hubiera sucedido en el caso controvertido, no habrían surtido efectos triunfantes los votos de 15 señores magistrados frente a los de 13 de otros igualmente ilustres jueces; en definitiva, no hubiera supuesto la más épica y triste conquista, no por goleada, sino por la mínima, del inmovilismo Jurisprudencial.

 

 

 

Firma:

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

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